Noticiario Nº 13 – 1 de abril de 2015

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Remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio, a la vez, a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas.

Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección. Junto a ello, la futura Ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda lamentan que el ministerio no haya incluido en el anteproyecto de la Ley General Tributaria (LGT),

medidas efectivas para la lucha contra el fraude de las grandes fortunas y los grandes grupos empresariales, según han informado en un comunicado.

Gestha considera que también se debería incorporar el listado de deudas descubiertas por importe total superior a un millón de euros, aunque hayan sido pagadas o aplazadas, así como el listado de ventas, beneficio contable e impuestos pagados por las 4.752 empresas que facturan más de 45 millones al año.

UGT ha alertado de la preocupante reducción del fondo de reserva de la Seguridad Social

por las políticas del Ejecutivo y ha afirmado que si sigue así, en 2018, el fondo de reserva quedará completamente extinguido, según ha afirmado el sindicato en un comunicado.

En su informe sobre la situación del fondo de reserva de marzo de 2015 ha señalado que el 31 de diciembre de 2011 el fondo tenía 65.830 millones de euros de dotación. Sin embargo, afirman que por las continuas disposiciones realizadas por el Gobierno la dotación ha disminuido hasta los 42.014 millones actuales.

 

La Guardía Civil y los Servicios de Vigilancia Aduanera incautaron 57,8 millones de euros entre 2011 y 2013

de personas que pretendían entrar o salir de España con dinero en efectivo sin declarar.

El 21,6% del importe decomisado tenía como origen o destino Andorra. El GAFI critica que precisamente los abogados son un colectivo que no aplica adecuadamente las medidas de prevención del blanqueo. También pide que se eleve más allá de los cinco años actuales la inhabilitación para profesionales que han sido condenados por blanqueo. El organismo internacional también alerta de que las sanciones penales pueden no ser disuasorias y lamenta que la justicia suela optar por el “grado inferior” en penas de cárcel. Aunque reconoce que eso está cambiando en los últimos años y pide más celeridad en los tribunales.

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