Noticiario Nº 30 – 31 de julio de 2015

Hacienda informa que se han emitido 2,8 millones de facturas electrónicas.

Durante los primeros seis meses de aplicación de la ley que exige a los proveedores de las Administraciones Públicas emitir factura electrónica para cantidades superiores a 5.000 euros.

Se han sobrepasado las expectativas del Ministerio, ya que el 85% de las emitidas —2.380.829 facturas— corresponden a importes inferiores que no estaban obligados a seguir este procedimiento. El total de estas facturas, tramitadas mediante la tecnología del sistema FACe, en la nube, suman más de 15.000 millones de euros.

 

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado del año 2016.

Con mejoras salariales para los empleados públicos e incrementos en otras partidas de gasto como la destinada a la lucha contra el fraude fiscal.

Ha acelerado la tramitación de las cuentas para tenerlas totalmente aprobadas antes de las próximas elecciones. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas presentará el detalle del Presupuesto el martes 4 de agosto en el Congreso.

 

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ve adecuada la aprobación de un nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

El anterior data de 1995 y en esos 20 años se han producido numerosas modificaciones de la norma, incluidas varias reformas laborales.

No obstante, el CES subraya que la relevancia y el carácter central del ET para las relaciones individuales y colectivas del trabajo “exigirían una mayor atención al procedimiento a seguir para su elaboración en lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales”. Sobre el contenido de la norma, el dictamen del CES invita a mejorar determinados aspectos de carácter formal. Entre tales preceptos, el dictamen resalta el nuevo tratamiento dado al trabajo de menores, y entiende que se debería mantener la actual referencia al procedimiento de declaración por el Gobierno de no realización por éstos de trabajos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos para la salud o la formación profesional y humana de los menores; la obligación de impartir formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, o la paralización de la actividad por decisión mayoritaria de los representantes de los trabajadores en el supuesto de riesgo grave e inminente

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad.

Contra los artículos de la Ley Orgánica 1/2015 que modifican el Código Penal y regulan la figura de la prisión permanente revisable.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.