¿Cómo puedes contratar a menor coste?

Si tienes intención de aumentar tu plantilla de trabajo y quiere ahorrar gastos, te interesa esta información.

Actualmente, solo existen varios contratos en lo que se pueden aplicar bonificaciones en los seguros sociales o reducir el gasto del trabajador, y entre los más significativos, os comentamos los siguientes:

  • Contratos indefinidos para personas desempleados que estén inscritas en la Oficina de Empleo durante al menos 12 de los últimos 18 meses: En este caso existe una bonificación de 1.300 euros anuales por contratar hombres o 1.500 euros por contratar mujeres, durante un plazo de tres años.
  • Si se realiza la transformación a contratos indefinidos desde contratos de formación y aprendizaje: la deducción en el caso de hombres es de 1.500 euros anuales y en caso de mujeres de 1.800 euros, durante un plazo de tres años.
  • Si se realiza la transformación a contratos indefinidos desde contratos en Prácticas en empresas de menos de 50 trabajadores: la deducción en el caso de hombres es de 500 euros anuales y en el caso de mujeres de 700 euros, también durante un plazo de tres años.
  • Y por último, atendiendo a determinados colectivos tales como: discapacitados, excluidos sociales, víctimas de violencia doméstica y de género, víctimas del terrorismo, etc. nos podemos encontrar con bonificaciones que van desde los 600 euros anuales hasta los 6.300 euros, en función del colectivo de que se trate.

En CE Consulting estamos a su disposición para ampliarte esta información y asesorarte en tu caso concreto.

Claves ante una inspección tributaria en el domicilio de la empresa

Lo más habitual es que el comienzo de una inspección tributaria se comunique al contribuyente mediante una notificación, en la que se le emplaza a que comparezca ante las dependencias de Hacienda en una determinada fecha.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, la Inspección inicia sus comprobaciones sin previo aviso a los inspeccionados, personándose directamente en el domicilio donde se desarrolla la actividad económica con la pretensión de acceder o registrar la documentación contable, societaria, las bases de datos de clientes y proveedores o incluso la correspondencia que consideran de trascendencia tributaria, tanto de ficheros informáticos como documentación física.

En una situación de este tipo, el empresario debe saber que esa entrada y registro en su empresa es una facultad que ostenta legalmente la Inspección. No obstante, determinados espacios gozan de una protección especial amparada constitucionalmente.

Espacios de protección especial ante una inspección tributaria

De todos es sabido que el domicilio habitual de una persona física es inviolable, y su entrada no se puede realizar sin consentimiento previo o sin orden judicial, salvo en casos de flagrante delito. Pues bien, aunque con una protección más limitada, el domicilio de una persona jurídica también goza de ese amparo constitucional, aunque limitado a los espacios físicos que resulten indispensables para el desarrollo de su actividad sin intromisiones ajenas por constituir el centro de dirección de la sociedad o por servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad que deben quedar reservados al conocimiento de terceros. Quedan excluidos, por tanto, de esta protección el resto de los espacios donde se desarrolle la actividad económica, como aquellos abiertos al público, oficinas comerciales, almacenes, tiendas o similares.

Así, ante una visita inesperada de la Inspección de los tributos no acompañada de una orden judicial, el empresario individual o los representantes legales de una sociedad, pueden, o bien consentir la entrada (con el riesgo que pudiera conllevar), o bien no autorizarla en estos espacios reservados invocando la protección que les otorga el art. 18.2 de la Constitución, incluso aun cuando la resistencia del empresario o de los representantes legales a dicha entrada de lugar a amenazas por parte de los inspectores de imposición de sanciones de elevada cuantía por considerar que su conducta obstruye la labor de comprobación de la Inspección de los Tributos.

Capitulaciones y pactos matrimoniales

No es lo mismo. Capitulaciones y pactos matrimoniales son acuerdos diferentes. Los dos en el ámbito del derecho de familia, en concreto, del matrimonio, pero con una orientación diferente.

Capitulaciones

Aunque ambos pueden identificarse, las capitulaciones son acuerdos que se plasman en escritura notarial, y para que alcancen eficacia frente a terceros deben inscribirse en el registro civil. Y se centran en regular las relaciones económicas entre los cónyuges, además, de otros aspectos propios de la vida en común entre ellos. Es decir, mientras dure el matrimonio. Lo más habitual es acordar el régimen económico matrimonial, de modo que o se acogen a uno de los ya regulados por ley, es decir, el de separación o el de participación, además del de gananciales, o elaboran uno diseñado según sus conveniencias. En definitiva, regula tanto lo relativo a la economía familiar, como lo relativo a la vida común.

En el régimen de separación de bienes, pertenecen a cada uno los bienes que vayan adquiriendo, así como también las posibles deudas, que serán propias sólo del cónyuge que las haya contraído. Cada uno tendrá sobre su patrimonio la plena administracion y disposición, y la plena responsabilidad de sus deudas y obligaciones. Este régimen es habitual entre cónyuges con patrimonios independientes y, desde luego, es el aconsejable si uno de ellos pertenece a un grupo de riesgo patrimonial (por ser administrador de una sociedad).

Pactos prematrimoniales

Por su parte, los pactos o acuerdos prematrimoniales, también conocidos como pactos de pre-ruptura conyugal, que tienen un ámbito mucho más privado e íntimo, pues tratan de regular de forma anticipada los supuestos y los efectos más propios de la separación y el divorcio que los que se derivan de la convivencia.

Es cierto que también pueden establecer normas de convivencia (tiempos y lugares de vacaciones, trabajos para la familia, relaciones con la familia política, cuidado de hijos, etc.), pero también disponer de qué pasaría en caso de ruptura, como las pensiones o indemnizaciones en caso de infidelidad conyugal, valoración de la dedicación a la familia, la casa, guarda y custodia y relaciones con los hijos, la ocupación de la vivienda, etc.