Noticiario Nº 21 – 29 de mayo de 2015

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El Tribunal Supremo perfila el delito de blanqueo

y precisa que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, como por ejemplo pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo, si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes.

La sentencia repasa toda la doctrina jurisprudencial así como las reformas legales sobre este delito para concluir con la esencia del mismo. Su característica principal, señala el Supremo, “no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona ‘el retorno’ como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico”.

 

La desigualdad entre ricos y pobres ha alcanzado un nivel récord como consecuencia de la crisis,

según refleja un informe elaborado por la OCDE, que señala un

“La desigualdad de ingresos netos disminuyó desde mediados de los años 80, pero aumentó fuertemente entre el 2007 y el 2011, aunque ha experimentado un retroceso en el 2012″, apunta la organización. En España el 10% más rico acumula el 43% de la riqueza total, mientras que el 60% más pobre posee el 20% de la riqueza de los hogares. Los hogares con menores ingresos han sufrido una caída anual de sus ingresos del 13% entre 2007 y 2011, comparado con la bajada del 1,4% entre el 10% más rico.

 

La UE y Suiza han firmado este miércoles su nuevo acuerdo de transparencia fiscal, que impondrá el intercambio automático de información a partir de 2018.

Ello significa que los residentes en la UE ya no podrán ocultar en Suiza ingresos no declarados para evadir el pago de impuestos.

Gracias a este acuerdo, los Estados miembros recibirán anualmente los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes que tengan cuentas en Suiza, así como un amplio conjunto de otros datos financieros y de balance de las cuentas. Estas disposiciones se ajustan plenamente al nuevo estándar internacional de la OCDE y del G-20 para el intercambio automático de información.

 

La Ley antimorosidad no ha conseguido frenar la problemática que implica las grandes tasas de morosidad en el sector público y privado español,

puesto que España cuenta con un ratio de impagos sobre facturas vencidas que duplica la media europea, un 5,7% frente al 2,85%, que provoca elevadas pérdidas económicas a las empresas acreedoras.

Además, el plazo medio de pago de las operaciones ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica la media europea, fijada en 47 días, según estudio elaborado en colaboración con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Por otro lado, el 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la Justicia, mientras que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.

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