El comité de expertos se decanta por gravar las plusvalías de menos de un año en la venta de inmuebles.
En concreto, la que propone que la plusvalía se transforme en un impuesto a cuenta en el IRPF. Esta vía sería también del agrado de Hacienda. Las mismas fuentes apuntan que el diseño del nuevo impuesto a cuenta del IRPF intentará que los ingresos de ayuntamientos y, sobre todo, del Estado y de las comunidades autónomas no mermen.
Los expertos no auguran un euríbor positivo hasta bien entrado 2019 o 2020.
Y apenas arrancado julio ya está en el -0,16% de media provisional. La tendencia decreciente continúa. Con todo, la impresión del experto de XTB es que “la tendencia bajista del euríbor puede estar llegando a su fin con el tapering que el BCE tiene pensado a partir de diciembre”. Subraya además que está empezando a aparecer inflación en ciertos sectores, tales como la construcción y el turismo, y esto puede precipitar la subida de tipos de interés impulsando al alza el euríbor. Así, en su opinión, el cambio de tendencia se verá a comienzos de 2018.
Hacienda prevé aumentar los controles sobre las personas o entidades, en particular, las denominadas plataformas colaborativas.
Que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticosLa Dirección General de Tributos publicó el borrador de un decreto que establece la obligación a la plataforma de presentar “periódicamente” una declaración informativa especial, que incluirá el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, los días que pernoctaron, el importe abonado y un número de referencia catastral.
Este verano se batirán todos los récords de contratación, según dos de las grandes empresas de colocación, Randstad y Adecco.
En ambos casos, las cifras suponen un aumento del 12% respecto a la campaña de 2016 y van en consonancia con el tirón de unos meses que impulsarán otro ejercicio histórico para la primera industria española, el turismo, con más de 75 millones de visitantes extranjeros, una marca que ya se rebasó el año pasado. No hay que pasar por alto, sin embargo, las condiciones que rigen los puestos de trabajo que se crean en verano. “Se firman contratos de semanas, días e incluso por horas”.
Se trata del primer pronunciamiento oficial y con efecto normativo del Fisco respecto a las sanciones del llamado Modelo 720, sobre las que pende un expediente de la Comisión Europea, que las considera “desproporcionadas” y que atentan contra la libre circulación de personas y capitales. De hecho, la Comisión está a punto de comunicar que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por este asunto. Esta consulta, que todavía no es pública, llega a los tres años de su presentación por el contribuyente.
Hacienda acepta, con muchos límites, que el autónomo se desgrave los suministros del hogar. Los partidos políticos y representantes del Ministerio de Hacienda estuvieron hasta bien entrada la noche en el Congreso de los Diputados negociando la Ley de Reformas Urgentes del trabajo Autónomo, la iniciativa que presentó Ciudadanos. Finalmente, el pacto alcanzado contempla que los autónomos podrán deducirse en el IRPF hasta 26,67 euros al día por manutención, una cifra que aumenta hasta los 48,08 euros cuando estén en el extranjero.
Y revisar que siguen la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI).
Se impondrá una multa del 0,5% del importe de la factura. Así se regula en un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General del Régimen Sancionador- que define que se entenderá por retraso “el suministro de los registros con posterioridad a la finalización del correspondiente plazo previsto en la normativa reguladora de la obligación”.
En esta reforma se introducirán novedades como el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos, teniendo en cuenta las instrucciones aportadas por las mismas. Además, se excluye el “consentimiento tácito”, debiendo ser expreso y afirmativo y se establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del interesado. En cuanto a la edad para el consentimiento, se reduce desde los catorce a los trece años, tal y como permite el Reglamento europeo, para adaptar el sistema español al de otros países de nuestro entorno. En lo referente al tratamiento de los datos, se adopta el principio de transparencia, se regulan los sistemas de información crediticia, la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria (“listas Robinson”), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado. Se incide también en los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y se introduce la obligación de bloqueo que garantiza que esos datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la Agencia Española de Protección de Datos) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
El objetivo es que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la Unión Europea, por lo que se debe modular a tal fin la actuación estatal en las políticas económicas. Además, se modifican aspectos relativos a los siguientes ámbitos: energía, agua, gestión de residuos, control aduanero, transporte, turismo, educación, empleo, incentivos regionales y agricultura. Entre otros apartados, se modifica la compensación al transporte de personas, que pasa del 50 al 75 por 100 en trayectos interinsulares en Canarias; se establece una compensación al transporte de mercancías, se fija la aportación nacional al POSEI y se compensa el precio por agua extraída en pozos y galerías.
Y previsiblemente lo seguirán estando, al menos, hasta finales de año. Las están dejando en suspenso los jueces a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
Pero cuando se trata de la inflación, que puede socavar el valor de las carteras que no siguen el ritmo de los precios al consumidor, cualquiera que compró oro como cobertura durante los últimos 25 años se ha perdido un negocio mucho mejor: el cobre. Por cada 1% de crecimiento anual en el índice de precios al consumidor desde 1992, el cobre subió casi un 18%, mientras que el oro subió un 5,2%. Sólo un índice más amplio de materias primas energéticas, que incluye petróleo y gas natural, tuvo mejores resultados que el cobre.
Así, de los 2 millones de contratos firmados en mayo, 592.710 no llegaron a la semana de duración y 79.863 más sólo hasta los 15 días
las que se descubrió una deuda impagada de 238 millones de euros, lo que supone una deuda media de 69.733 euros.Pide al Ministro, que ordene una investigación tributaria de las 29.065 personas y 618 sociedades que se acogieron a la amnistía para determinar si han cambiado su compartimiento evasor o siguen defraudando, como ya se ha comprobado en el 11,5% de los amnistiados. Los técnicos resaltan que la recaudación que se logró con ella, que fue de apenas 1.191 millones (la mitad de los 2.482 millones previstos) y que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, supone menos de un 3% de la evasión total del país en esos tres años. Es decir, el 97% de la evasión siguió manteniendo sus activos ocultos.
Según la información que ha trasladado al Congreso de los Diputados, el subsecretario del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. En la cesión ilegal de trabajadores, el Ministerio de Empleo ha desarrollado 15.466 actuaciones, con sanciones a las empresas por valor de 21 millones de euros. El Departamento de Fátima Báñez pretende invertir 3 millones de euros en la modernización de los sistemas informáticos de la Administración laboral. Se trata de aumentar y mejorar el cruce de información entre los Servicios Públicos de Empleo, la Seguridad Social y Hacienda. El Gobierno quiere poner en marcha de una vez la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, pendiente desde la última legislatura.
Ha añadido que además será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional,
Y que han perdido toda su inversión tras la resolución de la entidad decretada por la Junta Única de Resolución, según ha avanzado el vicepresidente de Santander España. “En cuanto a los accionistas de Banco Popular, el mecanismo de resolución contempla que las acciones se amorticen, lo que implica que pierden su valor. Esto es una decisión de las autoridades, previo a que Santander compre el banco”, ha aclarado.
El encarecimiento del 2,4% registrado durante el mes de abril -que ha colocado el valor del metro cuadrado en 1.336 euros de media.
Cada vez más despachos implantan medidas que den más autonomía al abogado en la gestión de su tiempo, tanto dentro de la oficina en la flexibilidad en los horarios de entrada y de salida, como las que permiten el teletrabajo facilitando las herramientas necesarias para trabajar en remoto desde cualquier lugar. Los beneficios son la autogestión del tiempo o evitar desplazamientos innecesarios y en los períodos de menor volumen de trabajo no tener que estar en la oficina “calentando la silla”. Sin embargo, se trata de un arma de doble filo ya que disponer de todas las herramientas de trabajo en cualquier lugar supone estar localizable y disponible casi a tiempo completo, lo que impide una real desconexión del trabajo durante el tiempo libre.
Ahora la Audiencia Nacional, en su sentencia de 8 de marzo de 2017, considera que la indemnización satisfecha al alto directivo es una renta exenta del IRPF hasta los primeros siete días por año trabajado. Sin embargo, el criterio de la DGT, aplicado antes y después de la sentencia del Supremo, no va en la misma línea que el reciente fallo de la AN y viene a considerar plenamente sujetas al IRPF las indemnizaciones percibidas como consecuencia de la extinción del contrato laboral de alta dirección. Se trata, por tanto, de dos interpretaciones diametralmente opuestas, por lo que hay que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie claramente sobre la fiscalidad de las indemnizaciones de los directivos.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda trabajan para aprobar de la forma más rápida posible un catálogo tanto de actuación para el contribuyente, como para los ayuntamientos, como entidades recaudadoras del impuesto. La hoja de ruta para aclarar toda la confusión, deberán diseñarla junto a la FEMP. Además, se contará con la opinión del comité de expertos que trabaja en la modificación de la financiación autonómica y local. Este comité deberá pronunciarse entre los meses de julio y agosto. Pese a ese objetivo común, de esclarecer el modo de actuar al contribuyente, la negociación con los ayuntamientos no será sencilla, puesto que el resultado final les supondrá una notable pérdida de ingresos. Sin embargo, Hacienda está convencida de que la decisión se tomará rápidamente ya que “prolongar los plazos no interesa a nadie”.
Tan solo tenemos registrados algo más de 10.000 contratos de TRADES en el registro del SEPE, con lo que tenemos más de 290 mil autónomos dependientes en una situación irregular. Curiosamente son los contratos de TRADES registrados en el Servicio Público de Empleo sobre los que se está realizando un completo análisis y a los que se está cambiando unilateralmente las condiciones contractuales pasándolos a personal laboral.
Ha sido adoptada debido a la creciente falta de liquidez de la entidad y ante la posibilidad de que el Popular estuviera en riesgo de “caer o de poder caer”, según el BCE. La medida está respaldada por la CE. La cotización del banco ha sido suspendida. Mientras, el Santander ampliará capital en 7.000 millones para digerir la absorción del Popular, según ha informado la primera de las entidades a la CNMV.
Las ayudas son bienvenidas por una parte del sector inmobiliario, pero en todo caso, la mayoría de los expertos apuntan a que son insuficientes en un contexto de elevados precios de la vivienda. Así, consideran que lo único que promueven es la compra en mercados secundarios, por lo que se expulsará a los jóvenes a las zonas de la periferia. Consideran que la medida es desafortunada, porque volvemos al paradigma pasado y equivocado de incentivar la compra de una vivienda”.
Según los cálculos de la Seguridad Social, este año tendrá que asumir gastos por importe de 136.740 millones de euros para pagar las 9,58 millones de pensiones en vigor a final de año, así como otros gastos como la incapacidad temporal. Aunque los gastos crecerán en mayor medida que los ingresos en los próximos años, la Seguridad Social continuará en números rojos al menos hasta 2022, tal y como lleva desde 2011.
La Femp va a proponer al Ministerio de Hacienda dos posibles mecanismos para regularizar la situación del tributo a partir de ahora. Mientras tanto, los interventores de algunos municipios están resolviendo liquidaciones con sentencia favorable al contribuyente. Algunos de estos casos se pueden considerar muy claros, ha subrayado, al tiempo que recordaba que desde hace años venían avisando a Hacienda de la situación de inconstitucionalidad de esta figura impositiva.
Las novedades pactadas entre el PP y Ciudadanos se incorporarán previsiblemente en la futura ley, junto a otras que el Gobierno está negociando ahora y hasta el último minuto con el PNV y el PdCat. El calendario previsto inicialmente es que el texto con todas estas novedades se apruebe esta semana en Ponencia y sea remitido al Senado, para que vuelva al Congreso y sea definitivamente aprobado dentro del mes de junio. Fuentes de la negociación aseguran que el Ministerio de Empleo estaría dispuesto a admitir una rebaja del recargo por impago.
El anuncio del ministro Cristóbal Montoro llega apenas unos días después de que organizaciones médicas y la industria expresaran su preocupación por una nota aclaratoria de la Agencia Tributaria en la que recordaba que –como lleva haciendo en los últimos diez años– este tipo de formación financiada por empresas terceras se considera retribución en especie.
El documento, firmado el pasado 18 de mayo, reconoce que después de que el Tribunal Supremo tumbara la obligación del registro -en una sentencia del 21 de marzo; doctrina confirmada en otra del 20 de abril- resulta necesario enmendar el criterio de la Inspección en materia de control del tiempo de trabajo y las horas extra -expuesto en la Instrucción 3/2016-. Trabajo, no obstante, asevera que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento. “La Instrucción recuerda que en el ámbito administrativo-sancionador también aplica la prueba de indicios, que jugará en contra de aquellas empresas en las que, ante la constatación de la realización de jornadas superiores a la ordinaria, no dispongan de un registro que lo desvirtúe”.
La directiva propuesta prevé crear un nuevo mecanismo de resolución que sea obligatorio y vinculante para los Estados, que incluya límites de tiempo para cerrar los casos y que esté controlado por un panel de árbitros independientes y representantes de cada país en disputa. El onsejo adoptará la directiva una vez que la Eurocámara le dé el visto bueno. Los países tendrán hasta el 30 de junio de 2019 para adaptarla sus legislaciones nacionales.jpg)
Es decir, su avance fue seis veces menor del registrado por el número de compraventas. Las arcas autonómicas ingresaron 7.320 millones de euros por ambas figuras tributarias, lo que, aunque supone la cifra más alta desde 2010, está muy lejos de los niveles precrisis. La caída de los precios de la vivienda sigue afectando a la recaudación de impuestos. Además, en los años previos a la crisis, los ingresos por AJD estaban inflados debido a que era muy común que las promotoras que construían viviendas constituían hipotecas a las que luego se subrogaba el comprador o era cancelada, por lo que era habitual el pago sucesivo de este impuesto en una misma operación.
Por eso aconsejan, para evitar el colapso de juzgados que se producirá en junio y que la reclamación se eternice, que el cliente agilice al máximo el trámite y se ponga en contacto con un despacho de abogados especialistas en la materia para interponer la demanda en el momento que tenga conocimiento de que se le ha denegado el pago extrajudicial por el banco”.
