Hacienda publicará en el cuarto trimestre de este año el listado de deudores con el fisco, que incluirá a los morosos que a 31 de julio de 2015 tengan deudas pendientes de más de un millón de euros.
La publicación de la lista se enmarca en la reforma de la Ley General Tributaria que se aprobará en las próximas semanas.
Por otra parte, se ampliarán los plazos para el procedimiento de inspección. En concreto, se establecerá un plazo temporal de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses con carácter general (actualmente 12 meses) y de 27 meses para entidades que estén en un grupo u obligadas a auditarse (ahora se contempla una prórroga de 12 meses). Además, se regularán los casos tasados de suspensión y se suprimirán los supuestos de cómputos de dilaciones
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes serán considerados a todos los efectos acreedores de derecho laboral en la nueva normativa concursal
para que queden más protegidos en caso de verse afectados por la declaración de suspensión de pagos de algún cliente.
Así consta en una de las 40 enmiendas que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de medidas concursales, haciéndose eco de esta manera de una petición que prácticamente todos los grupos de la oposición han recogido también en sus propuestas de modificación del articulado. Con respecto al cómputo de las diferentes mayorías necesarias a lo largo del proceso, el PP introduce algunas modificaciones poco sustanciales.
La CE ha comunicado al Gobierno español que renuncia a exigir la recuperación de las deducciones fiscales concedidas a las empresas españolas en sus operaciones de expansión internacional.
Bruselas se rinde al no haber logrado demostrar, de momento, que esas bonificaciones son una ayuda de Estado ilegal.
“Todo indica que el Tribunal anulará la Decisión impugnada [por España]”, pronostica el Tribunal con una rotundidad poco habitual. El Auto añade que la Comisión no ha logrado disipar “las dudas muy serias sobre la legalidad de la Decisión”. Los jueces incluso ofrecen a España la posibilidad de volver a solicitar medidas cautelares si la CE retoma la ofensiva.
La Agencia Tributaria ha recibido ya 10.500 formularios de residentes en España y perceptores de una pensión pública en el extranjero
para proceder a la regularización y no tener que pagar intereses, recargos o sanciones que en principio podían corresponder por no haberlas pagado cuando las recibieron.
Muchos de estos contribuyentes, la mayoría emigrantes retornados que tras su jubilación comenzaron a cobrar una pensión del país donde fueron a trabajar, desconocían que tuvieran que pagar impuestos por estas rentas. Además, otros 10.097 pensionistas han solicitado la condonación o devolución de los intereses, recargos o sanciones que pagaron en su momento y que ahora Hacienda les devolverá.
El Tribunal Supremo ha reafirmado la doctrina por la que se declaraba la nulidad de las denominadas cláusulas suelo por falta de transparencia,
aunque matiza que el efecto restitutorio de las cantidades ya pagadas se producirá sólo con efectos desde el 9 de mayo de 2013.
En un comunicado, el Alto Tribunal ha reiterado sus argumentos tras analizar un recurso presentado por BBVA, una de las entidades afectadas por las cláusulas suelo. Además, ha informado de que ha desestimado otro recurso de Cajasur que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia Sala sobre nulidad de las cláusulas suelo por abusivas.
La Agencia Tributaria analizará las redes sociales en las investigaciones que realice en busca de defraudadores.
Los funcionarios de Hacienda ya revisan algunas de estas plataformas digitales en busca de signos externos de riqueza que no se correspondan con la renta del usuario.
Pero también usará las redes sociales para completar los vínculos familiares, de negocios y personales de los supuestos defraudadores. De esta forma, el fisco podrá controlar, por ejemplo, los negocios ocultos de un supuesto evasor y su círculo empresarial. La Agencia también usará programas informáticos que rastrearán Internet en busca de información del contribuyente investigado.
Hacienda excluirá de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a colectivos de menor entidad.
La reforma del Impuesto de Sociedades, que entró en vigor en enero establecía como novedad la obligación de presentar la declaración a todo tipo de asociaciones, sin ningún tipo de límites.
Concretamente, la disposición que se aprobará en breve en Consejo de Ministros establecerá la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen los 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención. Entrará en vigor para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015.
La CE cree que la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero, el Modelo 720, «infringe el Derecho comunitario» en su régimen sancionador,
que considera «desproporcionado», por lo que tiene «la intención de proponer la incoación de un procedimiento de infracción al respecto».
Así lo explica Bruselas en una comunicación que ha remitido a contribuyentes que han denunciado la ilegalidad de esta obligación fiscal. Tanto en lo que respecta a las sanciones como a la imprescriptibilidad, Bruselas indica expresamente que «tiene la intención de profundizar en este aspecto de la investigación y proponer la incoación de un procedimiento de infracción». Estaría excluyendo de la posible infracción de las normas comunitarias las ganancias de patrimonio no justificadas imputables a la falta de declaración o la declaración fuera de plazo de los bienes y derechos situados en países ajenos a la UE o el EEE, como Suiza o Andorra.
Los órganos de administración de las sociedades mercantiles están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, esto es, a tenerlas preparadas para su aprobación por parte de la junta general de socios.
Además, se han producido novedades en el cese de actividad de los autónomos.
Modelo 720
Las personas residentes en España (físicas o jurídicas) que tengan bienes o derechos ubicados en el extranjero, tienen la obligación de presentar una declaración tributaria de carácter informativo hasta el 31 de marzo, el modelo 720.
Retribuciones percibidas por administradores
Novedades en las retribuciones percibidas por administradores de una sociedad tanto por ejercer funciones propias de administrador como otras funciones directivas distintas a ésta.
Presentación telemática Libros Societarios, Actas, Registros
Novedades en la presentación telemática de Libros Societarios, Actas, Socios y Contratos, en el Registro mercantil, que lleva aparejada la eliminación progresiva de los libros en papel.
La actual ley de extranjería obliga a disponer de un permiso de trabajo y residencia a todo extranjero no comunitario que quiera prestar servicios por cuenta propia o ajena en nuestro país. Esto en ocasiones suponía una traba administrativa en la implantación de nuevas empresas y el inicio de nuevas actividades haciendo menos atractivo nuestro país a las inversiones extranjeras.
Para solucionar esto se han incluido medidas dentro de la batería de reformas aprobadas a lo largo de estos últimos años, y específicamente con el objetivo de facilitar la entrada de inversión y talento, fomentando a su vez la cultura emprendedora con la aprobación de la Ley 14 /2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Facilidad en los permisos de residencia y permanencia
Con la aprobación de esta Ley se introdujeron nuevos procedimientos para facilitar la entrada, residencia y permanencia en territorio español de aquellos dispuestos a invertir y reactivar nuestra actividad económica. Para poder conseguir esto se crearon cinco nuevos permisos de trabajo/residencia con el objeto de facilitar los requisitos administrativos que deben cumplir aquellos que deseen iniciar una actividad en España o invertir en nuestro país.
Accede a toda la información haciendo clic en la imagen:
El modelo 720, la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero (enmarcada en el paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal aprobadas por la Ley 7/2012, de 29 de octubre) se desarrolla en el Real Decreto 1558/2012, publicado en BOE de fecha 24 de noviembre de 2012.
La declaración de bienes y derechos en el extranjero será meramente informativa, sin cuota a ingresar.
Hasta el 31 de marzo puedes presentar la declaración
Del 1 de enero de 2015 a 31 de marzo de 2015 se debe presentar la declaración de información de bienes en el Extranjero (correspondiente al ejercicio 2014). No pierda de vista esta obligación si tiene bienes en el extranjero que deba declarar, pues el no hacerlo puede derivar en sanciones más que notables.
Te contamos todo lo que debes saber acerca del modelo 720 y la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero haciendo clic en la imagen.
El Gobierno pondrá en marcha una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos.
Se beneficiarán de un mínimo exento de cotización de 500 euros. Esta medida sucederá a la tarifa plana de 100 euros a la cotización por contingencias comunes, que ha beneficiado a más de 200.000 personas.
Esta medida favorece, en mayor medida, a los colectivos con mayores dificultades para su inserción laboral porque supone una rebaja progresiva del coste laboral por cotizaciones sociales. En el debate del Estado de la Nación también ha anunciado que se extenderán estos “cheques familiares” de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. Se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años o 25 en el caso de que sean estudiantes. El Gobierno bonificará, durante un año, el 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida. La bonificación va dirigida a los autónomos que contraten un trabajador que le permita el mantenimiento de la actividad.
Hacienda prevé incluir en la lista pública de morosos solo a aquellos que adeuden al fisco más de un millón de euros, con la idea de proteger a los que tengan pequeñas deudas.
El ministro de Hacienda ha señalado que este umbral de un millón de euros es el que se ha fijado en la modificación de la Ley General Tributaria, necesaria para poder publicar esta lista de morosos y que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado para conocer una primera opción. Después del Consejo de Estado, la reforma será remitida a otros órganos «relativos a preservar la confidencialidad de los datos tributarios» y entonces se elevará el texto al Consejo de Ministros.
El director general de la Agencia Tributaria detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014.
Anunció que están siendo investigados 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.
Notificará de los casos de blanqueo al SEPBLAC para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lo lleven el caso a los tribunales si es preciso. El año pasado Hacienda lanzó un plan para revisar de forma más exhaustiva las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos. El resultado es la reducción de los pagos del fisco. Durante 2014 se realizaron 2.625 actuaciones de control a profesionales, lo que supone un 32% más.
Hacienda ya ha abierto investigaciones a 7.000 contribuyentes con bienes en el exterior que no presentaron el modelo 720.
Lo hicieron de forma incompleta o declararon solo en el año 2014 cuando también debían haberlo hecho en 2013.
Vizcaya y Guipúzcoa, que introdujeron el modelo 720 en su régimen foral, modificaron en verano la legislación para que los contribuyentes que declaren fuera de plazo queden exonerados de una posible ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. De momento, en la legislación del Estado central, la presentación fuera de plazo solo permite rebajar la sanción por cada dato omitido a 150 euros con un mínimo de 1.500 euros.
Consultoría, Asesoría, Gestoría contable, fiscal, laboral y jurídica en Arroyo de la Miel – Benalmádena
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Por otra parte, se ampliarán los plazos para el procedimiento de inspección. En concreto, se establecerá un plazo temporal de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses con carácter general (actualmente 12 meses) y de 27 meses para entidades que estén en un grupo u obligadas a auditarse (ahora se contempla una prórroga de 12 meses). Además, se regularán los casos tasados de suspensión y se suprimirán los supuestos de cómputos de dilaciones
Así consta en una de las 40 enmiendas que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de medidas concursales, haciéndose eco de esta manera de una petición que prácticamente todos los grupos de la oposición han recogido también en sus propuestas de modificación del articulado. Con respecto al cómputo de las diferentes mayorías necesarias a lo largo del proceso, el PP introduce algunas modificaciones poco sustanciales.
“Todo indica que el Tribunal anulará la Decisión impugnada [por España]”, pronostica el Tribunal con una rotundidad poco habitual. El Auto añade que la Comisión no ha logrado disipar “las dudas muy serias sobre la legalidad de la Decisión”. Los jueces incluso ofrecen a España la posibilidad de volver a solicitar medidas cautelares si la CE retoma la ofensiva.
Muchos de estos contribuyentes, la mayoría emigrantes retornados que tras su jubilación comenzaron a cobrar una pensión del país donde fueron a trabajar, desconocían que tuvieran que pagar impuestos por estas rentas. Además, otros 10.097 pensionistas han solicitado la condonación o devolución de los intereses, recargos o sanciones que pagaron en su momento y que ahora Hacienda les devolverá.
En un comunicado, el Alto Tribunal ha reiterado sus argumentos tras analizar un recurso presentado por BBVA, una de las entidades afectadas por las cláusulas suelo. Además, ha informado de que ha desestimado otro recurso de Cajasur que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia Sala sobre nulidad de las cláusulas suelo por abusivas.
Pero también usará las redes sociales para completar los vínculos familiares, de negocios y personales de los supuestos defraudadores. De esta forma, el fisco podrá controlar, por ejemplo, los negocios ocultos de un supuesto evasor y su círculo empresarial. La Agencia también usará programas informáticos que rastrearán Internet en busca de información del contribuyente investigado.
Concretamente, la disposición que se aprobará en breve en Consejo de Ministros establecerá la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen los 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención. Entrará en vigor para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015.
Así lo explica Bruselas en una comunicación que ha remitido a contribuyentes que han denunciado la ilegalidad de esta obligación fiscal. Tanto en lo que respecta a las sanciones como a la imprescriptibilidad, Bruselas indica expresamente que «tiene la intención de profundizar en este aspecto de la investigación y proponer la incoación de un procedimiento de infracción». Estaría excluyendo de la posible infracción de las normas comunitarias las ganancias de patrimonio no justificadas imputables a la falta de declaración o la declaración fuera de plazo de los bienes y derechos situados en países ajenos a la UE o el EEE, como Suiza o Andorra.
Se beneficiarán de un mínimo exento de cotización de 500 euros. Esta medida sucederá a la tarifa plana de 100 euros a la cotización por contingencias comunes, que ha beneficiado a más de 200.000 personas.
El ministro de Hacienda ha señalado que este umbral de un millón de euros es el que se ha fijado en la modificación de la Ley General Tributaria, necesaria para poder publicar esta lista de morosos y que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado para conocer una primera opción. Después del Consejo de Estado, la reforma será remitida a otros órganos «relativos a preservar la confidencialidad de los datos tributarios» y entonces se elevará el texto al Consejo de Ministros.
también debían haberlo hecho en 2013.
