Noticiario Nº 35 – 8 de octubre de 2015

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La CE considera que España incumplirá los objetivos de reducción del déficit público.

Marcados por la Unión Europea, a la vista del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio presentado, y por ello le pide que tome las medidas necesarias.

El análisis de la Comisión confirma el riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tanto en 2015 como en 2016, como ya dijimos en primavera” al quedarse con un déficit del 4,5% y el 3,5% del PIB. El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mostró su convencimiento de que España cumplirá las metas marcadas.

 

La ingeniería fiscal que realizan las grandes multinacionales provoca que cada año se pierda entre el 4% y el 10%.

Este porcentaje corresponde al de la recaudación mundial que genera el impuesto que grava los beneficios empresariales.

En términos absolutos, esta cifra oscila entre los 90.000 y los 215.000 millones de euros y supone un quebranto muy importante para las economías en las que las empresas realizan estas prácticas. Para tratar de minimizarlas, la OCDE presenta las quince recomendaciones incluidas en el informe BEPS (proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, por sus siglas en inglés) y que serán presentadas de forma oficial el jueves en la reunión del G-20.

 

Las condiciones de las hipotecas a interés fijo se parecen cada vez más a las variables.

Las ofertas lanzadas por las entidades están posicionando las hipotecas a tipo fijo en una opción a tener en cuenta para los futuros hipotecados.

En 2013 la hipoteca fija más económica aplicaba un interés del 4,90% pero en 2015 es posible encontrar ofertas desde el 1,95%. Además, “las condiciones que tradicionalmente acompañaban a estas ofertas, como la baja financiación o los plazos más cortos, se están rectificando y algunos bancos permiten una financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda, con plazos de hasta 30 años.”

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley para regular las comisiones.

Debido a la retirada de efectivo en los cajeros automáticos de una entidad ajena a la emisora de la tarjeta de débito o crédito.

Se elimina la doble comisión de forma que la entidad propietaria del cajero automático no podrá exigirla al usuario del servicio pero sí a la entidad emisora de la tarjeta. El emisor de la tarjeta podrá repercutir o no, total o parcialmente, esta comisión a su cliente, según su política comercial. La pantalla del cajero automático deberá informar al usuario del importe máximo que se podrá repercutir. La norma entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y las entidades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2016

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