Noticiario Nº 02 – 13 de enero de 2017

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Economía trabaja en una nueva ley hipotecaria que quiere incrementar la transparencia de los contratos hipotecarios.

El objetivo es aclarar el fondo y la forma, según Guindos, de todas las cláusulas de la hipoteca antes de firmarla.

Se tratará de una nueva norma que llegará por la transposición de una Directiva de Bruselas. “La falta de transparencia ha sido la causa por la cual el Supremo ha declarado que las cláusulas suelo eran nulas”. Pero antes de la nueva ley, Guindos anunció que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un real decreto. La norma está pensada para las cláusulas suelo, aunque podría abarcar otras más. La norma regulará el procedimiento extrajudicial para reclamar las cláusulas suelo.

 

El Estado se verá afectado por la devolución de todos los intereses cobrados de más en las hipotecas por las cláusulas suelo abusivas.

Además del posible impacto indirecto que pueda tener la retroactividad total impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE.

En las nacionalizadas Bankia y BMN, por un máximo conjunto de unos 250 millones, el fondo de rescate público (Frob) podría tener que asumir 319 millones por las garantías aportadas a Abanca en la venta de Novagalicia.

 

El número de embargos ordenados por la Agencia Tributaria superó el umbral de los ocho millones en 2015 por primera vez.

Nunca antes Hacienda había alcanzado este volumen de actividad para recuperar deudas. La mayoría de intervenciones afectan a cuentas bancarias.

En 2015, se embargaron 5,8 millones de cuentas corrientes, casi el triple que en 2008. Más allá de los efectos de la crisis, fuentes de la Agencia Tributaria señalan que el incremento de los embargos se explica en parte por la mayor colaboración entre administraciones. La Agencia Tributaria actúa como recaudador para otros entes y, no es extraño ver cómo Hacienda embarga una cuenta corriente por una multa de tráfico impagada. Por otra parte, ha intensificado las medidas preventivas para evitar los vaciamientos patrimoniales y asegurar el cobro de las deudas fiscales. En la actualidad, el volumen de deuda que Hacienda considera incobrable se mueve en torno a los 50.000 millones. El objetivo es que no crezca más.

 

La UCO y la Agencia Tributaria han destapado un fraude de impuestos en las gasolinas de 280 millones de euros, en solo seis operaciones.

Este delito es muy goloso para operadoras poco escrupulosas debido al importante volumen de beneficios que genera.

Un fraude detectado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y los de la Agencia Tributaria en operaciones conjuntas durante el último quinquenio. Si algo une a estas diferentes formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado.

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