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Impuesto sobre Sociedades: quién debe presentarlo, cómo se calcula y cuándo se paga

por José Ramón Huertas López

El Impuesto sobre Sociedades es una de las obligaciones fiscales más relevantes para las sociedades en España. Se aplica sobre los beneficios obtenidos por las personas jurídicas y su correcta gestión puede suponer un importante ahorro fiscal. En esta guía de CE Consulting te explicamos quién debe presentarlo, cómo se calcula y cuáles son los plazos así como las novedades del Impuesto sobre Sociedades 2025 para cumplir correctamente con Hacienda.

Todo del impuesto sobre sociedades

¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades?

El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un tributo que grava los beneficios obtenidos por las empresas y personas jurídicas a lo largo del ejercicio fiscal. Es decir, afecta directamente a los resultados contables de su actividad económica. El tipo general es del 25%, aplicable sobre el beneficio neto (ingresos menos gastos). No obstante, existen tipos reducidos según la naturaleza de la entidad

Tipos reducidos en el Impuesto sobre Sociedades

  • 15% para entidades de nueva creación durante su primer período impositivo.
  • 10% para entidades sin ánimo de lucro acogidas a la Ley 49/2002.
  • 25% para colegios profesionales, sindicatos y otras entidades no exentas.
  • 1% para fondos de regulación del mercado hipotecario.
  • 0% para fondos de pensiones.
  • 4% en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

País Vasco y Navarra aplican sus propias normativas fiscales, aunque con diferencias mínimas.

Tipo nominal y tipo efectivo: qué saber para el Impuesto sobre Sociedades

Una vez calculado el resultado contable de la empresa, es necesario aplicar una serie de ajustes fiscales que determinarán el importe final a pagar por el Impuesto sobre Sociedades. Aquí es donde entran en juego dos conceptos clave: el tipo nominal y el tipo efectivo del impuesto.

El tipo nominal es el porcentaje teórico que se aplica sobre los beneficios antes de aplicar cualquier deducción o bonificación. Actualmente, este tipo general es del 25% para la mayoría de las empresas. Sin embargo, este no suele ser el porcentaje real que se termina pagando.

El tipo efectivo, en cambio, refleja lo que realmente se abona a Hacienda tras aplicar las deducciones y bonificaciones contempladas en la normativa fiscal. Estas reducciones fiscales están pensadas para evitar la doble imposición, favorecer determinadas actividades o corregir distorsiones técnicas.

Existen tres grandes categorías de deducciones:

  • Técnicas: ajustes contables regulados por ley.
  • Por doble imposición: para evitar que se tribute dos veces por el mismo ingreso.
  • Para incentivar actividades específicas: como la inversión en I+D+i, la creación de empleo o la internacionalización.

Gracias a estas medidas, muchas empresas logran reducir de forma significativa su carga tributaria, llegando a aplicar un tipo efectivo muy por debajo del 25%.

¿Quién está obligado a pagar el Impuesto sobre Sociedades?

El Impuesto sobre Sociedades debe ser presentado por todas las personas jurídicas con residencia en España, lo que incluye a sociedades mercantiles (SL, SA, cooperativas, etc.) y a otras entidades que desarrollen una actividad económica, independientemente de que hayan obtenido beneficios o no durante el ejercicio fiscal.

También están obligadas a declarar este impuesto las sociedades inactivas o sin actividad, siempre que conserven su personalidad jurídica.

Excepciones del Impuesto sobre Sociedades

Están totalmente exentos del pago del impuesto los entes públicos como el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sus organismos dependientes.

Algunas entidades están parcialmente exentas, es decir, deben presentar la declaración, pero sólo tributan por determinadas rentas. En este grupo se incluyen:

En estos casos, las rentas derivadas de actividades económicas no exentas, rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario, y ganancias patrimoniales estarán sujetas a tributación.

Estar parcialmente exento no implica que no haya que presentar el impuesto. Muchas entidades sin fines lucrativos están obligadas a declarar y a cumplir con todas las formalidades contables y fiscales.

¿Cómo se calcula el Impuesto sobre Sociedades?

El Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre los beneficios contables obtenidos por la empresa durante el ejercicio fiscal. Por ello, llevar una contabilidad rigurosa y actualizada no solo es una obligación legal, sino también una herramienta clave para evitar errores fiscales y aprovechar correctamente los beneficios previstos por la ley.

A diferencia de lo que muchos creen, no basta con restar los gastos a los ingresos y aplicar el tipo general del 25%. Es necesario realizar una serie de ajustes fiscales, conforme a lo establecido en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Tipos de ajustes fiscales en el Impuesto sobre Sociedades

  • Temporales (como ingresos o gastos que se imputan en ejercicios distintos).
  • Permanentes (como gastos no deducibles fiscalmente).

Un ejemplo común de gasto no deducible es el de las multas de tráfico, que, aunque figuren en la contabilidad, no reducen la base imponible a efectos fiscales.

Incentivos fiscales en este tributo

Los incentivos permiten reducir la cuota final a pagar. Son:

  • La reserva de capitalización, que premia a las empresas que reinvierten beneficios y fortalecen su estructura financiera.
  • La posibilidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores, lo que ayuda a suavizar el impacto fiscal en años con mejores resultados.

Finalmente, al resultado ajustado se le aplica el tipo de gravamen correspondiente (general o reducido) y se restan los pagos fraccionados realizados durante el año, así como las deducciones o bonificaciones a las que tenga derecho la entidad.

Presentación y plazos del Impuesto sobre Sociedades: ¿Cómo y cuándo se paga?

La declaración del Impuesto sobre Sociedades se realiza a través del Modelo 200, que debe presentarse obligatoriamente de forma telemática ante la Agencia Tributaria. El plazo general de presentación es de 25 días naturales posteriores a los seis meses desde el cierre del ejercicio fiscal. Por tanto, para empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural, el plazo habitual es del 1 al 25 de julio.

Además de la declaración anual, las empresas deben realizar pagos fraccionados a lo largo del ejercicio mediante el Modelo 202, en las siguientes fechas:

  • Primer pago: del 1 al 20 de abril.
  • Segundo pago: del 1 al 20 de octubre.
  • Tercer pago: del 1 al 20 de diciembre.

Existen dos modalidades de cálculo para estos pagos:

  • Artículo 40.2 LIS: cuando la cuota del último Impuesto sobre Sociedades presentado fue positiva.
  • Artículo 40.3 LIS: cuando el resultado contable acumulado a los 3, 9 y 11 meses del ejercicio sea positivo.

En caso de que la cuota del último ejercicio haya sido cero o negativa, o que los resultados intermedios no reflejen beneficios, no será obligatorio presentar el pago fraccionado, siempre que se cumpla con los requisitos según la modalidad aplicable.

¿Tienes dudas sobre cómo declarar el Impuesto sobre Sociedades en tu empresa o fundación? En CE Consulting contamos con un servicio de asesoramiento fiscal que te ayudará a cumplir con tus obligaciones y a optimizar tu fiscalidad.

Impuesto sobre Sociedades 2025: novedades fiscales, nuevos tipos y cambios en el modelo 200

por José Ramón Huertas López

El ejercicio 2025 trae novedades en el Impuesto sobre Sociedades que afectan directamente a pymes, empresas emergentes y entidades sin ánimo de lucro. Desde CE Consulting, te explicamos los cambios más relevantes. Estos vienen principalmente en tipos impositivos, deducciones, gastos deducibles y el modelo 200, para que estés al día y evites errores en tu declaración.

novedades impuesto sobre sociedades

¿Qué tener en cuenta del Impuesto sobre Sociedades 2025?

Tipos de gravamen modificado y cuota líquida

Un cambio notable en el Impuesto de Sociedades es la introducción de un tipo de gravamen reducido del 15%. Esto es para empresas emergentes durante el primer período impositivo en que su base imponible sea positiva. También para los tres períodos impositivos siguientes.

Adicionalmente, las empresas con una cifra de negocios en el ejercicio anterior inferior a un millón de euros se beneficiarán de un tipo del 23%.

Por otra parte, se elimina la cuota líquida mínima para entidades sin fines de lucro, Sociedades de Inversión Colectiva, Fondos de Pensiones y SOCIMIs.

Ampliación de exenciones existentes

Se amplía la exención del 95% a las rentas positivas obtenidas por entidades residentes en España derivadas de la transmisión de valores representativos del capital social de entidades no residentes en territorio español. Esto, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Amortizaciones y deducciones

Se prorroga la libertad de amortización para inversiones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, reflejando el enfoque del gobierno hacia la sostenibilidad.

Con efectos desde el 30 de junio de 2023, se establecen nuevos supuestos de amortización acelerada para las inversiones en vehículos eléctricos y nuevas infraestructuras para su recarga, consistente en multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo.

También se ha incrementado el porcentaje de deducción por donativos realizados a entidades beneficiarias del mecenazgo. Este pasa del 35% al 40%, siendo esta medida efectiva desde enero de 2024.

Se amplía la deducción por inversión en I+D+i (deducción por inversión en activos fijos intangibles), incluyendo la adquisición de activos intangibles generados por terceros.

Tratamiento de retribuciones y gastos

Las retribuciones a los administradores que no están previstas en los estatutos, pero que han sido acreditadas y contabilizadas, deben considerarse gastos deducibles. Esto responde a la necesidad de flexibilizar y reconocer prácticas empresariales variadas sin penalizar fiscalmente a las empresas por formalidades estatutarias.

Modificación de algunos plazos de presentación del Impuesto sobre Sociedades 2025

La campaña de declaración del IS se ajusta también a estos cambios, con la presentación de declaraciones ajustándose a plazos específicos según si el pago se domicilia o no en entidades colaboradoras.

Así, si el ejercicio de la empresa coincide con el año natural, este año podrá presentar la declaración entre el 1 y el 25 de julio de 2025. Dicho plazo irá del 1 al 22 de julio en caso de que su empresa domicilie el pago en una entidad de crédito colaboradora con la AEAT.

Novedades del Impuesto sobre Sociedades 2025: el Modelo 200

El nuevo modelo 200 para la declaración del IS refleja estas y otras modificaciones legales.

Se ha adaptado a las modificaciones legales introducidas para el ejercicio 2024. Entre otras:

  • El nuevo supuesto de libertad de amortización en inversiones que utilicen energías procedentes de fuentes renovables.
  • El nuevo tipo del 15% aplicable para empresas emergentes en el primer período impositivo en que su base imponible resulte positiva y en los tres siguientes
  • El nuevo tipo del 23% para las empresas con una cifra de negocios en el ejercicio anterior inferior a un millón de euros.
  • Nueva obligación formal consistente en declarar la titularidad real.

Además, introduce un carácter específico en la página 1 del modelo para indicar la participación en agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas.

Asimismo, se añaden modificaciones en el cuadro detalle del modelo 200 sobre el régimen especial aplicable a AIE y UTE, incluyendo, con carácter voluntario para este primer período impositivo, la cumplimentación de un desglose para el caso de partícipes en este tipo de entidades.

También se ha añadido un nuevo anexo (VI) relacionado con la Reserva para inversiones en las Illes Balears, que debe presentarse previamente a la declaración del IS.

En CE Consulting ofrecemos asesoramiento fiscal-contable para todos los aspectos fiscales de tu empresa. ¡Ponte en contacto con nosotros! Además, como empresa embajadora de la Casilla Empresa Solidaria, te animamos a marcar esta Casilla en tu Impuesto sobre Sociedades.

Memoria económica de las fundaciones: requisitos, contenido y plazos clave

por Sonia Macarro González

La memoria económica de las fundaciones es un informe que detalla los ingresos y gastos de la fundación en un determinado periodo. En este informe se incluyen datos como subvenciones recibidas, rentas exentas y gastos relacionados con los fines de la fundación. Las fundaciones tienen la obligación de presentar anualmente esta memoria económica, junto con otros estados contables y un informe de gestión. Para las fundaciones cuyo ejercicio coincide con el año natural, el plazo de cumplimiento de esta obligación vence el 31 de julio. Desde CE Consulting asesoramos y acompañamos a las fundaciones en esta tarea. ¡Os contamos todo lo que debes saber al respecto de este asunto!

memoria económica de las fundaciones

¿Qué entidades deben presentar la memoria económica?

Todas las entidades sin ánimo de lucro, en virtud de la regulación de la Ley 49/2002, están obligadas a presentar anualmente una memoria económica que describa sus ingresos y gastos del ejercicio. Esta debe ir detallada por categorías y proyectos, así como su porcentaje de participación en empresas comerciales. Si su propia normativa contable les obliga a elaborar una memoria anual, deben incluir en ella dicha información.

No obstante, las entidades cuyo volumen total de ingresos del período impositivo no supere los 20.000 euros y no participen en sociedades mercantiles, no estarán obligadas a la presentación de la memoria económica, sin perjuicio de la obligación de estas entidades de elaborar dicha memoria económica.

Avisos de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha estado enviando cartas en las que se recuerda a las entidades que, para poder aplicar el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, deben cumplir los requisitos establecidos en la mencionada Ley 49/2002.

Además, a las entidades religiosas se les recuerda, por segundo año, la obligatoriedad de presentar la memoria económica. Sin embargo, es importante aclarar que las iglesias, comunidades religiosas y otras entidades mencionadas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002 no están obligadas a presentar la memoria económica salvo que sus ingresos anuales superen los 20.000 euros y/o participan en sociedades mercantiles  (Art.3.2 RD 1270/2003, de 10 de octubre).

Aun así, es importante recordar que estas entidades siguen teniendo la obligación de elaborar la información a modo interno.

¿Qué debe especificar la memoria económica de las fundaciones?

Rentas exentas y no exentas

El contenido de la memoria económica debe contener, en detalle, información precisa sobre las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades (IS). Se debe precisar el precepto en el que se sustente la exención, indicando los ingresos y gastos correspondientes y proporcionando los criterios utilizados para asignar los gastos a cada renta obtenida por la entidad.

Ingresos, gastos e inversiones

La memoria también debe incluir detalles sobre los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizada por la entidad para cumplir sus objetivos estatutarios u objeto social. En este sentido, se deben categorizar los gastos de cada proyecto por tipo. Por ejemplo: gastos de personal, servicios externos o compras de material.

Forma de cálculo

Es particularmente importante detallar la forma de cálculo y la descripción de la aplicación dada a las rentas e ingresos.

Retribuciones a patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno

Además, la memoria debe detallar las retribuciones dinerarias o en especie satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso como de remuneración por servicios prestados a la entidad que no sean propios de sus funciones.

Participación en sociedades mercantiles

Las entidades también deben señalar su porcentaje de participación en sociedades mercantiles. Hay que incluir los detalles de la entidad, la denominación social y el número de identificación fiscal. Asimismo, se debe indicar si los administradores de la entidad en las sociedades participadas reciben o han percibido retribuciones, especificando si han sido objeto de reintegro.

Convenios de colaboración empresarial

Es fundamental incluir los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. Se debe identificar a los colaboradores y las cantidades recibidas, y las actividades prioritarias de mecenazgo que pueda desarrollar la entidad.

Destino del patrimonio de la entidad

Por último, la memoria económica debe indicar la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución. Si la disolución ha tenido lugar en el ejercicio, se debe especificar el destino dado.

¿Dónde debe presentarse la memoria económica?

La forma de presentación de este documento se hace por vía telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este documento debe presentarse dentro de los siete meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio.

¿Es lo mismo la memoria que memoria económica?

No. La memoria y la memoria económica no son lo mismo. La memoria es un documento que contiene información general sobre las actividades y el trabajo de la fundación. Por otro lado, la memoria económica se centra específicamente en los aspectos financieros y económicos de la fundación que hemos visto.

¿Tiene alguna sanción no presentar este documento?

La falta de presentación de la memoria económica puede provocar la descalificación de la entidad para acogerse al régimen fiscal previsto por la Ley 49/2002, lo que puede impedir que los donantes de la entidad se beneficien de las posibles reducciones fiscales en su propia declaración. Por eso, desde CE Consulting consideramos crucial presentar la memoria económica y cualquier otra documentación requerida dentro de los plazos establecidos para evitar cualquier inconveniente.

Trabajar con calor: lo que dice la ley y qué debe hacer la empresa

por Ana Alarcón Ruiz

Trabajar con calor afecta al desempeño del trabajo. El bienestar térmico de las personas empleadas es clave para que puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas y seguras. Ahora que llega el calor, desde CE Consulting te contamos qué dice la ley y cómo debe actuar la empresa y los trabajadores.

Trabajar con calor

Trabajar con calor: ¿Por qué controlarlo durante la jornada laboral?

Cada vez son más frecuentes los episodios de calor extremo. Por ello, la legislación laboral se hace eco de la necesidad de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores durante las olas de calor, sobre todo, cuando se realiza al aire libre. Así, desde el pasado 13/05/2023, el Real Decreto-Ley 4/2023 aborda la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas, llegando a prohibir los trabajos al aire libre durante estos episodios de calor.  Y obligando a las empresas a interrumpir o reducir la jornada laboral de estos trabajadores.

Durante los meses de verano, el exceso de calor o el estrés térmico pueden provocar problemas de salud o agravar enfermedades ya existentes: dolencias cardiovasculares, respiratorias, cutáneas, gastrointestinales, epilepsia, insuficiencia renal… También aumentan las posibilidades de sufrir un accidente laboral.

Durante los días especialmente calurosos, el cuerpo necesita hacer un esfuerzo adicional para mantener su temperatura normal (alrededor de los 37 ºC). Cuando esta supera los 38 ºC, aparecen los primeros síntomas de afectación por calor. Por eso, es importante que las compañías refuercen las medidas preventivas, vigilen el estado del equipo humano y sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Qué se considera estrés térmico

El estrés térmico es una situación en la que el cuerpo humano no puede mantener su temperatura interna normal (alrededor de 37 °C) debido a una combinación de calor ambiental, esfuerzo físico, humedad, vestimenta y tiempo de exposición. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) establece que hay riesgo por estrés térmico cuando las condiciones climáticas superan ciertos umbrales y no se adoptan medidas de prevención adecuadas.

Qué establece la legislación laboral en relación a trabajar con calor

Hay una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse para evitar riesgos derivados del calor en el entorno laboral:

  • Corrientes de aire: no debe superarse una velocidad de 0,25 m/s en ambientes no calurosos, 0,5 m/s en ambientes calurosos con trabajos sedentarios o 0,75 m/s en trabajos no sedentarios. Si hay aire acondicionado, el límite es de 0,25 m/s en trabajos sedentarios y de 0,35 m/s en el resto.
  • Temperatura y humedad:
    • En lugares cerrados con trabajos sedentarios: entre 17 ºC y 27 ºC.
    • En trabajos ligeros o no sedentarios: entre 14 ºC y 25 ºC.
    • Humedad relativa entre el 30 % y el 70 %. Si hay riesgo por electricidad estática, el mínimo será del 50 %.
  • Acceso a agua fresca: el Real Decreto 486/1997 (Anexo V) establece que debe haber agua potable y fresca disponible en el puesto de trabajo.
  • Ropa adecuada: si es necesario, se debe facilitar ropa de trabajo ligera, transpirable y de colores claros.
  • Información y prevención: es obligatorio informar a la plantilla sobre los riesgos del calor y las medidas preventivas, poniendo el foco en las personas especialmente vulnerables por salud o edad.

Si el trabajo es al aire libre, además…

Las empresas deben tener en cuenta medidas adicionales cuando se trabaja al aire libre:

  • Proporcionar gratuitamente EPI adecuados: gorra o sombrero, protección solar, gafas de sol, etc.
  • Favorecer que las tareas se realicen a la sombra o en interiores cuando sea posible.
  • Asegurarse de que las personas están aclimatadas al esfuerzo físico exigido.
  • Habilitar zonas de descanso frescas y sombreadas.
  • Permitir descansos con la frecuencia necesaria.
  • Reorganizar procesos para evitar esfuerzos físicos intensos y ajustar los horarios para evitar las horas más calurosas del día.

Jornadas laborales especiales por calor

El Real Decreto 1561/1995 establece que, si la exposición a condiciones ambientales extremas (calor, frío, humedad, toxicidad…) supone un riesgo para la salud y no puede evitarse con medidas preventivas, debe reducirse el tiempo de exposición sin que esto implique pérdida de salario. Si el convenio colectivo no especifica cómo actuar en estos casos, la empresa y la plantilla deben llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, Inspección de Trabajo elaborará un informe y la Autoridad Laboral fijará los términos.

Informe especial de la Inspección de Trabajo

La solicitud del informe a la Inspección de Trabajo puede ser realizada por la empresa o por los representantes de los trabajadores, especialmente, si no se ha alcanzado un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral en condiciones ambientales extremas. Es recomendable que la parte interesada en la evaluación formalice la solicitud por escrito, detallando las circunstancias y las medidas adoptadas previamente.

Si la empresa no solicita el informe y no se alcanza un acuerdo con los trabajadores, se considera un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa laboral. En tal caso, los representantes de los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. La falta de actuación por parte de la empresa puede dar lugar a sanciones administrativas y a la imposición de medidas correctivas por parte de la Autoridad Laboral competente.

Novedades legales con relación a trabajar con calor

Recientemente se introdujeron nuevas medidas que refuerzan la protección frente a condiciones meteorológicas extremas:

  • Permiso climático retribuido: hasta cuatro días libres (prorrogables) cuando las condiciones meteorológicas sean extremas e impidan acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo.
  • Derecho de parada climática: la representación legal de las personas trabajadoras puede detener la actividad por riesgo climático, sin represalias.

Preguntas habituales relacionadas con el calor en el trabajo

Trabajar con calor genera muchas dudas tanto en las empresas y las personas trabajadoras ya que algunas veces se desconoce qué dice la regulación y cómo actuar o derechos existen.

¿Puede negarse un trabajador a desempeñar sus funciones si hace mucho calor?

Sí, si existe un riesgo grave e inminente para su salud. El trabajador puede interrumpir su actividad y debe informar de inmediato a la empresa o al delegado de prevención.

¿Tienen los trabajadores derecho a descansos adicionales si hace mucho calor?

Sí. La empresa debe adaptar los descansos y pausas si las condiciones térmicas lo exigen para proteger la salud del trabajador, especialmente en exteriores o tareas físicas intensas.

¿Qué debe hacer el trabajador si en la empresa no aplica medidas ante el calor extremo?

Puedes comunicarlo al delegado de prevención, al comité de empresa o a Inspección de Trabajo. La empresa tiene la obligación legal de proteger a su plantilla frente al estrés térmico.

¿Es obligatorio contar con zonas de sombra en trabajos al aire libre?

Sí. La normativa exige que haya lugares de descanso frescos y a la sombra cuando se trabaja al aire libre en condiciones de calor intenso.

¿Debe la empresa modificar turnos o procesos por una ola de calor?

Sí. La empresa debe reorganizar turnos, tareas o procesos para evitar la exposición en las horas más calurosas del día y reducir el esfuerzo físico excesivo si hay riesgo para la salud.

Claves para contratar personas con discapacidad: normativa y bonificaciones

por Nuria Jimenez Garcia

Contratar personas con discapacidad es una obligación para las empresas que cuentan con 50 o más trabajadores. Desde CE Consulting te explicamos en qué consiste esta obligación y aspectos clave a tener en cuenta por las empresas.

contratar persona con discapacidad

¿Qué dice la ley sobre la contratación de personas con discapacidad?

Según el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las empresas, ya sean públicas o privadas, que cuenten con una plantilla de 50 o más empleados están obligadas a que, al menos, el 2 % de sus trabajadores sean personas con discapacidad.

Cómo se calcula el número de trabajadores

Para saber si una empresa está obligada a cumplir esta cuota, se toma en cuenta como referencia el promedio del total de la plantilla durante los últimos doce meses. Deben incluirse en el cómputo todos los centros de trabajo y también todos los tipos de contrato, incluidos, en su caso, los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. El resultado del cálculo, si tiene decimales, se podrá redondear a la baja.

¿A quién se considera persona con discapacidad?

Se considera trabajador con discapacidad a aquel que tiene un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. También hay que incluir algunos supuestos de pensionistas por incapacidad laboral, como los que reciben pensiones de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, que a efectos legales se consideran personas con una discapacidad de al menos el 33%.

Bonificaciones por contratar personas con discapacidad

Aunque estamos ante una obligación legal, contratar personas con discapacidad puede suponer ventajas económicas para las empresas, pues conlleva bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, las cuales varían según el tipo de contrato, edad, sexo y grado de discapacidad del trabajador.

Cuantías por tipo de contrato, edad y grado de discapacidad

Para los contratos indefinidos a tiempo completo las cuantías anuales aplicables durante toda su vigencia son las siguientes:

Trabajadores con discapacidad (grado < 65%)
EdadImporte anual hombreImporte anual mujer
Menores de 454.500 €5.350 €
Mayores de 455.700 €5.700 €
Trabajadores con discapacidad severa (intelectual ≥33%; física/sensorial ≥65%)
EdadImporte anual hombreImporte anual mujer
Menores de 455.100 €5.950 €
Mayores de 456.300 €6.300 €

Se aplicarán proporcionalmente a la jornada realizada si el contrato es a tiempo parcial.

Tipos de contratos bonificables

Aunque los incentivos mencionados se centran especialmente en la contratación indefinida también existen bonificaciones para otras modalidades, entre las que cabe destacar:

  • Contratos temporales de fomento del empleo.
  • Contratos formativos, de aprendizaje o prácticas.
  • Contratos de interinidad para sustituir a un trabajador con discapacidad en baja temporal, con una bonificación del 100 % durante el tiempo de sustitución.

Compatibilidad con otras ayudas o incentivos para contratar personas con discapacidad

Una empresa puede simultáneamente aplicar la bonificación en las cuotas y la deducción en su impuesto de sociedades. Además, las ayudas autonómicas o locales, como son las subvenciones directas por contratación indefinida de personas con discapacidad, suelen ser compatibles. La suma de incentivos no puede suponer que la empresa gane dinero con la contratación, por lo que tiene como límite la cobertura de los costes salariales y de Seguridad Social.

¿Qué hacer si no puedes contratar personas con discapacidad directamente?

Puede darse el caso de que una empresa no encuentre candidatos con discapacidad adecuados para los puestos que necesita cubrir. En este supuesto la ley permite, excepcionalmente, no contratarlos, pero únicamente si se aplican unas medidas alternativas compensatorias.

Para poder acceder a esta excepción se debe solicitar un Certificado de Excepcionalidad a la administración laboral competente, que solo lo concederá si la empresa acredita que tiene serias dificultades organizativas, técnicas, productivas o económicas para incorporar a personas con discapacidad, o bien que, pese a intentar contratarlas, no ha habido candidatos disponibles o interesados. Dicho certificado tendrá una validez de tres años desde la resolución favorable que autorice la excepcionalidad.

Medidas alternativas permitidas por la ley

Las medidas alternativas que puede adoptar están tasadas legalmente, siendo las más habituales:

  • Contratar servicios con un Centro Especial de Empleo (CEE).
  • Celebrar un contrato mercantil con un trabajador autónomo con discapacidad.
  • Hacer aportaciones económicas a entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la formación profesional, creación de empleo o inserción de personas con discapacidad.
  • Constituir un enclave laboral mediante acuerdo con un CEE para que un grupo de sus trabajadores colabore temporalmente en la empresa.

Sanciones por incumplimiento de no contratar personas con discapacidad

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas, las infracciones cometidas serán sancionadas con multas de un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1.000.000 euros, según sean consideradas leves (hasta 30.000 euros), graves (hasta 90.000 euros) o muy graves.

Consecuencias adicionales para la empresa

Incumplir con la cuota de trabajadores con discapacidad conlleva la imposibilidad de la empresa para contratar con la Administración Pública mientras persista la infracción. Además, la compañía tampoco podrá acceder a subvenciones, bonificaciones y ayudas públicas no sólo sobre discapacidad, sino de cualquier tipo.

Salario Mínimo Interprofesional en 2025: cuantía y cómo afecta a empresas y trabajadores

por Nuria Jimenez Garcia

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la retribución mínima que debe recibir una persona trabajadora por su jornada legal de trabajo. Es fijado anualmente por el Gobierno en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

En CE Consulting te contamos todo sobre este asunto.

Salario Minimo Interprofesional 2025

¿Cuál es el nuevo Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

En 2025, el nuevo Real Decreto, establece una subida del 4,41% respecto al SMI de 2024. Ante ello, desde el 1 de enero de 2025, el SMI queda fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas. Para la jornada completa serían 16.576 euros anuales. Y, si el salario se calcula por días trabajados, serían 39,47 euros al día.

Este importe se refiere exclusivamente a la retribución dineraria, ya que el salario en especie no puede reducir esta cuantía mínima.

¿A quién aplica el nuevo SMI?

La nueva cuantía se aplica a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, independientemente de su tipo de contrato, incluidas las dadas de alta en el régimen de empleadas de hogar.

Para el Salario Mínimo Interprofesional no hay distinción por sexo, edad o experiencia profesional. Se aplica a todos los sectores: agricultura, industria y servicios.

¿Cómo afecta el SMI a los contratos y convenios?

Los complementos salariales (por antigüedad, turnicidad, productividad, etc.) se sumarán al SMI si están recogidos en convenio colectivo o contrato individual, como establece el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, si un trabajador ya percibe un salario superior al nuevo SMI en cómputo anual, esta revisión no le afectará. Solo se ajustarán los sueldos que estén por debajo del nuevo mínimo anual de 16.576 euros.

¿Cómo afecta el SMI a subsidios, prestaciones y jubilación?

La subida del SMI beneficiará a aquellas personas que perciben ciertos tipos de subsidios o prestaciones, calculadas en mayor medida en porcentaje sobre el salario mínimo interprofesional. En algunas ocasiones, para acceder a estas, además, se exige que la persona no tenga ingresos superiores al SMI vigente o un porcentaje sobre el mismo, por lo que beneficiara a mucha más gente.

Con relación a aquellos jubilados que estén realizando trabajos por cuenta propia y que se beneficien del máximo legal de ingresos anuales para no tener que cotizar, esta subida supondrá poder aumentar un 5% de sus ingresos con respecto al año anterior, siempre respetando este máximo legal.

¿Qué ocurre con las personas trabajadoras eventuales, temporeras y del hogar?

Las personas con trabajos eventuales y temporeros (con contratos de hasta 120 días en una misma empresa) deberán cobrar, como mínimo, 56,08 euros por jornada. Este importe incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extra.

En el caso de empleadas y empleados de hogar, si trabajan por horas, el salario mínimo será de 9,26 euros por hora efectivamente trabajada, incluyendo todos los conceptos retributivos (salario, descansos, vacaciones, pagas extra…).

¿Por qué el Salario Mínimo Interprofesional en 2025 subió?

El incremento responde a varios objetivos. Por un lado, para garantizar una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas. Por otro, para cumplir con la Carta Social Europea, que recomienda que el SMI alcance el 60 % del salario medio. Además, contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030, promoviendo el empleo digno, la igualdad y la cohesión social.

¿Qué deben tener presente las empresas sobre el Salario Mínimo Interprofesional en 2025?

Las empresas y entidades deben revisar sus contratos y nóminas de trabajadores para asegurar el cumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 2025. Es importante verificar la estructura retributiva y la suma total de conceptos en cómputo anual. Igualmente, hay que tener especial cuidado con las situaciones de jornadas parciales, temporales o especiales (como el servicio doméstico).

Cómo planificar las vacaciones en tu empresa correctamente

por Ana Alarcón Ruiz

Planificar vacaciones en la empresa siempre es un reto. Y, con la llegada del verano, muchas empresas se enfrentan a este desafío de de organizar las vacaciones de su equipo. Una buena planificación no solo garantiza la continuidad del negocio, sino que también mejora el clima laboral y reduce posibles conflictos. En este artículo, desde CE Consulting, te explicamos cómo gestionar de forma eficaz las vacaciones en tu empresa, cumpliendo con la legislación vigente y asegurando una experiencia positiva tanto para la organización como para los trabajadores.

planificar vacaciones

¿Por qué es importante planificar las vacaciones en la empresa correctamente?

Una planificación eficaz evita solapamientos, asegura que no falten recursos clave y permite anticiparse a necesidades operativas. Además, cumplir con los plazos y acuerdos estipulados en convenios evita conflictos laborales y sanciones.

El periodo vacacional es un derecho del trabajador y no puede ser sustituido por compensación económica (salvo en caso de finalización de la relación laboral). Por ello, contar con un sistema claro y transparente es esencial.

¿Qué es el calendario laboral de vacaciones?

El calendario de vacaciones es una herramienta esencial para coordinar los periodos de descanso. Cada empleado debe indicar sus fechas preferidas para que la empresa las revise y, si es posible, las apruebe.

Requisito legal: Las fechas de disfrute deben conocerse con al menos dos meses de antelación. Por eso, se recomienda comenzar la planificación entre marzo y abril.

Este calendario debe respetar los acuerdos del contrato y del convenio colectivo, donde también se especifica si las vacaciones se computan en días naturales o laborables.

¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a un trabajador?

El Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo de 30 días naturales al año. Sin embargo, algunos convenios pueden establecer el cómputo en días laborables. Esta distinción es muy importante y afecta al número de días que realmente se disfrutan.

Diferencia entre días de vacaciones naturales y laborables

  • Día natural: incluye todos los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos.
  • Día laborable: son aquellos días en los que el empleado tiene que acudir a su puesto de trabajo a realizar su actividad laboral.

A través de este ejemplo práctico se ve más claro. Dos empleados quieren cogerse vacaciones del 13 al 19 de agosto:

  • Trabajador A (vacaciones por días laborables): al ser festivo el 15 de agosto y no trabajar fines de semana, solo consume 4 días de vacaciones (13, 14, 18 y 19).
  • Trabajador B (vacaciones por días naturales): tendrá que solicitar los 7 días completos, aunque podrá compensar el festivo en otra fecha si el convenio lo permite.

Este ejemplo muestra cómo el tipo de cómputo puede impactar en la duración efectiva del descanso. Además, si durante el periodo de vacaciones coincide una incapacidad temporal (baja médica, maternidad o paternidad), el trabajador podrá disfrutar sus vacaciones en otro momento, incluso aunque haya finalizado el año natural en que se generaron (con un máximo de 18 meses para los casos no vinculados a embarazo o parto).

¿Cómo afecta un ERTE a las vacaciones?

Cuando una empresa está inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se aplican las siguientes normas:

  • ERTE total (suspensión completa): no se generan vacaciones.
  • ERTE parcial (reducción de jornada): se generan los mismos días de vacaciones que sin estar afectado por esta medida. Únicamente se reduce la retribución de estos días, que será la proporcional a la jornada efectivamente realizada.
  • Entradas y salidas del ERTE: se generan vacaciones por los días efectivamente trabajados.

Claves legales para planificar vacaciones en la empresa

Estas son las reglas fundamentales a tener en cuenta para cumplir con la normativa:

  • Las vacaciones no pueden compensarse económicamente, salvo al finalizar la relación laboral.
  • La empresa no puede imponer unilateralmente las fechas. Deben acordarse con el trabajador.
  • El empleado debe poder acreditar su solicitud de vacaciones por escrito o medio verificable.
  • La empresa tiene la obligación de responder a la solicitud, consensuando fechas o proponiendo alternativas justificadas.

Buenas prácticas para la gestión de las vacaciones

  • Establece un procedimiento claro y común para todo el equipo.
  • Usa herramientas digitales que permitan visualizar las fechas propuestas por cada trabajador.
  • Prioriza la equidad y la continuidad del servicio: considera necesidades del negocio, cargas familiares o rotación por turnos.
  • Infórmate y comunica al equipo sobre festivos nacionales y locales para evitar confusiones. Puedes usar nuestra herramienta de calendario laboral.

¿Cuáles son los actuales contratos formativos en España tras la reforma laboral de 2022?

por Ana Alarcón Ruiz

El actual panorama de los contratos formativos en España nos ofrece dos opciones bien diferenciadas: el contrato de formación en alternancia y el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Ambas figuras tienen un único objetivo: favorecer el acceso de los jóvenes estudiantes al primer empleo y dotarles de experiencia profesional, facilitando su inserción laboral. Desde CE Consulting te explicamos en qué consisten estos contratos formativos.

Contrato de formación en alternancia

¿Qué es el contrato de formación en alternancia?

El contrato de formación en alternancia vino a sustituir al antiguo contrato de formación y aprendizaje. Este puede darse con personas que no han terminado sus estudios universitarios, de formación profesional, o de cualquier especialización del catálogo del Sistema Nacional de Empleo. Pueden tener este contrato de forma simultánea a su formación. Este requisito lo diferencia del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional que están destinados a quienes tienen un título universitario – de grado medio o superior – de máster o un certificado de formación profesional. Sin embargo, aunque se esté en posesión de algunos de los títulos antes mencionados, la persona se podrá acoger al contrato de formación en alternancia siempre que este se desarrolle en un sector productivo diferente al de dicha titulación.

El uso del contrato de formación en alternancia ha ido adquiriendo mayor relevancia a lo largo de estos tres años. Es una buena alternativa para las empresas y para los trabajadores que buscan una oportunidad en el mercado laboral.

Requisitos del contrato de formación en alternancia

El estudiante que se adhiera a este contrato deberá desempeñar una actividad que esté directamente relacionada con su formación. Debe contar con dos tutores: uno designado por el centro de formación y otro por parte de empresa. A este último, se le exige tener una experiencia o formación adecuada para poder realizar una correcta tutorización.

No hay ningún requisito de edad para celebrar este contrato formativo. Esto salvo en el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia de empleo-formación que formen parte del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. En cuyo caso, el contrato solo puede ser concertado con personas de hasta 30 años.

Retribución

La retribución para los contratos de formación en alternancia será la que establezcan los convenios colectivos del sector que corresponda. En ausencia de esta regulación específica en el convenio, la retribución no podrá ser inferior al 60% el primer año ni al 75% el segundo. Esto, respecto a la que se establece en el convenio del grupo profesional y el nivel retributivo más afín a las funciones desempeñadas. En cualquier caso, no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

¿Existe el periodo de prueba en el contrato de formación en alternancia?

En este tipo de contratación no se puede establecer un periodo de prueba.

Otros aspectos clave sobre el contrato de formación en alternancia

Duración, prórroga y tipo de jornada

El contrato de formación en alternancia puede durar un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. En el caso de trabajadores con discapacidad o empleados de colectivos en situación de exclusión social este límite de duración máxima no se aplicará.

Podrá prorrogarse el contrato si este se establece por una duración inferior a la máxima legal y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma formativo. Para prorrogar el contrato, debe haber un acuerdo de las partes, hasta la obtención del título, sin superar la duración máxima de dos años.

La jornada de los contratos será la suma del tiempo de trabajo efectivo en la empresa y del tiempo de formación teórica. Si el resultado de sumar ambas fuera inferior a la duración máxima de la jornada ordinaria, estos contratos se entenderán asimilados a los contratos a tiempo completo.

En todo caso, el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o bien, de la jornada máxima legal.

Indemnización y finalización del contrato

Este tipo de contratación no genera derecho a recibir una indemnización en caso de finalización de la relación contractual.

La finalización del contrato puede darse por cualquiera de las causas recogidas en el Estatuto. Cuando se produzca por finalización del tiempo convenido, deberá preavisarse con 15 días de antelación. Una vez finalizado el contrato no podrá el trabajador ser contratado en esta modalidad de contrato ni por la misma ni por otra empresa salvo que la cualificación profesional a la que se vincula el contrato sea otra distinta.

Ventajas del contrato de formación en alternancia

El contrato de formación en alternancia permite a las empresas incorporar talento joven a su plantilla con una formación adaptada al puesto de trabajo. Supone un ahorro de costes laborales para la empresa, basados en la aplicación de beneficios en la cotización a la seguridad social (bonificaciones y reducciones). Además de incentivos a la transformación de esos contratos en indefinidos, al tiempo que garantiza al empleado una formación certificada.

Registro horario de la jornada de trabajo: claves para que tu empresa cumpla con la ley

por Ana Alarcón Ruiz

El registro horario de la jornada de trabajo de la plantilla es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su dimensión. Este registro afecta a todos los trabajadores de la empresa, independientemente del tipo de jornada que tengan, es decir, tanto si es parcial o completa, o si el empleado trabaja en remoto o si tiene movilidad. Esta normativa surgió en 2019 con el objetivo de estrechar el control sobre las horas extraordinarias. A pesar de ello, la obligación sigue plenamente vigente.  Además, ha sido objeto de especial atención en el marco del nuevo debate sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales. Desde CE Consulting te explicamos qué implica esta obligación, qué cambios se prevén y cómo puede afectar a tu empresa.

registro horario

¿A quién aplica el registro horario?

El registro horario es obligatorio para todas las empresas, sin importar su tamaño, sector o si sus empleados trabajan en modalidad presencial, remota o con movilidad.

Por tanto, están obligados a cumplir con esta normativa todos los trabajadores por cuenta ajena. Y deben registrarse todas las jornadas, completas o parciales.

Situaciones exentas al registro horario

  • Personal de alta dirección.
  • Trabajadores del hogar, deportistas profesionales, artistas, penados, entre otros incluidos en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
  • Autónomos y socios de cooperativas.
  • Sectores con normativa específica (transporte, marítimo, ferroviario transfronterizo).
  • Trabajadores con régimen específico ya regulado (por ejemplo, contratos a tiempo parcial, que ya deben registrar su jornada diariamente).

¿Qué debe incluir el registro horario?

El registro horario lo debe realizar cada trabajador día a día. Este registro tiene que incluir el inicio y fin de la jornada laboral así como los descansos correspondientes.

El anteproyecto para reducir la jornada a 37,5 horas indica que este registro horario deberá ser interoperable, accesible, digital, fiable y objetivo. Debe estar disponible para la Inspección de Trabajo siendo posible el acceso al mismo en cualquier momento. Y, durante cuatro años, la empresa debe conservar esos registros, además de estar accesible para trabajadores y sindicatos.

Herramientas válidas para registrar la jornada laboral

No hay una única forma de cumplir con esta obligación. La empresa puede usar software de fichaje (apps, sistemas de RRHH), plataformas en la nube con registro personal e intransferible o soluciones adaptadas al teletrabajo, siempre que garanticen veracidad y accesibilidad. Lo importante es que la empresa se asegure de que el sistema elegido pueda demostrar que cada registro lo hace el propio trabajador y que sea exportable en caso de inspección.

Novedades recientes del registro horario: más control y sanciones más severas

Como se ha comentado, se prevé que el registro horario esté conectado directamente con la Inspección de Trabajo. Y por tanto, que el registro digital pase a ser la norma general

Sanciones por incumplir con el registro horario

Con la aprobación del anteproyecto de ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada de trabajo se ha concretado un nuevo régimen sancionador por el que se considera una infracción por persona trabajadora y no por empresa, con multas que van desde 1.000 euros hasta 10.000 euros por persona.

IncumplimientoSanción
Ausencia de registro de la jornada diaria
            Infracción leve: No informar de las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral.De 70 a 750 €
            Infracción leve: Incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.De 70 a 750 €
            Infracción grave: La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de tiempo trabajado.De 751 a 7.500 €
 No comunicación de las horas extra realizadas
            Infracción grave: La transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes legales de los trabajadores.De 751 a 7.500 €
 Enmascaramiento de horas extra bajo otros conceptos salariales
                Infracción muy grave: Si se ha producido un aumento indebido de prestaciones.De 7.501 a 225.018 €

Registro salarial: qué es, cómo hacerlo paso a paso y obligaciones legales para tu empresa

por Gemma Martos Lopez

El registro salarial o retributivo es un documento que toda empresa debe tener, sin importar su tamaño. Este documento es clave para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Desde CE Consulting te contamos cómo elaborarlo paso a paso, según la normativa vigente.

registro salarial

¿Qué es el registro retributivo y por qué es obligatorio?

El registro retributivo recoge la información salarial de todo el personal de una empresa, incluso directivos y altos cargos. Sólo los socios de cooperativas y los becarios no están incluidos en el mismo.

Este registro salarial se crea con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de igual salario por trabajo de igual valor. Esta herramienta pretende prevenir cualquier tipo de discriminación retributiva, ya sea de forma directa o indirecta.

 A qué se refiere el concepto de “trabajo de igual valor”

El principio de “trabajo de igual valor” hace referencia a aquellas funciones o puestos que, aunque no sean idénticos, requieren un nivel similar de formación, experiencia, responsabilidad, esfuerzo físico o mental y condiciones laborales. La ley establece que estos trabajos deben tener una retribución equivalente, independientemente del género de la persona que los desempeñe. Por ello, el registro retributivo no sólo compara salarios por puestos idénticos, sino también entre aquellos que, aunque diferentes en nombre, tienen un valor equiparable dentro de la organización.

¿Qué empresas están obligadas a tener un registro salarial?

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o número de trabajadores, están obligadas a llevarlo. Por tanto, tienen que tenerlo desde las pymes hasta grandes corporaciones, así como a las administraciones públicas y las sociedades cooperativas que tengan trabajadores por cuenta ajena.

Auditoría retributiva

Además, las empresas que tienen Plan de Igualdad deben incluir en este documento una auditoría retributiva. Esta tiene como fin comprobar si su sistema salarial aplica el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Y, dado el caso, establecer un plan de actuación para corregir las desigualdades existentes.

¿Desde cuándo se aplica el registro retributivo?

El Registro Retributivo es aplicable desde el 14 de abril de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

¿Qué debe incluir un registro salarial?

El formato del informe retributivo de una empresa es libre. A pesar de ello, debe presentarse de forma clara y organizada, siendo habitual el uso de hojas de cálculo o tablas. Tiene que recoger toda la información desglosada por sexo, incluyendo:

  • Salario base anual (valores medios -media aritmética y mediana- de salarios).
  • Complementos salariales (productividad, antigüedad).
  • Percepciones extrasalariales (dietas, kilometraje).
  • Horas extraordinarias y complementarias.

Esta información debe estar organizada por grupos profesionales o categorías laborales equivalentes, indicando de manera clara las medias y medianas salariales.

El registro retributivo debe actualizarse de forma anual. También si hay cambios relevantes en la plantilla o estructura salarial de la empresa.

Paso a paso para elaborar el registro salarial

Las empresas deben de seguir los siguientes pasos:

  • Recopilar toda la información salarial de los empleados, diferenciando entre hombres y mujeres.
  • Organizar esta información por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo de igual valor.
  • Calcular la media aritmética y la mediana de cada concepto retributivo dentro de cada clasificación.
  • Analizar los datos para identificar las posibles brechas salariales.
  • Consultar con los representantes legales de los trabajadores.
  • Actualizar el registro anualmente y ante modificaciones sustanciales.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad proporcionan herramientas que incluye un modelo que permite calcular automáticamente los valores medios y medianos.

Qué se considera retribución del trabajador para este registro

Se consideran retribuciones el salario base, los complementos salariales, percepciones extrasalariales y cualquier otro beneficio económico que se entregue de forma habitual o esporádica como resultado de la relación laboral. No se tienen en cuenta las indemnizaciones, ya sean por despido o traslado, las prestaciones de la Seguridad Social, los pluses de transporte o distancia o las prestaciones por incapacidad laboral.

Sanciones por no tener el registro salarial al día

El incumplimiento de la obligación de contar con el registro salarial puede calificarse como una infracción administrativa grave. Esta es sancionable con una multa de 751 a 7.500 euros.

Si se aprecia la existencia de una discriminación directa o indirecta favorable o adversa en materia de retribución por circunstancias de sexo, se podría considerar la existencia de una infracción muy grave. Y esta es sancionable con multa de 7.501 a 225.018 euros y las correspondientes sanciones accesorias, como es la perdida de las ayudas, bonificaciones y beneficios derivadas de programas de empleo.

Qué otras obligaciones emanan de la Directiva Europea sobre registro retributivo

Además del Registro Retributivo, la Directiva 2023/970, de igualdad de retribución entre hombre y mujeres introduce otras obligaciones para reforzar la transparencia salarial, como son:

  • Publicación del salario o rango salarial en las ofertas laborales.
  • Prohibición de preguntar por salarios anteriores durante entrevistas laborales.
  • Establecimiento de estructuras salariales neutrales respecto al género.
  • Publicación de la brecha salarial de las empresas con más de 100 empleados.

España debería dar cumplimiento a todos estos puntos a más tardar el 7 de junio de 2026.

¿Dónde se publica o se hace visible este registro retributivo? Quién puede verlo

El registro retributivo no es público. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a acceder al mismo solicitando la información a través de sus representantes legales. En caso de que no exista representación sindical en la empresa, el trabajador podrá solicitarlo a la empresa, si bien la información que la empresa facilitará se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres.

5 errores habituales al realizar el registro retributivo

A pesar de ser una obligación legal, muchas empresas cometen fallos que pueden invalidar el registro o derivar en sanciones. Estos son algunos de los errores más frecuentes:

  • No actualizar el registro anualmente o tras cambios en la plantilla o en la estructura salarial.
  • No incluir a toda la plantilla, como altos cargos o personal directivo, que también deben estar reflejados.
  • Confundir puestos con igual denominación pero distinto valor, sin aplicar correctamente el principio de trabajo de igual valor.
  • No consultar con los representantes legales de los trabajadores, cuando existen, lo que vulnera la normativa.
  • No proteger adecuadamente los datos personales, especialmente al compartir información con terceros o trabajadores.