El Tribunal Supremo perfila el delito de blanqueo
La sentencia repasa toda la doctrina jurisprudencial así como las reformas legales sobre este delito para concluir con la esencia del mismo. Su característica principal, señala el Supremo, «no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona ‘el retorno’ como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico».
La desigualdad entre ricos y pobres ha alcanzado un nivel récord como consecuencia de la crisis,
«La desigualdad de ingresos netos disminuyó desde mediados de los años 80, pero aumentó fuertemente entre el 2007 y el 2011, aunque ha experimentado un retroceso en el 2012», apunta la organización. 
En España el 10% más rico acumula el 43% de la riqueza total, mientras que el 60% más pobre posee el 20% de la riqueza de los hogares. Los hogares con menores ingresos han sufrido una caída anual de sus ingresos del 13% entre 2007 y 2011, comparado con la bajada del 1,4% entre el 10% más rico.
La UE y Suiza han firmado este miércoles su nuevo acuerdo de transparencia fiscal, que impondrá el intercambio automático de información a partir de 2018.
Gracias a este acuerdo, los Estados miembros recibirán anualmente los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes que tengan cuentas en Suiza, así como un amplio conjunto de otros datos financieros y de balance de las cuentas. Estas disposiciones se ajustan plenamente al nuevo estándar internacional de la OCDE y del G-20 para el intercambio automático de información.
La Ley antimorosidad no ha conseguido frenar la problemática que implica las grandes tasas de morosidad en el sector público y privado español,
Además, el plazo medio de pago de las operaciones ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica la media europea, fijada en 47 días, según estudio elaborado en colaboración con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Por otro lado, el 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la Justicia, mientras que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.
La Agencia Tributaria destaca que el incremento de control del patrimonio en el extranjero por la creciente captación de información tributaria internacional induce cada vez a mayor número de contribuyentes a cumplir la obligación, por lo que continúan recibiéndose declaraciones presentadas fuera de plazo para evitar las sanciones derivadas del incumplimiento. Hacienda continúa con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de que dispone la Agencia, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.
Por otro lado, Ferre ha destacado la nueva obligación de que las multinacionales informen de forma desagregada de los impuestos que pagan ”país por país”. Ferre ha recalcado que el Gobierno ha incluido un cambio normativo en el borrador del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que desarrolla la reforma fiscal, y que será aprobado próximamente. Según consta en el citado borrador, las entidades residentes que tengan la condición de dominantes de un grupo empresarial con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, estarán obligadas a aportar la información “país por país” a partir de 2016. Entre la información a aportar se encuentran los ingresos, los resultados brutos, los impuestos satisfechos, los fondos propios y la plantilla.
La sentencia ve ilegal que la norma española utilice la empresa como única unidad de referencia y no el lugar del centro de trabajo, a la hora de determinar si los despidos deben calificarse como colectivos o individuales. Según argumenta este tribunal, la ley española que regula los despidos colectivos “infringe la directiva” sobre esta materia porque “introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos habrían debido calificarse de despido colectivo”.
El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción.
Del total de deudores, el 90,5% son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y el 9,5% personas físicas sin actividad empresarial. Según la forma jurídica, el 78,2% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada. Datos de la Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) del INE.
Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.
Se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto considera que la publicación de un extracto de esas resoluciones cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”.
El 20,9% cuenta con asalariados a su cargo, porcentaje que aumenta a medida que sube la base de cotización, hasta un máximo del 35,3% entre los que tienen bases superiores a tres veces la base mínima. El 86,1% de los autónomos cotiza por la base mínima.
Si lo que se analiza es la nómina de los administradores de las sociedades de mediana y pequeña capitalización, esta se incrementó un 7,97% frente a 2013, situándose en 197.202 euros de media. Este mismo patrón se repitió entre los miembros de la alta dirección empresarial. La tendencia retributiva para el resto de la plantilla, sin embargo, fue la opuesta. El gasto medio por empleado, del conjunto de las cotizadas fue de 43.088 euros en 2014, un 0,64% menos que el año anterior.
En ese mismo período, también recaudarán 350 millones adicionales por supuestas subidas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hacienda reconoce en el documento enviado el jueves que falló al presupuestar el impacto de cambios normativos en el impuesto sobre sociedades, el tributo que ha sufrido una pérdida de recaudación mayor durante la crisis. A finales de 2013, el Gobierno eliminó en el impuesto sobre sociedades la posibilidad de deducirse el deterioro de valor de las participaciones. Una medida que, según los cálculos de Hacienda, supondría una recaudación adicional de 3.650 millones. “Realmente, el efecto en términos de caja ha ascendido a 472 millones”, reconoce el departamento.
Sin embargo, el responsable de cumplimiento normativo de la empresa puede encontrar algunas limitaciones legales en su labor de control, prevención e investigación. Para empezar, si la empresa quiere establecer sanciones nuevas para quien incumpla las normas que ahora se establezcan, deberá tener en cuenta la normativa laboral, que puede exigir negociar con empleados y sindicatos, pudiendo conllevar, incluso, cambios en el convenio colectivo.
El paro bajó en abril en todos los sectores económicos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 184 desempleados. El sector servicios fue el que registró el mayor recorte del paro, con 72.284 desempleados menos (-2,5%), seguido de la construcción (-19.449 parados), la agricultura (-15.219) y la industria (-11.555). En abril se registraron 1.440.381 contratos, un 11,1% más que en el mismo mes de 2014, de los que 123.459 fueron de carácter indefinido, el equivalente al 8,57% del total de la contratación y cifra un 0,68% superior a la de abril del año pasado.
Mientras intentaban cumplir con los plazos en un tiempo récord, las sociedades cotizadas, a través de Emisores Españoles, encargaron al despacho Hogan Lovells que presentara un recurso para intentar paralizar la medida. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ayer como medida cautelar la suspensión de la instrucción hasta que exista una sentencia al respecto. Una decisión que llega tarde para muchas firmas. Aunque desde algunas empresas se ha puesto en duda que los registros puedan solicitar siquiera acceso a una información tan sensible, por su trascendencia en la estrategia de las compañías, desde el despacho aseguran que el objetivo no es tanto que se corrija la modificación introducida en la Ley de Emprendedores, sino que se regule de manera «segura y cierta, con mecanismos de control».
«El Sepblac analiza a las personas y remite sus conclusiones a la Agencia Tributaria, pero no tiene ningún tipo de dato fiscal, tiene sólo datos de si efectivamente existen algunas operaciones posibles de calificarse de blanqueo de capitales», afirmó, tras asegurar que «no hay ninguna investigación concreta» por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Economía y que ha remitido sus datos a la Agencia Tributaria, «que es la que está llevando a cabo la investigación».
Con la aprobación del PIVE 8 sería posible finalizar el ejercicio 2015 con unas ventas de 1.012.655 automóviles en España, un 18,4% más que en 2014, de las que 158.142 corresponderían a Cataluña, que también experimentaría un repunte del 18%.
Los datos demuestran que los ayuntamientos sancionan hasta 6 veces más que a DGT, hasta alcanzar el 75 % del total de las multas de tráfico, un porcentaje equivalente a 26 millones de sanciones al año. Por tipología, el exceso de velocidad es la conducta más sancionada, con un porcentaje algo superior al 50 por ciento.
El tribunal dice que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales deben resolverse “mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto”, y que este criterio es aplicable tanto si el convenio colectivo es posterior a la reforma del Estatuto de los Trabajadores –como era el caso- como si es anterior.
Si bien, también se introducen en este texto nuevos impulsos al autoempleo, como la extensión a todos los grupos de edad, más allá del límite actual de los 30 años, la posibilidad de compatibilizar el cobro del desempleo y el inicio de la actividad como autónomo durante un máximo de 9 meses. Asimismo, se abre a todos los autónomos, con independencia de su edad, la posibilidad de capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo. Empleo también prevé que los autónomos acogidos a la ‘tarifa plana’ de 50 euros puedan contratar sin perder los incentivos, al tiempo que se amplían los previstos para los familiares colaboradores y se refuerzan los mecanismos de protección de estos trabajadores, especialmente en el caso de los económicamente dependientes.
También se ha elevado al 15% la cantidad a consignar en una cuenta del juzgado procedente de la enajenación de los bienes y derechos que se integran en la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma. Se considerará que los autónomos económicamente dependientes son acreedores de derecho laboral a todos los efectos, y se obligará a que la información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones les sea comunicada telemáticamente a los implicados en el procedimiento.
En una sentencia, el Alto Tribunal ha reiterado sus argumentos tras analizar un recurso presentado por BBVA, una de las entidades afectadas por la sentencia de mayo. Además, ha desestimado otro recurso de Cajasur que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia Sala sobre nulidad de las cláusulas suelo por abusivas.
