Noticiario Nº 65 – 27 de mayo de 2016

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La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una inspección sectorial de oficio en el ámbito sanitario.

Ha anunciado que tiene previsto realizar otra en el ámbito de la contratación irregular de servicios de telecomunicaciones mediante suplantación de identidad.

Así lo ha afirmado la directora de la Agencia, aludiendo a las numerosas denuncias que llegan al órgano de control en relación con la contratación de servicios, por ejemplo de telefonía, de forma irregular y que, cuando el afectado se niega a pagar por ellos, desembocan en una inserción indebida en ficheros de morosidad, con todos los perjuicios que ello conlleva. Por otro lado, apuntan la necesidad de aprobar una nueva ley orgánica de protección de datos, tras la aprobación del reglamento europeo sobre esta materia, que será de aplicación en mayo de 2018.

 

Ganar una sentencia en los juzgados sale caro a la hora de hacer la declaración de la Renta de 2015.

Según advierten los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), dado el nuevo criterio adoptado hace poco más de un mes por la Agencia Tributaria respecto a las sentencias judiciales.

En concreto, los técnicos advierten de que la determinación tomada por Hacienda no solo afecta a los preferentistas, sino que cualquier ciudadano al que una sentencia judicial reconozca el abono de las costas, tanto por ganar el pleito como por temeridad procesal de la parte contraria, tendrá que incluir el importe de las costas en la base liquidable general del IRPF, aumentando la progresividad de los sueldos, pensiones, resultados de los autónomos o alquileres declarados. Además, estos contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso. Gestha que reclama a Tributos que reconsidere el criterio y permita a estas personas deducir los importes de los honorarios de sus abogados y procuradores y de aquellos gastos que hayan sido necesarios para su defensa en el juicio.

 

Afectados por los papeles de Panamá han empezado a regularizar su situación.

Supone ponerse al día sin multas ni implicaciones penales con un pago del 60% de media de lo que tuvieran oculto al Fisco.

Así lo cuentan despachos de abogados expertos en fiscalidad internacional. Se trata de unos 200 ciudadanos españoles de un total de cerca de 2.000 que aparecen en los papeles. Muchos casos corresponden a situaciones antiguas o en paz con Hacienda. Sin embargo, las regularizaciones presentadas en la amnistía y las declaraciones de bienes en el extranjero de muchos de quienes aparecen en los papeles de Panamá no se corresponden con lo que muestran los propios papeles, con lo que tienen que regularizar de nuevo.

 

España es el segundo país de la UE-28 con más paro de larga duración.

Con una tasa del 11,4%, lejos del 1,7% que tenía antes de la crisis, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) con datos a 2015 de Eurostat.

Sólo Grecia presenta una tasa de paro de larga duración (más de un año en el desempleo) superior a la española, con un 18,2%. La tasa española se encuentra casi siete puntos por encima de la media comunitaria, que se situó en 2015 en el 4,5%.

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