Noticiario Nº 20 – 22 de mayo de 2015

Los contribuyentes han declarado en 2015 bienes y cuentas en el extranjero por importe total de 14.324 millones de euros,

de los que 2.740 millones estaban depositados en cuentas bancarias y de crédito, según el patrimonio en el exterior declarado mediante la presentación del modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero.

La Agencia Tributaria destaca que el incremento de control del patrimonio en el extranjero por la creciente captación de información tributaria internacional induce cada vez a mayor número de contribuyentes a cumplir la obligación, por lo que continúan recibiéndose declaraciones presentadas fuera de plazo para evitar las sanciones derivadas del incumplimiento. Hacienda continúa con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de que dispone la Agencia, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.

 

El secretario de Estado de Hacienda destaca la nueva responsabilidad “indelegable” de los consejos de administración

sobre las estrategias fiscales de sus empresas; el Gobierno impulsará la mejora de la transparencia fiscal de las empresas.

Por otro lado, Ferre ha destacado la nueva obligación de que las multinacionales informen de forma desagregada de los impuestos que pagan ”país por país”. Ferre ha recalcado que el Gobierno ha incluido un cambio normativo en el borrador del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que desarrolla la reforma fiscal, y que será aprobado próximamente. Según consta en el citado borrador, las entidades residentes que tengan la condición de dominantes de un grupo empresarial con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, estarán obligadas a aportar la información “país por país” a partir de 2016. Entre la información a aportar se encuentran los ingresos, los resultados brutos, los impuestos satisfechos, los fondos propios y la plantilla.

 

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que la definición de despido colectivo de la ley española es contraria al derecho europeo

por ir en contra de lo recogido en una directiva comunitaria.

La sentencia ve ilegal que la norma española utilice la empresa como única unidad de referencia y no el lugar del centro de trabajo, a la hora de determinar si los despidos deben calificarse como colectivos o individuales. Según argumenta este tribunal, la ley española que regula los despidos colectivos “infringe la directiva” sobre esta materia porque “introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos habrían debido calificarse de despido colectivo”.

 

El plazo de un mes que impuso la nueva ley hipotecaria española aprobada en 2013 para recurrir desahucios no se ajusta a la normativa comunitaria

ya que no es razonable e imposibilitó a muchos consumidores ejercer sus derechos, según un dictamen publicado este miércoles por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción.

Noticiario Nº 19 – 14 de mayo de 2015

El número de deudores concursados alcanza la cifra de 1.560 en el primer trimestre de 2015,

lo que supone una disminución del 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Por tipo de concurso, 1.460 son voluntarios y 100 necesarios.

Del total de deudores, el 90,5% son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y el 9,5% personas físicas sin actividad empresarial. Según la forma jurídica, el 78,2% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada. Datos de la Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) del INE.

 

Normativa para la reforma del funcionamiento de las Administraciones públicas.

Remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala la publicación de sentencias condenatorias firmes por fraude fiscal.

El Pleno aprueba con el voto de calidad del presidente del TS y del CGPJ el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica.

Se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto considera que la publicación de un extracto de esas resoluciones cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”.

 

Los empresarios autónomos (que no tienen forma societaria) crearon 24.634 empleos netos en el primer trimestre del año.

De los 3.162.870 autónomos contabilizados en España a finales del primer trimestre, 1.215.531 están constituidos con algún tipo de forma societaria y 1.947.339 son autónomos personas físicas, lo que equivale al 61,6% del total de autónomos.

El 20,9% cuenta con asalariados a su cargo, porcentaje que aumenta a medida que sube la base de cotización, hasta un máximo del 35,3% entre los que tienen bases superiores a tres veces la base mínima. El 86,1% de los autónomos cotiza por la base mínima.

Noticiario Nº 18 – 8 de mayo de 2015

El incremento en la retribución de los directivos fue la tónica generalizada de 2014 con independencia del tamaño de la compañía.

El sueldo medio de los consejeros de los grupos cotizados en 2014 se situó en 375.949 euros, cantidad que supone un 17,5% más que el año anterior, según un estudio elaborado a partir de los datos registrados en la CNMV.

Si lo que se analiza es la nómina de los administradores de las sociedades de mediana y pequeña capitalización, esta se incrementó un 7,97% frente a 2013, situándose en 197.202 euros de media. Este mismo patrón se repitió entre los miembros de la alta dirección empresarial. La tendencia retributiva para el resto de la plantilla, sin embargo, fue la opuesta. El gasto medio por empleado, del conjunto de las cotizadas fue de 43.088 euros en 2014, un 0,64% menos que el año anterior.

 

Hacienda cuantifica los supuestos incrementos impositivos que adoptarán las comunidades a partir de 2016.

Según el Programa de Estabilidad se centrarán en tributos medioambientales y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Gobierno indica que las autonomías fijarán subidas fiscales en impuestos medioambientales que aportarán 250 millones en 2016 y 2017.

En ese mismo período, también recaudarán 350 millones adicionales por supuestas subidas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hacienda reconoce en el documento enviado el jueves que falló al presupuestar el impacto de cambios normativos en el impuesto sobre sociedades, el tributo que ha sufrido una pérdida de recaudación mayor durante la crisis. A finales de 2013, el Gobierno eliminó en el impuesto sobre sociedades la posibilidad de deducirse el deterioro de valor de las participaciones. Una medida que, según los cálculos de Hacienda, supondría una recaudación adicional de 3.650 millones. “Realmente, el efecto en términos de caja ha ascendido a 472 millones”, reconoce el departamento.

 

La reciente reforma del Código Penal permite que las empresas queden exentas de responsabilidad penal

ante un posible delito cometido en su organización si demuestran que han tomado las debidas medidas de control para la prevención de prácticas ilícitas.

Sin embargo, el responsable de cumplimiento normativo de la empresa puede encontrar algunas limitaciones legales en su labor de control, prevención e investigación. Para empezar, si la empresa quiere establecer sanciones nuevas para quien incumpla las normas que ahora se establezcan, deberá tener en cuenta la normativa laboral, que puede exigir negociar con empleados y sindicatos, pudiendo conllevar, incluso, cambios en el convenio colectivo.

 

El número de parados registrados se situó al finalizar abril en 4.333.016 personas,

tras bajar en 118.923 desempleados respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El paro bajó en abril en todos los sectores económicos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 184 desempleados. El sector servicios fue el que registró el mayor recorte del paro, con 72.284 desempleados menos (-2,5%), seguido de la construcción (-19.449 parados), la agricultura (-15.219) y la industria (-11.555). En abril se registraron 1.440.381 contratos, un 11,1% más que en el mismo mes de 2014, de los que 123.459 fueron de carácter indefinido, el equivalente al 8,57% del total de la contratación y cifra un 0,68% superior a la de abril del año pasado.

 

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El Asesor Informa 3.0 de mayo recoge también las últimas noticias sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, la nueva regulación de la negociación colectiva, la actualización de rentas en los contratos de alquiler realizados desde el 1 de abril y mucho más.

 

Asesor Mayo

Noticiario Nº 17 – 30 de abril de 2015

Suspendida cautelarmente la Instrucción de la DGRN de 12 de febrero de 2015, sobre legalización de libros de los empresarios.

El TSJ de Madrid ha paralizado la instrucción que obliga a las compañías a enviar telemáticamente los libros de actas, donde se registra toda la actividad del consejo de administración.

Mientras intentaban cumplir con los plazos en un tiempo récord, las sociedades cotizadas, a través de Emisores Españoles, encargaron al despacho Hogan Lovells que presentara un recurso para intentar paralizar la medida. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ayer como medida cautelar la suspensión de la instrucción hasta que exista una sentencia al respecto. Una decisión que llega tarde para muchas firmas. Aunque desde algunas empresas se ha puesto en duda que los registros puedan solicitar siquiera acceso a una información tan sensible, por su trascendencia en la estrategia de las compañías, desde el despacho aseguran que el objetivo no es tanto que se corrija la modificación introducida en la Ley de Emprendedores, sino que se regule de manera “segura y cierta, con mecanismos de control”.

 

Economía ha indicado que el Sepblac ya ha remitido a la Agencia Tributaria los posibles indicios de blanqueo de capitales

que han podido cometer los 715 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal y que son personas

“El Sepblac analiza a las personas y remite sus conclusiones a la Agencia Tributaria, pero no tiene ningún tipo de dato fiscal, tiene sólo datos de si efectivamente existen algunas operaciones posibles de calificarse de blanqueo de capitales”, afirmó, tras asegurar que “no hay ninguna investigación concreta” por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Economía y que ha remitido sus datos a la Agencia Tributaria, “que es la que está llevando a cabo la investigación”.

 

Faconauto ha asegurado que el Gobierno prepara una octava edición del Plan PIVE

de incentivo a la compra de coches con un presupuesto de entre 200 y 225 millones y con una menor aportación, que sería de 1.500 euros, en comparación con la actual de 2.000 euros por vehículo.

Con la aprobación del PIVE 8 sería posible finalizar el ejercicio 2015 con unas ventas de 1.012.655 automóviles en España, un 18,4% más que en 2014, de las que 158.142 corresponderían a Cataluña, que también experimentaría un repunte del 18%.

 

Las multas de tráfico han aumentado un 80 % durante los llamados años de la crisis,

en los que se ha recaudado un total de 29 millones de euros, frente a los 16 millones que se registraron entre los años 2000 y 2006, según destaca el estudio Multas de Tráfico, ¿recaudación o reeducación?, elaborado por la Fundación Línea Directa.

Los datos demuestran que los ayuntamientos sancionan hasta 6 veces más que a DGT, hasta alcanzar el 75 % del total de las multas de tráfico, un porcentaje equivalente a 26 millones de sanciones al año. Por tipología, el exceso de velocidad es la conducta más sancionada, con un porcentaje algo superior al 50 por ciento.

 

Noticiario Nº 16 – 24 de abril de 2015

La Audiencia Nacional establece que corresponde al trabajador la distribución de su reducción de jornada.

La Sala de lo Social ha fallado a favor de una trabajadora que, tras acogerse a la reducción de jornada por cuidado de hijo, reclamó agrupar sus horas de trabajo de lunes a viernes y, por tanto, descansar los fines de semana, pese a que su contrato establecía una jornada de lunes a domingo.

El tribunal dice que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales deben resolverse “mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto”, y que este criterio es aplicable tanto si el convenio colectivo es posterior a la reforma del Estatuto de los Trabajadores –como era el caso- como si es anterior.

 

El Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente dos nuevas normas para impulsar el trabajo autónomo y la economía social.

Una de estas dos normas es una Ley de actualización de la normativa en materia de autoempleo y de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, con la que se pretende ordenar y sistematizar todos los incentivos existentes en este ámbito.

Si bien, también se introducen en este texto nuevos impulsos al autoempleo, como la extensión a todos los grupos de edad, más allá del límite actual de los 30 años, la posibilidad de compatibilizar el cobro del desempleo y el inicio de la actividad como autónomo durante un máximo de 9 meses. Asimismo, se abre a todos los autónomos, con independencia de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo. Empleo también prevé que los autónomos acogidos a la ‘tarifa plana’ de 50 euros puedan contratar sin perder los incentivos, al tiempo que se amplían los previstos para los familiares colaboradores y se refuerzan los mecanismos de protección de estos trabajadores, especialmente en el caso de los económicamente dependientes.

 

La ley de medidas concursales sigue su tramitación en el Senado.

A la normativa, que lleva en vigor desde septiembre al proceder de un decreto ley, se han incorporado una treintena de enmiendas ‘populares’ y once transaccionales. Hacerse con una empresa en liquidación por concurso de acreedores podrá salir más barato a partir de ahora, tras la decisión del Congreso de elevar del 10% al 15% la diferencia admisible con respecto a la oferta más baja siempre que el comprador se comprometa a mantener la plantilla.

También se ha elevado al 15% la cantidad a consignar en una cuenta del juzgado procedente de la enajenación de los bienes y derechos que se integran en la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma. Se considerará que los autónomos económicamente dependientes son acreedores de derecho laboral a todos los efectos, y se obligará a que la información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones les sea comunicada telemáticamente a los implicados en el procedimiento.

 

El TS ha reafirmado la doctrina por la que se declaraba la nulidad de las denominadas cláusulas suelo por falta de transparencia

y ha fijado doctrina al declarar que los usuarios solo podrán recuperar el dinero destinado a este concepto a partir del 9 de mayo de 2013.

En una sentencia, el Alto Tribunal ha reiterado sus argumentos tras analizar un recurso presentado por BBVA, una de las entidades afectadas por la sentencia de mayo. Además, ha desestimado otro recurso de Cajasur que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia Sala sobre nulidad de las cláusulas suelo por abusivas.

Noticiario Nº 15 – 17 de abril de 2015

El Ministro de Justicia asegura que el Registro Civil no se privatizará y garantiza que será gratuito, público y más cercano al ciudadano.

En este sentido, ha expresado su voluntad de acometer la reforma con los funcionarios, con los sindicatos y con las Comunidades Autónomas.

Para ello se van a crear grupos de trabajo y mesas de negociación que permitirán coordinar este proceso de cambio hacia el nuevo Registro Único. El Registro Civil será, además, electrónico, los trámites podrán realizarse de manera telemática cualquier día y a cualquier hora.

 

La deuda pendiente de cobro de la Agencia Tributaria se ha duplicado desde el inicio de la crisis en 2007 hasta el año 2014,

cuando ha alcanzado los 50.224 millones de euros, el 88,4% más que los 26.652 millones registrados en 2007, según datos del organismo tributarios.

Desde el comienzo de la crisis la deuda detectada por Hacienda pero que aún no ha cobrado por diversos motivos no ha dejado de crecer año tras año y únicamente en 2014 se ha prácticamente estancado, con un ligerísimo aumento del 0,1%. La Agencia Tributaria explica que no toda la deuda pendiente se puede exigir al contribuyente, ya que, por ejemplo, las deudas suspendidas no son exigibles hasta que no se levanta la suspensión por resolución del correspondiente recurso o reclamación, así como la deuda concursal y la deuda aplazada, que no se pueden cobrar hasta que se produzca, en su caso, un incumplimiento del aplazamiento.

 

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del despido colectivo del Grupo Coca-Cola,

declarada previamente por la Audiencia Nacional, por vulneración del derecho de huelga.

Los magistrados entienden que, durante la huelga convocada en protesta por el cierre del centro de Fuenlabrada (Madrid), la empresa sustituyó la producción que esta planta había dejado de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando el adecuado desarrollo del periodo de consultas. La Sala ha resuelto también que en los despidos colectivos declarados nulos la condena a readmisión debe llevar unida la condena al abono de los salarios de tramitación.

 

El Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente dos nuevas normas para impulsar el trabajo autónomo y la economía social.

Una de las estas dos normas es una Ley de actualización de la normativa en materia de autoempleo y de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, con la que se pretende ordenar y sistematizar todos los incentivos existentes en este ámbito.

Si bien, también se introducen en este texto nuevos impulsos al autoempleo, como la extensión a todos los grupos de edad, más allá del límite actual de los 30 años, la posibilidad de compatibilizar el cobro del desempleo y el inicio de la actividad como autónomo durante un máximo de 9 meses. Asimismo, se abre a todos los autónomos, con independencia de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo. Empleo también prevé que los autónomos acogidos a la ‘tarifa plana’ de 50 euros puedan contratar sin perder los incentivos, al tiempo que se amplían los previstos para los familiares colaboradores y se refuerzan los mecanismos de protección de estos trabajadores, especialmente en el caso de los económicamente dependientes.

Noticiario Nº 14 – 9 de abril de 2015

Muchos contribuyentes tratan de esquivar sus obligaciones tributarias con pequeños fraudes, olvidos premeditados y otras prácticas dudosas.

Hacienda tiene mecanismos para detectar muchas de las trampas tributarias. El fisco realiza cada año más de medio millón de comprobaciones de control extensivo, según la última Memoria de la Agencia Tributaria de 2013.

Es habitual que entre autónomos, profesionales y pymes se deduzcan como gastos cosas de consumo personal. Hacienda echa para atrás las desgravaciones de ropa, comida, y otras facturas que no tienen que ver con la actividad profesional. También hay quienes realizan obras en su vivienda particular y piden al proveedor que en la factura figuren los datos de su empresa para deducírselo. Algunos ciudadanos también se deducen las multas de tráfico, pero Hacienda tiene acceso a una base de datos con todas las sanciones de este tipo, por lo que lo detectará.

 

Los contribuyentes han presentado ya más de 310.000 declaraciones de IRPF

hasta las 19.00 horas del primer día de la Campaña 2014 que fue el 7 de abril de 2015, según han avanzado fuentes de la Agencia Tributaria.

La cifra supone un incremento del 50% respecto a la registrada el primer día de la Campaña de Renta 2013 a la misma hora. Además, más de 1,02 millones de contribuyentes han utilizado ya el sistema RENO para obtener el borrador y los datos fiscales. La cifra supone un incremento del 27% respecto a la registrada un año antes. El incremento se puede justificar porque la principal novedad de la campaña de este año es la unificación de la fecha de inicio para la presentación por internet tanto de borradores de IRPF como de declaraciones con el PADRE y otros programas de ayuda.

 

El Supremo establece que las divergencias razonables entre los padres no impiden la custodia compartida del menor.

El Tribunal Supremo ha otorgado la custodia compartida de un niño solicitada por el padre al considerar que la existencia de divergencias entre los padres que sean razonables no imposibilitan este régimen que es deseable porque fomenta la integración del menor con ambos progenitores, sin desequilibrios, evita el ‘sentimiento de pérdida’, no cuestiona la idoneidad de los padres y estima la cooperación de los mismos en beneficio del menor.

 

Plan de cajas de seguridad en entidades bancarias como mecanismo para luchar contra las insolvencias aparentes

no puede entenderse como un plan cerrado, según indicaron fuentes de la Agencia Tributaria.

El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio la eficacia recaudatoria del embargo de cajas de seguridad, a la luz de los ingresos obtenidos por la AEAT en 2013, el primer año de aplicación de la medida, por esta vía: apenas el 0,6% de lo perseguido, en concreto dos millones de los 319 que había previsto. En sus alegaciones al informe preliminar del TC, el organismo dependiente de Hacienda ya señaló que las investigaciones sobre cajas de seguridad eran actuaciones necesarias y legales cuyo efecto recaudatorio directo era limitado, pero cuyo efecto inducido era claro, y que las cajas de seguridad dejaban de ser un refugio para deudores con la Hacienda Pública.

Comienza la campaña de la renta

Con el comienzo de abril, llegan las primeras declaraciones trimestrales 2015, el fin del plazo para la presentación de libros oficiales de contabilidad (sociedades con cierre 31/12/14) y libros mercantiles (novedad este año), además del inicio de la campaña de renta.

Con la aprobación del Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de carga financiera, se han añadido varias medidas fiscales destinadas a rebajar la carga social de determinados colectivos. Les enunciamos las principales novedades.

El mes de abril da luz a la campaña de renta y patrimonio de 2014: empiezan confirmaciones de borradores, solicitud de datos fiscales, y presentación de declaraciones. Le recordamos las fechas que debe tener en cuenta para evitar sustos y le informamos de las nuevas pautas que se han dictado desde el departamento de Recaudación de la AEAT, con el fin de homogeneizar, coordinar y aclarar los criterios de actuación y las condiciones de la resolución de aplazamientos y fraccionamientos tributarios.

 

Noticiario Nº 13 – 1 de abril de 2015

Remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio, a la vez, a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas.

Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección. Junto a ello, la futura Ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda lamentan que el ministerio no haya incluido en el anteproyecto de la Ley General Tributaria (LGT),

medidas efectivas para la lucha contra el fraude de las grandes fortunas y los grandes grupos empresariales, según han informado en un comunicado.

Gestha considera que también se debería incorporar el listado de deudas descubiertas por importe total superior a un millón de euros, aunque hayan sido pagadas o aplazadas, así como el listado de ventas, beneficio contable e impuestos pagados por las 4.752 empresas que facturan más de 45 millones al año.

UGT ha alertado de la preocupante reducción del fondo de reserva de la Seguridad Social

por las políticas del Ejecutivo y ha afirmado que si sigue así, en 2018, el fondo de reserva quedará completamente extinguido, según ha afirmado el sindicato en un comunicado.

En su informe sobre la situación del fondo de reserva de marzo de 2015 ha señalado que el 31 de diciembre de 2011 el fondo tenía 65.830 millones de euros de dotación. Sin embargo, afirman que por las continuas disposiciones realizadas por el Gobierno la dotación ha disminuido hasta los 42.014 millones actuales.

 

La Guardía Civil y los Servicios de Vigilancia Aduanera incautaron 57,8 millones de euros entre 2011 y 2013

de personas que pretendían entrar o salir de España con dinero en efectivo sin declarar.

El 21,6% del importe decomisado tenía como origen o destino Andorra. El GAFI critica que precisamente los abogados son un colectivo que no aplica adecuadamente las medidas de prevención del blanqueo. También pide que se eleve más allá de los cinco años actuales la inhabilitación para profesionales que han sido condenados por blanqueo. El organismo internacional también alerta de que las sanciones penales pueden no ser disuasorias y lamenta que la justicia suela optar por el “grado inferior” en penas de cárcel. Aunque reconoce que eso está cambiando en los últimos años y pide más celeridad en los tribunales.