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¿Cómo contratar temporeros extranjeros? Obligaciones, trámites y errores frecuentes

por Carlos Díaz Gutiérrez

La contratación en origen de temporeros es fundamental para el sector agrícola español. Según datos recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la agricultura es uno de los sectores con mayor presencia de trabajadores de otros países, superando el 25%. Para muchas empresas y autónomos, estos trabajadores son fundamentales para cubrir las necesidades de mano de obra temporal en campañas como la recogida de la fresa, la vendimia o la recolección de la aceituna.

contratar temporero extranjero

Si este es tu caso, debes conocer que la normativa establece un procedimiento específico para la contratación de temporeros extranjeros bajo el régimen agrario. Esta normativa fija plazos, requisitos y obligaciones para el empleador y para la persona trabajadora.

En este artículo te explico paso a paso el proceso para contratar trabajadores extranjeros para el campo, la documentación necesaria y cómo evitar errores que retrasen la llegada de los trabajadores o pongan en riesgo la campaña.

¿Necesitas contratar en origen para otras actividades? Lee nuestro artículo sobre cómo contratar trabajadores extranjeros en España y los cambios tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería.

Tabla de contenidos

La contratación de trabajadores de temporada bajo el Régimen Agrario

El régimen agrario es el marco legal que regula las condiciones laborales en las actividades agrícolas, ganaderas y del sector primario. Dentro de este marco, existe una regulación específica para la contratación de extranjeros para el campo y de empleo agrícola temporal, destinada a campañas o trabajos de carácter estacional.

La norma permite contratar por un máximo de nueve meses en un periodo de doce meses, siempre que el trabajo esté vinculado a una actividad de temporada claramente justificada.

Este régimen determina cómo debe ser el contrato, qué datos debe incluir y cuáles son las obligaciones que asumen tanto el empresario como la persona trabajadora.

Cómo debe ser el contrato de temporero

La persona trabajadora debe tener un contrato fijo-discontinuo, formalizado por escrito y ajustado al artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Debe recoger información clave como el lugar y tipo de trabajo, la duración de la campaña, la jornada semanal y la fecha de inicio.

Además, el empleador está obligado a entregar una copia de este en un idioma que la persona contratada pueda entender, asegurando así que conoce las condiciones y derechos asociados a su empleo.

Cuál es la duración máxima de este permiso de trabajo

La autorización de residencia y trabajo para actividades de temporada tiene un límite máximo de nueve meses dentro de un mismo periodo de doce meses. Es decir, aunque la campaña pueda repetirse cada año, no es posible acumular más tiempo de trabajo en ese ciclo anual.

Limitaciones y excepciones para contratar trabajadores agrícolas extranjeros

En general, la contratación de extranjeros para el campo está condicionada a la situación nacional de empleo. Es decir, a que no existan personas disponibles en España para cubrir esos puestos.

Sin embargo, esta condición general tiene varias excepciones:

  • Ocupaciones incluidas en la previsión anual de gestión colectiva.
  • Nacionales de países con convenio específico con España, como Perú y Chile.
  • Temporeros que hayan trabajado y retornado correctamente durante dos años consecutivos.

Cuáles son las obligaciones al contratar temporeros extranjeros

La empresa o autónomo que contrata trabajadores del campo extranjeros o mano de obra temporal agrícola debe cumplir con las siguientes obligaciones:

  • Proporcionar un alojamiento adecuado.
  • Contratar un seguro médico que cubra desde el viaje a España hasta el alta en la Seguridad Social
  • Pagar la tasa administrativa correspondiente.
  • Organizar los desplazamientos de ida y vuelta del trabajador.

Además, debe presentar el compromiso de retorno firmado por el trabajador y justificar la campaña agrícola ante la Administración, indicando si habrá concatenación de contratos.

Requisitos para la persona trabajadora extranjera en el régimen agrario

Para poder acceder a este tipo de empleo agrícola temporal, la persona extranjera tiene que cumplir también una serie de requisitos. Estos son los siguientes:

  • No puede residir en España.
  • No puede encontrarse en el país en el momento de la solicitud.
  • Debe comprometerse por escrito a regresar a su país al finalizar la campaña.
  • Debe cumplir con las normas sanitarias, de convivencia y prevención de riesgos laborales vigentes en la explotación y en el alojamiento.
  • Si la actividad está sujeta a regulación sectorial, debe presentar las licencias o certificados exigidos antes de comenzar a trabajar.

Cómo se tramita el permiso y visado de temporero

En el primer año, es necesario tramitar un visado de residencia y trabajo para actividades de temporada como establece el artículo 40 de la Ley de Extranjería. Este trámite sólo puede realizarse si la persona está fuera de España.

En años posteriores, si se mantienen las condiciones, el empleador puede volver a llamar al mismo trabajador sin repetir todo el procedimiento inicial. Eso sí, debe realizar las comunicaciones oportunas a la unidad de extranjería indicando que va a darse de nuevo esta situación.

Plazos de resolución

La ley establece un plazo de resolución de un mes. En la práctica, este tiempo puede alargarse hasta mes y medio. suele depender de la carga de trabajo de cada unidad de extranjería.

Por eso, lo recomendable es iniciar la gestión de la contratación de extranjeros para el campo con antelación suficiente. Un retraso podría poner en riesgo el inicio de la campaña.

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Documentación necesaria

Para tramitar la autorización de residencia y trabajo en el régimen agrario, la empresa debe aportar la siguiente documentación:

  • Contrato fijo-discontinuo firmado.
  • Compromiso de retorno.
  • Justificante de pago de la tasa.
  • Certificado de alojamiento.
  • Póliza de seguro médico.
  • Justificación de la campaña agrícola.
  • Documentación legal de la empresa contratante o profesional del campo.

Por su parte, la persona trabajadora debe presentar su pasaporte vigente, el compromiso de retorno y certificados de penales de país de origen. Si procede, licencias o certificados específicos de experiencia previa.

Pasos para contratar temporeros extranjeros

  1. Planificar la campaña y estimar necesidades de mano de obra temporal agrícola que se precisa.
  2. Preparar la oferta de empleo y verificar si la situación nacional de empleo lo permite o si se aplica una excepción.
  3. Presentar la solicitud de autorización de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería.
  4. Solicitar visado en el consulado correspondiente, una vez aprobada la oferta. Este paso debe hacerlo el trabajador. Este es el que se encarga de ello, con la información facilitada y pidiendo la cita.
  5. Organizar el viaje, el alojamiento y el alta en la Seguridad Social antes del inicio de la campaña.

Errores comunes que evitar en la contratación de personal de temporada en el campo

  1. Iniciar el trámite demasiado tarde, lo que puede retrasar la llegada del personal.
  2. No entregar el contrato en un idioma comprensible para el trabajador.
  3. No documentar adecuadamente el alojamiento que se ofrece.
  4. Suponer que se puede contratar a cualquier persona que ya esté en España, lo cual no está permitido para permisos de temporada.
  5. Olvidar justificar la campaña agrícola con datos y documentos claros.

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FAQs: 8 preguntas habituales sobre la contratación de temporeros en origen

¿Se puede contratar a cualquier extranjero para las campañas agrícolas?

Sí, la nacionalidad no es una limitación directa, pero si el país no tiene convenio con España o el puesto no está en la lista de ocupaciones autorizadas, la contratación dependerá de la situación nacional de empleo u otras excepciones del art 40 del reglamento que habiliten. También pueden contratarse trabajadores que hayan participado en campañas anteriores y retornado correctamente.

¿Cómo se justifica la campaña agrícola?

Para justificar la campaña agrícola, la empresa debe aportar documentación como el calendario de la campaña, el tipo de cultivo y fase de producción, la estimación de personal necesario y, en su caso, informes de campañas anteriores o documentación de la explotación agrícola.

¿Puedo contratar a una persona extranjera que ya está en España como turista?

No, el permiso de trabajo temporal en agricultura exige que la persona se encuentre fuera de España en el momento de la solicitud. Nunca puede estar de forma irregular en el país.

¿Cuánto tarda el visado en el consulado?

Tras la concesión de la autorización, el visado suele tardar entre dos y cuatro semanas, según el país y el volumen de solicitudes.

¿Qué pasa si necesito contratar más temporeros extranjeros durante la campaña?

Debe tramitarse una nueva solicitud cumpliendo los requisitos y plazos establecidos.

¿Qué consecuencias hay si el temporero no regresa a su país?

Podría impedirle obtener futuros permisos y dificultar las autorizaciones a la empresa en próximas campañas.

¿Hay un límite para contratar temporeros extranjeros por campaña?

La normativa no establece un número máximo de trabajadores de temporada que una empresa pueda contratar en una campaña concreta. Sin embargo, la contratación debe estar justificada en función de las necesidades reales de la actividad agrícola y del volumen de producción previsto. La Administración evaluará si el número de temporeros solicitado guarda relación con el calendario y las tareas de la campaña. En algunos casos, especialmente en campañas subvencionadas o gestionadas de forma colectiva, pueden aplicarse criterios o cupos específicos.

¿Puede un temporero pasar de la vendimia a la campaña de la aceituna?

Sí, es posible siempre que se cumplan dos condiciones. La primera, no superar el límite de nueve meses de trabajo en un periodo de doce meses, establecido para los permisos de temporada bajo el régimen agrario. La segunda, que ambas contrataciones estén contempladas en la autorización inicial. O, en su caso, que se tramite una nueva autorización para la segunda campaña, justificando la necesidad y cumpliendo con los requisitos legales. En algunos casos, si las campañas están próximas en fechas y el empleador o empleadores coordinan la contratación, se puede gestionar de forma encadenada, pero siempre respetando los plazos máximos y la documentación exigida por la Administración.

Fiscalidad de grupos empresariales: qué es la consolidación fiscal, ventajas y riesgos

por Marina Simón Rodríguez

Un grupo de empresas, controladas por una sociedad holding, puede optar por tributar en el régimen especial de consolidación fiscal establecido en el artículo 55 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cada vez es más común que las empresas valoren la posibilidad de crear un grupo fiscal para poder beneficiarse de las ventajas que ofrece este régimen. En CE Consulting profundizamos en la fiscalidad de grupos empresariales de mano de nuestros expertos.

fiscalidad de grupos empresariales

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¿Qué es un grupo fiscal y cómo se forma?

Un grupo fiscal es el conjunto de Sociedades Anónimas, Limitadas y Comanditarias por Acciones, residentes en territorio español, formado por una sociedad dominante y todas las sociedades dependientes de la misma. Para ser catalogado un grupo fiscal debe cumplir ciertos requisitos. De esta forma podrá beneficiarse de la fiscalidad de grupos empresariales.

Requisitos de la sociedad dominante

Una sociedad puede ser considerada dominante cuando tiene personalidad jurídica y está sujeta, y no exenta, al Impuesto sobre Sociedades. Los establecimientos permanentes también pueden ser dominantes de las participaciones de las sociedades afectas al mismo, cuando la dominante, de dicho establecimiento, no tenga personalidad jurídica o se encuentre en un paraíso fiscal.

No se pueden considerar sociedades dominantes aquellas que sean dependientes de otra entidad que cumpla los requisitos para ser dominante. Tampoco las Asociaciones de Interés Económico ni las Uniones Temporales de Empresas.

Además, la sociedad dominante debe poseer una participación directa o indirecta de, al menos, el 75% del capital social. Salvo en el caso de que las entidades coticen en un mercado secundario organizado bastará con un 70% de participación.

También, la sociedad dominante debe contar con la mayoría de los derechos de votos de las dependientes, durante todo el periodo impositivo en el que se aplique este régimen.

Por último, la sociedad dominante tiene la responsabilidad de actuar como representante del grupo fiscal y cumplir con todas las obligaciones que surjan de la aplicación de este régimen tributario. Entre estas obligaciones nos encontramos con la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal o la comunicación de posibles variaciones del mismo.

Requisitos de las sociedades dependientes

Por su parte, las sociedades dependientes de un grupo fiscal también deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, deben tener una forma jurídica de sociedad anónima, limitada o comanditaria por acciones. Además, deben ser residentes en España.

También es necesario que estén participadas, directa o indirectamente, por otra sociedad dominante en, al menos, el 75% de su capital social y que esta sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto. Esta participación debe mantenerse desde el inicio del primer período impositivo en el que se aplica este régimen y durante todo el período, a menos que la participada se disuelva.

Todas las entidades dependientes deben presentar la declaración individual del Impuesto sobre Sociedades, aunque no se derive un pago o devolución resultante de la autoliquidación.

Restricciones para aplicar este régimen

Al margen de los requisitos, hay además algunas restricciones para formar parte de un grupo fiscal:

  • Ser no residentes en España
  • Estar exenta del Impuesto de Sociedades
  • Estar en concurso al cierre del período impositivo
  • Estar en un desequilibrio patrimonial por pérdidas
  • Estar sujeta al Impuesto sobre Sociedades a un tipo impositivo distinto al de la sociedad dominante (como fundaciones o cooperativas)
  • Tener un ejercicio social diferente al de la sociedad dominante

El mero hecho de pertenecer a un grupo fiscal no implica el tener que acogerse al régimen de consolidación contable obligatoriamente.

¿Cómo funciona la consolidación fiscal de grupos empresariales?

El régimen de consolidación fiscal será de aplicación cuando lo acuerden todas y cada una de las entidades que deban integrar el grupo fiscal. Estos acuerdos deberán adoptarse por el Consejo de Administración u órgano equivalente. Puede ser en cualquier fecha del periodo impositivo inmediato anterior al que sea de aplicación este régimen. La falta de acuerdo provocará la imposibilidad de acogerse al régimen por parte del grupo fiscal.

Una vez ejercitada esta opción el grupo fiscal resulta vinculado, de forma indefinida durante los periodos impositivos siguientes, siempre y cuando cumpla los requisitos mencionados, recogidos en el artículo 58 de la LIS.

En caso de renuncia a este régimen, se deberá efectuar la correspondiente declaración censal. Esta deberá ejercitarse en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del último periodo impositivo.

La inclusión en el régimen de cara al Impuesto sobre Sociedades no implica de forma obligatoria tener que aplicar consolidación en el Impuesto sobre el IVA. Esto significa que las empresas del grupo fiscal realizarán, durante el periodo impositivo, sus liquidaciones de IVA de forma independiente y tributarán de forma conjunta de cara al Impuesto sobre Sociedades.

¿Cuáles son las ventajas de la consolidación fiscal?

La principal ventaja de la fiscalidad de grupos empresariales es que el grupo de empresas tributa de forma conjunta. Hay que tenerse en cuenta todos los resultados que tienen las empresas del grupo. Se puede compensar las pérdidas de unas empresas del grupo con los beneficios de otras, teniendo en cuenta los límites que establece la ley en este aspecto. No hay que esperar a tener beneficios futuros para poder compensar esas pérdidas como pasa cuando se tributa de forma individual. Se pueden aprovechar las bases imponibles negativas (BINs) de unas con los beneficios de las otras, en el mismo ejercicio, una vez se haya solicitado la inclusión en éste régimen tributario.

Dentro del grupo fiscal no existe obligación de retener. Están exoneradas de retención las operaciones dentro del grupo, tales como el reparto de dividendos, arrendamientos o préstamos entre las mismas.

Otra ventaja tributaria de la consolidación fiscal es el diferimiento fiscal de los beneficios de las operaciones internas de las sociedades del grupo. Esto es debido a que esos beneficios no tributan hasta que no se traten de beneficios a un tercero. Por ejemplo, los beneficios que se obtienen de la venta de un inmueble entre sociedades del grupo no se tributan por ellos hasta que ese inmueble salga del grupo fiscal.

Los requisitos y los límites en la aplicación de las deducciones en la cuota se calculan a nivel del grupo fiscal. Por ello, las deducciones pueden ser generadas por cualquier entidad (cuya cuota íntegra a nivel individual pudiera ser negativa y en consecuencia no poder aprovechar esas deducciones en ese ejercicio) y ser aprovechadas por el resto.

Desventajas de la fiscalidad de grupos empresariales

La principal desventaja que supone al grupo, y más evidente, sin duda es la dificultad y aumento de la gestión administrativa. Esto, de tenerlo externalizado en un servicio profesional de asesoría, repercute necesariamente en un aumento de los costes de ese servicio externo.

Además, el grupo, como tal, responde de las posibles deudas que a futuro tengan las empresas por el Impuesto sobre Sociedades. En el caso de declaraciones individuales cada sociedad responde, en caso de inspección, de la deuda que pudieran tener frente a la Agencia Tributaria. En el caso de tributación consolidada es el grupo, la sociedad matriz, la que responde del global de la deuda. Por esa razón, en el caso de tener alguna sociedad en un sector de riesgo fiscal sería conveniente no incluirla dentro del grupo consolidado.

Diferencias entre sucursal y filial en España: ventajas, obligaciones y figuras alternativas

por Javier Milara Muñoz

Las diferencias entre sucursal y filial son clave para cualquier empresa internacional que quiera implantarse en España. Antes de decidir cómo entrar en el mercado español, conviene entender qué implica cada figura, sus ventajas y obligaciones, así como conocer alternativas como la oficina de representación o el establecimiento permanente. En este artículo, desde CE Consulting explicamos a las empresas de Latinoamérica, Estados Unidos y otros mercados internacionales que quieren acceder al mercado europeo desde España cómo hacerlo.

Diferencias entre sucursales y filiales

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Qué es una filial y cuáles son las diferencias entre sucursal y filial

Una filial es una sociedad mercantil española, normalmente una Sociedad Limitada (S.L.), pudiendo ser también una Sociedad Anónima (S.A.), cuyo socio mayoritario o único es la empresa matriz extranjera.

Una filial en España es una sociedad con personalidad jurídica propia, independiente de la empresa matriz extranjera. Esto le otorga plena autonomía operativa y patrimonial, independiente a la de su matriz.

Para su constitución, es necesaria la otorgación de escritura pública y la inscripción en el Registro Mercantil, formalidades que le confieren validez legal. La empresa matriz deberá obtener un NIE (Número de Identificación de Extranjero) para poder figurar como socio en el capital social.

Al igual que cualquier sociedad española, la filial debe cumplir con todas las obligaciones contables y fiscales. Y estas son: llevar la contabilidad según el Plan General Contable y presentar y depositar las cuentas anuales. Además, declarar periódicamente el IVA, el Impuesto sobre Sociedades y las retenciones que correspondan.

La responsabilidad jurídica se limita a la propia sociedad. Esto significa que el patrimonio de la matriz no queda afectado directamente por las deudas u obligaciones de la filial.

En términos de plazos, el proceso de constitución es relativamente ágil. En condiciones normales, la sociedad puede estar plenamente operativa en un periodo aproximado de uno a dos meses. Esto dependiendo de la complejidad de la documentación a obtener de la sociedad matriz y la coordinación de los trámites notariales y registrales.

La entidad filial en España, al igual que cualquier otra entidad mercantil constituida en España, deberá de contar con un representante legal. Este podrá ser su entidad matriz, quien deberá de contar con un representante persona física que la represente. O bien un tercero designado para el ejercicio de dicho cargo. Si el representante designado es una persona no residente, deberá de designarse un representante con facultades de representación ante la administración pública, que deberá de ser una persona residente.

Ventajas de una filial para empresas internacionales

  • Control total de la actividad en España. Desarrollar.  Al actuar la filial como una entidad autónoma es capaz de gestionar operaciones, contratar personal o abrir cuentas bancarias. También establecer políticas comerciales y adaptar la estrategia al contexto local sin depender de autorizaciones diarias de la matriz. Esta autonomía permite responder con agilidad a cambios en la demanda, normativas o competencia.
  • Mejor imagen ante clientes y proveedores locales. Muchas empresas y organismos en España prefieren o exigen trabajar con compañías registradas en el país. Principalmente porque genera confianza, proyecta compromiso a largo plazo y facilita el establecimiento de relaciones comerciales sólidas. Esto es especialmente valioso en sectores donde la cercanía y la fiabilidad son factores determinantes para cerrar acuerdos.
  • Acceso a licitaciones y contratos que requieren empresa española. La filial brinda acceso a licitaciones públicas y contratos que, por normativa, solo pueden adjudicarse a empresas establecidas legalmente en España. Este punto resulta crítico para multinacionales que buscan trabajar con administraciones públicas o grandes corporaciones. Esta figura les permite competir en igualdad de condiciones con empresas locales y optar a proyectos de alto valor estratégico y económico.

¿Cuáles son los requisitos de una sucursal y sus diferencias a una filial?

Una sucursal en España se caracteriza por ser un establecimiento secundario de la empresa matriz extranjera. Y esta debe estar inscrita en el Registro Mercantil bajo la condición de sucursal de entidad extranjera.

La sucursal comparte idéntico objeto social con la sociedad principal y cuenta con un representante permanente en España. Este se encarga de la gestión y la representación legal ante clientes, proveedores y administraciones.

Desde el punto de vista contable y fiscal, la sucursal integra sus resultados en la contabilidad y tributación del país de origen. Las sucursales deberán de depositar en el Registro mercantil donde se encuentre registrada la sucursal sus cuentas anuales. Dicho depósito puede ser sustituido, si las cuentas anuales han sido depositadas en el registro donde se encuentre inscrita la sociedad matriz, por un certificado expedido por el registrador. En este debe hacerse contar que las cuentas han sido depositadas en el registro de la sociedad matriz.

Además, las sucursales, deben cumplir con las declaraciones fiscales derivadas de la actividad que desarrolle en territorio español. Y que son el IVA, las retenciones o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

En cuanto a la responsabilidad, esta es solidaria con la matriz. Esto significa que la empresa extranjera responde directamente de las obligaciones y deudas que pueda generar la sucursal en España.

Es importante destacar que la tributación final de beneficios dependerá de la legislación del país de origen y de los convenios para evitar doble imposición.

Ventajas de una sucursal para empresas internacionales

Para las empresas internacionales, la sucursal presenta varias ventajas estratégicas frente a otras formas de implantación.

  • Menor carga administrativa que una filial. Esto es así porque no requiere llevar una contabilidad independiente completa en España, lo que simplifica la gestión y reduce costes operativos.
  • Mantiene la marca y la estructura de la empresa de origen. Esto ayuda a reforzar la coherencia corporativa y a evitar duplicidades en organigramas o políticas internas.
  • Adecuada para operaciones centralizadas en el país matriz. Esta característica la convierte en una figura especialmente adecuada para operaciones centralizadas en el país matriz. Y desde el cual se toman decisiones, se define la estrategia comercial y la gestión financiera.

¿Qué es una oficina de representación en España y para qué sirve?

La oficina de representación es la forma más sencilla y económica de establecer una presencia legal en España sin desarrollar actividad económica directa.

Su función principal es promocional, comercial o de enlace entre la matriz y el mercado español. Sirve como punto de contacto, gestión de relaciones o soporte a operaciones internacionales.

A diferencia de la filial o la sucursal, no puede emitir facturas ni generar ingresos propios. Sus gastos se imputan directamente en la contabilidad de la matriz.

Su constitución no requiere inscripción en el Registro Mercantil, aunque sí es necesario cumplir con ciertos trámites censales ante la Agencia Tributaria. Y, en caso de contratar personal, con todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social vigentes.

Esta figura es idónea para empresas que desean explorar el mercado, realizar estudios previos o representar institucionalmente a la matriz, antes de asumir inversiones y obligaciones complejas.

Ventajas para empresas internacionales

  • Coste y gestión administrativa muy reducidos.
  • Permite una primera implantación en España sin compromisos fiscales significativos.
  • Flexibilidad para evolucionar a sucursal o filial si la actividad crece.

¿Qué es un establecimiento permanente (EP) en España?

El establecimiento permanente es la presencia física de una empresa extranjera que realiza actividades económicas de forma habitual en España sin constituir una sociedad local. Puede adoptar la forma de oficina, taller, almacén, fábrica o cualquier instalación fija desde la que se lleven a cabo operaciones.

A diferencia de la oficina de representación, el EP sí desarrolla actividad económica. Por tanto, está sujeto a tributación en España por los beneficios que genere.

El EP no requiere inscripción en el Registro Mercantil, pero sí necesita NIF, cumplimiento de obligaciones fiscales. Y, en su caso, registro como centro de trabajo ante la Seguridad Social. El EP no tiene personalidad jurídica independiente: la responsabilidad legal y financiera recae directamente sobre la empresa extranjera.

Ventajas para empresas internacionales:

  • Posibilidad de operar en España sin constituir una sociedad local.
  • Menos trámites iniciales que una filial o sucursal.
  • Adecuado para actividades temporales o proyectos concretos.

Cómo elegir la figura adecuada para una implantación en España

La elección entre filial, sucursal, oficina de representación o establecimiento permanente es una decisión estratégica. Debe alinearse con los objetivos de la empresa y el plan de expansión en España. No existe una fórmula única: el modelo ideal dependerá de varios factores que conviene analizar en detalle antes de dar el paso.

En primer lugar, hay que valorar el volumen y tipo de actividad que se va a desarrollar. No es lo mismo una presencia meramente comercial que un proyecto con operaciones de producción, prestación de servicios o contratación intensiva de personal.

También influye la necesidad de facturar localmente. Si la estrategia implica emitir facturas desde España, será necesario optar por figuras que lo permitan. En estos casos serán la filial o la sucursal. Se dejaría fuera la opción de oficina de representación.

Otro aspecto clave es el grado de autonomía operativa que se busca frente a la matriz. Si se quiere tomar decisiones de forma independiente y adaptarse al mercado local con rapidez, la filial es la vía más adecuada. Si el objetivo es centralizar la gestión y el control financiero en la sede principal, la sucursal suele ser más conveniente.

Las obligaciones fiscales y contables que la empresa esté dispuesta a asumir también marcan la diferencia. La filial exige llevar contabilidad completa en España y presentar cuentas anuales, mientras que la sucursal y el EP tienen obligaciones más limitadas. Por su parte, la oficina de representación prácticamente carece de ellas.

Por último, hay que tener en cuenta los plazos de puesta en marcha. Las figuras societarias, como la filial y la sucursal, suelen requerir entre uno y dos meses para estar plenamente operativas. Esto depende de la complejidad de la documentación y los trámites.

¿Qué figura jurídica elegir para abrir una empresa en España?

  • Filial. Es la opción más sólida para empresas que quieren establecerse con plena autonomía en España. Permite facturar localmente, contratar personal directamente y proyectar una imagen de empresa local ante clientes, proveedores y organismos públicos. Es la alternativa más habitual para proyectos a largo plazo que buscan crecer en el mercado español y europeo.
  • Sucursal. Adecuada para compañías que prefieren centralizar la gestión y la toma de decisiones en el país de origen. Mantiene la marca y estructura corporativa de la matriz y consolida resultados en su contabilidad principal. Aunque puede facturar en España, tiene menos obligaciones contables que una filial, lo que reduce la carga administrativa.
  • Oficina de representación. Pensada para empresas que desean explorar el mercado o actuar como enlace comercial sin realizar actividad económica directa. No puede emitir facturas ni generar ingresos en España, pero permite mantener una presencia física, promover la marca y preparar el terreno para una futura expansión con figura societaria.
  • Establecimiento permanente. Útil para desarrollar actividad económica puntual o proyectos concretos en España sin crear una sociedad local. Aunque no tiene personalidad jurídica independiente, está sujeto a tributación en España por los beneficios que genere. Es una solución intermedia entre la oficina de representación y la sucursal, con menos trámites iniciales, pero obligaciones fiscales claras.

Retribución de administradores: aspectos fiscales y legales para tu empresa

por Ángel Manuel Cardo Herrero

La retribución de administradores es la compensación económica que reciben los componentes del órgano de administración de una sociedad por el desempeño de sus funciones. En CE Consulting ahondamos en este asunto porque hay varios aspectos a tener en cuenta.

Retribución de administradores

La retribución de administradores y su regulación

La retribución de administradores está regulada y viene recogida en la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Esta establece, en su art. 217, que el cargo de administrador es gratuito salvo que los estatutos digan lo contrario, determinando su sistema de remuneración y los diferentes conceptos retributivos.

Así, los estatutos de la sociedad deben regular el carácter retribuido y su sistema, aprobando la Junta general el importe máximo anual para los administradores.

En el caso de los consejeros delegados, la retribución debe pactarse en un contrato específico de alta dirección. Debe ser aprobado por el consejo de administración, donde se detallen todas sus retribuciones.

¿Cómo tributan los administradores por el Impuesto sobre la Renta (IRPF)?

Las retribuciones percibidas por el administrador tienen la consideración de rendimientos del trabajo a efectos del IRPF, independientemente de que haya o no un contrato de alta dirección, y están sujetas a un tipo fijo de retención (generalmente el 35%, salvo que la sociedad tenga un volumen de negocio inferior a 100.000 €, que será el 19%).

Si el administrador percibiera otras retribuciones por servicios diferentes a los inherentes al cargo, como por ejemplo director general, estas podrían calificarse como rendimiento del trabajo o actividad económica, dependiendo de la naturaleza de la relación (laboral o mercantil -autónomo que factura-) y de la existencia de ajenidad y subordinación.

Las retribuciones en especie, tales como vehículo, vivienda o seguro médico, tributan como rendimientos del trabajo. Por ello, se aplica las reglas generales de retención y valoración. No obstante, algunos de los bienes y servicios recibidos no se consideran retribuciones en especie. Por ejemplo, la entrega de acciones o participaciones con ciertas condiciones. Esto implica que no tienen la obligación de tributar.

¿En qué influye la incorporación de directivos al Consejo de Administración?

La incorporación de un alto directivo al consejo de administración puede suponer que toda su remuneración se asimile a la correspondiente al cargo de administrador, aplicándose la normativa mercantil y fiscal correspondiente.

Históricamente las autoridades fiscales han negado la deducibilidad de los salarios de altos directivos que pasaban a ser administradores cuando no se cumplían escrupulosamente los requisitos formales de la LSC, calificándolo como liberalidad.

Para evitar este riesgo, es fundamental que, si un directivo pasa a ser consejero, la sociedad modifique sus estatutos -si aún no lo ha hecho- para incluir un régimen de retribución de administradores acorde a la ley, y que la junta general apruebe el límite máximo anual.

¿Qué es la teoría del vínculo y qué está pasando actualmente con ella?

La teoría del vínculo establece que, cuando un directivo es también administrador, prevalece la relación mercantil sobre la laboral. Se absorbe la retribución de alta dirección en la del cargo de administrador.

Sin embargo, jurisprudencia reciente permite la deducibilidad de la retribución por funciones ejecutivas, aunque no conste en estatutos, si es real, efectiva y probada.

Retribución plurianual y extinción del cargo de administrador: cómo tributan

Las retribuciones plurianuales son ingresos obtenidos a lo largo de más de dos años (bonus, planes de incentivos, etc.). Pueden beneficiarse de la reducción del 30% en IRPF si no son recurrentes. El Tribunal Supremo ha avalado esta posibilidad también para administradores si cumplen los requisitos de periodo de generación y singularidad.

En las indemnizaciones por cese, si existe contrato laboral de alta dirección, el directivo que también es administrador puede recibir una indemnización mínima exenta (7 o 20 días por año). Solo si se supera eses límite, el resto tributa. En caso de cese pactado no hay exención: todo pago tributa como rendimiento del trabajo.

También se pueden acordar pactos de no competencia postcontractual, que tributan como renta del trabajo. Si son pagos únicos por compromisos superiores a dos años, pueden beneficiarse de la reducción del 30% en IRPF. Para la empresa, estos pagos son deducibles si están justificados.

Retribución de administradores en el Impuesto sobre Sociedades (IS)

¿Es deducible fiscalmente la retribución a administradores?

La Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades reconoce expresamente que pagar a los administradores -incluso si son directivos- no es un regalo sino un gasto legítimo.Esto siempre que cumpla los requisitos mercantiles pertinentes.

Sin embargo, esta Ley a la vez introdujo la prohibición de deducir gastos derivados de actos contrarios al ordenamiento jurídico, exigiendo Hacienda para poder aplicarse esta deducción el cumplimiento al pie de la letra de la normativa mercantil para aprobar la remuneración. A esto se le llamó la “teoría del milímetro”.

Últimas novedades del Tribunal Supremo: el fin de la “teoría del milímetro”

Reciente el TS ha establecido que, si un gasto de retribución de administradores está contabilizado, respaldado por la actividad -servicios efectivamente prestados- y, en su caso, se puede demostrar que supone un coste real para la empresa, no se le puede denegar a esta la deducibilidad automáticamente por un fallo formal, como puede ser la falta de previsión estatutaria o de acuerdo expreso de la junta.

¿En qué consiste el régimen legal de las modificaciones estructurales?

por Raquel Fernández Serrano

Desde el 29 de julio de 2023, las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en España se rigen por el nuevo Real Decreto-ley 5/2023. Su objetivo es regular y establecer un marco jurídico completo para las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles tanto en ámbito interno o nacional como transfronterizo. Desde CE Consulting explicamos en este artículo de forma clara y práctica cómo afecta este régimen a pymes, autónomos, asociaciones y fundaciones, y qué se debe tener en cuenta si se está valorando una reestructuración empresarial.

modificaciones estructurales

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¿Qué son las modificaciones estructurales?

La ya derogada Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, las definía como “aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad. Y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo.”

¿En qué consiste el régimen de modificaciones estructurales?

El Real Decreto-ley 5/2023 establece un procedimiento adaptado a la realidad actual de las empresas. Este régimen, vigente desde julio de 2023, define con precisión los pasos que deben seguirse y refuerza la protección de todos los implicados.

Procedimiento claro y transparente

  • Se establecen pautas y etapas específicas para llevar a cabo las modificaciones estructurales. Esto incluye la aprobación del proyecto de modificación por parte de las juntas de las sociedades implicadas. También la designación de expertos independientes para emitir informes técnicos. Y la comunicación a las autoridades competentes.

Protección de socios y acreedores

Con el nuevo régimen:

  • Se fortalecen las garantías y derechos de los socios y acreedores involucrados en las operaciones de modificación.
  • Se introducen mecanismos que permiten a los socios ejercer su derecho de separación en caso de oponerse a la operación.
  • Se establecen requisitos más estrictos para la adopción de acuerdos en las juntas de socios.
  • Se refuerza la obligación de informar a los acreedores de manera oportuna y adecuada.

Operaciones transfronterizas

  • Se establecen disposiciones especiales para las operaciones de modificación estructural entre sociedades ubicadas dentro y fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). Estas disposiciones buscan asegurar la protección de los intereses de los socios y acreedores en casos de fusiones y restructuraciones que involucren a empresas internacionales.

¿A quién afecta el régimen de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles?

Este régimen afecta a las siguientes partes interesadas:

Socios de las sociedades mercantiles

En relación con las modificaciones estructurales, tanto en operaciones internas como transfronterizas, estos están sujetos a las disposiciones y protecciones establecidas en este régimen. En esta materia, se ven afectados en términos de su derecho de separación, su participación en las juntas de socios y la toma de decisiones.

Acreedores de las sociedades involucradas en operaciones de modificación

Estos actores también se ven afectados. El régimen establece obligaciones más estrictas con respecto a la información que deben recibir y garantiza que tengan acceso oportuno y suficiente a la información relevante para salvaguardar sus derechos e intereses.

Las propias sociedades mercantiles

Estas están sujetas al régimen cuando planeen llevar a cabo modificaciones estructurales, ya sean fusiones, escisiones, transformaciones o cambios en la forma jurídica de la empresa. Deben seguir los procedimientos establecidos y cumplir con las exigencias de protección de los intereses de los socios y acreedores.

Autoridades competentes

El régimen también afecta a las autoridades competentes encargadas de supervisar y aprobar este tipo de modificaciones.

¿En qué cambia este régimen con respecto al anterior?

El régimen de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles introdujo varios cambios significativos. Estos están relacionados al procedimiento y a la protección de socios y acreedores en estas operaciones.

Procedimiento del régimen de modificaciones estructurales

  • Establece pautas más detalladas y concretas para llevar a cabo las modificaciones estructurales.
  • Separa el proceso en diferentes etapas, como la aprobación del proyecto de modificación por parte de las juntas de las sociedades implicadas y la designación de expertos independientes para emitir informes técnicos.
  • Establece la obligación de comunicar a las autoridades competentes las operaciones de modificación estructural. Esto garantiza una mayor transparencia y supervisión de los procesos.

Protección de los socios

  • Refuerza el derecho de separación de los socios que se opongan a la operación de modificación, asegurando que tengan la posibilidad de abandonar la sociedad si no están de acuerdo con los cambios propuestos.
  • Establecen requisitos más rigurosos para la adopción de acuerdos en las juntas de socios. Esto garantiza una mayor protección de los socios minoritarios y evita decisiones unilaterales que puedan perjudicar sus intereses.

Protección para los acreedores

  • Refuerzan las obligaciones de información a los acreedores, asegurando que tengan acceso oportuno y suficiente a la información relevante sobre la operación de modificación. Esto les permite proteger sus derechos e intereses de manera adecuada.
  • Establecen disposiciones específicas para garantizar la protección de los intereses de los acreedores en operaciones dentro y fuera del Espacio Económico Europeo. Esto se alinea con las directrices de la Unión Europea y promueve una mayor seguridad jurídica en los procesos transfronterizos.

¿Qué son las operaciones transfronterizas de las que se habla en el régimen legal de las modificaciones estructurales?

Las operaciones transfronterizas son procesos de fusión, escisión, transformación, absorción y otras formas de restructuración empresarial que implican a sociedades mercantiles ubicadas en diferentes países. Estas operaciones abarcan una amplia gama de transacciones, como fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, joint ventures y otras formas de colaboración empresarial en las que al menos una de las partes tiene su sede o actividad principal fuera del país de origen de la otra.

Estas operaciones transfronterizas pueden ser:

  • Intraeuropeas, involucrando a sociedades dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)
  • Extracomunitarias.

¿Cuándo entró en vigor este nuevo régimen?

El régimen entró en vigor el 29 de julio de 2023.

¿Por qué es importante valorar una empresa?

por Abel Petisco Garcia

El valor de una empresa es el importe que se le asigna a esta en función de los activos que tiene, de los pasivos que debe, de su capacidad de generar resultados y de la aplicación de diferentes técnicas y métodos de valoración. Cada vez son más las empresas, incluso pymes, que quieren saber cuánto valen sus negocios. Desde CE Consulting vamos a profundizar en por qué puede resultar interesante o esencial valorar una empresa.  

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¿Por qué valorar una empresa?

A lo largo de los años, hemos visto como los empresarios han analizado diferentes parámetros de su actividad empresarial, en función de sus objetivos o por distintas razones. Algunas veces, en búsqueda de la máxima eficiencia; otras, para fijar precios, decidir sobre la contratación y retribuciones de sus empleados o para decidir si afrontar o no un nuevo proyecto.  

Al margen de ello, un buen administrador empresarial debería medir y cuantificar periódicamente el valor de la empresa por varios motivos. 

En primer lugar, porque dicha medición le proporcionará información sobre la utilidad del negocio. Además, la evolución que siga esa valoración de la empresa le proporcionará información sobre si en la empresa se están tomando decisiones acertadas o no. 

En base a ello, y de forma general, podría decirse que una gestión adecuada en el tiempo aumenta el valor de una empresa y, en caso contrario, provocaría una caída de su valor. 

¿Cuándo se debe valorar una empresa?

A parte de las razones ya mencionadas, existen otros motivos específicos por los que un empresario debería valorar su empresa. 

Venta de la empresa

En caso de querer vender la empresa, bien en su totalidad o de manera parcial tras la segregación de una rama del negocio. Claramente, el importe que se obtenga al vender respondería a la negociación que se desarrolle entre comprador y vendedor. Este es un dato único y es el precio de la operación. Previamente a la negociación, tanto vendedor como comprador deben realizar una valoración. Este valor no es único, siempre contiene aspectos subjetivos, con independencia del método de valoración que sea empleado. Por ello, ambas partes defenderán su valoración y se alcanzará el acuerdo en el precio. Este proceso de transmisión de empresa implica diferentes aspectos legales, fiscales y laborales a tener en cuenta.

Necesidad de recursos propios

Este supuesto se da cuando la empresa precisa recursos propios para afrontar nuevas inversiones. También si se encuentra en un proceso de expansión. Al igual que en el otro supuesto, tanto los inversores interesados como la empresa deben tener presente el valor de la misma. En resumen, un inversor, generalmente, busca la rentabilidad de la inversión. Y, por tanto, deben buscarse métodos de valoración basados en crecimiento y aumento de valor futuro para compararlo con el precio realmente aportado en la inversión.   

Fusión de empresas

La valoración de empresa es fundamental en este caso para afrontar la actividad empresarial con las ventajas de las sinergias conseguidas y de una mayor dimensión. Sin duda, el acuerdo de la ecuación de canje —correspondencia entre las acciones entregadas de cada empresa fusionada y las recibidas de las resultantes de la fusión— deberá responder a las valoraciones de las empresas participantes en dicha fusión. Debe recordarse que estas operaciones siempre están sujetas al control tributario. Por tanto, los informes de valoración para determinar el valor de cada entidad que interviene en la operación son fundamentales.  

Transmisión hereditaria y sucesión

Se da cuando un empresario quiere distribuir su patrimonio total entre sus herederos para lograr la igualdad económica entre las diferentes partes de la herencia. La valoración de la empresa le permitirá definir las partes que percibirá cada uno. Y, por tanto, servir a sus deseos de reparto. Así mismo, al igual que en caso anterior, estas operaciones son en multitud de ocasiones objeto de comprobación por parte de las autoridades tributarias. Contar con una buena valoración aporta seguridad jurídica a la operación. 

Finalmente, y a modo de ejemplo, explicar que la valoración de empresa es esencial ante una controversia sobre la residencia fiscal de un empresario que tenga empresas en España y en el exterior. Esta información le servirá para decidir el Estado de su residencia a efectos fiscales, la determinación de su Núcleo de Intereses y/o Actividades Económicas.  

¿Cómo saber si la valoración es acertada?

Como se ha indicado anteriormente, toda valoración incorpora hipótesis subjetivas e interpretaciones que modifican el resultado de dicha valoración. No se debe confundir valor y precio. Ahora bien, para saber la veracidad de un informe de valoración se debe prestar atención a que este haya sido sometido a un doble contraste y a un análisis de sensibilidad.

Un contraste, simplemente, es la comparativa de resultado de diferentes métodos de valoración. Es decir, si los valores obtenidos por diferentes métodos de valoración se encuentran próximos, entonces el valor obtenido es robusto y fiable.

Tan importante como el contraste de valor es realizar un análisis de sensibilidad.  Este consiste en determinar cuánto cambia el valor obtenido con un método de valoración, respecto del cambio en las variables introducidas en el modelo. Por ejemplo, cuánto cambia el valor actual de los flujos de tesorería de una compañía si aumenta el riesgo país en un porcentaje. O cuánto cambia el valor obtenido por aplicación de múltiplos sobre el EBITDA si cambia en una unidad el múltiplo o el incremento de ventas previsto. 

¿Quién se encarga de valorar una empresa?

Aunque cualquier persona con conocimientos contables y financieros podría realizar esta tarea, es importante contar con profesionales cualificados que sepan aplicar la metodología más adecuada de valoración en cada caso. Además de realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Hay que recordar que, en numerosas ocasiones, la valoración de empresa, entidad o negocio es susceptible de ser objeto de litigios. Por ello, los profesionales, además de realizar la valoración, deben tener conocimientos suficientes para defender dicho valor, ya sea en una negociación o en un juzgado.

¿Necesitas una valoración de tu empresa?  En CE Consulting contamos con un equipo de profesionales especializados en valoración de empresas que además de realizar la valoración de tu empresa y un detallado informe con recomendaciones e interpretación de datos, aportan la experiencia para una defensa de tus intereses.  

Cumplimiento normativo laboral: qué deben tener en cuenta las empresas

por Gemma Martos Lopez

El cumplimiento normativo laboral o compliance laboral consiste en el cumplimiento de las normativas legales que afectan al ámbito de las relaciones laborales dentro de la empresa. Va más allá del simple respeto a la ley. Implica la adopción de medidas que aseguren la igualdad, la salud laboral, la protección de datos y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Desde CE Consulting repasamos estas normativas para que las tengas en cuenta en tu empresa. También para que reduzcas riesgos legales y reputacionales y mejores el clima laboral y la productividad.

Cumplimiento normativo laboral

Obligaciones laborales para toda empresa

Cumplimiento normativo laboral

Las empresas, independientemente de su tamaño, deben cumplir con una serie de obligaciones laborales de carácter legal. Estas busca garantizar la equidad, la salud y el bienestar de sus personas trabajadoras. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas, además de impactos negativos en la reputación corporativa.

Registro retributivo o salarial

Todas las empresas están obligadas a elaborar un registro salarial para garantizar la igualdad retributiva. Este debe recoger la información salarial de todas las personas trabajadoras de la compañía, a excepción de los socios de cooperativas y los becarios.

Protocolo de acoso laboral

Es obligatorio contar con procedimientos para prevenir y actuar frente a situaciones de acoso en el entorno laboral. Para comenzar a desarrollar un protocolo de prevención de violencia sexual, la recomendación es consultar lo dispuesto en el convenio colectivo de la empresa puesto que puede regular los aspectos mínimos que dicho protocolo debe contemplar.

Protocolo de desconexión digital

Todas las empresas deben garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del horario laboral de las personas trabajadoras. Este protocolo debe establecer pautas claras sobre el uso de dispositivos electrónicos y canales de comunicación fuera del tiempo de trabajo. También acciones de sensibilización y formación para promover una cultura empresarial que respete los tiempos de descanso, permisos y vacaciones. Su implementación contribuye a prevenir el estrés laboral, mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, y fortalecer el compromiso de la plantilla. Aunque la ley no exige un modelo único, se recomienda que este protocolo se elabore con la participación de la representación legal de los trabajadores. Esto, en caso que la hubiera.

Acuerdos de teletrabajo

Si la empresa tiene implantado el teletrabajo, debe formalizar los acuerdos correspondientes por escrito con cada persona trabajadora. Este acuerdo tiene que incluirse al contrato inicial o como anexo del existente. Además, debe recogerse las condiciones del teletrabajo: horario y distribución de la jornada, porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial —si se trata de teletrabajo híbrido—. También lugar o lugares de trabajo. E inventario de medios, gastos y forma de compensación, procedimiento ante incidencias técnicas, así como instrucciones sobre protección de datos y seguridad de la información.

Medidas voluntarias o recomendadas

Protocolo de uso de medios informáticos

Este documento establece las normas internas sobre el uso adecuado de los dispositivos, sistemas y herramientas digitales corporativas durante la jornada laboral. Por ejemplo: ordenadores, correo electrónico, internet o aplicaciones de mensajería. Su finalidad es evitar usos indebidos, proteger la seguridad de la información y los activos digitales de la empresa. También garantizar un entorno de trabajo productivo y seguro.

Un protocolo bien definido permite prevenir posibles conflictos, como accesos no autorizados, descargas inapropiadas o filtraciones de datos. En caso de auditorías o procesos disciplinarios, disponer de este protocolo puede ofrecer respaldo legal a las decisiones empresariales. Se recomienda su redacción en colaboración con los equipos de recursos humanos, IT y, cuando proceda, la representación legal de los trabajadores.

Código ético

Documento que recoge los principios, valores y normas de conducta que deben regir la actuación de todas las personas que forman parte de la organización. Su adopción no es obligatoria. A pesar de ello, se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar la cultura corporativa y promover un entorno de trabajo basado en el respeto, la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Un código ético eficaz define claramente qué comportamientos son esperados y cuáles no son tolerables. Este documento contribuyendo a prevenir situaciones de acoso, discriminación, conflictos de interés o malas prácticas. Además, suele estar vinculado a otros instrumentos como los protocolos de acoso o el canal de denuncias.

Cumplimiento normativo laboral para empresas con más de 50 trabajadores

Adicionalmente a las medidas y recomendaciones detalladas anteriormente, las empresas que cuentan con una plantilla de más de 50 trabajadores, tendrán que contar con:

Plan de igualdad

Debe incluir medidas para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y evitar la discriminación laboral por razones de sexo. El plan debe contemplar medidas y un calendario de actuación y de métodos de evaluación y seguimiento. La ausencia de este plan es una infracción grave y puede acarrear multas de 6.000 hasta 187.500€. Esto en función de que se trata de un plan insuficiente o directamente de su inexistencia.

Plan LGTBI

Desde la aprobación de la Ley 4/2023, estas empresas deben adoptar medidas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Este plan debe ser integral. Y debe abarcar áreas desde las políticas de no discriminación, formación en diversidad y sensibilización a medidas para garantizar la inclusión de las personas LGTBI y protocolos de prevención. Este plan es de aplicación a toda empresa, independientemente si sabe o no que cuentan con personas de este colectivo entre su fuerza de trabajo.

Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Esta obligación legal está establecida en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta exigencia obliga a reservar al menos el 2 % de los puestos de trabajo para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El objetivo de esta norma es fomentar la integración laboral de este colectivo, promoviendo un entorno inclusivo y diverso. En caso de que la empresa no pueda cumplir con esta cuota por causas justificadas, podrá solicitar una medida alternativa de carácter excepcional. Por ejemplo: la contratación de servicios a centros especiales de empleo o la realización de donaciones a entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la discapacidad.

Canal de denuncias

En virtud de la Ley 2/2023, es obligatorio implementar un sistema interno de información que permita comunicar infracciones de forma segura y confidencial.

Representación legal de los trabajadores (Comité de Empresa)

Esto es un derecho colectivo reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y obligatorio para aquellas empresas cuya plantilla supere las 50 personas trabajadoras. Este órgano de representación es elegido democráticamente por los propios trabajadores. Su finalidad es defender sus intereses ante la empresa, participar en la toma de decisiones que les afecten y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. La empresa está legalmente obligada a facilitar el proceso electoral y respetar las funciones del comité. Estas incluyen el acceso a información relevante (como contrataciones, despidos o medidas organizativas), la consulta en decisiones importantes y la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral.

Comité de Seguridad y Salud

Este órgano paritario y colegiado de participación entre la empresa y la representación legal de los trabajadores debe existir cuando haya representación legal de los trabajadores. Su principal función es colaborar activamente en la prevención de riesgos laborales. Analiza las condiciones de trabajo y propone medidas para mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. Este comité debe estar compuesto por igual número de representantes de la empresa y de los trabajadores. Debe reunirse periódicamente para evaluar situaciones de riesgo, revisar procedimientos y promover una cultura preventiva en todos los niveles de la organización.

Denuncia e inspección de trabajo: todo lo que necesitas saber

por Ana Alarcón Ruiz

Existe un gran número de leyes y normativas que las empresas deben cumplir para garantizar un entorno seguro para todos sus empleados. La administración pública puede realizar una inspección de trabajo puntualmente a una empresa para revisar si está cumpliendo con la regulación. En caso de no ser así, esto podría tener algún tipo de consecuencias. Además, diferentes actores relacionados con la empresa pueden denunciar una infracción laboral a las autoridades competentes. Desde CE Consulting, te contamos todo sobre lo que debes saber de una denuncia e inspección de trabajo en una empresa.

Inspeccion de trabajo

Qué es una Inspección de Trabajo (IT)

Una inspección de trabajo busca garantizar que la empresa cumple con las leyes y reglamentos laborales, respetándose los derechos de los trabajadores. Las inspecciones pueden llevarse a cabo visitando los centros de trabajo o mediante requerimiento de comparecencia en las dependencias de la ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social). En estas visitas, el inspector de trabajo evalúa las condiciones laborales, los contratos de trabajo y otros factores de importancia. Además, revisa los registros y documentos, entrevista a empleados y, en general, observa el entorno del lugar de trabajo.

En caso de detectar una infracción, la empresa puede enfrentarse a graves consecuencias, como multas o incluso cargos penales. Por ello, las empresas deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral a fin de evitar estas posibles consecuencias.

La Inspección de Trabajo tiene también un importante papel en el desarrollo de los Expedientes de Regulación de Empleo, actuando como órgano de control, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. Verifica la concurrencia de las causas alegadas tanto en los casos de ERTE por causas ETOP, así como en los ERTE por fuerza mayor. Y emite informe preceptivo en el que se valora la adecuación del desarrollo del periodo de consultas y del cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización y mantenimiento del empleo.

Tipos de inspecciones de trabajo

Según la finalidad de una inspección de trabajo, existen distintos tipos:

  • Inspecciones aleatorias e inspecciones programadas.Estas responden a campañas planificadas sobre temas concretos como puede ser la contratación temporal y la transición al nuevo sistema de contratación laboral tras la última reforma, o sobre el registro de jornada de los trabajadores.
  • Inspecciones centradas en temas concretos y en sectores de actividad determinados.
  • Inspecciones que se producen como consecuencia de una denuncia y las que obedecen al cumplimiento de directrices internas y están panificadas.

Podemos distinguir en esta diversidad de inspecciones cuando la ITSS actúa a requerimiento de cualquier órgano jurisdiccional y a requerimiento de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social).

En cuanto a al contenido de la inspección, la ITSS aborda materias desde seguridad social, para garantizar que la empresa cumple con las cotizaciones a la Seguridad Social, condiciones de trabajo o cumplimiento de jornadas, horarios y descansos. Otras inspecciones se enfocan en comprobar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación. También la administración, como entidad empleadora, está sometida al control de la inspección de trabajo.

Las campañas mas recientes de la Inspección de Trabajo se han basado en temas como:

  • El control de las comunicaciones de altas y bajas en Seguridad Social fuera de plazo.
  • Utilización abusiva del periodo de prueba, sobre todo, tras la reforma en materia de contratación que limita la utilización de contratos temporales.
  • Utilización de los contratos fijos discontinuos.
  • Actuaciones en materia de PRL (amianto, sílice y radón).
  • Riesgos psicosociales, (protección LGTBI).

Cómo presentar una denuncia por infracción de trabajo

Toda persona que tenga conocimiento de hechos o situaciones que pudieran constituir infracción en materias competencia de la ITSS (laboral, seguridad y salud laboral, seguridad social, empleo, etc.) puede presentar una denuncia ante la Inspección provincial de trabajo y seguridad social.

El denunciante debe cumplimentar un formulario de denuncia oficial que está disponible en la web y cuyo contenido mínimo será:

  • Datos de identificación personal del denunciante y su firma.
  • Los hechos presuntamente constitutivos de infracción.
  • Fecha y lugar de su acaecimiento.
  • Identificación de los presuntamente responsables.
  • Otras circunstancias relevantes.

Esta denuncia podrá presentarse de forma presencial, telemática y por vía postal.

El denunciante sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora.

Además, la Inspección de Trabajo tiene habilitado un buzón para canalizar la denuncia de cualquier comportamiento que implique precarización de las condiciones de trabajo. A través de esta vía, cualquier persona, desde el anonimato, puede comunicar situaciones de abuso a las que los trabajadores pudieran estar sometidos.

buzon denuncia

Quién puede presentar denuncia a la Inspección de Trabajo

Cualquier persona puede denunciar una posible infracción laboral a la Inspección de Trabajo: empleados, antiguos empleados e incluso personas externas a la organización que tengan conocimiento de alguna situación irregular.

Consecuencias de una inspección de trabajo

Dependiendo de la gravedad de los hechos, las consecuencias de una denuncia pueden ser de diferente índole. Pueden terminar en un archivo de las actuaciones inspectoras o con el levantamiento de un acta de infracción.

Los procedimientos sancionadores pueden tener su origen en infracciones laborales, extranjería, seguridad social, prevención de riesgos laborales en la empresa, incluso, por obstrucción de la labor inspectora.

Infracciones leves

En esta categoría estarían, por ejemplo, la no realización del calendario laboral en la empresa o la falta de entrega al trabajador, por parte del empresario, del documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo.

Ante estas situaciones, la empresa puede recibir una advertencia de la ITSS y generar los cambios necesarios en sus prácticas.

Infracciones graves

En este tipo estarían, a modo de ejemplo, la falta de formalización del acuerdo de trabajo a distancia, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, el incumplimiento de las jornadas y la realización de horas extraordinarias rebasando los limites legales. Ante dichas situaciones, la empresa podría enfrentarse a sanciones administrativas, incluidas multas o incluso el cierre de la compañía.

Obligaciones de los Inspectores de Trabajo

Los inspectores de trabajo son funcionarios públicos con la responsabilidad de garantizar que las empresas cumplan la legislación laboral. Estos profesionales realizan inspecciones e investigan las denuncias sobre posibles infracciones laborales y toman medidas contra las empresas que no cumplen la normativa.

En esas visitas a las empresas, los inspectores de trabajo verifican los contratos de los empleados, realizan entrevistas a los trabajadores, observan el entorno del lugar de trabajo e inspeccionan la maquinaria o las herramientas utilizadas en el lugar. Además, comprueban si se ha proporcionado a los empleados el equipo de seguridad adecuado y se aseguran de que los salarios se pagan correctamente y a tiempo. Los inspectores de trabajo también revisan cualquier registro de accidentes o incidentes peligrosos en el lugar de trabajo, asegurándose de que no hay riesgo de futuros daños a los empleados.

Prevención de riesgos laborales en la empresa: cómo cumplir y aplicar la ley

por Nuria Jimenez Garcia

La prevención de riesgos laborales en la empresa no es opcional. Las compañías y negocios deben proteger a sus equipos de trabajo y evitar sanciones o inspecciones de trabajo. Desde CE Consulting te explicamos en este artículo qué exige la ley y cómo aplicarlo.

prevención de riesgos laborales en la empresa: casco, guantes, chalecos,

Qué es un plan de prevención en la empresa

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante PRL) es el documento que integra la actividad preventiva en la gestión general de la empresa y establece su política de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras, minimizando la posibilidad de que ocurran accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

En este documento se detalla quien se encarga de la PRL, qué medidas se van a aplicar y con qué medios.

Qué empresas deben tener un plan de prevención de riesgos laborales

Todas las empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena, independientemente de su tamaño o sector, están obligadas a contar con un PRL.

No obstante, los autónomos sin empleados no necesitan un plan formal ni contratar un servicio de PRL, aunque sí deben seguir las normas de seguridad aplicables a su actividad.

También, de manera excepcional las empresas muy pequeñas (con menos de 5 trabajadores y en actividad de bajo riesgo) pueden gestionarla de forma simplificada en un único documento.

Qué documentación es obligatoria en materia de PRL

La legislación sobre PRL exige dejar constancia documental de todas las acciones preventivas. Así, los principales documentos obligatorios que debe tener y mantener una empresa son los siguientes:

  • Evaluación de riesgos laborales: Identifica los peligros presentes en cada puesto o proceso y evalúa el nivel de riesgo.
  • Planificación de la actividad preventiva: Detalla las medidas a implantar para controlar los riesgos identificados, asignando responsables y plazos.
  • Información a los trabajadores sobre riesgos: Debe entregarse a cada empleado información por escrito de los riesgos específicos de su puesto y las medidas de prevención aplicables.
  • Registro de formación en PRL.
  • Entrega de EPI (Equipos de Protección Individual): Listados que reflejan qué equipos de protección se han entregado a cada trabajador.
  • Vigilancia de la salud: Registros de los reconocimientos médicos de los trabajadores, si los hubiera.
  • Plan de emergencia y medidas de primeros auxilios: Es obligatorio tener por escrito las medidas de emergencia adaptadas a la actividad.
  • Registros de accidentes de trabajo: Es necesario notificar y registrar los accidentes laborales

Qué son los EPI, cuándo se entregan y cómo se registran

Los EPI (Equipos de Protección Individual) son dispositivos o prendas destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para protegerle de riesgos específicos que amenacen su seguridad o salud.

Los EPI han de entregarse de manera gratuita por el empresario siempre que la evaluación de riesgos determine que son necesarios y antes de que realicen la tarea, asegurándose el empresario de que se usan correctamente y vigilando el uso efectivo en el puesto de trabajo.

Como se ha mencionado antes, debe llevarse un registro de los EPIs entregados, con detalle, e incluyendo nombre y DNI del trabajador, fecha de entrega, firma de éste y del responsable de PRL o almacén.

Evaluación de riesgos laborales: qué es, cómo se realiza y cada cuánto se hace

La evaluación de riesgos laborales es fundamental en la prevención y consiste en identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo, en cada puesto o tarea, y estimar el nivel de riesgo que representan, para así determinar las medidas preventivas adecuadas. Esta evaluación la debe realizar personal con formación técnica en PRL.

¿Cómo se realiza una evaluación de riesgos?

El procedimiento habitual es el siguiente:

  • Identificación de los peligros en cada puesto de trabajo o proceso.
  • Análisis y valoración del riesgo asociado a cada peligro, considerando qué daño podría causar (severidad) y con qué frecuencia o probabilidad podría ocurrir un incidente.
  • Propuesta de medidas preventivas o de control para cada riesgo identificado, dando prioridad a eliminar o reducir los riesgos más graves.

¿Cuándo y con qué frecuencia debe realizarse la evaluación?

La evaluación debe hacerse al comienzo de la actividad de la empresa o al abrir un nuevo centro, y siempre antes de que los trabajadores se expongan a los riesgos.

Además, debe revisarse y actualizarse en cuanto haya cambios relevantes en las condiciones de trabajo: por ejemplo, cuando se introduzca un cambio en las condiciones de trabajo o cuando ocurra un daño a la salud.

Formación y comunicación sobre PRL: qué y cuándo comunicar y formar a la plantilla

Los empleados tienen derecho a ser informados de los riesgos de su trabajo y de las medidas para prevenirlos, así como a recibir formación práctica y teórica en prevención.

Asimismo, el empresario tiene el deber de comunicar y enseñar esas cuestiones de forma clara.

Deben comunicarse al trabajador todos los riesgos inherentes a su puesto al incorporarse el trabajador a la empresa o a una nueva posición

También es recomendable realizar formaciones periódicas de actualización, sobre todo en trabajos de alto riesgo, para recordar las buenas prácticas y actualizar contenidos.

Actores clave en la prevención de riesgos laborales en la empresa

Responsable de prevención en la empresa

El máximo responsable de la PRL es el empresario. No obstante, puede delegar o encomendar esa gestión distintos recursos preventivos:

  • En empresas de hasta 10 trabajadores (o hasta 25 si existe un único centro de trabajo), el propio empresario puede asumir las funciones de prevención, siempre que tenga la formación adecuada para ello y no realicen actividades especialmente peligrosas.
  • También puede designar a uno o varios trabajadores de su plantilla, formados para ello, para que asuman las tareas de prevención.
  • En empresas medianas o grandes es común tener un Servicio de Prevención Propio.
  • La opción más utilizada por pymes es contratar un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).

Las principales funciones del responsable de prevención, sea interno o externo, incluyen el elaborar o coordinar la evaluación de riesgos y su actualización; proponer y planificar las medidas correctoras; asegurar la formación e información de los trabajadores; investigar incidentes y accidentes.

En cualquier caso, hay que resaltar que, aunque se subcontrate la prevención, la responsabilidad última sigue siendo del empresario.

Comité de Seguridad y Salud

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones preventivas en empresas de 50 o más trabajadores. Este comité está formado por igual número de representantes de la empresa y de los trabajadores.

En empresas con menos de 50 trabajadores no existe obligación de crear un comité, pero sí que existe un delegado de prevención, a partir de 6 trabajadores, que suele coincidir con el delegado de personal.

Deben reunirse trimestralmente, como mínimo, o cuando lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.

Subrogación de plantilla: qué es, cuándo se aplica y cómo gestionarla correctamente

por Daniel Martinez Gutierrez

La subrogación de plantilla es un proceso clave en determinadas operaciones empresariales. Afecta directamente a las personas trabajadoras y a las relaciones laborales. En CE Consulting te contamos más sobre ello para que puedas gestionar este proceso con responsabilidad y conforme a la normativa vigente.

subrogación de plantilla; equipo trabajando en fábrica

¿Qué es la subrogación de la plantilla?

La subrogación de la plantilla se produce cuando una empresa asume a parte o a la totalidad de las personas trabajadoras de otra empresa, manteniendo sus condiciones laborales. No se formaliza un nuevo contrato, sino que continúan vigentes las condiciones pactadas inicialmente.

Este proceso suele estar regulado por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 44, convenios colectivos o acuerdos entre empresas. Tiene lugar, principalmente, en casos de sucesión empresarial o cambio de contrata.

¿Cuándo se aplica la subrogación de la plantilla?

La subrogación no se aplica en todos los casos, sino en situaciones específicas como:

  • Cambios de contrata (servicios externalizados): Es frecuente en sectores como limpieza, seguridad o mantenimiento, donde una nueva empresa adjudicataria debe asumir a la plantilla anterior.
  • Sucesión de empresa o transmisión de empresa: Cuando hay una transmisión de medios materiales y personales que permite continuar la actividad.
  • Fusión, escisión o compraventa de empresas: Implican la integración de trabajadores sin romper la relación laboral.
  • Casos en los que lo exige el convenio colectivo: Algunos convenios establecen la obligación de subrogar a la plantilla en determinados supuestos.

¿Qué implica el traspaso de trabajadores de una empresa a otra manteniendo sus condiciones laborales?

Cuando se produce la subrogación de la plantilla, la empresa entrante debe respetar la antigüedad, el salario, la categoría profesional y otras condiciones pactadas individualmente con el empleador anterior.

Además, salvo acuerdo en contrario o expiración del convenio, se mantiene el convenio colectivo aplicable, lo que garantiza estabilidad normativa para las personas subrogadas.

Requisitos legales a tener presentes en la subrogación de la plantilla

  • Responsabilidad solidaria: Durante los tres años posteriores, ambas empresas responden de forma conjunta ante obligaciones anteriores no prescritas.
  • Comunicación al SEPE: Mediante la “Declaración de subrogación de empresa”, indicando los datos fiscales de las partes implicadas.
  • Seguridad Social: La empresa saliente da de baja a los trabajadores, y la empresa entrante los da de alta informando del proceso de subrogación.
  • IRPF: Las retribuciones de ambas empresas se consideran de un único pagador a efectos fiscales.

Pasos que deben seguir las empresas en la subrogación

Antes de ejecutar la subrogación, es importante:

  • Comprobación del marco legal aplicable: Revisar el convenio colectivo, el contrato de adjudicación o cualquier norma sectorial que lo regule.
  • Auditoría laboral previa: Analizar deudas, sanciones, contratos y situación de cada trabajador antes de aceptar la plantilla.
  • Negociación colectiva preventiva: Implicar a la representación legal de los trabajadores en todo el proceso.
  • Comunicación a las personas trabajadoras y a la representación legal: Informar del cambio de empleador, fechas y condiciones. Resolver dudas y garantizar la continuidad en la relación laboral para evitar inseguridades o rotación no deseada.
  • Firma de documentación relativa a la subrogación: Incluir listados de personal afectado y condiciones laborales mantenidas.

Una vez realizada la subrogación:

  • Comunicación clara y directa: Generar confianza en las personas trabajadoras desde el primer día.
  • Integración efectiva: Facilitar su adaptación al nuevo entorno de trabajo, respetando su historial profesional.
  • Gestión administrativa correcta: Dar de alta correctamente en Seguridad Social, ajustar retenciones del IRPF y asegurar el mantenimiento de derechos laborales.

Si una persona trabajadora no desea continuar en la nueva empresa, su salida se considerará baja voluntaria, salvo que pueda acreditar una modificación sustancial de sus condiciones.

Preguntas frecuentes sobre la subrogación de plantilla

¿Puede la empresa entrante modificar las condiciones laborales tras la subrogación?
Solo si se siguen los procedimientos legales de modificación sustancial de condiciones. De lo contrario, deben respetarse las condiciones anteriores.

¿Qué ocurre si la empresa saliente ha acumulado deudas con la plantilla?
La empresa entrante puede responder solidariamente durante 3 años. Por eso es fundamental hacer una auditoría laboral previa.

¿Se puede impugnar la subrogación por parte de las personas trabajadoras?
Sí, si consideran que no se ha respetado su contrato o condiciones, pueden reclamar judicialmente.

¿Qué pasa con los periodos de prueba y la formación?
No se reinician. El personal subrogado mantiene su antigüedad, y la empresa entrante debe reconocer su experiencia.

Una mala gestión puede acabar en conflictos judiciales, sanciones administrativas o pérdida de talento clave. Si necesitas asesoramiento legal y laboral para este proceso, ponte en contacto con nosotros.