Cumplimiento normativo laboral: qué deben tener en cuenta las empresas

por Gemma Martos Lopez

El cumplimiento normativo laboral o compliance laboral consiste en el cumplimiento de las normativas legales que afectan al ámbito de las relaciones laborales dentro de la empresa. Va más allá del simple respeto a la ley. Implica la adopción de medidas que aseguren la igualdad, la salud laboral, la protección de datos y los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Desde CE Consulting repasamos estas normativas para que las tengas en cuenta en tu empresa. También para que reduzcas riesgos legales y reputacionales y mejores el clima laboral y la productividad.

Cumplimiento normativo laboral

Obligaciones laborales para toda empresa

Cumplimiento normativo laboral

Las empresas, independientemente de su tamaño, deben cumplir con una serie de obligaciones laborales de carácter legal. Estas busca garantizar la equidad, la salud y el bienestar de sus personas trabajadoras. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas, además de impactos negativos en la reputación corporativa.

Registro retributivo o salarial

Todas las empresas están obligadas a elaborar un registro salarial para garantizar la igualdad retributiva. Este debe recoger la información salarial de todas las personas trabajadoras de la compañía, a excepción de los socios de cooperativas y los becarios.

Protocolo de acoso laboral

Es obligatorio contar con procedimientos para prevenir y actuar frente a situaciones de acoso en el entorno laboral. Para comenzar a desarrollar un protocolo de prevención de violencia sexual, la recomendación es consultar lo dispuesto en el convenio colectivo de la empresa puesto que puede regular los aspectos mínimos que dicho protocolo debe contemplar.

Protocolo de desconexión digital

Todas las empresas deben garantizar el respeto al tiempo de descanso fuera del horario laboral de las personas trabajadoras. Este protocolo debe establecer pautas claras sobre el uso de dispositivos electrónicos y canales de comunicación fuera del tiempo de trabajo. También acciones de sensibilización y formación para promover una cultura empresarial que respete los tiempos de descanso, permisos y vacaciones. Su implementación contribuye a prevenir el estrés laboral, mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional, y fortalecer el compromiso de la plantilla. Aunque la ley no exige un modelo único, se recomienda que este protocolo se elabore con la participación de la representación legal de los trabajadores. Esto, en caso que la hubiera.

Acuerdos de teletrabajo

Si la empresa tiene implantado el teletrabajo, debe formalizar los acuerdos correspondientes por escrito con cada persona trabajadora. Este acuerdo tiene que incluirse al contrato inicial o como anexo del existente. Además, debe recogerse las condiciones del teletrabajo: horario y distribución de la jornada, porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial —si se trata de teletrabajo híbrido—. También lugar o lugares de trabajo. E inventario de medios, gastos y forma de compensación, procedimiento ante incidencias técnicas, así como instrucciones sobre protección de datos y seguridad de la información.

Medidas voluntarias o recomendadas

Protocolo de uso de medios informáticos

Este documento establece las normas internas sobre el uso adecuado de los dispositivos, sistemas y herramientas digitales corporativas durante la jornada laboral. Por ejemplo: ordenadores, correo electrónico, internet o aplicaciones de mensajería. Su finalidad es evitar usos indebidos, proteger la seguridad de la información y los activos digitales de la empresa. También garantizar un entorno de trabajo productivo y seguro.

Un protocolo bien definido permite prevenir posibles conflictos, como accesos no autorizados, descargas inapropiadas o filtraciones de datos. En caso de auditorías o procesos disciplinarios, disponer de este protocolo puede ofrecer respaldo legal a las decisiones empresariales. Se recomienda su redacción en colaboración con los equipos de recursos humanos, IT y, cuando proceda, la representación legal de los trabajadores.

Código ético

Documento que recoge los principios, valores y normas de conducta que deben regir la actuación de todas las personas que forman parte de la organización. Su adopción no es obligatoria. A pesar de ello, se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar la cultura corporativa y promover un entorno de trabajo basado en el respeto, la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Un código ético eficaz define claramente qué comportamientos son esperados y cuáles no son tolerables. Este documento contribuyendo a prevenir situaciones de acoso, discriminación, conflictos de interés o malas prácticas. Además, suele estar vinculado a otros instrumentos como los protocolos de acoso o el canal de denuncias.

Cumplimiento normativo laboral para empresas con más de 50 trabajadores

Adicionalmente a las medidas y recomendaciones detalladas anteriormente, las empresas que cuentan con una plantilla de más de 50 trabajadores, tendrán que contar con:

Plan de igualdad

Debe incluir medidas para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y evitar la discriminación laboral por razones de sexo. El plan debe contemplar medidas y un calendario de actuación y de métodos de evaluación y seguimiento. La ausencia de este plan es una infracción grave y puede acarrear multas de 6.000 hasta 187.500€. Esto en función de que se trata de un plan insuficiente o directamente de su inexistencia.

Plan LGTBI

Desde la aprobación de la Ley 4/2023, estas empresas deben adoptar medidas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Este plan debe ser integral. Y debe abarcar áreas desde las políticas de no discriminación, formación en diversidad y sensibilización a medidas para garantizar la inclusión de las personas LGTBI y protocolos de prevención. Este plan es de aplicación a toda empresa, independientemente si sabe o no que cuentan con personas de este colectivo entre su fuerza de trabajo.

Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Esta obligación legal está establecida en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta exigencia obliga a reservar al menos el 2 % de los puestos de trabajo para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El objetivo de esta norma es fomentar la integración laboral de este colectivo, promoviendo un entorno inclusivo y diverso. En caso de que la empresa no pueda cumplir con esta cuota por causas justificadas, podrá solicitar una medida alternativa de carácter excepcional. Por ejemplo: la contratación de servicios a centros especiales de empleo o la realización de donaciones a entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la discapacidad.

Canal de denuncias

En virtud de la Ley 2/2023, es obligatorio implementar un sistema interno de información que permita comunicar infracciones de forma segura y confidencial.

Representación legal de los trabajadores (Comité de Empresa)

Esto es un derecho colectivo reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y obligatorio para aquellas empresas cuya plantilla supere las 50 personas trabajadoras. Este órgano de representación es elegido democráticamente por los propios trabajadores. Su finalidad es defender sus intereses ante la empresa, participar en la toma de decisiones que les afecten y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. La empresa está legalmente obligada a facilitar el proceso electoral y respetar las funciones del comité. Estas incluyen el acceso a información relevante (como contrataciones, despidos o medidas organizativas), la consulta en decisiones importantes y la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral.

Comité de Seguridad y Salud

Este órgano paritario y colegiado de participación entre la empresa y la representación legal de los trabajadores debe existir cuando haya representación legal de los trabajadores. Su principal función es colaborar activamente en la prevención de riesgos laborales. Analiza las condiciones de trabajo y propone medidas para mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. Este comité debe estar compuesto por igual número de representantes de la empresa y de los trabajadores. Debe reunirse periódicamente para evaluar situaciones de riesgo, revisar procedimientos y promover una cultura preventiva en todos los niveles de la organización.

Denuncia e inspección de trabajo: todo lo que necesitas saber

por Ana Alarcón Ruiz

Existe un gran número de leyes y normativas que las empresas deben cumplir para garantizar un entorno seguro para todos sus empleados. La administración pública puede realizar una inspección de trabajo puntualmente a una empresa para revisar si está cumpliendo con la regulación. En caso de no ser así, esto podría tener algún tipo de consecuencias. Además, diferentes actores relacionados con la empresa pueden denunciar una infracción laboral a las autoridades competentes. Desde CE Consulting, te contamos todo sobre lo que debes saber de una denuncia e inspección de trabajo en una empresa.

Inspeccion de trabajo

Qué es una Inspección de Trabajo (IT)

Una inspección de trabajo busca garantizar que la empresa cumple con las leyes y reglamentos laborales, respetándose los derechos de los trabajadores. Las inspecciones pueden llevarse a cabo visitando los centros de trabajo o mediante requerimiento de comparecencia en las dependencias de la ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social). En estas visitas, el inspector de trabajo evalúa las condiciones laborales, los contratos de trabajo y otros factores de importancia. Además, revisa los registros y documentos, entrevista a empleados y, en general, observa el entorno del lugar de trabajo.

En caso de detectar una infracción, la empresa puede enfrentarse a graves consecuencias, como multas o incluso cargos penales. Por ello, las empresas deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral a fin de evitar estas posibles consecuencias.

La Inspección de Trabajo tiene también un importante papel en el desarrollo de los Expedientes de Regulación de Empleo, actuando como órgano de control, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. Verifica la concurrencia de las causas alegadas tanto en los casos de ERTE por causas ETOP, así como en los ERTE por fuerza mayor. Y emite informe preceptivo en el que se valora la adecuación del desarrollo del periodo de consultas y del cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de cotización y mantenimiento del empleo.

Tipos de inspecciones de trabajo

Según la finalidad de una inspección de trabajo, existen distintos tipos:

  • Inspecciones aleatorias e inspecciones programadas.Estas responden a campañas planificadas sobre temas concretos como puede ser la contratación temporal y la transición al nuevo sistema de contratación laboral tras la última reforma, o sobre el registro de jornada de los trabajadores.
  • Inspecciones centradas en temas concretos y en sectores de actividad determinados.
  • Inspecciones que se producen como consecuencia de una denuncia y las que obedecen al cumplimiento de directrices internas y están panificadas.

Podemos distinguir en esta diversidad de inspecciones cuando la ITSS actúa a requerimiento de cualquier órgano jurisdiccional y a requerimiento de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social).

En cuanto a al contenido de la inspección, la ITSS aborda materias desde seguridad social, para garantizar que la empresa cumple con las cotizaciones a la Seguridad Social, condiciones de trabajo o cumplimiento de jornadas, horarios y descansos. Otras inspecciones se enfocan en comprobar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación. También la administración, como entidad empleadora, está sometida al control de la inspección de trabajo.

Las campañas mas recientes de la Inspección de Trabajo se han basado en temas como:

  • El control de las comunicaciones de altas y bajas en Seguridad Social fuera de plazo.
  • Utilización abusiva del periodo de prueba, sobre todo, tras la reforma en materia de contratación que limita la utilización de contratos temporales.
  • Utilización de los contratos fijos discontinuos.
  • Actuaciones en materia de PRL (amianto, sílice y radón).
  • Riesgos psicosociales, (protección LGTBI).

Cómo presentar una denuncia por infracción de trabajo

Toda persona que tenga conocimiento de hechos o situaciones que pudieran constituir infracción en materias competencia de la ITSS (laboral, seguridad y salud laboral, seguridad social, empleo, etc.) puede presentar una denuncia ante la Inspección provincial de trabajo y seguridad social.

El denunciante debe cumplimentar un formulario de denuncia oficial que está disponible en la web y cuyo contenido mínimo será:

  • Datos de identificación personal del denunciante y su firma.
  • Los hechos presuntamente constitutivos de infracción.
  • Fecha y lugar de su acaecimiento.
  • Identificación de los presuntamente responsables.
  • Otras circunstancias relevantes.

Esta denuncia podrá presentarse de forma presencial, telemática y por vía postal.

El denunciante sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora.

Además, la Inspección de Trabajo tiene habilitado un buzón para canalizar la denuncia de cualquier comportamiento que implique precarización de las condiciones de trabajo. A través de esta vía, cualquier persona, desde el anonimato, puede comunicar situaciones de abuso a las que los trabajadores pudieran estar sometidos.

buzon denuncia

Quién puede presentar denuncia a la Inspección de Trabajo

Cualquier persona puede denunciar una posible infracción laboral a la Inspección de Trabajo: empleados, antiguos empleados e incluso personas externas a la organización que tengan conocimiento de alguna situación irregular.

Consecuencias de una inspección de trabajo

Dependiendo de la gravedad de los hechos, las consecuencias de una denuncia pueden ser de diferente índole. Pueden terminar en un archivo de las actuaciones inspectoras o con el levantamiento de un acta de infracción.

Los procedimientos sancionadores pueden tener su origen en infracciones laborales, extranjería, seguridad social, prevención de riesgos laborales en la empresa, incluso, por obstrucción de la labor inspectora.

Infracciones leves

En esta categoría estarían, por ejemplo, la no realización del calendario laboral en la empresa o la falta de entrega al trabajador, por parte del empresario, del documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo.

Ante estas situaciones, la empresa puede recibir una advertencia de la ITSS y generar los cambios necesarios en sus prácticas.

Infracciones graves

En este tipo estarían, a modo de ejemplo, la falta de formalización del acuerdo de trabajo a distancia, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, el incumplimiento de las jornadas y la realización de horas extraordinarias rebasando los limites legales. Ante dichas situaciones, la empresa podría enfrentarse a sanciones administrativas, incluidas multas o incluso el cierre de la compañía.

Obligaciones de los Inspectores de Trabajo

Los inspectores de trabajo son funcionarios públicos con la responsabilidad de garantizar que las empresas cumplan la legislación laboral. Estos profesionales realizan inspecciones e investigan las denuncias sobre posibles infracciones laborales y toman medidas contra las empresas que no cumplen la normativa.

En esas visitas a las empresas, los inspectores de trabajo verifican los contratos de los empleados, realizan entrevistas a los trabajadores, observan el entorno del lugar de trabajo e inspeccionan la maquinaria o las herramientas utilizadas en el lugar. Además, comprueban si se ha proporcionado a los empleados el equipo de seguridad adecuado y se aseguran de que los salarios se pagan correctamente y a tiempo. Los inspectores de trabajo también revisan cualquier registro de accidentes o incidentes peligrosos en el lugar de trabajo, asegurándose de que no hay riesgo de futuros daños a los empleados.

Prevención de riesgos laborales en la empresa: cómo cumplir y aplicar la ley

por Nuria Jimenez Garcia

La prevención de riesgos laborales en la empresa no es opcional. Las compañías y negocios deben proteger a sus equipos de trabajo y evitar sanciones o inspecciones de trabajo. Desde CE Consulting te explicamos en este artículo qué exige la ley y cómo aplicarlo.

prevención de riesgos laborales en la empresa: casco, guantes, chalecos,

Qué es un plan de prevención en la empresa

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante PRL) es el documento que integra la actividad preventiva en la gestión general de la empresa y establece su política de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de las personas trabajadoras, minimizando la posibilidad de que ocurran accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

En este documento se detalla quien se encarga de la PRL, qué medidas se van a aplicar y con qué medios.

Qué empresas deben tener un plan de prevención de riesgos laborales

Todas las empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena, independientemente de su tamaño o sector, están obligadas a contar con un PRL.

No obstante, los autónomos sin empleados no necesitan un plan formal ni contratar un servicio de PRL, aunque sí deben seguir las normas de seguridad aplicables a su actividad.

También, de manera excepcional las empresas muy pequeñas (con menos de 5 trabajadores y en actividad de bajo riesgo) pueden gestionarla de forma simplificada en un único documento.

Qué documentación es obligatoria en materia de PRL

La legislación sobre PRL exige dejar constancia documental de todas las acciones preventivas. Así, los principales documentos obligatorios que debe tener y mantener una empresa son los siguientes:

  • Evaluación de riesgos laborales: Identifica los peligros presentes en cada puesto o proceso y evalúa el nivel de riesgo.
  • Planificación de la actividad preventiva: Detalla las medidas a implantar para controlar los riesgos identificados, asignando responsables y plazos.
  • Información a los trabajadores sobre riesgos: Debe entregarse a cada empleado información por escrito de los riesgos específicos de su puesto y las medidas de prevención aplicables.
  • Registro de formación en PRL.
  • Entrega de EPI (Equipos de Protección Individual): Listados que reflejan qué equipos de protección se han entregado a cada trabajador.
  • Vigilancia de la salud: Registros de los reconocimientos médicos de los trabajadores, si los hubiera.
  • Plan de emergencia y medidas de primeros auxilios: Es obligatorio tener por escrito las medidas de emergencia adaptadas a la actividad.
  • Registros de accidentes de trabajo: Es necesario notificar y registrar los accidentes laborales

Qué son los EPI, cuándo se entregan y cómo se registran

Los EPI (Equipos de Protección Individual) son dispositivos o prendas destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para protegerle de riesgos específicos que amenacen su seguridad o salud.

Los EPI han de entregarse de manera gratuita por el empresario siempre que la evaluación de riesgos determine que son necesarios y antes de que realicen la tarea, asegurándose el empresario de que se usan correctamente y vigilando el uso efectivo en el puesto de trabajo.

Como se ha mencionado antes, debe llevarse un registro de los EPIs entregados, con detalle, e incluyendo nombre y DNI del trabajador, fecha de entrega, firma de éste y del responsable de PRL o almacén.

Evaluación de riesgos laborales: qué es, cómo se realiza y cada cuánto se hace

La evaluación de riesgos laborales es fundamental en la prevención y consiste en identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo, en cada puesto o tarea, y estimar el nivel de riesgo que representan, para así determinar las medidas preventivas adecuadas. Esta evaluación la debe realizar personal con formación técnica en PRL.

¿Cómo se realiza una evaluación de riesgos?

El procedimiento habitual es el siguiente:

  • Identificación de los peligros en cada puesto de trabajo o proceso.
  • Análisis y valoración del riesgo asociado a cada peligro, considerando qué daño podría causar (severidad) y con qué frecuencia o probabilidad podría ocurrir un incidente.
  • Propuesta de medidas preventivas o de control para cada riesgo identificado, dando prioridad a eliminar o reducir los riesgos más graves.

¿Cuándo y con qué frecuencia debe realizarse la evaluación?

La evaluación debe hacerse al comienzo de la actividad de la empresa o al abrir un nuevo centro, y siempre antes de que los trabajadores se expongan a los riesgos.

Además, debe revisarse y actualizarse en cuanto haya cambios relevantes en las condiciones de trabajo: por ejemplo, cuando se introduzca un cambio en las condiciones de trabajo o cuando ocurra un daño a la salud.

Formación y comunicación sobre PRL: qué y cuándo comunicar y formar a la plantilla

Los empleados tienen derecho a ser informados de los riesgos de su trabajo y de las medidas para prevenirlos, así como a recibir formación práctica y teórica en prevención.

Asimismo, el empresario tiene el deber de comunicar y enseñar esas cuestiones de forma clara.

Deben comunicarse al trabajador todos los riesgos inherentes a su puesto al incorporarse el trabajador a la empresa o a una nueva posición

También es recomendable realizar formaciones periódicas de actualización, sobre todo en trabajos de alto riesgo, para recordar las buenas prácticas y actualizar contenidos.

Actores clave en la prevención de riesgos laborales en la empresa

Responsable de prevención en la empresa

El máximo responsable de la PRL es el empresario. No obstante, puede delegar o encomendar esa gestión distintos recursos preventivos:

  • En empresas de hasta 10 trabajadores (o hasta 25 si existe un único centro de trabajo), el propio empresario puede asumir las funciones de prevención, siempre que tenga la formación adecuada para ello y no realicen actividades especialmente peligrosas.
  • También puede designar a uno o varios trabajadores de su plantilla, formados para ello, para que asuman las tareas de prevención.
  • En empresas medianas o grandes es común tener un Servicio de Prevención Propio.
  • La opción más utilizada por pymes es contratar un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).

Las principales funciones del responsable de prevención, sea interno o externo, incluyen el elaborar o coordinar la evaluación de riesgos y su actualización; proponer y planificar las medidas correctoras; asegurar la formación e información de los trabajadores; investigar incidentes y accidentes.

En cualquier caso, hay que resaltar que, aunque se subcontrate la prevención, la responsabilidad última sigue siendo del empresario.

Comité de Seguridad y Salud

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones preventivas en empresas de 50 o más trabajadores. Este comité está formado por igual número de representantes de la empresa y de los trabajadores.

En empresas con menos de 50 trabajadores no existe obligación de crear un comité, pero sí que existe un delegado de prevención, a partir de 6 trabajadores, que suele coincidir con el delegado de personal.

Deben reunirse trimestralmente, como mínimo, o cuando lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.

Subrogación de plantilla: qué es, cuándo se aplica y cómo gestionarla correctamente

por Daniel Martinez Gutierrez

La subrogación de plantilla es un proceso clave en determinadas operaciones empresariales. Afecta directamente a las personas trabajadoras y a las relaciones laborales. En CE Consulting te contamos más sobre ello para que puedas gestionar este proceso con responsabilidad y conforme a la normativa vigente.

subrogación de plantilla; equipo trabajando en fábrica

¿Qué es la subrogación de la plantilla?

La subrogación de la plantilla se produce cuando una empresa asume a parte o a la totalidad de las personas trabajadoras de otra empresa, manteniendo sus condiciones laborales. No se formaliza un nuevo contrato, sino que continúan vigentes las condiciones pactadas inicialmente.

Este proceso suele estar regulado por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 44, convenios colectivos o acuerdos entre empresas. Tiene lugar, principalmente, en casos de sucesión empresarial o cambio de contrata.

¿Cuándo se aplica la subrogación de la plantilla?

La subrogación no se aplica en todos los casos, sino en situaciones específicas como:

  • Cambios de contrata (servicios externalizados): Es frecuente en sectores como limpieza, seguridad o mantenimiento, donde una nueva empresa adjudicataria debe asumir a la plantilla anterior.
  • Sucesión de empresa o transmisión de empresa: Cuando hay una transmisión de medios materiales y personales que permite continuar la actividad.
  • Fusión, escisión o compraventa de empresas: Implican la integración de trabajadores sin romper la relación laboral.
  • Casos en los que lo exige el convenio colectivo: Algunos convenios establecen la obligación de subrogar a la plantilla en determinados supuestos.

¿Qué implica el traspaso de trabajadores de una empresa a otra manteniendo sus condiciones laborales?

Cuando se produce la subrogación de la plantilla, la empresa entrante debe respetar la antigüedad, el salario, la categoría profesional y otras condiciones pactadas individualmente con el empleador anterior.

Además, salvo acuerdo en contrario o expiración del convenio, se mantiene el convenio colectivo aplicable, lo que garantiza estabilidad normativa para las personas subrogadas.

Requisitos legales a tener presentes en la subrogación de la plantilla

  • Responsabilidad solidaria: Durante los tres años posteriores, ambas empresas responden de forma conjunta ante obligaciones anteriores no prescritas.
  • Comunicación al SEPE: Mediante la “Declaración de subrogación de empresa”, indicando los datos fiscales de las partes implicadas.
  • Seguridad Social: La empresa saliente da de baja a los trabajadores, y la empresa entrante los da de alta informando del proceso de subrogación.
  • IRPF: Las retribuciones de ambas empresas se consideran de un único pagador a efectos fiscales.

Pasos que deben seguir las empresas en la subrogación

Antes de ejecutar la subrogación, es importante:

  • Comprobación del marco legal aplicable: Revisar el convenio colectivo, el contrato de adjudicación o cualquier norma sectorial que lo regule.
  • Auditoría laboral previa: Analizar deudas, sanciones, contratos y situación de cada trabajador antes de aceptar la plantilla.
  • Negociación colectiva preventiva: Implicar a la representación legal de los trabajadores en todo el proceso.
  • Comunicación a las personas trabajadoras y a la representación legal: Informar del cambio de empleador, fechas y condiciones. Resolver dudas y garantizar la continuidad en la relación laboral para evitar inseguridades o rotación no deseada.
  • Firma de documentación relativa a la subrogación: Incluir listados de personal afectado y condiciones laborales mantenidas.

Una vez realizada la subrogación:

  • Comunicación clara y directa: Generar confianza en las personas trabajadoras desde el primer día.
  • Integración efectiva: Facilitar su adaptación al nuevo entorno de trabajo, respetando su historial profesional.
  • Gestión administrativa correcta: Dar de alta correctamente en Seguridad Social, ajustar retenciones del IRPF y asegurar el mantenimiento de derechos laborales.

Si una persona trabajadora no desea continuar en la nueva empresa, su salida se considerará baja voluntaria, salvo que pueda acreditar una modificación sustancial de sus condiciones.

Preguntas frecuentes sobre la subrogación de plantilla

¿Puede la empresa entrante modificar las condiciones laborales tras la subrogación?
Solo si se siguen los procedimientos legales de modificación sustancial de condiciones. De lo contrario, deben respetarse las condiciones anteriores.

¿Qué ocurre si la empresa saliente ha acumulado deudas con la plantilla?
La empresa entrante puede responder solidariamente durante 3 años. Por eso es fundamental hacer una auditoría laboral previa.

¿Se puede impugnar la subrogación por parte de las personas trabajadoras?
Sí, si consideran que no se ha respetado su contrato o condiciones, pueden reclamar judicialmente.

¿Qué pasa con los periodos de prueba y la formación?
No se reinician. El personal subrogado mantiene su antigüedad, y la empresa entrante debe reconocer su experiencia.

Una mala gestión puede acabar en conflictos judiciales, sanciones administrativas o pérdida de talento clave. Si necesitas asesoramiento legal y laboral para este proceso, ponte en contacto con nosotros.

Entender una nómina: lo que deben tener en cuenta el trabajador y la empresa

por Daniel Martinez Gutierrez

Entender una nómina puede resultar complicado para muchas personas. ¿Por qué cobro menos de lo que pone arriba? ¿Qué significa cada concepto? ¿Por qué me retienen IRPF? Desde CE Consulting explicamos en este artículo, y de forma muy sencilla, las partes de una nómina, para que sepas leerla, entenderla y controlar qué afecta al dinero final que recibes.

partes de una nómina; mujer revisa documento

¿Qué es una nómina?

La nómina es el documento que justifica el pago del salario de una persona trabajadora. Refleja el trabajo realizado, los conceptos salariales y no salariales, y las deducciones aplicadas.

Es obligatoria para todas las personas contratadas. Además, sirve como prueba ante Seguridad Social, Hacienda y, en caso necesario, tribunales.

Partes de una nómina

Datos identificativos

En esta primera sección se incluye toda esta información sobre:

  • Empresa: nombre, CIF (Código de Identificación Fiscal), domicilio social.
  • Persona trabajadora: nombre, NIF (Número de Identificación Fiscal), número de afiliación a la Seguridad Social, categoría profesional, grupo de cotización, antigüedad.
  • Periodo de liquidación: fechas del mes trabajado.

Devengos: ingresos brutos

Los devengos son las cantidades generadas ese mes antes de descontar nada. Se dividen en dos:

  • Devengos salariales. Pagos por el trabajo realizado. Y estos sí cotizan y tributan. Son, por ejemplo: salario base (lo pactado en contrato o convenio), complementos salariales (antigüedad, peligrosidad, nocturnidad, productividad, plus de transporte habitual, etc.), pagas extra prorrateadas (si se pagan cada mes) o las horas extra, plus de festivos, comisiones. Aumentan el salario bruto y se incluyen en la base de cotización y el IRPF.
  • Devengos no salariales (percepciones no salariales). Son las compensaciones por gastos o indemnizaciones. En general, no cotizan ni tributan. Ejemplos: dietas por desplazamiento fuera del centro habitual, kilometraje, indemnizaciones por traslado o despido o quebranto de moneda (cuando el trabajador asume riesgos de caja). En este caso, aumentan el líquido final, pero no forman parte del salario bruto ni de las bases de cotización o IRPF (salvo límites legales).

Deducciones y retenciones: lo que se descuenta

Como la palabra indica, las deducciones restan parte del salario bruto para cumplir con obligaciones legales. Y en este caso tenemos:

  • Aportaciones a la Seguridad Social (SS). La persona trabajadora aporta aproximadamente un 4,7% por contingencias comunes (bajas médicas, pensiones), un 1,55% por desempleo (en contratos indefinidos; más en temporales) y un 0,1% por formación profesional. Además se incluye una cotización del 0,1% al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en este año 2025.Si la base de cotización supera los 4.909,50 euros en el 2025, se aplicara así mismo un porcentaje de descuento al trabajador denominado Cotización Adicional de Solidaridad. La empresa, además, paga otra parte (aproximadamente un 30%), pero eso no aparece descontado en la nómina del trabajador.
  • Retención de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Es un adelanto mensual que la persona trabajadora hace a Hacienda sobre su salario bruto. El porcentaje depende del nivel salarial, la situación familiar (hijos, discapacidad, matrimonio, etc.) y el tipo de contrato. Hay que tener en cuenta que cuanto más alto es el salario bruto o menos cargas familiares se tenga, mayor suele ser el porcentaje retenido. Es importante por ello actualizar el modelo 145 cuando hay cambios en la situación personal y familiar.
  • Obligación de la empresa de practicar los descuentos. La empresa debe realizar correctamente los descuentos de Seguridad Social e IRPF en el momento de pagar la nómina. Si no lo hace, la empresa podría asumir el coste completo de las cuotas no descontadas; o la Seguridad Social puede reclamar a la empresa los importes no ingresados, más recargos. El trabajador no está obligado a devolver las cantidades que la empresa no descontó por error. Por ello, es importante revisar nóminas antes de abonar salarios para asegurarse de que las deducciones están correctamente aplicadas.

Líquido a percibir: lo que al final se cobra

El cálculo final es el salario bruto menos las deducciones y retenciones. Es el importe final que la persona trabajadora recibe en tu cuenta bancaria.

Preguntas frecuentes sobre las partes de una nómina

¿Cuál es la diferencia entre salario bruto y neto?

El salario bruto es el total que genera la persona trabajadora por tu trabajo antes de restar impuestos y cotizaciones. Y el salario neto es lo que recibe realmente en su cuenta bancaria, una vez descontadas las aportaciones a la Seguridad Social y la retención de IRPF.

¿Por qué no se cobra lo que dice el contrato?

Porque el contrato indica el salario bruto anual. A eso hay que restar Seguridad Social e IRPF, y tener en cuenta si las pagas extra están prorrateadas o no.

¿Cómo se puede pagar menos IRPF en nómina?

Si la situación familiar ha cambiado, la persona trabajadora debe informa a la empresa para ajustar la retención. Es mediante el modelo 145.

¿Qué es un anticipo de nómina?

Es una cantidad que la empresa adelanta a la persona trabajadora antes de la fecha habitual de pago, a cuenta de su salario ya devengado. El anticipo debe aparecer reflejado en la nómina, restando esa cantidad del líquido final. Es importante tener en cuenta que la persona trabajadora tiene derecho a pedirlo sobre la parte ya trabajada, no sobre salario futuro.

¿Qué pasa si hay errores en la nómina?

Hay que comunicarlo cuanto antes a Recursos Humanos. Si no lo solucionan, se puede reclamar con apoyo sindical o mediante asesoría legal.

¿Las dietas y gastos también cotizan?

No siempre. Muchos devengos no salariales están exentos de cotización e IRPF hasta ciertos límites. Es importante diferenciarlos bien en la nómina.

¿Qué debe tener en cuenta la empresa y el trabajador sobre la nómina?

La empresa debe:

  • Revisar cada mes los conceptos incluidos en la nómina.
  • Aplicar correctamente las deducciones de Seguridad Social e IRPF.
  • Mantener actualizados los datos personales y familiares para calcular bien las retenciones.
  • Entregar la nómina a la persona trabajadora en tiempo y forma, junto con el salario.
  • Guardar copia para cumplir obligaciones legales y posibles inspecciones.

La persona trabajadora debe:

  • Revisar su nómina cada mes: comprobar salario base, complementos, deducciones y líquido final.
  • Comunicar a la empresa cualquier cambio personal o familiar que afecte al IRPF.
  • Solicitar aclaraciones si hay dudas sobre los conceptos reflejados.
  • Conservar las nóminas como justificantes para Hacienda, bancos o trámites sociales.

Teletrabajo: derechos y obligaciones según la ley española

por Ana Alarcón Ruiz

Desde la pandemia, el teletrabajo se ha consolidado como una modalidad laboral clave en España. Aunque su adopción ha variado, sigue siendo esencial en ciertos sectores y clave en los procesos de reclutamiento y selección de personas. Las empresas y trabajadores deben comprender los derechos y obligaciones asociados al teletrabajo porque es fundamental para garantizar relaciones laborales justas y cumplir con la normativa vigente. Y, por ello, en CE Consulting abordamos este tema.

derechos y obligaciones del teletrabajo

¿Qué es el teletrabajo y qué dice la normativa española?

Existe teletrabajo o trabajo en remoto cuando la persona trabajadora realiza sus funciones fuera del centro de trabajo, generalmente, desde su domicilio. Y además utiliza medios tecnológicos para cumplir con su jornada laboral. El teletrabajo puede ser completo (100 % en remoto) o híbrido (combinación de días de trabajo desde casa con presencia en la oficina). Este último tipo es el más habitual en España.

La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia —conocida también como Ley de Teletrabajo— es la norma que lo regula. Y la ley define el término “trabajo a distancia” cuando esta modalidad se realiza de forma regular, es decir, durante al menos el 30% de la jornada en un periodo de tres meses.

El teletrabajo tiene carácter voluntario y es reversible, garantizándose, en cualquier caso, la igualdad de condiciones con el trabajo presencial.

Obligaciones empresariales en el teletrabajo: lo que debes saber

Antes de empezar a teletrabajar es necesario firmar un acuerdo por escrito entre empresa y trabajador. Este se incorporará al contrato inicial o como anexo de uno ya existente, debiendo recogerse de forma específica todas sus condiciones como son el horario y distribución de la jornada, porcentaje de teletrabajo y trabajo presencial —si se trata de teletrabajo híbrido—, y lugar o lugares de trabajo.

Además, la empresa debe proporcionar los medios tecnológicos necesarios (ordenador, conexión, etc.), sin que pueda exigir el uso de dispositivos personales.

Derechos de la persona trabajadora en situación de teletrabajo

Quienes teletrabajan conservan los mismos derechos laborales que si acudieran a la oficina: salario, jornada, descansos, acceso a formación o posibilidades de promoción.

Jornada laboral y desconexión digital

La jornada laboral debe ser la pactada y respetar los límites legales, igual que cualquier otro trabajador. En el acuerdo de teletrabajo se fijará el horario o, si existe flexibilidad, las franjas de disponibilidad y de descanso.

Es importante destacar el derecho a la desconexión digital.  Este implica que, fuera del horario laboral, la empresa no puede exigir la atención a dispositivos, salvo en circunstancias excepcionales y debidamente tasadas.

Salud laboral y prevención de riesgos laborales

La persona que trabaja a distancia tiene derecho a la misma protección en materia de seguridad y salud en el trabajo que cualquier otro. Por ello, la empresa debe garantizar su seguridad y salud, realizar la evaluación de riesgos y facilitar la formación preventiva.

Asimismo, es obligatorio realizar una evaluación de riesgos del lugar de trabajo a distancia —habitualmente, la vivienda del empleado— y adoptar medidas ergonómicas para adecuarlo.

La empresa también debe formar al trabajador en aspectos preventivos. Por ejemplo: adoptar buenas posturas, hacer pausas visuales o mantener el espacio de trabajo libre de riesgos.

Preguntas habituales sobre teletrabajo (FAQs)

¿Quién asume los gastos del teletrabajo?

Según la normativa, la empresa debe abonar y compensar los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios necesarios para el teletrabajo. Esto sin que el trabajador tenga que asumir ninguno.

¿Puede la Inspección de Trabajo sancionar a mi empresa por incumplir la normativa sobre teletrabajo?

Sí, la Inspección de Trabajo puede sancionar el incumplimiento de la normativa, variando su importe en función de la gravedad del incumplimiento. En el caso de infracciones graves, estas pueden oscilar entre 751 y 7.500 euros. Los supuestos sancionables como infracción grave incluyen, entre otros, la no formalización del acuerdo de trabajo a distancia, la imposición unilateral del teletrabajo, la vulneración de derechos sobre el tiempo de trabajo, la falta de compensación de gastos o el incumplimiento de las obligaciones de información y registro horario.

¿Es obligatorio firmar un acuerdo de teletrabajo y qué debe incluir exactamente?

Sí, tiene carácter obligatorio. Este acuerdo debe incluir:

  • Inventario de medios.
  • Enumeración de gastos y forma de compensación.
  • Horario, porcentaje de presencialidad, centro y lugar de trabajo.
  • Plazos de reversibilidad.
  • Medios de control.
  • Procedimiento ante incidencias técnicas.
  • Instrucciones sobre protección de datos y seguridad de la información.
  • Duración.

¿Puede la empresa obligarme a teletrabajar?

No, el teletrabajo es voluntario para ambas partes y de carácter reversible, sin que pueda imponerse unilateralmente.

¿Y quitar el teletrabajo?

La reversibilidad del teletrabajo puede ejercerse por ambas partes. Por ello es muy importante la regulación en el acuerdo individual de trabajo a distancia o en la negociación colectiva de las condiciones en las que se puede llevar a cabo la reversibilidad.

Si alguna de las partes desea volver al trabajo presencial, no basta con decidirlo por su cuenta. Debe existir un acuerdo previo o estar previsto en el convenio. Por tanto, si la empresa quiere eliminar unilateralmente el teletrabajo, deberá justificar la necesidad de volver a la presencialidad. Y tal decisión es recurrible judicialmente por la persona trabajadora pudiendo ser considerada una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Requerimientos de Hacienda: consecuencias y claves para evitar sanciones fiscales

por José Ramón Huertas López

La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) juega un papel fundamental en la comunicación entre Hacienda y empresas, empresarios y autónomos. A través de esta plataforma, la Agencia Tributaria envía notificaciones electrónicas que requieren una respuesta rápida y diligente. No atender estos requerimientos de Hacienda puede tener consecuencias serias, tanto económicas como legales. Desde CE Consulting te explicamos qué medidas tomar a cabo para evitar sorpresas y sanciones.

requerimientos de hacienda de forma digital a empresas

¿Qué es un requerimiento de Hacienda y cómo evitar sanciones?

Un requerimiento es una solicitud formal de información que realiza la Agencia Tributaria a contribuyentes para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Suelen ser comunicaciones claras, con plazos determinados, que no deben ser ignoradas.

Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha recordado la importancia de responder a estos requerimientos. Esta sentencia subraya que no atender las notificaciones puede acarrear multas y sanciones económicas, independientemente de si el incumplimiento fue intencionado o por desconocimiento.

¿A quién afecta esta resolución del TEAC?

La resolución afecta tanto a empresas como a autónomos y entidades del Tercer Sector. Ignorar las comunicaciones electrónicas puede conllevar sanciones desproporcionadas, generando inquietud entre los contribuyentes sobre la claridad y accesibilidad de los procesos.

Sanciones por no responder los requerimientos de Hacienda

Omitir o no responder en tiempo y forma a un requerimiento de Hacienda puede implicar:

  • Multas económicas: Pueden oscilar entre 150 y 600 euros, dependiendo de la gravedad y reiteración de la falta.
  • Sanciones adicionales por incumplimiento reiterado.
  • Posibles inspecciones fiscales que compliquen aún más la situación de la empresa o autónomo.

Preguntas frecuentes sobre requerimientos de Hacienda

¿Cuánto tiempo hay para responder los requerimientos de Hacienda?

Generalmente, Hacienda otorga un plazo de 10 días hábiles para responder a un requerimiento. Esto a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación electrónica, no computándose sábados, domingos ni festivos. Por ello, es importante revisar regularmente la DEHú para no pasar por alto estos plazos y evitar sanciones. Puede solicitarse un aumento de este plazo para responder, concediéndose otros 5 días hábiles.

¿Qué debe hacer la empresa o autónomo si no entiende la notificación electrónica?

Si no se comprende el contenido de la notificación, lo mejor es actuar con rapidez:

  • Consultar a un asesor fiscal. Este profesional puede ayudar al empresario o autónomo a interpretar el requerimiento y dar una respuesta adecuada.
  • Revisar la documentación adjunta. La notificación puede incluir detalles adicionales para aclarar su objetivo.
  • Contactar con la Agencia Tributaria. Otra opción es comunicar con Hacienda para solicitar más información o confirmación del procedimiento.

¿Qué pasa si no se ve la notificación electrónica a tiempo?

Aunque no se abra la notificación, Hacienda considera que el autónomo o empresa ha sido notificada tras 10 días naturales desde su publicación en la DEHú. Esto significa que los plazos para responder siguen corriendo. Por ello, es crucial revisar la plataforma de forma frecuente o configurar alertas automáticas.

¿Se puede delegar la recepción de notificaciones electrónicas?

Sí, se puede autorizar a un tercero, como un asesor fiscal. Este profesional podría acceder y gestionar las notificaciones en nombre del autónomo o empresa. Para delegar, se tiene que hacer a través del sistema de apoderamientos en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. De esta forma, te aseguras de que un profesional supervise tus comunicaciones oficiales.

Recomendaciones para revisar notificaciones electrónicas en la DEHú

  • Revisión periódica. Mantener un control continuo de las notificaciones electrónicas de la DEHú.
  • Configuración de alertas. Activar notificaciones automáticas para no pasar por alto ningún requerimiento.
  • Delegación en profesionales. Contar con una asesoría fiscal garantiza el cumplimiento de plazos y obligaciones.
  • Uso de software de gestión fiscal. Implantar herramientas tecnológicas para controlar comunicaciones y obligaciones fiscales.
  • Formación continua. Conocer las obligaciones fiscales y los plazos establecidos por Hacienda para evitar sorpresas.

Responder con diligencia a los requerimientos fomenta una mayor responsabilidad fiscal y ayuda a mejorar la relación entre empresas, autónomos y la Administración. La clave está en la anticipación, el control y el apoyo de profesionales que faciliten este proceso.

Informe de verificación y cumplimiento en auditoría: qué es, cómo se aplica en empresas y en entidades del tercer sector

por Ángel Manuel Cardo Herrero

El informe de verificación y cumplimiento en auditoría es un documento que certifica si una organización — empresa, fundación o asociación— cumple con sus obligaciones legales, fiscales, contables. Y, en el caso del tercer sector, también estatutarias. Aunque suele estar asociado a auditorías formales, su valor va más allá del cumplimiento técnico. Representa una herramienta clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora de procesos internos. Desde CE Consulting te explicamos en qué consiste este informe, cuándo es necesario y cómo varía su aplicación en el ámbito empresarial frente al del tercer sector.

informe de verificación y cumplimiento en auditoría

¿Qué es el informe de verificación y cumplimiento en auditoría?

Este informe no debe confundirse con una auditoría de cuentas salvo que así se indique expresamente. Su naturaleza puede incluir la revisión de información sobre sostenibilidad, verificación de subvenciones u otros, debiendo especificarse en cada caso.

Se trata de un informe emitido habitualmente por un auditor externo o un revisor independiente, tras una revisión sistemática de documentación, procedimientos y cumplimiento normativo de una entidad. Su finalidad es asegurar que la organización ha actuado conforme a la legislación vigente, los compromisos adquiridos (como subvenciones) y, en el caso de entidades no lucrativas, sus propios estatutos.

El informe no se limita a validar cifras contables, sino que revisa aspectos como el uso correcto de los fondos, el cumplimiento de plazos, la documentación de las decisiones clave. Y la coherencia entre la actividad realizada y el objeto social o empresarial declarado.

¿Por qué es importante el informe de verificación y cumplimiento en auditoría?

Ya sea en una empresa o en una entidad sin ánimo de lucro, el informe de verificación y cumplimiento permite detectar a tiempo posibles errores, omisiones o riesgos. También proporciona un respaldo documental sólido frente a inspecciones, auditorías o requerimientos administrativos.

Su valor no reside solo en cumplir con la ley, sino en generar confianzamejorar procesos internos y anticiparse a problemas que podrían afectar a la reputación, la financiación o la operatividad de la organización.

Recomendaciones previas para la preparación del informe

Antes de iniciar la elaboración del informe de verificación y cumplimiento en auditoría, es fundamental que la entidad —ya sea una empresa o una organización del tercer sector— tenga su contabilidad al día y toda la documentación administrativa bien organizada. Esto incluye contratos, justificantes de gasto, actas, libros contables y cualquier otro soporte que acredite las operaciones realizadas. Disponer de esta información de forma accesible facilita el trabajo del auditor y reduce tiempos y posibles errores durante la revisión.

Además, conviene que la entidad cuente con procedimientos internos claros y debidamente documentados. Esto no solo demuestra orden y transparencia, sino que permite al auditor verificar cómo se toman decisiones, cómo se controlan los fondos y cómo se aseguran los cumplimientos legales.

Planificar el proceso con antelación suficiente y designar a una o varias personas responsables de coordinar con el auditor es clave para garantizar fluidez.

Por último, es muy recomendable revisar previamente los estatutos y cualquier compromiso legal vigente, para asegurarse de que la actividad desarrollada se ajusta a lo establecido y poder corregir a tiempo cualquier desviación.

Es imprescindible que el auditor o verificador cumpla con los principios de independencia, ética profesional, objetividad y confidencialidad, de conformidad con la normativa de auditoría vigente.

¿Cómo deben aplicar este informe las empresas?

En el entorno empresarial, este informe no es obligatorio para todas las compañías, pero sí puede ser requerido en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando una empresa accede a fondos públicos, subvenciones o contratos con la Administración, se exige demostrar el uso adecuado de los recursos. El informe de cumplimiento puede ser parte de esa justificación.

También en sectores regulados (como el financiero, energético o farmacéutico), este tipo de informes o revisiones se integran como parte de sistemas de auditoría y compliance más amplios. Muchas empresas, aunque no estén obligadas legalmente, optan por incluir revisiones similares en sus auditorías internas o externas, como parte de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Además, en el contexto de la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas que implementan programas de compliance pueden encargar informes periódicos de verificación para asegurarse de que se están cumpliendo las normas éticas, legales y reglamentarias pertinentes.

¿Cómo deben hacerlo las entidades del tercer sector?

En el caso de fundaciones y asociaciones, especialmente aquellas que forman parte del tercer sector, este informe tiene un carácter mucho más específico y, en muchos casos, obligatorio. Las normativas autonómicas y estatales de fundaciones suelen exigir que estas entidades, al superar ciertos límites de ingresos o volumen de actividad, se sometan a auditoría externa. Dentro de ese proceso se incluye habitualmente un informe de verificación del cumplimiento normativo y estatutario.

Además, cuando estas entidades reciben subvenciones públicas, el informe sirve para justificar ante la Administración que los fondos se han utilizado correctamente y que la entidad cumple con sus obligaciones de transparencia, contabilidad y buen gobierno.

En este contexto, resulta obligatorio que el informe de revisión de cuentas justificativas de subvenciones cumpla con los requisitos formales de la Orden EHA/1434/2007, exigiéndose además que el auditor esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y que se incluya toda la documentación mínima requerida.

Incluso cuando no es obligatorio, muchas organizaciones del tercer sector recurren a este tipo de informe para fortalecer su credibilidad ante financiadores, donantes o la propia comunidad a la que sirven. También es una forma de identificar mejoras en la gestión y garantizar que los recursos se destinan con eficiencia a los fines sociales previstos.

¿Debe publicarse el informe de verificación y cumplimiento?

La obligación de publicar o informar sobre el informe de verificación y cumplimiento varía según el tipo de entidad y el contexto en que se realiza.

En el caso de fundaciones y asociaciones del tercer sector, la publicación suele ser obligatoria cuando están sometidas a auditoría externa o cuando reciben financiación pública. En estos casos, el informe debe presentarse ante el registro correspondiente (autonómico o estatal) junto con las cuentas anuales. Y en ocasiones debe también estar disponible en la página web o en su portal de transparencia. Esto responde a exigencias legales de rendición de cuentas y acceso público a la información, especialmente cuando se gestionan fondos públicos o donaciones. Además, deben especificarse claramente los plazos y condiciones para la publicación y conservación del informe y la documentación justificativa, de acuerdo con la normativa aplicable a subvenciones y auditoría.

En cambio, las empresas no están obligadas a publicar este informe, salvo que lo exija una subvención, contrato con la Administración o normativa sectorial específica. Por lo general, cuando las empresas elaboran este tipo de informe, es con fines internos (auditoría, compliance, control de riesgos). Sin embargo, algunas compañías optan por incluirlo de forma voluntaria en sus memorias anuales o informes de sostenibilidad, como parte de sus políticas de responsabilidad social y transparencia.

En el caso de la verificación de información sobre sostenibilidad, el informe debe ajustarse a los marcos normativos específicos aplicables, garantizando su integridad, trazabilidad y suficiencia conforme a los requisitos de los informes de verificación vigentes.

Consecuencias y sanciones de no realizar el informe de verificación y cumplimiento

No realizar el informe de verificación y cumplimiento cuando es obligatorio puede generar consecuencias importantes, tanto legales como económicas y reputacionales.

En las fundaciones y asociaciones

La omisión del informe puede suponer un incumplimiento grave frente a los órganos de control como el Protectorado o el registro de fundaciones correspondiente. Esto puede derivar en requerimientos formales para su presentación, sanciones administrativas e incluso la imposibilidad de acceder a nuevas subvenciones o convenios con la Administración.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que determinadas omisiones o incumplimientos en relación con estos informes pueden constituir infracciones tipificadas, con la consecuente obligación de remitir información al ICAC dentro de los plazos legales establecidos.

Además, cuando la elaboración del informe forma parte de la justificación de ayudas públicas, no presentarlo en plazo puede obligar a la entidad a devolver los fondos recibidos. En casos reiterados o especialmente graves, el incumplimiento podría incluso abrir la puerta a medidas de control más estrictas por parte de los supervisores, e incluso a la suspensión de actividades.

A todo esto, se suma el riesgo reputacional, ya que no poder acreditar transparencia y cumplimiento normativo puede generar desconfianza entre donantes, socios, financiadores o beneficiarios.

En el ámbito empresarial

Aunque el informe no siempre sea obligatorio, su ausencia cuando ha sido solicitado como parte de un proceso de subvención, licitación pública o auditoría regulatoria puede tener consecuencias negativas. El incumplimiento puede suponer la pérdida de fondos, la inhabilitación temporal para acceder a nuevas ayudas públicas o la aparición de observaciones críticas en auditorías externas.

Además, en sectores altamente regulados o con exigencias de compliance, no contar con este tipo de documentación puede ser visto como un signo de debilidad en la gestión interna y afectar negativamente a la imagen corporativa frente a clientes, socios o inversores.

En ambos casos, no disponer de este informe cuando es requerido representa un riesgo evitable. Por ello, la recomendación es siempre anticiparse, contar con un equipo asesor que conozca la normativa aplicable y preparar toda la documentación con tiempo, para asegurar una respuesta adecuada ante cualquier requerimiento administrativo o auditoría externa.

Ley de Segunda Oportunidad: cómo cancelar deudas y empezar de nuevo

por Raquel Fernández Serrano

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos cancelar buena parte de sus deudas cuando ya no tienen capacidad para hacerles frente. Desde CE Consulting te explicamos lo más destacado de esta norma.

ley segunda oportunidad

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

Este mecanismo, que se introdujo en España en 2015 con la reforma de la Ley Concursal y se modificó en 2022 para hacerlo más accesible. Está dirigido específicamente a personas físicas, ya sean o no autónomos, que no han actuado con mala fe. 

Además, la citada reforma creó un procedimiento especial para microempresas, aplicable a autónomos y pequeñas sociedades con menos de 10 empleados y que hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. El objetivo es facilitar la reestructuración o liquidación ordenada y, en su caso, la exoneración de deudas para personas físicas empresarias.

¿Qué deudas se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?

La mayoría de las deudas personales o empresariales pueden cancelarse mediante este mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad. Así, un autónomo, al ser legalmente una persona física, puede incluir todas las deudas derivadas de su actividad profesional dentro del proceso de segunda oportunidad.

Deudas exonerables

Se pueden cancelar casi todas las deudas privadas que tenga una persona o autónomo, siendo las más habituales:

  • Préstamos bancarios y créditos personales.
  • Deudas de tarjetas de crédito.
  • Créditos al consumo y microcréditos.
  • Avales y garantías personales.
  • Deuda remanente tras ejecución hipotecaria.
  • Deudas con proveedores, alquileres, suministros o similares derivadas de una actividad profesional.
  • Deudas con Hacienda y la Seguridad Social hasta 10.000 €.

Deudas excluidas

Las deudas no exonerables o excluidas son las siguientes:

  • Deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales.
  • Deudas por responsabilidad civil derivada de delito.
  • Deudas por alimentos.
  • Salarios debidos a trabajadores de los últimos 60 días antes del concurso de acreedores.
  • Deudas con Hacienda, Seguridad Social y otros entes públicos (para los primeros 5.000 euros de deuda la exoneración será integra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el 50% de la deuda hasta el máximo de 10.000 euros).
  • Multas y sanciones muy graves de naturaleza penal o administrativa.
  • Costas y gastos judiciales del propio procedimiento de exoneración.
  • Deudas garantizadas con hipoteca o prenda (garantía real), hasta el valor de la garantía.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acogerse a este mecanismo?

Existen una serie de requisitos para poder acogerse al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad:

  • Ser persona física insolvente.
  • Actuar de buena fe, lo que implica, entre otras causas, no haber sido declarado culpable en un concurso anterior en los últimos diez años.
  • Tener al menos dos acreedores, dado que se hace a través de concurso de acreedores.
  • No haber cometido delitos relevantes.
  • No haberse acogido al mecanismo recientemente (como norma general en los últimos 5 años).
  • Debe haberse intentado negociar una solución extrajudicial.

Hay que tener en cuenta que este mecanismo puede revocarse si se descubre ocultación de bienes, mejora sustancialmente la fortuna del deudor, o si se dicta sentencia condenatoria firme por delitos relevantes en los tres años siguientes.

¿Cómo funciona el procedimiento de exoneración?

Existen dos modalidades:

  • Exoneración con liquidación de la masa activa. La solicitud se presenta tras la liquidación del patrimonio, dentro del plazo de audiencia para oponerse a la conclusión del concurso de acreedores. Se procede a la venta de sus bienes embargables y el dinero obtenido se reparte entre los acreedores según el orden de prelación establecido por la Ley.
  • Exoneración con plan de pagos sin liquidación previa. El deudor presenta un plan de pagos viable antes de la apertura de la liquidación, aportando la documentación fiscal requerida. En el caso de autónomos, esto puede permitirles continuar con la actividad económica durante el proceso, siempre que el plan de pagos sea razonable.

En ambos casos, la solicitud se traslada a la administración concursal, si estuviese designada, y a los acreedores, que pueden oponerse en un plazo de 10 días.

Si hay oposición, se tramita por incidente concursal y si no, el juez resuelve directamente concediendo la exoneración del pasivo insatisfecho.

Ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Como principales ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda oportunidad destacan:

  • Posibilidad de exonerar la mayoría de las deudas
  • Reducción de la duración y complejidad del procedimiento concursal.
  • Poder mantener la actividad económica, si se acoge al plan de pagos sin liquidación, lo que es especialmente relevante para autónomos y emprendedores.
  • Poder mantener la vivienda habitual, bajo ciertas condiciones.
  • Salir de cualquier Registro de Morosos.

¿Qué ocurre si no se aprueba la exoneración?

Si no se aprueba la exoneración, el deudor no se libera de las deudas y los acreedores pueden reclamar el pago de los créditos pendientes.

En el caso de la modalidad de plan de pagos, la revocación de la exoneración supone la resolución del plan y la apertura de la liquidación de la masa activa.

¿En qué está centrada la Inspección de trabajo en 2025?

por Daniel Martinez Gutierrez

La inspección de trabajo es una herramienta clave para asegurar que las empresas cumplen con sus obligaciones y los empleados tienen un entorno laboral seguro y justo. En 2025, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) sigue siendo un pilar esencial en la protección de los derechos laborales. Cuenta con un plan para abordar aproximadamente 600.000 casos. Existen varios tipos de inspecciones de trabajo, según la finalidad que tengan. 

Desde CE Consulting os explicamos todo en detalle.

inspeccion trabajo

Áreas en las que se centra la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social continúa enfocándose en tres áreas. Al igual que en 2024 son la seguridad y salud laboral (PRL), análisis de las relaciones laborales y la igualdad en el entorno laboral.

Seguridad y salud laboral

Priorizando la seguridad y bienestar de los trabajadores, la ITSS se dedica a asegurar el cumplimiento empresarial de las normativas de prevención de riesgos. Esto incluye la evaluación de planes preventivos, la formación de los empleados y la adecuación de los equipos de trabajo.

Las acciones se concentran, principalmente, en sectores de alto riesgo. Por ejemplo: la construcción, la industria y la agricultura, con especial atención en trabajos en altura y la subcontratación.

Se pone especial atención en el aumento de las inspecciones y campañas de siniestralidad laboral, inspecciones dirigidas a evaluar riesgos psicosociales, en especial en sectores sensibles.

Se analiza las condiciones de trabajo en menores de 18 años, tanto para los que están con contrato de trabajo como aquellos que participan con convenios educativos con centros formativos.

La ITSS procede a la revisión de máquinas, de equipos y las instalaciones de los centros de trabajo para asegurar el correcto funcionamiento y garantizar la seguridad en la utilización de estos.

Se realizar así mismo, campañas especificas sobre las condiciones ambientales adversas (calor, humedad), tanto en interiores como en exteriores.

Relaciones laborales

Se reforzará la campaña para asegurarse del cumplimiento de la cuota del 2% para personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras.

Se seguirá realizando actuaciones especificas de control del tiempo de trabajo y de registro de jornada.

Control de las horas extraordinarias y su correcto tratamiento, en especial la vigilancia de horas realizadas y no declaradas y abonadas

Respecto a la contratación, se hará hincapié en la revisión de contratos temporales, los fijos discontinuos, aquellos que se celebren a tiempo parcial y el uso fraudulento de los periodos de prueba.

Igualdad en el entorno laboral

Siguiendo con la prioridad de la Inspección de trabajo respecto a la igualdad en los entornos laborales y  la erradicación de la discriminación, este año se revisarán especialmente, los planes de igualdad y los protocolos de acoso y la protección de los derechos del colectivo LGTBI+, revisando en todos los casos las medidas adoptadas para garantizar el respeto y exigiendo a las empresas que acrediten el plan actualizado de igualdad y los protocolos efectivos frente al acoso sexual y por razón de sexo u orientación sexual.

Consultoría, Asesoría, Gestoría contable, fiscal, laboral y jurídica en Arroyo de la Miel – Benalmádena

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