por Ángel Manuel Cardo Herrero

El informe de verificación y cumplimiento en auditoría es un documento que certifica si una organización — empresa, fundación o asociación— cumple con sus obligaciones legales, fiscales, contables. Y, en el caso del tercer sector, también estatutarias. Aunque suele estar asociado a auditorías formales, su valor va más allá del cumplimiento técnico. Representa una herramienta clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de procesos internos. Desde CE Consulting te explicamos en qué consiste este informe, cuándo es necesario y cómo varía su aplicación en el ámbito empresarial frente al del tercer sector.

¿Qué es el informe de verificación y cumplimiento en auditoría?

Este informe no debe confundirse con una auditoría de cuentas salvo que así se indique expresamente. Su naturaleza puede incluir la revisión de información sobre sostenibilidad, verificación de subvenciones u otros, debiendo especificarse en cada caso.

Se trata de un informe emitido habitualmente por un auditor externo o un revisor independiente, tras una revisión sistemática de documentación, procedimientos y cumplimiento normativo de una entidad. Su finalidad es asegurar que la organización ha actuado conforme a la legislación vigente, los compromisos adquiridos (como subvenciones) y, en el caso de entidades no lucrativas, sus propios estatutos.

El informe no se limita a validar cifras contables, sino que revisa aspectos como el uso correcto de los fondos, el cumplimiento de plazos, la documentación de las decisiones clave. Y la coherencia entre la actividad realizada y el objeto social o empresarial declarado.

¿Por qué es importante el informe de verificación y cumplimiento en auditoría?

Ya sea en una empresa o en una entidad sin ánimo de lucro, el informe de verificación y cumplimiento permite detectar a tiempo posibles errores, omisiones o riesgos. También proporciona un respaldo documental sólido frente a inspecciones, auditorías o requerimientos administrativos.

Su valor no reside solo en cumplir con la ley, sino en generar confianza, mejorar procesos internos y anticiparse a problemas que podrían afectar a la reputación, la financiación o la operatividad de la organización.

Recomendaciones previas para la preparación del informe

Antes de iniciar la elaboración del informe de verificación y cumplimiento en auditoría, es fundamental que la entidad —ya sea una empresa o una organización del tercer sector— tenga su contabilidad al día y toda la documentación administrativa bien organizada. Esto incluye contratos, justificantes de gasto, actas, libros contables y cualquier otro soporte que acredite las operaciones realizadas. Disponer de esta información de forma accesible facilita el trabajo del auditor y reduce tiempos y posibles errores durante la revisión.

Además, conviene que la entidad cuente con procedimientos internos claros y debidamente documentados. Esto no solo demuestra orden y transparencia, sino que permite al auditor verificar cómo se toman decisiones, cómo se controlan los fondos y cómo se aseguran los cumplimientos legales.

Planificar el proceso con antelación suficiente y designar a una o varias personas responsables de coordinar con el auditor es clave para garantizar fluidez.

Por último, es muy recomendable revisar previamente los estatutos y cualquier compromiso legal vigente, para asegurarse de que la actividad desarrollada se ajusta a lo establecido y poder corregir a tiempo cualquier desviación.

Es imprescindible que el auditor o verificador cumpla con los principios de independencia, ética profesional, objetividad y confidencialidad, de conformidad con la normativa de auditoría vigente.

¿Cómo deben aplicar este informe las empresas?

En el entorno empresarial, este informe no es obligatorio para todas las compañías, pero sí puede ser requerido en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando una empresa accede a fondos públicos, subvenciones o contratos con la Administración, se exige demostrar el uso adecuado de los recursos. El informe de cumplimiento puede ser parte de esa justificación.

También en sectores regulados (como el financiero, energético o farmacéutico), este tipo de informes o revisiones se integran como parte de sistemas de auditoría y compliance más amplios. Muchas empresas, aunque no estén obligadas legalmente, optan por incluir revisiones similares en sus auditorías internas o externas, como parte de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Además, en el contexto de la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas que implementan programas de compliance pueden encargar informes periódicos de verificación para asegurarse de que se están cumpliendo las normas éticas, legales y reglamentarias pertinentes.

¿Cómo deben hacerlo las entidades del tercer sector?

En el caso de fundaciones y asociaciones, especialmente aquellas que forman parte del tercer sector, este informe tiene un carácter mucho más específico y, en muchos casos, obligatorio. Las normativas autonómicas y estatales de fundaciones suelen exigir que estas entidades, al superar ciertos límites de ingresos o volumen de actividad, se sometan a auditoría externa. Dentro de ese proceso se incluye habitualmente un informe de verificación del cumplimiento normativo y estatutario.

Además, cuando estas entidades reciben subvenciones públicas, el informe sirve para justificar ante la Administración que los fondos se han utilizado correctamente y que la entidad cumple con sus obligaciones de transparencia, contabilidad y buen gobierno.

En este contexto, resulta obligatorio que el informe de revisión de cuentas justificativas de subvenciones cumpla con los requisitos formales de la Orden EHA/1434/2007, exigiéndose además que el auditor esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y que se incluya toda la documentación mínima requerida.

Incluso cuando no es obligatorio, muchas organizaciones del tercer sector recurren a este tipo de informe para fortalecer su credibilidad ante financiadores, donantes o la propia comunidad a la que sirven. También es una forma de identificar mejoras en la gestión y garantizar que los recursos se destinan con eficiencia a los fines sociales previstos.

¿Debe publicarse el informe de verificación y cumplimiento?

La obligación de publicar o informar sobre el informe de verificación y cumplimiento varía según el tipo de entidad y el contexto en que se realiza.

En el caso de fundaciones y asociaciones del tercer sector, la publicación suele ser obligatoria cuando están sometidas a auditoría externa o cuando reciben financiación pública. En estos casos, el informe debe presentarse ante el registro correspondiente (autonómico o estatal) junto con las cuentas anuales. Y en ocasiones debe también estar disponible en la página web o en su portal de transparencia. Esto responde a exigencias legales de rendición de cuentas y acceso público a la información, especialmente cuando se gestionan fondos públicos o donaciones. Además, deben especificarse claramente los plazos y condiciones para la publicación y conservación del informe y la documentación justificativa, de acuerdo con la normativa aplicable a subvenciones y auditoría.

En cambio, las empresas no están obligadas a publicar este informe, salvo que lo exija una subvención, contrato con la Administración o normativa sectorial específica. Por lo general, cuando las empresas elaboran este tipo de informe, es con fines internos (auditoría, compliance, control de riesgos). Sin embargo, algunas compañías optan por incluirlo de forma voluntaria en sus memorias anuales o informes de sostenibilidad, como parte de sus políticas de responsabilidad social y transparencia.

En el caso de la verificación de información sobre sostenibilidad, el informe debe ajustarse a los marcos normativos específicos aplicables, garantizando su integridad, trazabilidad y suficiencia conforme a los requisitos de los informes de verificación vigentes.

Consecuencias y sanciones de no realizar el informe de verificación y cumplimiento

No realizar el informe de verificación y cumplimiento cuando es obligatorio puede generar consecuencias importantes, tanto legales como económicas y reputacionales.

En las fundaciones y asociaciones

La omisión del informe puede suponer un incumplimiento grave frente a los órganos de control como el Protectorado o el registro de fundaciones correspondiente. Esto puede derivar en requerimientos formales para su presentación, sanciones administrativas e incluso la imposibilidad de acceder a nuevas subvenciones o convenios con la Administración.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que determinadas omisiones o incumplimientos en relación con estos informes pueden constituir infracciones tipificadas, con la consecuente obligación de remitir información al ICAC dentro de los plazos legales establecidos.

Además, cuando la elaboración del informe forma parte de la justificación de ayudas públicas, no presentarlo en plazo puede obligar a la entidad a devolver los fondos recibidos. En casos reiterados o especialmente graves, el incumplimiento podría incluso abrir la puerta a medidas de control más estrictas por parte de los supervisores, e incluso a la suspensión de actividades.

A todo esto, se suma el riesgo reputacional, ya que no poder acreditar transparencia y cumplimiento normativo puede generar desconfianza entre donantes, socios, financiadores o beneficiarios.

En el ámbito empresarial

Aunque el informe no siempre sea obligatorio, su ausencia cuando ha sido solicitado como parte de un proceso de subvención, licitación pública o auditoría regulatoria puede tener consecuencias negativas. El incumplimiento puede suponer la pérdida de fondos, la inhabilitación temporal para acceder a nuevas ayudas públicas o la aparición de observaciones críticas en auditorías externas.

Además, en sectores altamente regulados o con exigencias de compliance, no contar con este tipo de documentación puede ser visto como un signo de debilidad en la gestión interna y afectar negativamente a la imagen corporativa frente a clientes, socios o inversores.

En ambos casos, no disponer de este informe cuando es requerido representa un riesgo evitable. Por ello, la recomendación es siempre anticiparse, contar con un equipo asesor que conozca la normativa aplicable y preparar toda la documentación con tiempo, para asegurar una respuesta adecuada ante cualquier requerimiento administrativo o auditoría externa.

por Raquel Fernández Serrano

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar buena parte de sus deudas cuando ya no tienen capacidad para hacerles frente. Desde CE Consulting te explicamos lo más destacado de esta norma.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

Este mecanismo, que se introdujo en España en 2015 con la reforma de la Ley Concursal y se modificó en 2022 para hacerlo más accesible. Está dirigido específicamente a personas físicas, ya sean o no autónomos, que no han actuado con mala fe. 

Además, la citada reforma creó un procedimiento especial para microempresas, aplicable a autónomos y pequeñas sociedades con menos de 10 empleados y que hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. El objetivo es facilitar la reestructuración o liquidación ordenada y, en su caso, la exoneración de deudas para personas físicas empresarias.

¿Qué deudas se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?

La mayoría de las deudas personales o empresariales pueden cancelarse mediante este mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad. Así, un autónomo, al ser legalmente una persona física, puede incluir todas las deudas derivadas de su actividad profesional dentro del proceso de segunda oportunidad.

Deudas exonerables

Se pueden cancelar casi todas las deudas privadas que tenga una persona o autónomo, siendo las más habituales:

• Préstamos bancarios y créditos personales.
• Deudas de tarjetas de crédito.
• Créditos al consumo y microcréditos.
• Avales y garantías personales.
• Deuda remanente tras ejecución hipotecaria.
• Deudas con proveedores, alquileres, suministros o similares derivadas de una actividad profesional.
• Deudas con Hacienda y la Seguridad Social hasta 10.000 €.

Deudas excluidas

Las deudas no exonerables o excluidas son las siguientes:

• Deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales.
• Deudas por responsabilidad civil derivada de delito.
• Deudas por alimentos.
• Salarios debidos a trabajadores de los últimos 60 días antes del concurso de acreedores.
• Deudas con Hacienda, Seguridad Social y otros entes públicos (para los primeros 5.000 euros de deuda la exoneración será integra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el 50% de la deuda hasta el máximo de 10.000 euros).
• Multas y sanciones muy graves de naturaleza penal o administrativa.
• Costas y gastos judiciales del propio procedimiento de exoneración.
• Deudas garantizadas con hipoteca o prenda (garantía real), hasta el valor de la garantía.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a este mecanismo?

Existen una serie de requisitos para poder acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad:

• Ser persona física insolvente.
• Actuar de buena fe, lo que implica, entre otras causas, no haber sido declarado culpable en un concurso anterior en los últimos diez años.
• Tener al menos dos acreedores, dado que se hace a través de concurso de acreedores.
• No haber cometido delitos relevantes.
• No haberse acogido al mecanismo recientemente (como norma general en los últimos 5 años).
• Debe haberse intentado negociar una solución extrajudicial.

Hay que tener en cuenta que este mecanismo puede revocarse si se descubre ocultación de bienes, mejora sustancialmente la fortuna del deudor, o si se dicta sentencia condenatoria firme por delitos relevantes en los tres años siguientes.

¿Cómo funciona el procedimiento de exoneración?

Existen dos modalidades:

• Exoneración con liquidación de la masa activa. La solicitud se presenta tras la liquidación del patrimonio, dentro del plazo de audiencia para oponerse a la conclusión del concurso de acreedores. Se procede a la venta de sus bienes embargables y el dinero obtenido se reparte entre los acreedores según el orden de prelación establecido por la Ley.
• Exoneración con plan de pagos sin liquidación previa. El deudor presenta un plan de pagos viable antes de la apertura de la liquidación, aportando la documentación fiscal requerida. En el caso de autónomos, esto puede permitirles continuar con la actividad económica durante el proceso, siempre que el plan de pagos sea razonable.

En ambos casos, la solicitud se traslada a la administración concursal, si estuviese designada, y a los acreedores, que pueden oponerse en un plazo de 10 días.

Si hay oposición, se tramita por incidente concursal y si no, el juez resuelve directamente concediendo la exoneración del pasivo insatisfecho.

Ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Como principales ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda oportunidad destacan:

• Posibilidad de exonerar la mayoría de las deudas
• Reducción de la duración y complejidad del procedimiento concursal.
• Poder mantener la actividad económica, si se acoge al plan de pagos sin liquidación, lo que es especialmente relevante para autónomos y emprendedores.
• Poder mantener la vivienda habitual, bajo ciertas condiciones.
• Salir de cualquier Registro de Morosos.

¿Qué ocurre si no se aprueba la exoneración?

Si no se aprueba la exoneración, el deudor no se libera de las deudas y los acreedores pueden reclamar el pago de los créditos pendientes.

En el caso de la modalidad de plan de pagos, la revocación de la exoneración supone la resolución del plan y la apertura de la liquidación de la masa activa.

por Paloma Ramírez Córdoba

Mas de un 90% de los españoles reconoce haber recibido en el último mes alguna llamada comercial no solicitada y el 37% asegura haber recibido más de diez.  Las llamadas comerciales desde números móviles se han convertido en una práctica molesta y, en muchos casos, peligrosa para la ciudadanía. Por este motivo, el Gobierno ha aprobado una nueva normativa que prohíbe este tipo de llamadas.Desde CE Consulting te explicamos qué dice la ley, cómo afecta a las empresas y qué herramientas tienen los consumidores para protegerse.

¿Qué dice la norma sobre las llamadas comerciales no deseadas?

El objetivo de la Orden TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es combatir las estafas de suplantación de identidad por vía telefónica y mensajería electrónica introduciendo mecanismos de bloqueo y verificación que impidan estas prácticas ilegales. La sofisticación de los fraudes electrónicos, especialmente aquellos que emplean técnicas de suplantación de identidad, ha llevado a la Administración a adoptar medidas urgentes para frenar el creciente número de estos fraudes electrónicos, implementando medidas como la obligación de los operadores bloquear llamadas y mensajes sospechosos. Con ello se garantizaría la correcta identificación de los números. También se prohíbe el uso de números móviles para llamadas comerciales. Únicamente podrán utilizarse teléfonos con prefijos gratuitos (800 y 900) o bien los prefijos geográficos provinciales para este tipo de comunicaciones.

La Lista Robinson es una herramienta oficial de exclusión publicitaria que permite a las personas usuarias evitar comunicaciones comerciales no deseadas cuando no existe una relación contractual previa. Las empresas deben consultar esta lista antes de iniciar cualquier campaña. Ignorarla podría suponer una infracción y sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). A pesar de ello, solo un 17% de la población está inscrito en algún listado de exclusión publicitaria.

Próxima medida: base de datos oficial para identificar SMS comerciales

A medio plazo, se implementará una nueva medida: la creación de una base de datos oficial de códigos alfanuméricos usados en los SMS (como nombres de empresa en lugar de números). Permitirá verificar que un mensaje realmente proviene de la entidad que dice ser, evitando fraudes por suplantación, especialmente, en el sector financiero y de paquetería. Esta herramienta técnica requerirá más tiempo de desarrollo, por lo que entrará en vigor 15 meses después de la publicación oficial. Esto sería el septiembre de 2026. Las empresas deberán asegurarse de que sus mensajes estén registrados correctamente y cumplan los requisitos de autenticidad.

Otra medida para frenar el fraude telefónico: bloqueo automático de llamadas y SMS

Los operadores de telefonía deben bloquear cualquier número que no haya sido asignado a un servicio, cliente o entidad válida. Esta medida afecta especialmente a los números que comienzan por 3 o por 4, que no están autorizados para realizar llamadas comerciales. Solo en los dos primeros meses de aplicación, se han bloqueado más de 14 millones de llamadas y 800.000 SMS sospechosos, reduciendo así el margen de actuación de posibles estafadores.

Multas y sanciones por incumplimiento de la ley de las llamadas comerciales no deseadas

El incumplimiento de la norma puede suponer:

• Sanciones de hasta 100.000 euros por infracciones leves.
• Multas superiores si se considera una infracción grave o reiterada, especialmente cuando se vulnera el consentimiento del consumidor.
• La AEPD y el Ministerio de Transformación Digital pueden actuar de oficio o a raíz de una denuncia ciudadana.

¿Cómo reclamar en caso de que se produzcan llamadas comerciales no deseadas?

Si una persona recibe una llamada comercial desde un número móvil, puede tomar varias medidas para ejercer sus derechos. Lo primero es anotar el número desde el que se ha realizado la llamada, junto con la fecha y hora en la que se ha producido. A continuación, se recomienda presentar una queja directamente ante la empresa responsable, solicitando la eliminación de sus datos de contacto de la base utilizada para estas comunicaciones. En caso de que la práctica persista, o si no se identifica correctamente al emisor, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa.