por José Ramón Huertas López

¿Sabes qué es el modelo 720? ¿Eres una persona física o jurídica residente en España y tienes bienes o derechos en el extranjero? Desde CE Consulting, hablamos en este artículo sobre este modelo que hay que presentar antes del 31 de marzo de 2025. Esta declaración informativa, modelo 720, sobre dichos bienes y derechos en el extranjero, incluso debe presentarse si se es residente en los territorios forales de País Vasco y Navarra.

¿Cuándo se está obligado a declarar el modelo 720?

• Si se ostenta la titularidad jurídica de los bienes o derechos.
• Si se es el titular real de los mismos. Por ejemplo, en los casos en los que se interpongan entidades fiduciarias.
• Si se se ostenta cualquier poder de disposición sobre los bienes, aunque no se sea el titular de los mismos.
• Si se es representante, apoderado o beneficiario de los bienes o derechos.

¿Qué se declara en el modelo 720?

Cuentas y depósitos abiertos en entidades ubicadas en el extranjero

Hay que indicar los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre del año. También los titulares, representantes, autorizados, beneficiario o personas con poderes de disposición o titulares reales.

Valores representativos de la participación en cualquier tipo de entidad

Por ejemplo, derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios, acciones y participaciones de IIC, seguros en los que seas tomador o rentas temporales o vitalicias.

Bienes inmuebles, y derechos sobre ellos, ubicados en el extranjero

Ha de indicarse la fecha y valor de adquisición.

El modelo se presenta siempre que se supere el importe de 50.000 euros de valor para el conjunto de bienes de alguno de los tres grupos indicados (cuentas bancarias, valores y bienes inmuebles).

¿Cuándo no existe la obligación de declarar el modelo 720?

Si bien, en los siguientes casos, no existirá obligación de declarar:

• Si no se supera el importe de 50.000 euros, para cada conjunto de bienes obligados a declarar. (Es un límite independiente para cada uno de los grupos anteriores). En caso de superarse dicho límite, deberán informarse todos los bienes o derechos que se posean en cada grupo, con independencia de su valor individual.
• Si el titular tiene obligación de realizar contabilidad y los bienes o derechos se encuentran debidamente registrados, identificados e individualizados en dicha contabilidad. ¡Ojo! Porque el único eximido de presentación es el titular, pero no otros responsables o apoderados.
• Si las cuentas corrientes han sido abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, y que deban ser objeto de declaración por las entidades de crédito, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

Una vez presentado por primera vez el modelo 720 respecto de una o varias obligaciones de información contenidas en él, solamente deberá volver a presentarse este modelo cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del importe informado en la última declaración informativa (modelo 720) presentada.

 ¿Qué pasa si no se presenta el modelo 720 estando obligado a ello, o se presenta fuera de plazo?

En caso de no presentar el modelo 720, podría incurrirse en una multa pecuniaria de 20 euros por dato o conjunto de datos, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

En caso de realizar la presentación del modelo 720 fuera de plazo, sin requerimiento previo, las multas pueden ser reducidas a la mitad.

Si tienes bienes o derechos en el extranjero y necesitas que te asesoremos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nuestros asesores fiscales analizarán tu caso para poder proceder presentar esta declaración. 

por José Ramón Huertas López

Toda persona que opere con criptomonedas debe mantenerse al tanto de las obligaciones fiscales. El Modelo 721 representa un cambio significativo en la declaración de activos digitales situados fuera de España. Este nuevo requisito afectará a aquellas personas con inversiones significativas en criptomonedas. También a las entidades que ofrecen servicios relacionados con estos activos. Entender las implicaciones de esta normativa y prepararse adecuadamente para su cumplimiento es esencial para evitar sanciones y garantizar una gestión fiscal eficiente. Desde CE Consulting hablamos de este modelo, introducido para fomentar la transparencia y combatir el fraude fiscal. Respondemos aquí a las ocho cuestiones clave acerca de este formulario para declarar criptomonedas en el extranjero.

Criterio para definir moneda virtual

Una moneda virtual se define como una representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.

Criterio para definir que está situada en el extranjero

Las criptomonedas se consideran situadas en el extranjero cuando la persona, entidad o establecimiento permanente que las custodia, proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir dichas monedas no estuviera obligada a presentar la obligación de información recogida en la disposición adicional 13ª.6 de la Ley del IRPF.

Modelo 721: ¿qué es?

La vigilancia sobre las criptomonedas y otro tipo de activos virtuales como los NFT se ha ido reforzando año tras año. Ya en el Plan Anual de Control Tributario para 2022, la Agencia Tributaria señalaba que “se potenciarán en la misma línea que en ejercicios anteriores, avisos correspondientes a la realización de operaciones con monedas virtuales y criptoactivos”. El incremento exponencial en esta forma de inversión traía consigo riesgos fiscales. Desde entonces, la AEAT ha estado impulsado medidas para facilitar su correcta tributación.

Así, el modelo 721 se implementó como consecuencia de la Ley 11/2021, de medidas antifraude. Esta regulación convirtió en obligatoria la declaración de las criptomonedas depositadas en intercambios o plataformas ubicadas fuera de España, con el fin de prevenir el fraude y la evasión fiscal. El modelo 721  tuvo su entrada en vigor para el ejercicio 2023, que se presentó hasta el 31 de marzo de 2024, según la Orden HFP/886/2023 de 26 de julio por la que se aprueba el modelo 721.

Las personas que hayan tenido criptodivisas en el extranjero en el ejercicio 2024 deberán revisar si deben presentar esta declaración en este año 2025.

5 cuestiones básicas sobre el modelo 721

¿Quién debe presentar el modelo 721?

La obligación de presentar el modelo 721 alcanza a todas las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el art.35.4 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean titulares de monedas virtuales en el extranjero.

Estas son las condiciones que deben cumplir para ser considerados sujetos obligados:

• Ser titulares, inversores o tener la condición de beneficiario o autorizado. Es decir, cualquier forma que otorga poder de disposición.
• La cartera de criptomonedas tiene un valor igual o superior a 50.000 euros.
• Encontrarse situadas en el extranjero.

¿Quién no ha de presentar la declaración?

Están exentos de presentar el modelo 721 aquellos contribuyentes cuyas criptomonedas en el extranjero tengan un valor inferior a 50.000 euros.

También lo están las entidades del art. 9.1 Ley del Impuesto sobre Sociedades, aquellas de las que sean titulares personas jurídicas, registradas en su contabilidad de forma individualizada y aquellas de las que sean titulares personas físicas residentes que desarrollen actividad económica con contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio y estén registradas en dicha documentación.

¿En qué plazo se debe presentar el modelo 721?

El modelo 721 es una declaración anual. Al igual que el modelo 720, deberá presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

Cualquier persona o entidad que haya tenido criptoactivos en 2024, deberá presentar el modelo 721 entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025.

¿Qué información debe aportarse en el modelo 721?

A la hora de rellenar el modelo 721, esta es la información que se solicita o requiere:

• Datos personales como NIF, dirección y número de teléfono
• Razón social, en caso de ser una empresa que proporcione servicios relacionados con las monedas virtuales.
• Cada tipo de moneda virtual que se posee.
• Los saldos a 31 de diciembre, expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

Hay que tener en cuenta que se deberá informar también de los movimientos.  Esto significa que se debe dejar constancia de las criptomonedas que se han recibido y las que se han enviado.

¿Cuáles son las sanciones si no se presenta este modelo?

No presentar el modelo 721 conllevará una multa de 300 euros, si requiere la Administración, y 150 euros por presentarlo de forma incorrecta.

También se puede sancionar 20 euros por registro no declarado/requerido o 10 euros por hacerlo erróneamente.

Relación con los modelos 720, 172 y 173

Modelo 720

La Ley 5/2022, de 9 de marzo, en cumplimiento de la sentencia del TJUE de 27 de enero de 2022, asunto C-788/19, ha derogado el régimen sancionador del Modelo 720 y su extensión a las ganancias patrimoniales no justificadas ya prescritas. Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha reconocido la nulidad absoluta de las sanciones que lleva aparejadas este modelo 720. Sin embargo, el modelo 720 sigue vigente. Por tanto, si se tiene bienes en el extranjero como cuentas corrientes abiertas, acciones o bienes inmuebles se debe presentar esta declaración.

Modelos 172 y 173

El modelo 172 o ‘Declaración Informativa sobre Saldos en Monedas Virtuales’ y el modelo 173 o ‘Declaración Informativa sobre Operaciones con Monedas Virtuales’ tienen como fin el mejorar el control tributario de las obligaciones que puedan derivarse de la tenencia u operatividad de criptomonedas.

Están dirigidos a todas aquellas empresas residentes fiscales en España que intervienen en el mundo de las criptodivisas (creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales o cualquiera que preste servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros).

Por tanto, desde el año 2024 es obligatorio realizar la declaración informativa de criptomonedas a través del modelo 721.  Para cumplimentarlo, las personas físicas o jurídicas deberán facilitar datos personales, detalles sobre las monedas virtuales que poseen, saldos a 31 de diciembre e información sobre los movimientos de criptomonedas.

por José Ramón Huertas López

Desde hace unos años, la inversión en criptomonedas es cada vez más habitual. Esto ha hecho que Hacienda haya reflejado en sus últimos planes tributarios una especial atención a la tributación de este tipo de activos. Es frecuente tener dudas sobre si la inversión en monedas virtuales afecta en la presentación de la declaración de la renta. La respuesta es sí. Desde CE Consulting vamos a explicarte cuándo, cómo y por qué debes incluir tus criptomonedas en la declaración de la renta de este año.

¿Qué son las criptomonedas?

Las monedas virtuales no tienen una definición en la normativa fiscal española, pero sí a nivel de la Unión Europea. Así, se considera que la criptomoneda es un bien inmaterial que, aunque no es una moneda de curso legal, se puede intercambiar por otros bienes. Y estos pueden ser otras monedas virtuales, derechos o servicios. Esto ocurre porque es aceptada como medio de pago por la persona que trasmite el bien o el derecho o por aquella que presta el servicio. Además, las criptomonedas se pueden comprar o trasmitir a cambio de una moneda de curso legal.

Y aquí es donde está la clave. En la medida en que la criptomoneda tiene un valor en el mercado y es intercambiable, su transmisión va a generar una renta. Esa renta es la que debe incluirse en la declaración del IRPF o declaración de la renta.

¿Cómo tributan las criptomonedas en la declaración de la renta en 2025?

La tributación de las criptomonedas en la declaración de la renta depende del tipo de inversión que se ha realizado. La compra de criptomonedas no tributa en el IRPF. Ahora bien, su intercambio por otra distinta, a cambio de un bien o por un derecho (permuta de bienes), así como su venta a cambio de euros, sí genera una renta para el vendedor.

Cuando cambiamos una moneda virtual por otra, o por un bien o un derecho, se produce una alteración en la composición de nuestro patrimonio. Esta alteración genera, en consecuencia, una variación de su valor. Es decir, genera una ganancia o pérdida patrimonial, aun siendo un intangible y no materializado en algo físico. Como tal, se regula al igual que cualquier otra ganancia o pérdida patrimonial según lo establecido en la Ley del IRPF. ¿Y cómo calculamos esa ganancia o pérdida patrimonial?

Permuta: intercambio por otra moneda, bien, derecho o servicio

En el supuesto de permuta (canje de una moneda virtual por otra o compra de un bien o servicio a cambio de moneda virtual) para determinar la ganancia o pérdida, hay que tener en cuenta que el valor de venta de la moneda virtual será el mayor de los dos valores siguientes:

• El valor de mercado del bien o derecho entregado.
• El valor de mercado del bien o derecho que se entrega a cambio.

En este caso el valor de mercado de las monedas virtuales que se permutan, será el precio acordado para su venta entre las personas intervinientes en el momento de la permuta.

El precio de adquisición será el que pagó en el momento de la compra, por el bien/derecho o moneda virtual que se entrega en la permuta.

Venta de criptomonedas a cambio de euros

En el supuesto de las operaciones de venta de monedas virtuales a cambio de euros realizadas al margen de una actividad económica, la pérdida o ganancia patrimonial vendrá determinado por la diferencia entre el valor de trasmisión y de adquisición.

Deberán ser incluidas en la declaración del IRPF en el apartado “Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales ” consignando en la casilla [1626] la clave 0, que corresponde a “Monedas virtuales”.

Puede darse el caso de ventas parciales de criptomonedas homogéneas, por ejemplo, bitcoins. Estas pueden haber sido adquiridas en diferentes momentos y a diferentes valores. En estas situaciones, si seguirá el criterio FIFO, y por tanto las que se transmiten son las adquiridas en primer lugar.

¿A qué tipo impositivo tributa la venta de criptomonedas en la declaración de la renta?

El importe de la ganancia o pérdida patrimonial, ya procedan de una operación de permuta entre monedas virtuales diferentes o de la venta de moneda virtual a cambio de dinero, son consideradas renta del ahorro. Junto con los rendimientos del capital mobiliario y el resto de las ganancias netas patrimoniales del ejercicio, constituyen la base del ahorro.

Esta base del ahorro, en caso de ser positiva, tributa del 19 al 30% dependiendo del tramo de la ganancia.

En conclusión, la venta de criptomonedas genera una renta a declarar en la declaración del IRPF, en la medida en que son transmisibles y tienen un valor de mercado. Ten en cuenta, además, que es necesario ya declarar las criptomonedas que poseas en el extranjero si cumples ciertas condiciones. Y debes hacerlo antes del 31 de marzo. En este artículo encontrarás toda la información sobre el Modelo 721 para la declaración de criptomonedas.

por José Ramón Huertas López

Una empresa sin establecimiento permanente es una persona jurídica que realiza actividades económicas en un país del que no es residente y donde no tiene una presencia física o continuada. Es por eso, que tienen una forma específica de atribución en el país donde opera, normalmente, a través de retenciones sobre los ingresos obtenidos. Los profesionales independientes también pueden tener esta consideración, pero sus obligaciones pueden ser en ocasiones un tanto diferentes. Como es una figura un tanto especial, desde CE Consulting te contamos todas sus características y obligaciones.

Características principales de una empresa sin establecimiento permanente

• El negocio no tiene una ubicación física en el país donde opera.
• No tiene instalaciones, fábricas, oficinas ni un lugar de trabajo de forma habitual o continuado en el país.
• Carece de personalidad jurídica propia en el país donde realiza las actividades económicas.
• No requiere escritura pública de constitución ni inscribirse en el registro del país donde opera.
• No necesita depositar cuentas anuales en dicho país.
• No tiene un órgano de administración propio en el país de operación, pues se administra desde su país de origen.

¿Qué empresas pueden utilizar la figura del establecimiento no permanente?

Las empresas que normalmente reciben esta calificación son personas jurídicas extranjeras que realizan actividades económicas en España de forma puntual y más bien corta. Por ello, no necesitan una presencia física fija. Sin embargo, también hay empresas extranjeras que realizan operaciones comerciales con España de forma continuada sin establecerse físicamente en el territorio.
También reciben esta denominación las entidades no residentes en el país, pero que obtienen rentas de España de forma ocasional. Este es el caso de las empresas que reciben dividendos o intereses de fuentes españolas. Y artistas o deportistas que realizan actuaciones puntuales en España a través de su empresa.

Por último, se engloban dentro de esta figura las empresas que realizan inversiones en España. Por por ejemplo: la adquisición de inmuebles para su arrendamiento, sin establecer su presencia física continuada.

Obligaciones de una empresa sin establecimiento permanente

Deberá obtener un NIF

Los establecimientos no permanentes de entidades no residentes en España, deberán obtener un número de identificación fiscal (NIF) que comenzará con la letra “N”.

Para conseguir el NIF, como empresa se debe presentar:

• El Modelo 036.
• Una fotocopia del documento oficial que acredite que existe la sociedad en un país en concreto.
• Una fotocopia del NIF de la persona que firma el Modelo 036.
• Y una fotocopia del documento que acredite que la persona firmante tiene poder para ello.

Todos estos documentos tienen que estar traducidos al español e ir acompañados de la Apostilla de La Haya. Esto es un certificado que autentica la firma de un documento público para que sea válido en otro país que también sea parte del Convenio de La Haya.

El Modelo 036, además de para conseguir el NIF, también sirve para otros asuntos. Uno de ellos: nombrar al representante de la empresa (ya sea persona física o jurídica) ante la Administración tributaria de España. También para establecer el régimen aplicable del IVA. Y además para solicitar el NIF-IVA. Esto último, en caso de que las personas o empresas sin establecimiento permanente en España tengan intención de realizar entregas o adquisiciones intracomunitarias.

Por otro lado, si en vez de tratarse de una empresa sin establecimiento permanente se trata de un profesional independiente no residente o una persona física empresaria no residente, el NIF deberá solicitarse con el Modelo 030 y aportar una copia del pasaporte.

Ambas solicitudes del NIF se pueden tramitar en la administración de la Agencia Tributaria de España o en las Oficinas Consulares de España en el extranjero.

Contar con el certificado electrónico

Después de haber obtenido el NIF, el profesional o la entidad sin establecimiento permanente debe obtener este certificado a través de los organismos anteriormente descritos. Con este certificado, la persona o empresa podrá relacionarse con la administración española vía online.  Esto, siempre y cuando se registre, además, en el Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras para poder recibir comunicaciones de la Agencia Tributaria.

Obligaciones fiscales para una empresa sin establecimiento permanente

IVA

Todas las personas o entidades sin establecimiento permanente en España, pero que facturen con IVA español, están obligados a presentar las declaraciones del IVA dentro de los 20 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación (que puede ser mensual o trimestral, según el caso).

En el caso de tratarse del último periodo de liquidación del año, este podrá efectuarse en el plazo de los 30 días naturales del mes de enero. El IVA deberá presentarse a través del Modelo 303 y del Modelo 390.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

Los residentes en España, ya sean profesionales o empresas, deben pagar el impuesto IRPF (Impuesto de la Renta de las personas Físicas) o el Impuesto de Sociedades (IS). Mientras, las empresas o profesionales sin establecimiento permanente que obtengan rentas en el territorio español deben asumir el IRNR. Sin embargo, no se aplicará sobre las rentas a las que se les haya aplicado la adecuada retención de este impuesto o sobre las que por ley estén exentas.

Tres aspectos relevantes para la empresa sin establecimiento permanente

• La relevancia de los Convenios de Doble Imposición y su prevalencia sobre la normativa tributaria interna. Por ejemplo, una entidad residente en un Estado que tenga suscrito Convenio con España realiza una actividad empresarial en España sin establecimiento permanente. En este caso, los rendimientos que perciba están exentos de tributación en España.
• La obligación bajo determinadas circunstancias de nombrar representante frente a la administración y la posibilidad de que este representante pueda tener responsabilidad solidaria sobre las deudas tributarias.
• La posibilidad de presentar otros modelos tributarios, además de IVA e IRNR. Por ejemplo el modelo 111 por las retenciones de los rendimientos de trabajo que satisfagan o el modelo 349.

por José Ramón Huertas López

La sentencia del Tribunal Supremo STS 707/2023 ha reconocido el derecho de devolución de IRPF a mutualistas que contribuyeron a las mutuas de trabajo previas a la Seguridad Social. Gracias a ello, los mutualistas pueden solicitar la devolución de una parte de sus contribuciones al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Desde CE Consulting te explicamos en esta guía práctica todo lo que debes saber si estás en esta situación.

¿A quién beneficia la devolución de IRPF a mutualistas?

Este derecho abarca las contribuciones realizadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Esto abre la puerta a miles de pensionistas de diversos sectores como la banca, la construcción y la pesca que cotizaron a mutualidades sectoriales o de empresa que existían en España antes de la instauración de la Seguridad Social. Hacienda amplió también a funcionarios.

Los herederos de los mutualistas también tienen derecho a la devolución por los ejercicios que aún no hayan prescrito.

Servicio militar

Las personas que, en el momento de incorporarse al servicio militar, ya cotizaban a la mutualidad deben saber que este período es computable a los efectos de aplicar la Disposición Transitoria segunda. Para ello, será necesario acreditar este periodo, a pesar de la dificultad que esto pueda suponer.

¿Cuánto pueden recuperar los mutualistas?

Resultará una cuota a devolver si, tras aplicar la reducción tributaria por el cambio en la normativa, queda fundamentado que se ha tributado por encima de lo indicado por la nueva normativa.

Dependiendo del caso individual, los importes a devolver podrían oscilar entre 2.400 y 4.000 euros por el período solicitado 2019/2022, con un potencial ahorro fiscal futuro de entre 500 y 1.200 euros. En el futuro, ya se aplicará automáticamente sin tener que pedir esta devolución.

La reducción fiscal aplicable se calcula proporcionalmente al tiempo cotizado a las mutualidades respecto a la vida laboral total del pensionista. Así, por ejemplo, si el periodo que cotizaron a las mutualidades laborales supone un 10% de su vida laboral, la reducción fiscal se aplicará a ese 10%.

Cómo solicitar la devolución de IRPF a mutualistas: nuevo sistema

La Agencia Tributaria determinó un nuevo sistema para tramitar las solicitudes de devolución de IRPF de los ejercicios 2019 a 2022. Y años anteriores no prescritos que resulten de la aplicación de la DT2 LIRPF. Este cambio deja sin efectos las solicitudes (vía autoliquidación, solicitud de rectificación y/o formulario) cuya devolución no se hubiera acordado antes del 22 de diciembre de 2024. Por su parte, la devoluciones ya abonadas por la Agencia Tributaria no se verán afectadas.

Nuevo procedimiento de solicitud de devoluciones de IRPF a mutualistas

Desde 2025, los mutualistas que soliciten la devolución del IPRF de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos, deberán hacerlo a través de los formularios de solicitud de devolución. Estos están disponibles en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. El calendario a tener en cuenta es:

• Del 2 de abril al 30 de junio de 2025 se podrá solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019 y de los ejercicios anteriores no prescritos.
• En 2026, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2020.
• En 2027, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2021.
• En 2028, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2022

Posibles escenarios de los mutualistas

Si se presentó declaración en esos años

Los pensionistas que presentaron su declaración del IRPF y desean ahora obtener este beneficio, pueden hacerlo del 2 al 30 de junio para el ejercicio 2019 y los anteriores no prescritos.

Si no se presentó declaración en esos años

Para aquellos que no estaban obligados a presentar la declaración de la renta, por tener ingresos inferiores al umbral de 22.000 euros, pero que han sido sujetos a retenciones excesivas, existe la opción de solicitar la devolución de ingresos indebidos. A través de ello podrán recuperar lo retenido de más. No deben hacer la declaración si no fuera necesario pero sí presentar la solicitud de ingresos indebidos.

Consideraciones especiales para funcionarios públicos

Los funcionarios públicos que cotizaron a mutualidades o montepíos antes de la creación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) tienen derecho a solicitar la devolución de sus aportaciones. Para ello, la propia MUFACE está enviando de oficio los certificados a aquellos funcionarios que aparezcan en su base de datos como mutualistas del Fondo Especial.

¿A quiénes aplican estas consideraciones de devolución de IRPF a mutualistas?

Estas consideraciones aplican a los funcionarios públicos que cumplan con las siguientes condiciones:

• Haber cotizado a una mutualidad o montepío previo a la creación de MUFACE, por ejemplo, Montepío Cuerpo General de Policía o la Mutualidad de Enseñanza Primaria.
• No haber solicitado previamente la devolución de las cotizaciones.

Pensionistas en los Territorios Forales

Aunque este derecho está reconocido en toda España, los pensionistas mutualistas en el País Vasco y Navarra deben consultar los procedimientos específicos en los sitios web de sus respectivas Haciendas Forales.

• Araba/Álava
• Bizkaia
• Gipuzkoa
• Navarra

por José Ramón Huertas López

Los criptoactivos son valores o derechos que se pueden almacenar y transferir electrónicamente por medio de sistemas descentralizados de registro o similares. Un criptoactivo es una forma digital de representar un valor o un derecho. Los criptoactivos pueden ser intercambiados en casas de cambio digitales, tanto si son convertibles como si no. Para poder custodiar o intercambiar criptoactivos, se utilizan monederos digitales. Desde CE Consutling te contamos todo lo que necesitas saber sobre los criptoactivos.

Qué es la ley MiCA

El Reglamento MiCA establece requisitos para la emisión, oferta y negociación de criptoactivos. Establece reglas para las empresas y los intermediarios que operan en el mercado. Entre otras cuestiones, prevé la autorización y supervisión de proveedores de servicios de criptoactivos o la exigencia de requisitos de transparencia y protección de los consumidores. Además, la norma también incluirá medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) es una normativa europea aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo que busca crear un marco regulatorio que permita gestionar los riesgos asociados al uso de criptoactivos y fomentar su desarrollo en la Unión Europea.

La ley MiCA entró en vigor a finales del 2024, estableciendo un periodo transitorio para que los proveedores de servicios de criptoactivos (PSAV) se adapten sus operaciones a las nuevas exigencias. En España, este periodo es de 12 meses, finalizando el 30 de diciembre de 2025.

Comentar que están en vigor desde el 30 de junio de 2024 las normas sobre fichas referenciadas a activos (título III) y sobre las fichas de dinero electrónico (título IV).

Qué queda fuera de la ley MiCA

MiCA no regulará todo lo relacionado con criptoactivos en la Unión Europea. Algunos aspectos, como la regulación de mineros y nodos, no estarán cubiertos por la norma pese a que se consideran esenciales para el mantenimiento de la red descentralizada de blockchain. Tampoco se regularán determinados criptoactivos, como las monedas virtuales emitidas por los bancos centrales. Estas ya están dentro del ámbito regulatorio bancario.

Principales criptoactivos contemplados en la ley MiCA

La Ley MiCA contempla todos los criptoactivos que se utilizan en la Unión Europea, incluyendo criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, los tokens de utilidad y los tokens de seguridad emitidos en ofertas de activos virtuales (ICO). Y cualquier otro activo virtual que no es emitido ni garantizado por un banco central o una autoridad pública.

También contempla las Stablecoins, que son criptomonedas diseñadas para tener un valor más estable que el de otras criptomonedas, y que suelen estar respaldadas por una moneda tradicional.

La propuesta de ley también incluye los criptoactivos que utilizan tecnologías similares a blockchain, las casas de cambio de criptomonedas, los proveedores de billeteras digitales y otros proveedores de servicios relacionados con los criptoactivos.

Cómo afecta la ley MICA de criptoactivos a las empresas y particulares

La Ley MiCA y la normativa española impactan directamente a las empresas que operan con criptoactivos, ya sea como emisores, intermediarios o proveedores de servicios.

Registro y autorización

Las empresas que ofrecen servicios de criptoactivos, como casas de cambio, monederos digitales y plataformas de compraventa, deben registrarse ante las autoridades competentes y cumplir con requisitos de transparencia y supervisión. En España, esto implica inscripción en el Banco de España y adaptación a la normativa europea antes del 30 de diciembre de 2025​.

Obligaciones de transparencia y protección al consumidor

MiCA exige a las empresas garantizar información clara sobre los criptoactivos que ofrecen, los riesgos asociados y las condiciones de uso. También deben implementar medidas para prevenir fraudes y abusos en el mercado​.

Cumplimiento fiscal y contable

Las empresas deben reportar sus operaciones con criptoactivos a la Agencia Tributaria, lo que implica llevar un registro detallado de las transacciones. Además, la tokenización de activos financieros, permitida por la nueva Ley de los Mercados de Valores, puede abrir nuevas oportunidades de negocio, pero también requiere adaptación contable y legal​.

Prevención del blanqueo de capitales

Las empresas están obligadas a aplicar procedimientos de verificación de identidad (KYC, Know Your Customer) y control de operaciones sospechosas para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo​.

Las empresas que no se adapten a estas normativas pueden enfrentar sanciones económicas y restricciones para operar en el mercado. Por ello, es fundamental contar con asesoramiento especializado en regulación y fiscalidad de criptoactivos.

Regulación de criptomonedas en Europa y España

Actualmente, las criptomonedas no están reguladas de manera uniforme en Europa. Cada país miembro de la Unión Europea tiene su propia regulación sobre el tema. Por eso, es necesario establecer un marco regulatorio común y asegurar la protección de los consumidores y usuarios de criptomonedas.

En España, no existe una ley específica que regule las criptomonedas en España. Estas se rigen a través del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. El cual incluye obligaciones para aquellos que brinden servicios relacionados con las criptomonedas, como proveedores, servicios de intercambio y servicios de monederos electrónicos.

Además, el 12-9-2022, el Congreso de los Diputados aprobó un proyecto de Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión que permitirá la “tokenización” de valores mobiliarios. Este proyecto de Ley reconoce el valor total de la información contenida en las TRD (tecnología de registros distribuidos o blockchain). Además, otorga plenos efectos transferibles a las transacciones registradas en dicho registro. Se aprobó el 17 de marzo de 2023  mediante la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Regulación de criptoactivos en otros países

Japón

Este país ha sido uno de los primeros países en regular las criptomonedas de manera significativa. En 2017, los reguladores locales otorgaron a las criptomonedas un estatus legal de pago, lo que significa que las criptomonedas pueden utilizarse para realizar pagos y transacciones.

Estados Unidos

En EEUU, la Comisión de Bolsa y Valores ha comenzado a regular las emisiones de tokens y a emitir reglas con el fin de prevenir el lavado de dinero. Se les pedirá pasar por el organismo regulador para poder custodiar y guardar los activos.

Corea del Sur

Aquí se han impuesto regulaciones estrictas sobre las criptomonedas en un esfuerzo por prevenir el fraude y proteger a los inversores. Este país ha prohibido las ofertas iniciales de monedas (ICO) y ha impuesto requisitos de registro para las casas de cambio de criptomonedas.

Singapur

En 2019, la Autoridad Monetaria de este país estableció una guía para la oferta de tokens, que proporciona directrices claras sobre cómo las empresas pueden recaudar fondos a través de ICO. También ha establecido requisitos de conocimiento del cliente y de prevención del lavado de dinero para las empresas que se ocupan de criptomonedas.

Suiza

Por su parte, Suiza ha adoptado una postura favorable hacia las criptomonedas, con su regulador financiero otorgando licencias bancarias a las casas de cambio de criptomonedas y estableciendo requisitos claros para las ICO.

Bolivia y su prohibición de criptoactivos

En 2014, este país se convirtió en el primero en Latinoamérica en prohibir los criptoactivos. El Banco Central de Bolivia (BCB) prohibió el uso de criptomonedas y estableció que solo se podían utilizar monedas emitidas y reguladas por el estado.

por José Ramón Huertas López

A través de una buena planificación fiscal, y dentro del marco de la ley, es posible minimizar la carga tributaria de una pyme. Con esta planificación, se optimiza la carga tributaria de la empresa mediante el uso de incentivos fiscales diseñados específicamente para ellas. En este artículo, desde CE Consulting te explicamos la importancia de esta práctica, mostrándote los beneficios de una planificación fiscal efectiva. Además, como expertos fiscalistas, te alertamos de los errores más comunes que se pueden cometer.

Qué es la planificación fiscal

En general, la planificación fiscal trata de reducir de manera legítima la tributación de los contribuyentes, pero sin transgredir la normativa. En el caso de las pymes, tiene también un carácter estratégico, debido a que la finalidad, además de evitar sanciones, debe ser mejorar la gestión del capital del negocio.

A través de una correcta planificación, se puede acceder a deducciones e incentivos o se pueden diferir beneficios, a otros ejercicios económicos. En el propio procedimiento de planificación fiscal es cuando se toman estas decisiones de cara a la tributación.

Diferencias entre planificación fiscal y evasión fiscal

La planificación fiscal, como hemos señalado antes, se considera legítima. Sin embargo, el término evasión fiscal se refiere a las acciones con las que se intenta, deliberadamente, ocultar hechos imponibles a la Hacienda pública, ya sea mediante vulneraciones directas de la norma o por actuaciones que busquen engañar a la Administración.

En consecuencia, la principal diferencia entre planificación fiscal y evasión fiscal es que el objetivo de esta última es únicamente disminuir la carga tributaria de forma ilícita, como por ejemplo, ocultando facturas para pasar desapercibidos ingresos o bienes que son reales.

¿Por qué es importante la planificación fiscal para las pymes?

La planificación fiscal ayuda a las pymes a detectar los posibles problemas en la estructura del negocio. Y también a aprovechar soluciones fiscales creativas para mejorarlos. Permite optimizar la carga tributaria mediante el uso de incentivos fiscales y regímenes especiales. Estos incentivos incluyen la libertad de amortización para inversiones que generan empleo y la aceleración de la amortización de activos. Esto facilita el diferimiento de impuestos y mejora la liquidez de la empresa.

Además, las pymes pueden beneficiarse de la deducción por dotación de reserva de capitalización y reserva de nivelación, que permiten minorar su base imponible positiva por el aumento de los fondos propios respecto del ejercicio precedente, bajo ciertos límites y requisitos y para compensar bases imponibles negativas en el futuro, respectivamente. Esto permite un alivio fiscal en momentos de necesidad.

Ejemplo de aplicación del incentivo de la Reserva de capitalización

SOLUCIÓN La Reserva de Capitalización que podría aplicar en el ejercicio 2024 vendría dada por:Incremento FP = (350.000-25.000-80.000) – (270.000-20.000-50.000) = 245.000 – 200.000 = 45.000 Euros.Por tanto, sería el 15% sobre 45.000 euros. Esto es 6.750 euros, el importe de la Reserva de Capitalización, que  minoraría la Base Imponible del Ejercicio 2024. Se debe tener en cuenta el límite del 10% de la base imponible de 2024 y mantener esta, al  menos, durante 3 ejercicios.

Cuando una empresa aplica un plan de retribución flexible, esto permite a los empleados reducir su carga tributaria al recibir parte de su salario en especie, y a la larga, incrementar su ingreso neto. Pero estos planes, también son fiscalmente beneficiosos para la empresa, al permitir deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, por eso deben formar parte de una estrategia fiscal.

Otros beneficios de realizar una planificación fiscal

Siguiendo con las ventajas de la planificación fiscal, pese a que el principal beneficio es optimizar los recursos económicos de la pyme también son esenciales otros a tener en cuenta:

• Proporciona información que favorece la toma de decisiones estratégicas.
• Puede ser un atractivo para inversores.
• Aporta flexibilidad financiera al facilitar el ajuste de estrategias.
• Permite no exponerse a sanciones y multas.
• Por último, cabría resaltar el posible acceso a deducciones fiscales, exenciones, reducciones, amortizaciones aceleradas, aplazamiento y fraccionamiento de pagos, etc. Y a subvenciones de la administración pública.

Tres errores comunes en la planificación fiscal de las pymes

No contratar asesores fiscales expertos

Un error habitual es gestionar la fiscalidad internamente, con los riesgos que eso conlleva. Un asesor fiscal experto, además de reducir la carga de trabajo al empresario, y paliar su desconocimiento en la materia, aporta seguridad. En CE Consulting estamos especializados en planificación fisca, y comprometidos a brindarte soluciones personalizadas gracias a nuestro equipo de especialistas. De esta manera, el empresario se evita la obligación de conocer todos los entresijos de la fiscalidad, así como las modificaciones que van surgiendo con las nuevas normativas.

Ignorar incentivos fiscales disponibles

La falta natural de conocimientos y experiencia en el ámbito fiscal provoca que se puedan perder oportunidades directas en lo que respecta a incentivos. Estos pueden ser accesibles por inversión en I+D e innovación tecnológica, por contratación de trabajadores con discapacidad o por la apuesta en energías renovables, entre otros.

Dejar la planificación para última hora

Las empresas solo se ocupan de la fiscalidad cuando se acerca la fecha límite para la presentación de impuestos, lo cual impide estudiar las mejores estrategias fiscales, que necesitan prepararse con tiempo, por eso la procrastinación de la planificación fiscal es otro error común que debe evitarse.

Fiscalidad de impatriados en España: obligaciones, ventajas y requisitos

por Elisabet Jiménez Llanos

El concepto de impatriado va aparejado al hecho de adquirir residencia fiscal en España. Por tanto, cabe preguntarse cómo es la la fiscalidad de impatriados, cuáles son sus obligaciones y qué ventajas tienen en nuestro país. Desde CE Consulting te lo explicamos al detalle, informándote del régimen fiscal al que están sujetos los impatriados.

¿Quiénes son impatriados?

Los impatriados son los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores residentes en el extranjero -sean o no españoles, pero, en todos los casos, personas físicas- desplazados a territorio español por determinados motivos laborales. Y que, como consecuencia de esa movilidad geográfica, adquieren residencia fiscal en España.

¿Cuál es la fiscalidad de impatriados en España?

La primera implicación de la fiscalidad de impatriados en España es que pasan a ser contribuyentes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). No obstante, se les permite tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Este puede resultar más favorable, aunque han de mantener la condición de contribuyente por el IRPF. Este régimen fiscal especial para no residentes busca hacer más atractivo el traslado con residencia en España. El objetivo es atraer capital humano altamente cualificado y mejorar la competitividad de las empresas españolas.

La solicitud a este régimen especial, así como su renuncia, se tramita mediante el modelo 149. Y los contribuyentes deben presentar una declaración especial del IRPF en el modelo 151, adaptado al contenido del régimen.

Los impatriados solamente tienen que pagar impuestos por los ingresos generados en España, y no por los obtenidos fuera de nuestro país. Para disfrutar de este y otros beneficios, sin embargo, es necesario cumplir los requisitos de la Ley Beckham, que resumimos a continuación.

Fiscalidad de impatriados: obligaciones en España

La Ley Beckham

La llamada Ley Beckham, o Ley de Impatriados, está recogida en el art. 93 de la Ley de IRPF. Esta dicta que los impatriados tienen opción de tributar en el IRNR (manteniendo la condición de contribuyentes de IRPF) durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia. Y también los cinco años siguientes.

Además, los contribuyentes acogidos a este régimen no están obligados a presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En contrapartida, tampoco pueden aplicar deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Pero, para adherirse a la Ley Beckham, es indispensable cumplir los requisitos que marca la normativa al respecto.

Los tres requisitos de la Ley Beckham

• No haber sido residente fiscal en España durante los 5 períodos impositivos anteriores.(Antes eran 10, pero el periodo previo a acreditar se redujo a la mitad. Esto, gracias a la Ley 28/2022. También es conocida como Ley de Startups).
• Desplazarse a España como resultado de cualquiera de estas cuatro circunstancias:
  • Un contrato de trabajo
  • Adquisición de la condición de administrador de una entidad, independientemente del porcentaje de participación de capital.
  • Realización de una actividad económica emprendedora, novedad que fijó la Ley de Startups.
  • O, desde el 1 de enero de 2023, la prestación de servicios a empresas emergentes por parte de un profesional altamente cualificado. En este cuarto epígrafe también se engloban actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación.
• Que, salvo excepciones, no se estén percibiendo rentas que se puedan calificar como ganancias por un establecimiento permanente situado en territorio español.

Es importante destacar que, desde 2015, los deportistas profesionales ya no pueden solicitar este régimen. La reforma fiscal de dicho año los excluyó completamente.

Ley de Startups

El 23 de diciembre de 2022 entró en vigor la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Se suele denominar Ley de Startups. Esta introdujo novedades muy relevantes en relación con la Ley Beckham.

Entre otras reformas, como la mencionada reducción a cinco años o la inclusión de emprendedores, se añadió que también pueden optar por tributar por el IRNR. Es decir, el Impuesto sobre la Renta de No Residente. Esto si se respetan unas condiciones específicas- los familiares que se desplacen con el trabajador. Pero únicamente el cónyuge y los hijos menores de 25 años (o cualquiera que sea su edad si son personas con discapacidad). Y si no existe vínculo matrimonial, se puede incluir al progenitor de estos.

Asimismo, esta regulación incluyó la posibilidad de que puedan disfrutar de este régimen los teletrabajadores extranjeros o nómadas digitales, pese a que es obligatorio que cuenten con el visado para el teletrabajo de carácter internacional previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Para ampliar esta información puedes leer nuestro artículo Nómada digital y otros permisos que incorpora la ley de startups.

Y en lo que respecta a los impatriados administradores, se eliminó la obligatoriedad de que la participación del administrador en la sociedad fuera inferior al 25%. A excepción de entidades patrimoniales.

Ventajas fiscales de impatriados

Un impatriado, además de las obligaciones, tiene las siguientes ventajas fiscales como sujeto pasivo:

• Solo tributará en España por los rendimientos que se consideren obtenidos en este país de conformidad con la ley del IRNR. Esto significa que no tendrá que tributar por su renta global en territorio español.
• Las retenciones e ingresos en concepto de pagos a cuenta del IRPF se practicarán de acuerdo con la normativa del IRNR. Pero el porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre rendimientos del trabajo no se calcula con la escala progresiva del IRPF. Es decir, es fijo: del 24% sobre los ingresos que no superen los 600.000 euros. Y del 47% para los que sobrepasen esa cantidad.
• No tiene obligación de presentar el modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero. Esto es debido a que el impatriado que se adhiere al IRNR es tratado como si fuera un ‘no residente fiscal’.
• Y en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, tributará tan solo por los bienes ubicados en España.

Exclusiones del régimen fiscal de impatriados en España

En términos generales, un sujeto pasivo puede ser excluido de este régimen especial si, por su situación, deja de cumplir alguno de los requisitos para la aplicación de la ley. No obstante, no se excluirá al contribuyente que esté en alguno de los siguientes casos:

• Fin de la relación laboral que le trajo a España por despido. O inicio posterior de otro empleo en territorio español tras un breve periodo de tiempo.
• Según ha establecido recientemente la Dirección General de Tributos (V0009-24), la renuncia voluntaria de la relación laboral no implica automáticamente la exclusión. Esto, siempre que el período de tiempo transcurrido entre el cese laboral previo y la adopción de cargo de administrador en una sociedad que se haya constituido en España sea breve.

Por último, hay que tener en cuenta que este régimen no es aplicable si el desplazamiento no se ajusta a los motivos establecidos en la normativa. Por esta razón no están admitidas las personas que no desempeñan una actividad económica. (En otras palabras: jubilados, rentistas o con ingresos provenientes de sociedades patrimoniales). Y tampoco están incluidos los contribuyentes con rentas procedentes de un establecimiento permanente en territorio español. Por todo ello, es importante conocer muy bien cada situación y la fiscalidad de impatriados en España para aplicarla de forma correcta. Aquí puedes conocer también detalles de la fiscalidad para expatriados y las implicaciones de los trabajadores al salir de España.

por Carlos Díaz Gutiérrez

El término expatriado hace referencia a la persona que reside y trabaja, en un país diferente al suyo de origen, pero con un motivo: cuando su empresa le moviliza a otro país para desempeñar allí funciones específicas. En esta situación, es esencial conocer los aspectos fiscales, laborales y legales que van a cambiar, y que te explicamos al detalle desde CE Consulting.

Qué es la residencia fiscal y la importancia de saber si se es residente o no

La residencia fiscal está regulada por el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según dicha normativa, se entenderá que una persona tiene su residencia fiscal en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Permanecer más de 183 días, durante el año natural, en España.
• Que el núcleo principal -o la base- de sus actividades o intereses económicos esté ubicado en nuestro país.
• O si su cónyuge (no separado) e hijos menores de edad residen habitualmente en España.

Residentes: qué es y qué obligaciones tienen

El sujeto pasivo con residencia fiscal en España, tributará bajo normativa española lo que  conllevará la presentación anual de declaración de IRPF por su renta mundial, Modelo 100, así como en caso de que corresponda impuesto sobre el patrimonio, modelo 714, y declaración de bienes en el extranjero, Modelo720/721.

Si una persona ha sido expatriada por causas laborales, pero legalmente es residente español, debe saber que, gracias a la regulación 7P, esta persona cuenta con ventajas fiscales especialmente diseñadas para trabajadores desplazados en el extranjero. Es importante destacar que los profesionales deben realizar trabajos técnicos o productivos, no comerciales. ¡Te contamos aquí todo lo referente al 7p!

No residentes: qué es y qué obligaciones tienen

Un no residente fiscal no cumple con los criterios de residencia fiscal de un país. En consecuencia, tiene obligaciones tributarias, pero tributa únicamente por los ingresos obtenidos en este territorio. Las principales obligaciones fiscales según el tipo de renta son:

Por venta/compra de inmuebles. Modelos 210 y 211

Cuando un no residente vende un inmueble en España está sujeto a una retención del 3% sobre el valor de la operación. Esto se declara mediante el modelo 211. Posteriormente, ha de realizar una liquidación a través del modelo 210, declarando la ganancia patrimonial. El plazo establecido por Hacienda es de tres meses una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de transmisión.

Por alquileres y dividendos. Modelo 210

Los ingresos obtenidos por el alquiler de inmuebles, o por dividendos, también deben declararse con el modelo 210. Para los no residentes de la Unión Europea, el tipo impositivo general es del 24%. Y para los residentes en la UE, Noruega o Islandia se reduce a un 19%.

Por tener inmuebles a disposición: presentación anual Modelo 210

Los no residentes que poseen inmuebles en España pero no los alquilan, tienen la obligación de declarar una renta imputada en función del valor catastral de la propiedad mediante el modelo 210.

Otros aspectos que la empresa debe considerar del expatriado

Al enviar trabajadores al extranjero, la empresa debe tener en cuenta otros aspectos importantes, como el laboral y legal.

Laboral

Cotización a la Seguridad Social en España del trabajador desplazado

Si el trabajador movilizado estaba encuadrado en uno de los regímenes de la Seguridad Social española, la empresa debe seguir cotizando en España por ese empleado. Esto es posible mediante la aplicación de convenios bilaterales. En caso de no existir, se aplicaría el Reglamento Europeo de coordinación de la Seguridad Social (Reglamento (CE) nº 883/2004).

Por el contrario, si el trabajador no residía en territorio español cuando fue contratado, no se le aplicará la legislación española de Seguridad Social, sino la del país donde vaya a ejercer la actividad profesional.

Abrir una entidad (con o sin establecimiento permanente en destino), ¿obligatorio?

Las normas específicas de cada país pueden requerir que las empresas extranjeras establezcan una presencia formal donde actúan si sus actividades se extienden en el tiempo, o si generan ingresos muy elevados. Por ejemplo, esta medida puede implicar la apertura de una oficina, la contratación de empleados locales y/o el hecho de contar con agentes comerciales.

Y si el establecimiento es permanente (EP), la nación de destino puede considerar a la empresa como una entidad local a efectos fiscales, lo que significa que tendrá que pagar impuestos sobre los beneficios generados en el lugar.

Comunicación del desplazamiento a la Seguridad Social

La comunicación de ello es un trámite obligatorio. Y debe de hacerse mediante el modelo de solicitud TA-300 u otros modelos en función del país destino. Esta gestión garantiza que el trabajador mantenga sus derechos en España mientras se encuentra fuera.

Para cumplimentar este documento se debe incluir la información del trabajador desplazado, los datos de la empresa y los detalles del desplazamiento: el país de destino, el nombre y domicilio de la empresa de destino y la duración del desplazamiento. Tras ello, la Tesorería General de la Seguridad Social emitirá el Certificado A1, que evita la doble cotización. Y el trabajador expatriado debe llevarlo consigo al país de traslado para certificar que continúa cotizando en España.

En el caso de que no exista convenio, o modelo oficial designado, deberá hacerse mediante una documento que describa la información antes indicada y presentar en el registro electrónico habilitado.

Análisis del convenio entre TGSS y el país de destino del expatriado

También es fundamental que la empresa verifique si existe un convenio bilateral con el país de destino antes de desplazar a un trabajador. Cada convenio puede tener particularidades y reglas específicas que no se pueden ignorar.

Retribuciones y pactos para expatriados

Elaboración de carta de asignación o adenda de desplazamiento

Este documento formaliza la expatriación. En este ha de constar la duración, el lugar de destino, las tareas a realizar, las condiciones laborales, las retribuciones y las compensaciones económicas adicionales.

Adecuación a exenciones y deducciones fiscales

Las empresas que envían trabajadores al extranjero pueden beneficiarse de las deducciones por gastos relacionados con el desplazamiento, mientras que el trabajador, por su parte, podrá beneficiarse de la siguiente manera:

• Exención de impuestos sobre la renta en su país de origen.
• Tratamiento fiscal favorable que ofrecen algunos países de destino para atraer talento.
• Protección contra la doble imposición para evitar pagar los impuestos en ambos países.
• Se puede aplicar el Régimen de excesos, que permite a los empleados enviados al extranjero mantener ciertas exenciones sobre sus ingresos. Este régimen es incompatible con la regla del 7P.

Legal, otra de las implicaciones a considerar del expatriado

Por último, en este repaso sobre las claves de la expatriación, conviene recordar el cumplimiento de la normativa laboral tanto en España como en el país de destino. Esto implica, en su caso, la gestión de permisos de residencia y trabajo, tanto del trabajador como de su familia. Y también es importante preparar el regreso del expatriado a su país, y su vuelta a la empresa.