Noticiario Nº 18 – 12 de Mayo de 2017

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La reforma de la Ley Concursal de 2015 ha incrementado los inconvenientes de la venta de la unidad productiva

La venta de la unidad productiva ha de efectuarse libre de cargas y gravámenes, ya que la enajenación no debería suponer una subrogación del adquirente en la posición de la entidad concursada, sino un medio para satisfacer los créditos de los acreedores.

No obstante, la citada reforma limita tal posibilidad al facilitar que se declare una sucesión empresarial a efectos laborales y de seguridad social. Tal y como se está reclamando desde diversas instancias, resulta fundamental que se suprima o se limite que las deudas laborales y de la Seguridad Social se transmitan en las ventas de unidades productivas. De ese modo se conseguiría salvar a más empresas, lo que redundaría en mayores ingresos a favor de la Seguridad Social a medio plazo y se mantendrían más puestos de trabajo, lo que generaría una mayor riqueza y estabilidad en el tejido empresarial.

Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

Se ha detectado que determinados números de teléfono ofrecen la posibilidad de concertar cita previa para la confección de declaraciones o la modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria quiere dejar constancia de que estos números de teléfono y las páginas web en las que se insertan le son totalmente ajenos y que, además de suponer elevados costes de tarificación para los usuarios, las citas que se obtengan a través de dichos números podrían no ser válidas y por lo tanto no atenderse. La Agencia Tributaria recuerda, ante estos intentos de confundir a los usuarios, que los teléfonos del servicio de cita previa para Renta son 901 22 33 44 ó 91 553 00 71, y que el usuario solo asumirá, en su caso, el coste compartido de la llamada a un número 901.

 

Reducción de honorarios para abogados y procuradores. En un caso en el que la inmobiliaria Colonial fue condenada en costas,

el TS ha decidido recortar sensiblemente las minutas a las que debe hacer frente la compañía. Concretamente, en un auto dictado por el pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal considera que,

en lugar de la cifra de algo más de un millón y medio de euros (IVA incluido) que pedía cada uno de los dos letrados que intervinieron en el asunto, Colonial sólo deberá abonar 88.390 euros (más IVA) a cada uno. La Sala considera que la labor desarrollada en el escrito minutado, a la vista de la “escasa complejidad de las cuestiones suscitadas en los tres motivos del recurso”, no ha exigido el examen en profundidad de las cuestiones fácticas o jurídicas controvertidas en el litigio.

 

La Inspección de Trabajo seguirá exigiendo a las empresas que lleven un registro diario de la jornada de todos sus trabajadores

El cambio de criterio del Supremo generó confusión en gestorías y despachos de abogados y asesores laborales, que estos días se han puesto en contacto con la autoridad laboral para aclarar cuál será el criterio que seguirá a partir de esa sentencia.

Y la respuesta que han obtenido es que «la Inspección de Trabajo y Seguridad Social seguirá exigiendo a las empresas el registro de la jornada diaria, porque para comprobar con exactitud la realización o no de horas extraordinarias debe conocer la jornada ordinaria diaria de cada trabajador, puesto que de lo contrario se produce una indefensión del empleado en tanto la prueba del exceso de jornada dependa en exclusiva del empresario», Consciente del choque que se produce con el criterio del Supremo, el organismo inspector se justifica en que, al haber solo una sentencia, esta «no crea jurisprudencia aún», aunque reconoce que en caso de que el alto tribunal dictase un nuevo fallo en el mismo sentido sí deberán revisar la instrucción dictada para exigir en sus controles el registro de jornada.

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