Los robots destruirán empleos al mismo tiempo que crearán otros.
Argumentan que el proceso será lento, con obstáculos económicos, jurídicos y sociales y que los trabajadores podrán adaptarse a la tecnología o apuntarse a las nuevas profesiones nacidas a partir de los robots. Los robots se extenderán en otras áreas industriales como el embalaje, la logística y los productos de consumo. En su opinión, la reconversión del trabajador en este nuevo escenario es algo posible. “Para manejar un robot no hace falta ser ingeniero o programador”, asegura. La última tendencia es el robot colaborativo: la unión de la fuerza y la precisión de la máquina con la inteligencia cognitiva de la persona.
Lista de espera de hasta cuatro años para los contribuyentes que interponen reclamaciones a la Agencia Tributaria.
La saturación de los tribunales administrativos se debe principalmente a dos factores, el adelgazamiento de su plantilla en los últimos años, y el crecimiento continuado de reclamaciones desde el inicio de la crisis en un contexto de poca receptividad de las administraciones tributarias frente a las alegaciones de los contribuyentes. No debe extrañar que el número de reclamaciones pendientes de resolver aumentara en 140.856 en estos últimos siete años, a pesar del esfuerzo realizado por la plantilla, que si bien ha incrementado el ritmo resolutorio en casi un 39,3% entre 2007 y 2014, no ha sido suficiente para frenar el crecimiento vegetativo de las reclamaciones pendientes, cuyo nivel ascendió hasta las 286.597 en 2014.
Regularización de la devolución de las cláusulas suelo.
Así lo admiten desde varias entidades financieras consultadas donde revelan que están teniendo que emitir justificantes sobre las devoluciones de dinero que han realizado por el cobro de cláusulas suelo anuladas, especificando al detalle cuánto se imputó a sus clientes cada año por estas condiciones hipotecarias, con el fin de que estos puedan desglosarlo así ante el fisco. Desde Hacienda aseveran que la Agencia Tributaria no está realizando ninguna acción específica sobre los beneficiarios de devoluciones de dinero por el cobro e cláusulas suelo pero aclaran que es necesario regularizar esos ingresos en el caso de que el beneficiario haya disfrutado de la deducción, vigente para quien comprara casa antes de 2013, de hasta el 15% anual sobre 9.040 euros.
Tinsa constata que las subidas de precios de las viviendas vacacionales se extienden por casi el doble de municipios que el año pasado.
Así consta en el informe ‘Vivienda en la Costa 2016’ elaborado por la tasadora. Explica que aunque esta tendencia, “más acorde con una fase de estabilización que de clara recuperación”, va extendiéndose “poco a poco”, el mercado de costa es “muy heterogéneo”, puesto que algunas ubicaciones siguen abaratándose a un ritmo anual superior al 5% y el patrón más repetido es la ausencia de promoción y de transacciones sobre suelo.
Según la AEAT, las actuaciones se han concentrado en sectores de la economía donde los clientes son consumidores finales y donde el medio de pago normalmente utilizado es el efectivo. La presencia de estos dos elementos (consumidores y efectivo) dificulta el control de los ingresos por la Hacienda pública, facilitando así la ocultación de las ventas. Algunos expertos aconsejan al contribuyente tener muy claros sus derechos y estar asesorado por profesionales. “Se trata de un juego que tenemos el deber de respetar, pero si no se está conforme se puede recurrir la decisión judicial y anular los datos recabados de la inspección. De hecho, cada vez son más los empresarios que proceden a la solicitud de recurso”. A veces los indicios son muy débiles y aun así se conceden autorizaciones judiciales”, afirman.
El último dato disponible, correspondiente al primer trimestre de este año, estima que después de varios trimestres de haberse movido entre el 13% y el 14% del nuevo crédito, estas hipotecas volvieron a repuntar hasta el 15,3%. En cualquier caso, todos los bancos consultados ponen especial énfasis en aclarar que los controles se han extremado y que en términos generales no se conceden hipotecas para primeras viviendas por más del 80% del valor del inmueble y del 70% si se trata de una segunda residencia.
Así se refleja en el primer Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que se estima el impacto distributivo del sistema fiscal sobre los hogares españoles, con datos de 2013. La nota positiva en la distribución de la renta la ponen las prestaciones sociales, entre las que se incluyen pensiones, prestaciones por desempleo, becas y otras ayudas, permiten corregir en un 30% la desigualdad que existe entre las rentas de los españoles, mientras que el sistema fiscal solo tiene un efecto redistributivo del 2,82%.
La cosecha de impuestos durante los primeros cuatro meses del año se ha reducido cerca de un 10,3% respecto al mismo periodo de 2015 y compromete la consecución del objetivo de déficit.
El total incorporado por primera vez en 2016 se desglosa en más de 2.600 millones declarados por cuentas bancarias y de crédito, más de 1.000 millones por inmuebles y más de 10.100 millones por fondos (casi 5.100 millones), acciones (4.800 millones) y seguros (250 millones).
La Agencia ofrece ejemplos, sin dar nombres, de por qué ha sancionado a este tipo de contribuyentes. Entre los casos: la Agencia revisa la información que ha proporcionado un contribuyente que presentó la declaración de bienes en el extranjero y detecta la existencia de numerosas entradas en cuentas bancarias en otros países mientras que en la declaración solo informaba de bienes de carácter inmobiliario.
Aunque las previsiones apuntan a que la tasa de paro en 2025 y años venideros se situará en niveles previos a la crisis, el descenso de la población activa (690.000 menos de aquí a 2025) convierte la sostenibilidad de las pensiones en un debate crucial. Conde-Ruiz, miembro del comité de expertos que inspiró la última reforma de pensiones, mantiene que el actual sistema es injusto porque una pensión basada en «cuanto más vives, menos recibes» es un problema. Este economista está convencido de que una nueva reforma será inminente, porque tan pronto vuelva a haber inflación se dará «una demanda brutal por cambiar el sistema».
La secretaria general ha reiterado la necesidad de analizar las recomendaciones del Pacto de Toledo de manera que se vayan aproximando las pensiones medias, para lo que es necesario estudiar «un sistema de cotización en base a los ingresos reales». También ha destacado que el número de jubilados que había sido autónomo creció en el último año en 11.918, un 0,95 % más, aumento casi dos veces y media menor al incremento de los pensionistas del régimen general.
Así lo ha afirmado la directora de la Agencia, aludiendo a las numerosas denuncias que llegan al órgano de control en relación con la contratación de servicios, por ejemplo de telefonía, de forma irregular y que, cuando el afectado se niega a pagar por ellos, desembocan en una inserción indebida en ficheros de morosidad, con todos los perjuicios que ello conlleva. Por otro lado, apuntan la necesidad de aprobar una nueva ley orgánica de protección de datos, tras la aprobación del reglamento europeo sobre esta materia, que será de aplicación en mayo de 2018.
En concreto, los técnicos advierten de que la determinación tomada por Hacienda no solo afecta a los preferentistas, sino que cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados. Además, estos contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso. Gestha que reclama a Tributos que reconsidere el criterio y permita a estas personas deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio.
Así lo cuentan despachos de abogados expertos en fiscalidad internacional. Se trata de unos 200 ciudadanos españoles de un total de cerca de 2.000 que aparecen en los papeles. Muchos casos corresponden a situaciones antiguas o en paz con Hacienda. Sin embargo, las regularizaciones presentadas en la amnistía y las declaraciones de bienes en el extranjero de muchos de quienes aparecen en los papeles de Panamá no se corresponden con lo que muestran los propios papeles, con lo que tienen que regularizar de nuevo.
Sólo Grecia presenta una tasa de paro de larga duración (más de un año en el desempleo) superior a la española, con un 18,2%. La tasa española se encuentra casi siete puntos por encima de la media comunitaria, que se situó en 2015 en el 4,5%.
