Los expertos difieren en el modo en que el próximo Gobierno debiera afrontar una nueva reforma de las pensiones.

Las opciones son múltiples y el objetivo, evidente: garantizar la sostenibilidad de las pensiones, en un momento en que el Gobierno en funciones reconoce que el agujero de la Seguridad Social alcanzará los 19.000 millones este año y los 16.000 el próximo, lo que podría agotar el Fondo de Reserva como mucho en año y medio.
La Inspección de Hacienda debe detenerse ante un procedimiento penal.
Por preferencia del orden jurisdiccional penal, en evitación de soluciones contradictorias sobre los mismos hechos, y debió abstenerse de liquidar y de sancionar en tanto en cuanto no hubiera recaído sentencia en el proceso penal relativo a los mismos hechos. Así lo determina en sentencia de 18 de octubre de 2016, que anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de diciembre de 2014. El hecho de que los conceptos tributarios sean distintos no excluye que los hechos imponibles coincidan con unas mismas operaciones y con unas mismas facturas, cuestionadas.
La armonización de la base imponible del impuesto de sociedades a nivel europeo.
En concreto, la recaudación en España por el impuesto de sociedades se reduciría en un 0,6% de PIB (6.600 millones), que se compensaría con incrementos en la recaudación por los impuestos sobre el trabajo (0,31%, 3.300 millones), el consumo (0,03%, 300 millones), bonos (0,04%, 400 millones), dividendos (0,01%, 100 millones) y rentas del capital (200 millones). La CE avisa de que las estimaciones del estudio de impacto deben tomarse con precaución, principalmente porque los Estados miembros seguirán teniendo la competencia para reformar los tipos imponibles para compensar la pérdida de la recaudación.
La reforma de la financiación del sistema de la Seguridad Social es prioritaria.
El nuevo ejecutivo sopesa la extracción de las partidas de Viudedad y Orfandad de la caja común para que sean sufragadas vía Presupuestos, algo que paliaría el agujero del sistema durante varios años. Se da la circunstancia de que el pago de este tipo de pensiones va a costar este año 19.900 millones al erario público, cantidad algo superior a la del agujero del propio sistema. Pese a todo, el debate se ha abierto sobre todo entre expertos, ya que entre la clase política resulta mucho más impopular reconocer que el Estado tendrá que aumentar la presión impositiva para hacer costeable el sistema de pensiones.