La CE ha publicado una ‘lista negra’ paneuropea de paraísos fiscales
Cuatro de los paraísos fiscales se encuentran en Europa: Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha, territorio dependiente de Reino Unido. También figura en la lista Panamá. El Ejecutivo comunitario no ha decidido cuáles son los países que figuran en esta lista, sino que se ha limitado a recopilar a los que aparecen en al menos 10 de las listas nacionales de los Estados miembros. Bruselas considera que la actual estrategia «fragmentada» de la UE contra los paraísos fiscales no funciona a la hora de frenar la elusión fiscal por parte de las multinacionales, porque no todos los países tienen una lista negra y no todos los que la tienen adoptan represalias contra los paraísos fiscales incluidos.
La Agencia Tributaria advierte de un nuevo intento de fraude tipo ‘phishing’ a través de Internet
La Agencia Tributaria ha detectado un envío de comunicaciones por correo electrónico en el que suplantando su identidad e imagen y haciendo referencia a un supuesto reembolso, se facilita un enlace para descargar un formulario con el que solicitar dicha devolución. La Agencia Tributaria recuerda que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuenta o números de tarjeta de los contribuyentes.
Hacienda retrasará el cierre de datos de la lista de morosos a septiembre
Según ha podido saber este diario, han pesado en el Fisco a la hora de decidir el cambio de fecha las críticas sobre la posible inconstitucionalidad de cerrar los nombres de una lista de morosos cuando todavía no estuviera aprobada la ley. Algunos despachos de abogados han creado una nueva línea de negocio ante la próxima publicación de la lista de morosos: se trata de asesoramiento a ciudadanos y empresas que reúnen un conjunto de deudas con Hacienda superiores a 1 millón de euros para que eviten salir en la lista. Como todavía no está cerrado el listado, los bufetes aconsejan a sus clientes que soliciten aplazamientos o suspensiones a la Agencia Tributaria, con el fin de quedar fuera de los requisitos para salir retratado en la lista.
La Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón incumplen reiteradamente el plazo de pago a proveedores
La estadística difundida ayer por Hacienda revela que el conjunto de las comunidades redujo en abril, justo antes de las elecciones, el periodo de pago a proveedores por primera vez en lo que va de año. Andalucía, Baleares, Madrid, Cataluña y Murcia tardan en pagar más de 30 días, límite máximo marcado por la ley de morosidad pero están por debajo de los 60 días que establece la ley de control de deuda comercial del sector público.
Solamente el 2% son de gran tamaño. Por sectores, los que más negocios han abierto son servicios, en total 92 empresas, retail, 85 y 27 en restauración. No obstante, en España predominan los sectores del bienestar, alimentación y salud.
El juez defiende que si la legislación permite “la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica», no resulta lógico que la interpretación de la DGT excluya los suministros. Así, da la razón a un contribuyente que se había deducido gastos de luz, agua, gas y teléfonos y había recibido una liquidación provisional de Hacienda en la que se negaba tal posibilidad. La sentencia se limita al IRPF, pero los expertos aseguran que puede extenderse al IVA.
El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica. Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la CE.
Bruselas investigará si esas prácticas limitan la competencia y reducen la oferta al consumidor. La investigación se centrará de entrada en los mercados con más demanda en el continente: de libros en inglés y en alemán.
La enmienda también establece que se constituirá una cuenta de garantía arancelaria para cubrir el salario de los gestores de concursos sin masa. Se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales, con unos porcentajes que en el caso de remuneraciones de más de 500.000 euros serán del 10%.
Las grandes empresas acumulan hasta abril un incremento medio de sus ventas cercano al 6% respecto al mismo periodo de 2014, pero este repunte de su facturación no se está traduciendo en grandes subidas salariales, pues siguen apostando por la moderación de los sueldos. De hecho, el salario medio bruto de las grandes empresas subió una media del 0,7% en los cuatro primeros meses del año en relación al mismo periodo de 2014, hasta rondar los 2.150 euros mensuales, según datos de la Agencia Tributaria..jpg)
El Gobierno plantará este cambio en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para dar un uso concreto al efectivo y los saldos que los ciudadanos dejan depositados en sus cuentas bancarias y sobre los que no realizan ninguna gestión en dos décadas.
El plan se pondrá en marcha a modo de experiencia piloto hasta el próximo 30 de noviembre, con carácter voluntario para los camioneros y en seis tramos de carreteras que suman 326 kilómetros de longitud.
Además, también se pretende determinar si contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo de 2005.
La deuda de las familias aumentó en abril en 661 millones sobre marzo, hasta los 740.819 millones, un leve ascenso del 0,08%, que acaba con los cuatro meses seguidos de descensos. En los últimos 12 meses, el nuevo crédito para vivienda ha subido un 20% y el del consumo, un 17%. Sin embargo, el saldo total cae porque no se compensa lo que antes se concedía en hipotecas. La banca da más crédito a ciertos clientes, dicen los expertos, que admiten un cambio de tendencia.
La liquidación –y correspondiente sanción– de Hacienda por presentar el modelo 720 con retraso puede superar el patrimonio que se tenga en el extranjero. Y da igual que ese dinero proceda de un ejercicio ya prescrito. Actualmente, la Comisión Europea está analizando ambos aspectos.
El 86% señala como una de las causas las dificultades financieras de los clientes, frente a un 68% que considera que el retraso del pago es intencional y el 44% que cree que el motivo es la ineficiencia en el área administrativa de sus clientes.
La sentencia repasa toda la doctrina jurisprudencial así como las reformas legales sobre este delito para concluir con la esencia del mismo. Su característica principal, señala el Supremo, «no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona ‘el retorno’ como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico».
En España el 10% más rico acumula el 43% de la riqueza total, mientras que el 60% más pobre posee el 20% de la riqueza de los hogares. Los hogares con menores ingresos han sufrido una caída anual de sus ingresos del 13% entre 2007 y 2011, comparado con la bajada del 1,4% entre el 10% más rico.
Gracias a este acuerdo, los Estados miembros recibirán anualmente los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes que tengan cuentas en Suiza, así como un amplio conjunto de otros datos financieros y de balance de las cuentas. Estas disposiciones se ajustan plenamente al nuevo estándar internacional de la OCDE y del G-20 para el intercambio automático de información.
Además, el plazo medio de pago de las operaciones ha aumentado hasta los 95 días, por lo que casi duplica la media europea, fijada en 47 días, según estudio elaborado en colaboración con la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Por otro lado, el 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la Justicia, mientras que el 60% opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida. Además, el 70% de los empresarios se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.
La Agencia Tributaria destaca que el incremento de control del patrimonio en el extranjero por la creciente captación de información tributaria internacional induce cada vez a mayor número de contribuyentes a cumplir la obligación, por lo que continúan recibiéndose declaraciones presentadas fuera de plazo para evitar las sanciones derivadas del incumplimiento. Hacienda continúa con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de que dispone la Agencia, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.
Por otro lado, Ferre ha destacado la nueva obligación de que las multinacionales informen de forma desagregada de los impuestos que pagan ”país por país”. Ferre ha recalcado que el Gobierno ha incluido un cambio normativo en el borrador del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que desarrolla la reforma fiscal, y que será aprobado próximamente. Según consta en el citado borrador, las entidades residentes que tengan la condición de dominantes de un grupo empresarial con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, estarán obligadas a aportar la información “país por país” a partir de 2016. Entre la información a aportar se encuentran los ingresos, los resultados brutos, los impuestos satisfechos, los fondos propios y la plantilla.
La sentencia ve ilegal que la norma española utilice la empresa como única unidad de referencia y no el lugar del centro de trabajo, a la hora de determinar si los despidos deben calificarse como colectivos o individuales. Según argumenta este tribunal, la ley española que regula los despidos colectivos “infringe la directiva” sobre esta materia porque “introduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en la directiva, cuando, de haberse utilizado como unidad de referencia el centro de trabajo, los despidos habrían debido calificarse de despido colectivo”.
El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción.
Del total de deudores, el 90,5% son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y el 9,5% personas físicas sin actividad empresarial. Según la forma jurídica, el 78,2% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada. Datos de la Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) del INE.
Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, y podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarles esta tarea contarán con un registro administrativo de poderes a su disposición. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.
Se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto considera que la publicación de un extracto de esas resoluciones cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”.
El 20,9% cuenta con asalariados a su cargo, porcentaje que aumenta a medida que sube la base de cotización, hasta un máximo del 35,3% entre los que tienen bases superiores a tres veces la base mínima. El 86,1% de los autónomos cotiza por la base mínima.
Si lo que se analiza es la nómina de los administradores de las sociedades de mediana y pequeña capitalización, esta se incrementó un 7,97% frente a 2013, situándose en 197.202 euros de media. Este mismo patrón se repitió entre los miembros de la alta dirección empresarial. La tendencia retributiva para el resto de la plantilla, sin embargo, fue la opuesta. El gasto medio por empleado, del conjunto de las cotizadas fue de 43.088 euros en 2014, un 0,64% menos que el año anterior.
En ese mismo período, también recaudarán 350 millones adicionales por supuestas subidas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hacienda reconoce en el documento enviado el jueves que falló al presupuestar el impacto de cambios normativos en el impuesto sobre sociedades, el tributo que ha sufrido una pérdida de recaudación mayor durante la crisis. A finales de 2013, el Gobierno eliminó en el impuesto sobre sociedades la posibilidad de deducirse el deterioro de valor de las participaciones. Una medida que, según los cálculos de Hacienda, supondría una recaudación adicional de 3.650 millones. “Realmente, el efecto en términos de caja ha ascendido a 472 millones”, reconoce el departamento.
Sin embargo, el responsable de cumplimiento normativo de la empresa puede encontrar algunas limitaciones legales en su labor de control, prevención e investigación. Para empezar, si la empresa quiere establecer sanciones nuevas para quien incumpla las normas que ahora se establezcan, deberá tener en cuenta la normativa laboral, que puede exigir negociar con empleados y sindicatos, pudiendo conllevar, incluso, cambios en el convenio colectivo.
El paro bajó en abril en todos los sectores económicos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 184 desempleados. El sector servicios fue el que registró el mayor recorte del paro, con 72.284 desempleados menos (-2,5%), seguido de la construcción (-19.449 parados), la agricultura (-15.219) y la industria (-11.555). En abril se registraron 1.440.381 contratos, un 11,1% más que en el mismo mes de 2014, de los que 123.459 fueron de carácter indefinido, el equivalente al 8,57% del total de la contratación y cifra un 0,68% superior a la de abril del año pasado.
