Noticiario Nº 20 – 22 de mayo de 2015

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Los contribuyentes han declarado en 2015 bienes y cuentas en el extranjero por importe total de 14.324 millones de euros,

de los que 2.740 millones estaban depositados en cuentas bancarias y de crédito, según el patrimonio en el exterior declarado mediante la presentación del modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero.

La Agencia Tributaria destaca que el incremento de control del patrimonio en el extranjero por la creciente captación de información tributaria internacional induce cada vez a mayor número de contribuyentes a cumplir la obligación, por lo que continúan recibiéndose declaraciones presentadas fuera de plazo para evitar las sanciones derivadas del incumplimiento. Hacienda continúa con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de que dispone la Agencia, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.

 

El secretario de Estado de Hacienda destaca la nueva responsabilidad “indelegable” de los consejos de administración

sobre las estrategias fiscales de sus empresas; el Gobierno impulsará la mejora de la transparencia fiscal de las empresas.

Por otro lado, Ferre ha destacado la nueva obligación de que las multinacionales informen de forma desagregada de los impuestos que pagan ”país por país”. Ferre ha recalcado que el Gobierno ha incluido un cambio normativo en el borrador del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que desarrolla la reforma fiscal, y que será aprobado próximamente. Según consta en el citado borrador, las entidades residentes que tengan la condición de dominantes de un grupo empresarial con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, estarán obligadas a aportar la información “país por país” a partir de 2016. Entre la información a aportar se encuentran los ingresos, los resultados brutos, los impuestos satisfechos, los fondos propios y la plantilla.

 

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que la definición de despido colectivo de la ley española es contraria al derecho europeo

por ir en contra de lo recogido en una directiva comunitaria.

La sentencia ve ilegal que la norma española utilice la empresa como única unidad de referencia y no el lugar del centro de trabajo, a la hora de determinar si los despidos deben calificarse como colectivos o individuales. Según argumenta este tribunal, la ley española que regula los despidos colectivos “infringe la directiva” sobre esta materia porque “introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos habrían debido calificarse de despido colectivo”.

 

El plazo de un mes que impuso la nueva ley hipotecaria española aprobada en 2013 para recurrir desahucios no se ajusta a la normativa comunitaria

ya que no es razonable e imposibilitó a muchos consumidores ejercer sus derechos, según un dictamen publicado este miércoles por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción.

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