Esta medida favorece, en mayor medida, a los colectivos con mayores dificultades para su inserción laboral porque supone una rebaja progresiva del coste laboral por cotizaciones sociales. En el debate del Estado de la Nación también ha anunciado que se extenderán estos “cheques familiares” de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. Se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años o 25 en el caso de que sean estudiantes. El Gobierno bonificará, durante un año, el 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida. La bonificación va dirigida a los autónomos que contraten un trabajador que le permita el mantenimiento de la actividad.

El ministro de Hacienda ha señalado que este umbral de un millón de euros es el que se ha fijado en la modificación de la Ley General Tributaria, necesaria para poder publicar esta lista de morosos y que actualmente se encuentra en el Consejo de Estado para conocer una primera opción. Después del Consejo de Estado, la reforma será remitida a otros órganos «relativos a preservar la confidencialidad de los datos tributarios» y entonces se elevará el texto al Consejo de Ministros.

Notificará de los casos de blanqueo al SEPBLAC para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lo lleven el caso a los tribunales si es preciso. El año pasado Hacienda lanzó un plan para revisar de forma más exhaustiva las solicitudes de devoluciones que presentan los ciudadanos. El resultado es la reducción de los pagos del fisco. Durante 2014 se realizaron 2.625 actuaciones de control a profesionales, lo que supone un 32% más.

Vizcaya y Guipúzcoa, que introdujeron el modelo 720 en su régimen foral, modificaron en verano la legislación para que los contribuyentes que declaren fuera de plazo queden exonerados de una posible ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. De momento, en la legislación del Estado central, la presentación fuera de plazo solo permite rebajar la sanción por cada dato omitido a 150 euros con un mínimo de 1.500 euros.