Noticiario Nº 82 – 28 de octubre de 2016

Los expertos difieren en el modo en que el próximo Gobierno debiera afrontar una nueva reforma de las pensiones.

Más o nuevos impuestos, reducir el gasto en pensiones, eliminar bonificaciones y, sobre todo, una reforma más en profundidad del mercado de trabajo son algunas de las opciones que se barajan para mantener a flote el Sistema.

Las opciones son múltiples y el objetivo, evidente: garantizar la sostenibilidad de las pensiones, en un momento en que el Gobierno en funciones reconoce que el agujero de la Seguridad Social alcanzará los 19.000 millones este año y los 16.000 el próximo, lo que podría agotar el Fondo de Reserva como mucho en año y medio.

La Inspección de Hacienda debe detenerse ante un procedimiento penal.

En el momento en que Hacienda tiene conocimiento del desarrollo de un proceso penal sobre los mismos hechos y períodos, si bien referido a un concepto impositivo distinto, debe paralizar sus actuaciones.

Por preferencia del orden jurisdiccional penal, en evitación de soluciones contradictorias sobre los mismos hechos, y debió abstenerse de liquidar y de sancionar en tanto en cuanto no hubiera recaído sentencia en el proceso penal relativo a los mismos hechos. Así lo determina en sentencia de 18 de octubre de 2016, que anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de diciembre de 2014. El hecho de que los conceptos tributarios sean distintos no excluye que los hechos imponibles coincidan con unas mismas operaciones y con unas mismas facturas, cuestionadas.

 

La armonización de la base imponible del impuesto de sociedades a nivel europeo.

Cuya propuesta ha presentado la Comisión Europea, supondría una caída de la recaudación fiscal en España del 0,2% del PIB, algo más de 2.000 millones de euros, según las estimaciones recogidas en el estudio de evaluación de impacto.

En concreto, la recaudación en España por el impuesto de sociedades se reduciría en un 0,6% de PIB (6.600 millones), que se compensaría con incrementos en la recaudación por los impuestos sobre el trabajo (0,31%, 3.300 millones), el consumo (0,03%, 300 millones), bonos (0,04%, 400 millones), dividendos (0,01%, 100 millones) y rentas del capital (200 millones). La CE avisa de que las estimaciones del estudio de impacto deben tomarse con precaución, principalmente porque los Estados miembros seguirán teniendo la competencia para reformar los tipos imponibles para compensar la pérdida de la recaudación.

 

La reforma de la financiación del sistema de la Seguridad Social es prioritaria.

A finales de este año acumulará un déficit cercano a los 19.000 millones de euros.

El nuevo ejecutivo sopesa la extracción de las partidas de Viudedad y Orfandad de la caja común para que sean sufragadas vía Presupuestos, algo que paliaría el agujero del sistema durante varios años. Se da la circunstancia de que el pago de este tipo de pensiones va a costar este año 19.900 millones al erario público, cantidad algo superior a la del agujero del propio sistema. Pese a todo, el debate se ha abierto sobre todo entre expertos, ya que entre la clase política resulta mucho más impopular reconocer que el Estado tendrá que aumentar la presión impositiva para hacer costeable el sistema de pensiones.

Noticiario Nº 81 – 21 de octubre de 2016

Los ingresos derivados del IBI se han duplicado en la última década.

El impuesto aportó en términos presupuestarios 13.145 millones en 2014, según un informe publicado por Hacienda el viernes pasado.

Supone un 2,4% más que el ejercicio anterior. El hecho de que grave la mera tenencia y no la compraventa de inmuebles ha permitido que la recaudación sorteara el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En el ámbito autonómico, llama especialmente la atención que el IT) y AJD ha registrado prácticamente la misma evolución que el IBI, pero a la inversa. En 2004, el ITP y el AJD –que gravan la compraventa de vivienda y la formalización de préstamos hipotecarios, respectivamente – aportaron más de 12.000 millones y, actualmente, la recaudación se limita a 6.561 millones. Supone un descenso de casi el 50%.

 

El brexit llega a los tribunales.

Un inversor anónimo, un peluquero y un británico afincado en Francia -a los que posteriormente se sumaron otros ciudadanos sin identificar- han sido los responsables de la demanda que examina la Corte Suprema británica.

Los altos jueces determinarán si, tal y como reclaman los demandantes, sería ilegal invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que supone iniciar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), sin que primero lo vote en el Parlamento. La libra esterlina, que el miércoles se tomó un respiro ante informaciones de que May abría la puerta a debatir en el Parlamento el proceso aunque no la activación del mismo, vuelve hoy a caer frente al dólar y el euro, un 0,35% y un 0,24%, respectivamente.

 

Las expectativas económicas en España siguen a la baja en el tercer trimestre.

Ya acumulan caídas por tercer trimestre consecutivo al haber descendido cuatro puntos respecto al trimestre anterior, según el último estudio GfK Clima de Consumo Europeo.

Durante los nueve primeros meses del año y tras la significativa caída de enero, tan solo se ha observado una mejora en las expectativas sobre la situación económica en España en mayo y agosto.

El TSJPV dicta la primera sentencia que iguala el despido de trabajadores fijos y temporales.

Así, la sentencia de la Sala de lo Social establece una indemnización de 20 días por año trabajado para una empleada de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria.

Pese a que considera que su contrato, de investigación, equivalente a un contrato para obra o servicio determinado, de más de tres años de duración, era de carácter temporal. De esta forma, eleva de ocho días por año a veinte la indemnización concedida. El TSJPV admite el ajuste a derecho de la temporalidad del contrato, pero haciéndose eco del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de septiembre, entiende que la indemnización debe ser la misma que la que tendría un trabajador fijo despedido por causas objetivas.

Noticiario Nº 80 – 14 de octubre de 2016

La Audiencia Nacional ha decidido mantener la multa de un millón de euros a Banco Santander por la venta de participaciones preferentes a más de 800 clientes de la entidad.

El banco había recurrido la sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) argumentando, entre otras razones, que los inversores habían recuperado su dinero y, en consecuencia, la multa está sobredimensionada.

La sentencia, contra la que cabe recurso, afirma que la obtención de beneficios no exime a la entidad de la responsabilidad de haber vendido productos de riesgo a clientes con un perfil conservador o moderado.

La retribución de los consejeros y la alta dirección de las grandes empresas tiende cada día a una mayor vinculación a objetivos, a ser más transparente y a estar sometida a una creciente regulación.

Importancia de los proxy advisors, que demandan una retribución ligada al desempeño, y su influencia a la hora de aprobar los informes de retribución que se presentan en la junta general de accionistas.

La incertidumbre nacional e internacional está, a su juicio, generando en retribución fija un crecimiento muy moderado, entre el 1% y el 2% anual, así como una mayor discriminación a la hora de aplicar incrementos al directivo y un mantenimiento en la caída de los sueldos de incorporación.

 

Las ofensivas de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal de los últimos años han desatado unos efectos secundarios.

Los Tribunales Económicos-Administrativos están colapsados. Acumulan más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver y están sumidos en una situación que amenaza con hacer prescribir cientos de expedientes con el correspondiente perjuicio para las arcas públicas, según cálculos de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE).

La crisis ha contribuido al colapso. Desde 2009, el número de quejas presentadas en estos tribunales supera a las que se resuelven. Solo en 2014, último dato disponible, se registraron 17.760 más recursos de los que los tribunales pudieron satisfacer. El desfase acumulado de quejas registradas y resueltas en la crisis asciende a 149.637 expedientes, según datos oficiales de la Memoria Anual de los Tribunales Económicos Administrativos (TEA).

La Comunidad de Madrid está estudiando aplicar una nueva ‘Ley Beckham’.

Esto es, aplicar una notable reducción impositiva para aquellos profesionales extranjeros de élite que se asienten en la región, procedentes de otros países.

Buscaría con este paso tratar de ‘cazar’ a empresas y trabajadores cualificados procedentes, sobre todo, del Reino Unido. Una forma, en definitiva, de aprovecharse del ‘Brexit’. Reduciendo el tipo máximo de IRPF que tendrían que pagar estos trabajadores del 43,5% actual vigente en la región al 39%, esto es, 4,5 puntos porcentuales menos que, en términos absolutos y aplicado a futbolistas (un colectivo que también entraría dentro de esta reforma) supondría una notable baja.

Noticiario Nº 79 – 7 de octubre de 2016

El auditor puede ser declarado cómplice en la calificación del concurso de acreedores.

El hecho de que no haya salvedades en la auditoría no impide la calificación culpable de un concurso y podrá haber responsabilidades del auditor si ha omitido irregularidades sustanciales en el informe, según explicó el magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Sevilla.

“A pesar de ello, se trata de un documento de extraordinario valor, que no vincula ni al administrador concursal ni al Ministerio Fiscal”, afirmó el magistrado en el transcurso de su intervención en el IV Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditoría, organizado por el Consejo General de Economistas.

 

Las grandes tecnológicas están bajo el punto de mira de las autoridades tributarias de los principales países de Europa.

La Agencia Tributaria española tiene inspecciones abiertas a cinco de las seis grandes corporaciones informáticas y de Internet: Google, Apple, Amazon, Microsoft y Yahoo, según reconocen estas compañías en sus cuentas anuales.

Twitter y Facebook no refieren, de momento, cuestiones pendientes con el fisco. Las seis grandes firmas tecnológicas facturaron en España 775,9 millones de euros, un 19,4% más que el año pasado. En realidad es imposible saber cuanto dinero cosechan el país porque trasladan buena parte de sus ingresos a Irlanda o Luxemburgo, con impuestos más bajos. Microsoft y Apple son las que más ingresan, algo más de 300 millones de euros. A pesar de ello, solo pagaron al fisco unos 25,8 millones, un 42,3% más que el año anterior, pero lejos de lo que tendrían que abonar si declarasen todo el negocio que generan aquí.

 

La inversión inmobiliaria caerá un 30% este año.

Supondrá unos 9.000 millones de euros frente a los 13.000 millones contabilizados en 2015, por el descenso de la oferta de activos a la venta tras dos ejercicios de récord en compraventa de edificios terciarios, según la consultora inmobiliaria CBRE.

La firma desvincula la disminución de la inversión inmobiliaria de la incertidumbre política dado que, de hecho, el 60% de la inversión ejecutada en el mercado inmobiliario español hasta septiembre provino del exterior.

 

Un total de 682.827 jubilados cobran más de 2.000 euros de pensión en España.

Supone un 11,9% sobre el total de pensionistas jubilados, según datos del Ministerio.

A fecha de 1 de septiembre del presente año, 20.585 pensionistas jubilados cobran la pensión máxima, que se sitúa en los 2.567,28 euros, y 4.277 pensionistas ingresan del sistema mensualmente más de esta cuantía. Mientras, la pensión mínima por jubilación en mayores de 65 años está establecida en 636,10 euros y un 18,7% de jubilados cobra menos de 600 euros al mes.

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¡Hola!,

Un mes más te traemos tres noticias interesante como son:

- El plazo de pago del IAE para el 2016
- Como cambiar la base de cotización un autónomo
- Responsabilidad del administrador y sus bienes gananciales
Seguimos informándote, nos vemos en noviembre
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Noticiario Nº 78 – 30 de septiembre de 2016

Se acabaron las multas sorpresa para los conductores madrileños.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado un recurso presentado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en el que se solicitaba que las multas interpuestas por la Policía Municipal de la capital se notifiquen en el mismo momento a los infractores.

No obstante, el cambio de normativa tiene algunas excepciones. Los agentes podrán seguir multando a distancia cuando la detención del vehículo ponga en riesgo la circulación – se deberá detallar el motivo de esta decisión -, cuando el conductor no esté presente y el vehículo esté mal estacionado, o que los agentes basen la sanción en medios de captación (radares) y reproducción de imágenes (semáforos foto-rojo). Cabe destacar que la decisión del TSJM tendrá carácter retroactivo, por lo que el Ayuntamiento de Madrid deberá devolver la cuantía de todas las multas interpuestas de forma irregular (el 80%) desde el año 2010: la AEA las cifra en 600.000.

 

La Agencia Tributaria ampliará las inspecciones de la amnistía fiscal a los 30.000 contribuyentes.

Se acogieron a la misma y comprobará, como ya está haciendo en numerosos casos, si quienes regularizaron su patrimonio a través de dicha amnistía han cumplido también con la obligación de informar sobre la posesión de bienes y derechos situados en el extranjero y si han sido rigurosos al hacerlo, según trasladaron en fuentes del Ministerio de Hacienda.

El departamento desmiente las voces que aseguran que el 30 de noviembre de este año prescriben los posibles delitos que hayan podido cometer quienes se acogieron a la amnistía (el plazo para hacerlo acabó el 30 de noviembre de 2012 y a los cuatro años prescriben los delitos) y añade que la amnistía fiscal en sí “no caduca” y que los datos aportados por la misma “siguen ahí y están a disposición de la Agencia Tributaria”.

 

La presentación de la declaración informativa-resumen anual del IVA, a través del Modelo 390, no interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.

Así lo determina el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en una resolución, de 22 de septiembre de 2016.

Establece como criterio que cada periodo de declaración prescribiría por el transcurso de cuatro años desde que finaliza del plazo de presentación, puesto que el plazo de prescripción se interrumpe, según el artículo 68.1.c) de la Ley General Tributaria, “por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

 

La patronal quiere que se mantenga la moderación salarial actual.

Así lo defenderán los empresarios en la negociación que mantienen con los sindicatos dentro de la comisión de seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Por ello, el dirigente empresarial de Cepyme ha dejado claro que la patronal no aceptará un incremento de salarios del 4%, reclamado por UGT, porque es “una exageración” e “irrealizable”.