Guía sobre la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

por Elisabet Jiménez Llanos

El objetivo principal de esta ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario es conseguir para 2030 una disminución del 50% de los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo. También reducir en un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Desde CE Consulting te explicamos esta norma que busca promover la economía circular y el aprovechamiento de los alimentos, fomentando la donación de excedentes que aun puedan consumirse.

ley de desperdicio alimentario afecta a restaurantes y comercio

¿A quiénes aplica la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario?

Esta norma se aplica a todos los agentes de la cadena alimentaria en España, desde productores primarios, distribuidores, comercio minorista, entidades del tercer sector (ONGs, bancos de alimentos) así como empresas de hostelería y restauración.

¿Qué obligaciones impone la ley a los comercios y empresas alimentarias?

Todas las empresas de la cadena alimentaria ya sean grandes o pequeñas, deben aplicar la llamada jerarquía de prioridades a las pérdidas y desperdicio de alimentos, que significa que se deben tomar medidas para evitar la generación de excedentes.

También están obligadas a tener un plan de prevención del desperdicio alimentario y fomentar la donación de excedentes, así como cumplir con la prohibición de no estropear alimentos para que no sean aptos para el consumo.

¿Qué es el plan de prevención del desperdicio alimentario y quién debe tener uno?

Es un documento interno que deben tener todos los agentes de la cadena alimentaria para planificar cómo van a reducir su desperdicio alimentario, detallando la forma en la que van a aplicar la jerarquía de prioridades establecida en la ley.

Los operadores presentes en más de una comunidad autónoma pueden tener un plan integrado conjunto, que deberá contemplar los requisitos exigidos por las distintas normativas autonómicas donde estén implantados.

Exención de ciertas obligaciones para pequeños comercios o microempresas

Las microempresas, entendiendo aquellas que tienen menos de 10 empleados y facturan por debajo de 2 millones de euros están exentas de ciertas obligaciones. También los establecimientos alimentarios con superficie útil de exposición y venta al público de menos de 1.300 m² están exentos de estas obligaciones, siempre y cuando no formen parte de un grupo de empresas que supere dicho umbral. En cualquier caso, estos negocios deben cumplir con las obligaciones de la norma y están sujetas a inspección y sanción en caso de incumplimiento.

¿Qué es la jerarquía de prioridades en el uso de excedentes de alimentos?

La norma introduce este concepto sobre cómo deben gestionarse los excedentes alimentarios para utilizarlos de la mejor manera posible, estableciéndose en primer lugar la donación para consumo humano y, solo si no es viable, se dedicarán a la alimentación animal, como es la fabricación de pienso. Si tampoco es posible se le podría dar un uso industrial y sólo en última instancia se tratará como residuo.

¿Cómo deben gestionarse las donaciones de alimentos?

Se prevé que se formalicen acuerdos de donación entre las empresas (supermercado, tienda, restaurante) y los receptores. Por ejemplo con un comedor social o un banco de alimentos.

Estos acuerdos tienen un contenido mínimo como son las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento, los compromisos de las partes y el derecho de rechazo y devolución.

Qué debe saber y tener en cuenta el comercio y la restauración sobre la ley contra el desperdicio alimentario

Los restaurantes, bares y empresas de restauración tienen la obligación de ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido. Y sin coste adicional. Los envases facilitados deben ser aptos para consumo alimentario y preferiblemente reutilizables o fácilmente reciclables.

La norma resalta además la importancia de distinguir entre fecha de caducidad y de consumo preferente. La primera indica el límite después de la cual el alimento no debe consumirse. Y la segunda es la que indica hasta cuándo el producto puede perder cualidades, pero sigue siendo seguro su consumo.

De cara al comercio minorista, busca fomentar la venta de productos “feos” o próximos a caducar. Además, la norma contempla otra serie de medidas.

¿Qué sanciones contempla la ley de desperdicio alimentario?

Se establece un régimen sancionador de infracciones muy graves, graves y leves.

  • Las infracciones leves, por no aplicar la jerarquía de prioridades, pueden sancionarse con hasta 2.000 €.
  • Las infracciones graves, como podría ser no contar con un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario estando obligado a ello, podrían llegar a 60.000 €.
  • Las muy graves. Se producen si se reitera cualquier infracción grave en el plazo de dos años, pueden llegar a multa de hasta 500.000 €.

¿Cuándo entran estas medidas en vigor?

Desde el 3 de abril 2025 está en vigor esta ley, con carácter general. Y hasta el 2 de abril de 2026 no serán exigibles ciertas medidas indicadas en la ley, como, por ejemplo, la jerarquía de prioridades.

En CE Consulting te ayudamos a estar al día con todas las obligaciones que afectan a tu actividad. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos.

Preguntas y respuestas sobre la contratación de un empleado del hogar

por Ana Alarcón Ruiz

Se considera empleado del hogar o personal doméstico a aquellas personas empleadas que proporcionan sus servicios de manera remunerada en el ámbito del servicio doméstico familiar. La relación contractual se establece entre el responsable del hogar familiar y la persona empleada. Sus servicios pueden incluir las tareas domésticas comunes del hogar o el cuidado/atención de integrantes de la familia, como cuidado de niños, por ejemplo. También se incluiría tareas de jardinería, conducción de vehículos y otras actividades similares que formen parte del conjunto de tareas domésticas. Desde CE Consulting os explicamos todo lo que debes tener en cuenta.

empleado del hogar

¿Cómo dar de alta a una empleado del hogar?

El/la titular del hogar está obligado a cursar el alta, y en su caso la afiliación, del empleado del hogar que le preste sus servicios, ya sea de manera exclusiva y permanente o de forma parcial o discontinua. Si el empleador no lo lleva a cabo, puede solicitarlo el propio trabajador en cualquier momento posterior.

Para dar de alta a un empleado del hogar, el empleador deberá solicitar primero un número de identificación como empleador en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una vez obtenido, el empleador deberá dar de alta al empleado/a del hogar en la Seguridad Social, preferiblemente, de forma on line, o a través de la presentación en la oficina de la Seguridad Social correspondiente

Alta online

Es posible dar de alta al empleado del hogar a través de la sede electrónica de la seguridad social. Para ello debemos disponer de todos estos datos:

  1. Datos del empleador y del trabajador (DNI o NIE y Número de la Seguridad Social).
  2. Datos relativos a jornada y salario.
  3. Otros datos necesarios para aplicar beneficios en la cuota. Por ejemplo la condición de familia numerosa.
  4. Un número de cuenta para domiciliar los pagos (IBAN).
  5. El permiso de trabajo si se contrata trabajadores extracomunitarios.

Plazos a tener en cuenta

  • Solicitud de alta del empleado de hogar: deberá presentarse con antelación al inicio de la actividad laboral (hasta 60 días antes).
  • Solicitud de baja del empleado de hogar: se comunicará en el plazo de los 3 días naturales siguientes a la fecha de finalización de la relación laboral.
  • Solicitud de variación de datos: se comunicará en el plazo de los 3 días naturales siguientes a la fecha en que la variación se haya producido.

¿Cómo debe ser el contrato de empleado del hogar?

La forma del contrato se ajusta a la normativa laboral común. Si no se formaliza por escrito se presume concertado por tiempo indefinido y a jornada completa.

El empleado debe ser informado de los detalles del contrato como el sistema de retribución, los beneficios salariales en especie, la duración y distribución de los tiempos de trabajo o el régimen de pernoctaciones en el hogar familiar.

Periodo de prueba

Se puede acordar un período de prueba de hasta dos meses, a menos que un convenio colectivo indique lo contrario. Durante este tiempo, ambas partes pueden poner fin a la relación laboral, dando un aviso máximo de 7 días naturales.

¿Cuál debe ser la duración de un contrato de empleada/o de hogar?

Tras la reforma laboral desaparecieron los contratos por obra o servicio. Por tanto, el contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por duración determinada, pero solo en los casos establecidos en la legislación general.

¿Cuánto se debe pagar a una empleado del hogar?

Los empleados del hogar familiar deben recibir un salario igual, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este será en base a una jornada laboral completa de 40 horas semanales, proporcional a las horas trabajadas.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de 1.184,00 € al mes, con 14 pagas. Si se abona en 12 pagas es de 1.381,33 €. Esto cuando la jornada acordada sea de 40 horas a la semana.

Si el trabajo se retribuye por horas, se aplicará el SMI por hora que es de 8,63 €/hora. Si incluye vacaciones es de 9,26 €/hora.

Pagas extras

Deben pagarse dos gratificaciones extraordinarias al año al final de cada semestre o prorrateadas en 12 pagas. Estas serán proporcionales al tiempo trabajado durante este período. La cantidad puede ser acordada entre las partes siempre que el cómputo mínimo que se perciba, sea igual al SMI anual.

Aumento de salario

Los aumentos salariales se deben pactar entre las partes. En caso que no se llegue a un acuerdo, se aplicará un incremento salarial anual igual al promedio de incrementos salariales pactados en los convenios colectivos correspondientes al mes en el que se completen 12 meses consecutivos de prestación de servicio.

¿Cuánto cuesta asegurar a una empleada de hogar por horas?

Siempre que una persona vaya a prestar servicios domésticos a cambio de un salario, es obligatorio darla de alta en la Seguridad Social, cualquiera que sea el número de horas de trabajo al día o a la semana.

La cuota correspondiente se determina a partir del salario en función de un sistema de tramos y para calcularlos la TGSS ha habilitado una calculadora con la que podemos conocer la cuota correspondiente.

Finalización del contrato

Se aplican las causas de extinción de la relación laboral común previstas en el Estatuto de los Trabajadores y además las causas específicas para este sector que son las siguientes:

  • Por una disminución de ingresos o aumento de gastos de la unidad familiar.
  • Por un cambio en las necesidades de la unidad familiar.
  • Por la pérdida de confianza en el trabajador/a.

En todo caso, el límite de la indemnización será de 6 mensualidades, sin que el salario diario pueda superar el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Esta indemnización se calcula a razón de 12 días de salario por cada año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año.

Ley de Desindexación: por qué empresas, fundaciones y asociaciones solicitan una revisión

por Javier Milara Muñoz

La Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía Española, fue diseñada para controlar el gasto público y mejorar la competitividad de la economía nacional. Sin embargo, su aplicación está generando dificultades para muchas entidades, tanto del sector privado como del tercer sector, que gestionan contratos públicos o reciben subvenciones estatales. Desde CE Consulting, explicamos qué implica esta Ley, cómo afecta a las organizaciones y por qué se está pidiendo una revisión de la misma.

ley de Desindexación

¿Qué es la Ley de Desindexación?

La Ley 2/2015 tiene como objetivo evitar la actualización automática de precios en contratos y acuerdos financiados con fondos públicos, especialmente, aquellos vinculados al Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto significa que, en los contratos públicos, los precios no pueden incrementarse automáticamente en función de la inflación. Cualquier ajuste debe estar justificado por un análisis de costes y ser aprobado formalmente.

La ley fue diseñada para mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público, pero está generando dificultades para las entidades que dependen de estos contratos.

¿A quién afecta esta ley?

La Ley de Desindexación afecta a todas las actividades económicas financiadas, reguladas o gestionadas por el sector público. Esto incluye tanto a empresas privadas como a fundaciones y asociaciones del tercer sector. Entre los sectores más impactados se encuentran:

  • Contratos públicos de obras, servicios y suministros: empresas que gestionan contratos de limpieza, transporte, mantenimiento, etc.
  • Concesiones administrativas y colaboraciones público-privadas: empresas que gestionan servicios públicos.
  • Subvenciones y conciertos sociales: organizaciones que reciben financiación pública para prestar servicios sociales.

Por ejemplo, una empresa de limpieza contratada por una administración pública no podrá aumentar sus tarifas de manera automática si los costes de los suministros suben. Lo mismo ocurre con las fundaciones que gestionan servicios sociales, que no pueden ajustar tarifas sin una justificación técnica adecuada.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas y entidades del tercer sector?

Es fundamental tener claro cómo aplicar correctamente los precios en los contratos públicos para evitar problemas legales o financieros:

  • Evitar aumentos no autorizados. Las entidades deben ser conscientes de que los aumentos automáticos no están permitidos por la ley.
  • Prever los costes reales. Los contratos públicos de larga duración deben ser bien presupuestados, ya que los precios no se ajustarán automáticamente con la inflación.
  • Negociar condiciones viables. Especialmente en conciertos sociales, es clave negociar desde el principio cláusulas que aseguren la viabilidad económica de los proyectos.

De no tener en cuenta estos aspectos, las entidades pueden firmar contratos que resulten financieramente inviables, lo que afectaría la calidad del servicio y la estabilidad financiera.

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de la Ley de Desindexación puede tener serias repercusiones:

  • Reintegro total o parcial de subvenciones aplicadas indebidamente.
  • Penalizaciones contractuales o incluso la rescisión del contrato.
  • Restricciones en futuras licitaciones si la administración considera que no se ha cumplido correctamente con la normativa.

Excepciones a la Ley de Desindexación

Aunque la ley es muy restrictiva, existen pocas excepciones que pueden permitir la revisión de precios. Estos casos incluyen:

  • Cuando la revisión de precios está expresamente prevista en el contrato o en la normativa correspondiente.
  • Cuando los costes reales afectan significativamente al equilibrio económico del contrato.
  • Si se justifica la revisión con informes técnicos objetivos.

¿Por qué se reclama una modificación de la Ley de Desindexación?

El sector social, junto con empresas que gestionan contratos públicos, está solicitando una revisión de la ley debido a varios problemas prácticos que se derivan de su aplicación:

  • Rigidez de los contratos. La Ley impide que los contratos se ajusten a los aumentos de costes, lo que genera dificultades económicas para las entidades.
  • Parálisis de proyectos. La falta de flexibilidad está afectando a la viabilidad de los proyectos y a la capacidad de las entidades de asumir nuevas licitaciones.
  • Condiciones de gestión en pérdidas. Muchas fundaciones y asociaciones están gestionando servicios públicos bajo condiciones de pérdida, lo que compromete tanto la calidad del servicio como la sostenibilidad económica de los proyectos.

¿Qué pueden hacer las entidades?

Si la organización gestiona contratos públicos o recibe financiación estatal, hay varios puntos clave a tener en cuenta para cumplir con la ley sin comprometer la viabilidad del proyecto. En primer lugar, revisar los contratos actuales para asegurarse de que no se están aplicando aumentos no autorizados. En segundo lugar, consultar con asesores especializados para negociar nuevas fórmulas de revisión de precios más sostenibles. Y, además, incorporar análisis técnicos de costes en las licitaciones futuras para asegurar que los contratos sean viables a largo plazo.

Registro de alquiler de corta duración: qué es, a quién afecta y cómo hacerlo

por Javier Milara Muñoz

El registro de alquiler de corta duración será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025. Esto afectará a todo arrendamiento temporal de una vivienda con duración inferior a un año. Esta nueva exigencia se establece en el Real Decreto 1312/2024 y en el Reglamento (UE) 2024/1028, con el objetivo de regular el uso de viviendas destinadas a fines turísticos, laborales, académicos o sanitarios en todo el territorio español. En CE Consulting te contamos todo lo que debes saber al respecto.

registro de alquiler de corta duración

¿A quién afecta el registro de alquiler de corta duración?

La inscripción en este registro será obligatoria para:

  • Alquileres turísticos de corta duración.
  • Arrendamientos temporales por motivos de trabajo, estudios o salud.
  • Cualquier contrato inferior a un año, independientemente de si lo firma una persona física o jurídica.

No será necesario registrarse en los siguientes casos:

  • Viviendas habituales, con contrato mínimo de 12 meses.
  • Inmuebles destinados a usos no residenciales, como oficinas o locales comerciales.

¿Qué documentación se necesita para realizar el registro de alquiler de corta duración?

Para tramitar la inscripción en la Ventanilla Única Digital, gestionada por el Ministerio de Vivienda y los Registros de la Propiedad, se requerirá:

  • Formulario oficial SEDE-RP-31.
  • Escritura o nota simple del inmueble.
  • Identificación del arrendador.
  • Justificante del motivo temporal (si no es turístico).
  • Autorización de la comunidad de propietarios, si es exigible por la normativa.

Una vez registrado, se generará un número identificador que deberá incluirse en todos los anuncios y contratos de arrendamiento de corta duración.

¿Qué consecuencias tiene no registrar un alquiler?

A partir de julio de 2025, no registrar la vivienda en el nuevo sistema puede conllevar:

  • Bloqueo del anuncio en plataformas como Airbnb, Booking o similares.
  • Imposibilidad de formalizar contratos legalmente válidos.
  • Posibles sanciones administrativas y tributarias.
  • Acciones legales por parte de comunidades de propietarios que exijan el cumplimiento de la normativa.

¿Cuándo se puede iniciar el registro?

El registro alquiler de corta duración está disponible desde el 1 de enero de 2025 de forma voluntaria. Esto permite regularizar los inmuebles antes de la entrada en vigor obligatoria y evitar imprevistos.

En CE Consulting animamos a quienes se vean afectados por esta nueva regulación a iniciar el proceso cuanto antes. Nuestro equipo te acompaña en todas las fases: desde la verificación de si la vivienda o contrato debe registrarse, hasta la preparación de la documentación, la presentación ante el Registro y la revisión de los contratos de arrendamiento para adaptarlos al nuevo marco legal.

Desconexión digital: exigencias de la norma y medidas efectivas para las empresas y trabajadores

por Ana Alarcón Ruiz

En la era digital, estar siempre disponible puede parecer una obligación, pero el derecho a la desconexión digital es un derecho laboral reconocido y fundamental para la salud de las personas trabajadoras.

Actualmente todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, deben tener ya implantado un protocolo de desconexión. También las entidades del Tercer Sector y los autónomos. En CE Consulting te contamos todo sobre este derecho y resolvemos las dudas sobre si tu empresa o entidad está cumpliendo correctamente con este derecho.

Desconexión digital

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital es el derecho de cualquier persona trabajadora a no responder correos, mensajes ni llamadas relacionadas con el trabajo fuera del horario pactado. Aplica tanto a personas que trabajan en oficina como a quienes teletrabajan.

Este derecho, regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantiza que todas las personas puedan desconectarse fuera de su horario laboral, respetando así su descanso, su intimidad y su vida personal.

Este derecho ya debe aparecer recogido en:

  • Contratos de trabajo.
  • Convenios colectivos.
  • Protocolos internos de empresa.
  • Planes de igualdad y de prevención de riesgos.

La desconexión busca preservar una actitud saludable y productiva de los trabajadores. De esta forma, solo tiene que estar pendiente de sus dispositivos para cuestiones laborales en su horario de trabajo.

Este derecho hace que los directivos y supervisores de las empresas deban aprender nuevas formas de organizar y gestionar equipos sin depender de notificaciones de ningún tipo.

¿Por qué es importante este derecho?

La hiperconectividad genera riesgos psicosociales: ansiedad, fatiga, estrés o agotamiento laboral (burnout). No desconectar puede provocar problemas de salud física y mental, como dolor cervical y tensión ocular, insomnio, desmotivación y bajo rendimiento o aumento del absentismo. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la desconexión digital debe formar parte del plan preventivo de cualquier empresa.

¿Qué entidad vela por su cumplimiento?

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) vigila que este derecho se cumpla.

La Inspección de Trabajo está reforzando el control del cumplimiento efectivo del derecho a la desconexión en planes de igualdad, protocolos laborales y convenios colectivos, por lo que es muy importante que las empresas se asesoren con profesionales para tener claridad de esta normativa y sus implicaciones.

Desde 2024 se han intensificado las sanciones por no contar con un protocolo específico o por no aplicarlo, especialmente en empresas con teletrabajo habitual.

Sanciones por incumplimiento de no respetar el derecho a la desconexión digital

Hay infracciones de diferentes tipos si la empresa no respeta este derecho.

  • Infracción grave: hasta 7.500 € por comunicaciones reiteradas fuera de horario.
  • Infracción muy grave: hasta 225.018 € si hay represalias o vulneración de la intimidad.

Aspectos legales relacionados con la desconexión digital

Según la guía del INSST (2024), y la evolución de los criterios judiciales:

  • Se presume el incumplimiento si la empresa no cuenta con un protocolo de desconexión.
  • Las empresas deben asumir corresponsabilidad ante situaciones de burnout si no han protegido los tiempos de descanso.
  • Las comunicaciones fuera de horario laboral deben estar justificadas, documentadas y ser excepcionales.
  • El artículo 18 de la Ley de Trabajo a Distancia obliga a limitar el uso de medios digitales una vez finalizada la jornada.

Medidas y recomendaciones para cumplir con la desconexión digital

  • Tener un protocolo de desconexión digital documentado, y si se puede, firmado por la plantilla o recogido en el convenio interno.
  • Evaluar y actualizar el plan de igualdad y plan de prevención de riesgos psicosociales, incluyendo medidas concretas sobre carga digital.
  • Formar a mandos intermedios y responsables sobre cómo respetar los tiempos de descanso.
  • Establecer límites a la cantidad de comunicación digital a la que un trabajador tiene acceso cada día. Esto significa limitar el tiempo de revisión de correos electrónicos y redes sociales.
  • Hacer pausas regulares de descanso para que el trabajador se recargue mental y emocionalmente antes de volver a sus tareas. Crear zonas para realizar pequeñas pausas de descanso.
  • Garantizar que los empleados no trabajen en exceso ni estén sujetos a expectativas de disponibilidad irrazonables e intrusivas.
  • Informar de la política establecida sobre el uso de dispositivos electrónicos cuando los empleados no están trabajando. Estos podrían ser sancionados si la empresa descubre que usa su teléfono de trabajo para actividades personales.
  • Impulsar el derecho a desconectar, promoviendo el uso de la programación de envío de emails.
  • Revisar periódicamente el registro horario para saber si los trabajadores están cumpliendo o están sobrepasando su jornada laboral.
  • Planificar la jornada laboral. Esto significa, por ejemplo, no organizar reuniones fuera del horario laboral o en momentos cercanos a su finalización.
  • Priorizar tareas para que no sea necesario ampliar la jornada de trabajo innecesariamente.
  • Desconectar los teléfonos de los trabajadores de forma automática para que salten respuestas automáticas.
  • Ofrecer formación y sensibilización para que los trabajadores conozcan las medidas a implementar.
  • Informar a los clientes del horario de trabajo de la empresa.

Ventajas o beneficios de la desconexión digital

  • Mayor satisfacción de los empleados. Esto es un punto importante para mejorar la tasa de retención laboral y los niveles de satisfacción de los clientes. También el aplicar este derecho hace que se reduzca el índice de rotación debido a las ayudas a la fidelización ofrecidas por la empresa.
  • Aumento de la productividad. Cuando un trabajador descansa, reduce su nivel de estrés y ansiedad. Respetar el derecho a la desconexión digital aumenta la productividad de la empresa.
  • Reducción de problemas físicos y mentales de trabajadores. Una sobrecarga de trabajo puede hacer que el trabajador no tenga tiempo para realizar ejercicio lo que genere algunas enfermedades o problemas médicos. Los más habituales son tensión ocular, dolor de cuello y hombros, etc. La falta de desconexión digital puede generar problemas psicológicos como el estrés o la ansiedad.
  • Captación y retención de talento. Las más empresas ofrecen medidas de fomento de la conciliación laboral y personal. Y proporcionan un entorno cómodo y afable. Cuando un empleado no desconecta, aumenta el riesgo de absentismo.

Por todo lo visto, las empresas deben fomentar la desconexión digital en sus trabajadores para aumentar su rendimiento y bienestar. Y deben elaborar e implantar un protocolo de desconexión digital que tiene que estar a disposición de todo el personal de la entidad. Además, las empresas que ofrezcan la opción de teletrabajo deben tener en cuenta lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Trabajo a Distancia, en el que se indica: “El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, una vez haya finalizado la jornada laboral de la persona trabajadora”.

Concurso de acreedores: Qué es y cuándo presentarlo

por Ángel Manuel Cardo Herrero

El concurso de acreedores es un procedimiento legal que se aplica cuando una empresa o persona física no puede hacer frente a sus obligaciones de pago de manera regular. Este proceso tiene como objetivo encontrar una solución a la insolvencia, ya sea mediante la reestructuración de las deudas o, en casos más extremos, a través de la liquidación de los activos del deudor para hacer frente a sus acreedores.

El concurso de acreedores se presenta cuando la empresa o persona se encuentra en una situación de insolvencia. Esto quiere decir: cuando ya no puede pagar sus deudas de forma continua y a tiempo. Este mecanismo está regulado por la Ley Concursal en España. Puede ser solicitado tanto por el propio deudor como por los acreedores. Además, la ley establece ciertos requisitos y modalidades según el tipo y tamaño de la entidad, como el concurso ordinario, microempresas, el express. Desde CE Consulting te lo explicamos en detalle.

manos de profesionales analizando posible concurso acreedores

¿En qué consiste un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un proceso complejo que busca solucionar los problemas financieros de una empresa o persona insolvente de forma ordenada y legal. Antes de llegar a esta instancia, existe la figura del preconcurso de acreedores, que permite al deudor intentar negociar con sus acreedores para evitar el concurso formal. Esta fase previa otorga un margen de tiempo para intentar llegar a acuerdos, protegiendo al deudor de acciones judiciales mientras negocia.

También existe el concurso express, una versión simplificada del concurso de acreedores que se aplica a empresas que no tienen activos suficientes para cubrir los gastos del propio proceso concursal. Este permite una resolución rápida, pero está limitado a casos específicos en los que no se espera la continuidad de la actividad económica.

Y también ha regulado la Ley Concursal, un procedimiento simplificado: el de microempresas (menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros en activos o negocio). Este procedimiento busca agilizar el proceso, reduciendo costes y tiempos.

¿Cuál es el objetivo del concurso de acreedores?

El principal objetivo del concurso de acreedores es evitar la quiebra definitiva del deudor y lograr que los acreedores puedan cobrar, en la medida de lo posible, las deudas que se les deben. El proceso busca:

  • Reorganizar las deudas del deudor.
  • Mantener la actividad económica de la empresa, si es viable.
  • Liquidar los activos de la empresa, si no hay otra solución, para distribuir el valor obtenido entre los acreedores de forma equitativa.

En algunos casos, el concurso puede finalizar con un acuerdo que permita a la empresa continuar operando. En otros, si no se llega a un acuerdo o la viabilidad es nula, puede concluir con la liquidación total de la empresa.

¿Quién puede solicitar un concurso de acreedores?

Cualquier persona física o jurídica que se encuentre en situación de insolvencia puede solicitar un concurso de acreedores. Este proceso puede ser iniciado por:

  • El propio deudor: si reconoce que no puede hacer frente a sus deudas de forma regular.
  • Los acreedores: si consideran que el deudor es insolvente y no está cumpliendo con sus obligaciones de pago.

¿Cuándo presentarlo?

El concurso de acreedores debe presentarse en cuanto se detecte la insolvencia. Esto puede ser cuando la empresa ya no puede pagar a sus proveedores, empleados o cualquier otra obligación financiera. La ley establece que el deudor tiene un plazo de dos meses desde que reconoce su estado de insolvencia para solicitar el concurso.

¿Cómo se declara un concurso de acreedores?

El proceso comienza con la solicitud de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil. En esta solicitud, el deudor o los acreedores deben acreditar que existe una situación de insolvencia actual o inminente.

El juez evaluará la situación y, si considera que se cumplen los requisitos, declarará el concurso de acreedores.

Seguidamente, se nombra a un administrador concursal, que se encargará de supervisar y gestionar el proceso, siendo responsable de la evaluación patrimonial del deudor y de la coordinación con los acreedores.

Fases del concurso de acreedores

El concurso de acreedores se desarrolla en varias fases:

Fase común

Se analiza la situación patrimonial del deudor y se clasifica a los acreedores.

Fase de convenio

Se intenta alcanzar un acuerdo entre el deudor y los acreedores para el pago de las deudas.

Fase de liquidación

Si no se llega a un acuerdo en la fase de convenio o si la empresa no es viable, se procede a la liquidación de sus activos para pagar a los acreedores.

Fase de calificación

Se determina si la insolvencia es fortuita o si ha habido dolo o negligencia en la gestión de la empresa, lo que podría acarrear responsabilidades personales a los administradores.

¿Pueden los responsables solidarios beneficiarse de la exoneración de deudas?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado recientemente que los responsables solidarios de una empresa concursada pueden quedar excluidos del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Esto significa que si una persona ha asumido una responsabilidad solidaria, como en el caso de avalistas, fiadores o administradores que hayan garantizado personalmente deudas de la empresa, puede no beneficiarse de la cancelación de esas deudas tras el concurso.

Esta interpretación permite a los Estados miembros restringir el acceso al mecanismo de segunda oportunidad cuando se trata de personas que actuaron como garantía del deudor principal. Por tanto, no todas las deudas quedan automáticamente exoneradas, y será necesario analizar caso por caso.

Este cambio refuerza la importancia de contar con un asesoramiento jurídico especializado antes de iniciar un procedimiento concursal, especialmente si existen responsabilidades personales o garantías asumidas.

Para profundizar sobre insolvencia y gestión empresarial en situaciones de crisis

Para aquellos interesados en explorar más sobre insolvencia y gestión empresarial en situaciones de crisis, recomendamos los siguientes artículos:

Impacto de los aranceles en las empresas: cómo anticiparse y proteger tu negocio

por Raquel Fernández Serrano

La posible imposición de nuevos aranceles anunciados por Donald Trump vuelve a poner a prueba al tejido empresarial español. El impacto de los aranceles llega para muchas empresas. Y, ante este contexto, anticiparse, adaptarse y actuar con estrategia es más importante que nunca para garantizar la viabilidad del negocio. Desde CE Consulting te explicamos las claves para diseñar un plan de contingencia sólido y proteger tu empresa.

impacto de los aranceles en exportaciones e importaciones internacionales

Anticiparse para resistir al impacto de los aranceles

Compañías con actividad importadora o exportadora, especialmente aquellas con vínculos comerciales con Estados Unidos o con proveedores internacionales, pueden ver afectadas sus cadenas de suministro, márgenes de beneficio o estabilidad financiera ante los aranceles de Trump. Por ello, deben protegerse.

Un paso inicial es realizar un análisis interno del plan estratégico de la empresa para saber si la compañía depende de productos o servicios importados, si cuenta con contratos a largo plazo difíciles de modificar o si la estructura de costes está preparada para asumir un incremento imprevisto.

Recabar esta información permite a la empresa identificar riesgos reales y activar medidas preventivas antes de que sea demasiado tarde.

Soluciones para empresas afectadas por aranceles

El objetivo de todas estas soluciones es evitar llegar al concurso de acreedores, actuando antes de la insolvencia. Demorar decisiones puede llevar a situaciones críticas. La Ley Concursal permite intervenir a tiempo y ofrece mecanismos que protegen la continuidad del negocio.

Reestructuración

Una de las medidas que las empresas afectadas por los aranceles americanos pueden contemplar es la reestructuración para poder adaptarse y mantenerse competitiva. En escenarios de cambio, muchas empresas deben redefinir su modelo de negocio.

Diversificación de mercados y proveedores

Explorar nuevos mercados menos expuestos a los aranceles permite reducir la dependencia de zonas conflictivas. Asimismo, diversificar proveedores —tanto nacionales como internacionales— ayuda a mejorar la resiliencia ante posibles interrupciones o subidas de precios.

Revisión de procesos internos y la cadena logística

Optimizar procesos internos y revisar la logística puede ayudar a reducir costes y ganar eficiencia. Es recomendable analizar rutas de transporte, tiempos de entrega y alternativas más económicas o sostenibles.

Rediseño de la estructura financiera y operativa

Las empresas deben replantear sus fuentes de financiación, reducir cargas innecesarias y adaptar su estructura operativa para responder con agilidad a cambios de entorno. Esto puede implicar ajustes en inversiones, gestión de inventarios o financiación externa. Es detectar cuanto antes esas dificultades financieras, un desequilibrio patrimonial o pérdidas.

Revisión de contratos ante el impacto de los aranceles

En un entorno internacional incierto, es fundamental revisar la redacción y condiciones de los contratos comerciales, tanto los ya firmados como los que están en negociación.

Cláusulas de resolución

Es vital que los contratos incluyan cláusulas claras que permitan su resolución anticipada, en caso de que se produzcan circunstancias que afecten gravemente su cumplimiento. Estas cláusulas deben estar bien definidas para evitar conflictos futuros.

Fuerza mayor

Se recomienda incorporar de forma expresa la fuerza mayor como causa de resolución o suspensión contractual, protegiendo a las partes ante situaciones imprevisibles. En el contexto actual, no se trata solo de imposibilidad material (como cierres fronterizos), sino también de imposibilidad económica grave derivada de aranceles u otras cargas imprevistas.

Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus

La figura jurídica rebus sic stantibus permite solicitar la modificación o resolución del contrato si las condiciones pactadas se vuelven excesivamente onerosas por un cambio sobrevenido y extraordinario. Aunque su aplicación es limitada, puede ser una vía válida para reequilibrar relaciones contractuales.

Duración de los contratos

Los contratos a largo plazo ofrecen estabilidad, pero también pueden volverse inflexibles ante cambios rápidos del entorno. En escenarios como el actual, se recomienda limitar su duración o incluir cláusulas de revisión periódica.

Medidas laborales: cómo ajustar la estructura si es necesario

Si el negocio se ve gravemente afectado por los cambios económicos, puede ser necesario tomar decisiones laborales difíciles para proteger la viabilidad del conjunto:

  • ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) por causas económicas, técnicas u organizativas.
  • ERE (Extinción colectiva de contratos).
  • Despidos individuales con causa objetiva.

Ayudas estatales para empresas que han tenido impacto de los aranceles

El Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, recoge una serie de medidas clave para reforzar la solvencia y liquidez del tejido empresarial.

Nuevas líneas de avales públicos

Se refuerzan las líneas ICO para facilitar el acceso a financiación por parte de empresas y autónomos. Estas garantías permiten obtener liquidez, refinanciar deuda o acometer inversiones productivas con respaldo del Estado.

Flexibilidad fiscal ante pérdidas

El decreto introduce ajustes en el tratamiento fiscal de las pérdidas de ejercicios anteriores, permitiendo una compensación más amplia y flexible que no penalice a empresas que atraviesan momentos puntuales de dificultad.

Medidas para preservar la solvencia empresarial

Incluye garantías jurídicas específicas que evitan que situaciones temporales desemboquen en concursos innecesarios. Estas herramientas refuerzan la viabilidad y continuidad de negocios en proceso de reestructuración o con tensiones financieras.

Plan de igualdad: guía práctica para empresas

por Marta Trilleros Sancho

Termina el periodo de carencia para que las empresas se adecuen a la obligación de contar con su Plan de Igualdad. Desde este 8 de marzo de 2022, todas las empresas de entre 50 y 100 trabajadores deben tener elaborado e implantado su Plan de Igualdad. Las más regazadas tendrán que acelerar el proceso porque se exponen a cuantiosas sanciones.

Hombres y mujeres de una compañía reunidos para elaborar el plan de igualdad

En esta guía práctica vamos a explicar en qué consiste el plan de igualdad, cómo debe ser el proceso de su elaboración, qué medidas tiene que integrar y cuáles son las sanciones que afectan a aquellas empresas que no cumplan con la normativa.

¿Qué es el plan de igualdad?

El plan de igualdad es una herramienta de gestión que tiene como finalidad alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral. Así, mediante los planes de igualdad se establecen medidas que evitan la discriminación laboral por razones de sexo. Estas medidas, además, son progresivas y dinámicas y, por tanto, deben acompañarse de un calendario de actuación y de métodos de evaluación y seguimiento.

Las empresas, además, tienen que inscribir su plan de igualdad en el Registro autonómico correspondiente.

¿A qué factores y plazos deben atender las empresas en relación al plan de igualdad?

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, modificó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, e hizo obligatorios los planes de igualdad en las empresas con más de 50 personas trabajadoras.

Según la normativa, los plazos máximos para elaborarlo quedaban sujetos al tamaño de la plantilla de las empresas:

  • De 151 a 250 trabajadores. Las empresas contaban con un periodo de 1 año (hasta marzo de 2020).
  • De 101 y 150 trabajadores, contaron con un periodo de 2 años (hasta marzo de 2021).
  • De 50 a 100 trabajadores, dispusieron de 3 años (hasta marzo de 2022).

Así, la ley estableció un plazo máximo de tres años para que las empresas elaborasen su Plan de Igualdad y lo inscribiesen en el registro autonómico. Ese plazo se cumplió y desde el 8 de marzo de 2022, la obligación está vigente para todas las empresas a partir de 50 trabajadores.

Hay unas 16.000 empresas en España que cumplen el requisito de 50 empleados y que, por tanto, deberían realizarlo. Sin embargo, y aunque no es una medida nueva, se espera que haya cierto retraso. Aún así, no será eximente de su cumplimiento y, en caso de inspección, no es posible solicitar una moratoria.

¿Cómo se calcula el número de trabajadores?

El cómputo de trabajadores se tiene en cuenta tomando como referencia la plantilla total de cada semestre. Es decir, a fecha 30 junio o a fecha 31 diciembre. Si en alguna de esas fechas, la plantilla alcanza los 50 trabajadores, ya existe la obligatoriedad de hacer el plan de igualdad.

Se deben incluir todos los trabajadores con independencia de su modalidad contractual o jornada. Y es muy importante saber que esos trabajadores cuentan dentro del cómputo si han estado contratados durante, al menos, cien días en total en ese semestre.

¿Qué medidas de igualdad debe contener?

Debe contener medidas correctivas de igualdad que irán acompañadas de un calendario y de instrumentos de evaluación. Se trata de conseguir un impacto real y, para ello, debe garantizarse una planificación SMART que garantice el despliegue de todas las acciones.

Entre otros temas, el plan debe incluir un registro de los valores medios de salarios, complementos salariales (por horas extras, plus guardias…), percepciones extrasalariales (dietas, kms) junto al comparativo por categoría, grupo, puesto trabajo, transparencia en los procesos de selección, ascensos, descriptivos de los puestos de trabajo, etc.

También afecta a los procesos de selección, ya que las empresas deben garantizar en ellos, desde la publicación de la oferta hasta la incorporación de la persona trabajadora, que no ha existido discriminación por razón de sexo.

Otra de las medidas de gran importancia es la formación y sensibilización en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. La formación tiene que ir dirigida a toda la plantilla de la empresa, aunque puede desglosarse en función del puesto al que va destinado.

Por todo ello, no es un desarrollo sencillo y lo más recomendable es apoyarse de un servicio de consultoría de recursos humanos.

Además, a raíz de la llamada Ley Trans, los planes de igualdad deben estar alineados con el plan LGTBI y deben contener medidas específicas para la protección e inclusión de las personas trans, con especial foco en las mujeres trans.

¿Cómo tiene que elaborarse?

El procedimiento conlleva seis pasos:

  1. Compromiso, constitución de la comisión, comunicación a plantilla e invitación a los sindicatos mas representativos.
  2. Realización de un estudio de situación.
  3. Realización de informe diagnóstico, con registro retributivo y valoración puestos de trabajo.
  4. Elaboración del propio Plan de Igualdad con objetivos, líneas estratégicas y medidas correctivas a y evaluación.
  5. Inscripción del Plan de Igualdad en los organismos autonómicos.
  6. Implementación.

Dependiendo del tamaño de la plantilla y las medidas correctivas que haya que poner en marcha, puede llevar entre 6 y 10 meses, hasta que es aprobado e inscrito en el Registro autonómico.

¿Cuáles son los beneficios de un plan de igualdad?

Además de las conocidas ventajas en términos de imagen, reputación, clima, la empresa debe tener una mirada amplia sobre este asunto, percibiendo su trascendencia en términos de negocio. Al fin y al cabo, conseguir que operacionalmente la empresa funcione mejor tiene un impacto directo en la cuenta de resultados.

A partir de algunos de los contenidos obligatorios como son el descriptivo de puestos de trabajo, la empresa puede desarrollar su organigrama, detectar puestos clave, necesidades de captación, puestos infrautilizados, sistemas de evaluación y promoción, planes de carrera y formación verdaderamente objetivados. Asimismo, el desarrollo del Plan de Igualdad ofrece a la empresa un contenido estupendo para comunicar a su equipo sobre su compromiso por las personas, la retención y captación del talento, etc.

Las empresas deben dar una vuelta de tuerca a esta obligación y considerarla como un acelerador de la transformación cultural.

¿Qué pasa si no tengo el Plan?

La legislación tipifica como infracción grave no cumplir las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad y establece multas (Real Decreto 5/2000) de 6.000 hasta 187.500€ en función de que se trata de un Plan insuficiente o directamente de su inexistencia. Además, este incumplimiento también puede afectar a la exclusión en la asignación de determinados fondos públicos.

Plan LGTBI para empresas: qué es y cuándo es obligatorio

por Ana Alarcón Ruiz

La lucha por la igualdad de derechos y la inclusión de las personas LGTBI ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. Este esfuerzo ha dado lugar a la Ley 4/2023. La Ley Trans es una normativa pionera. Busca garantizar la igualdad real y efectiva de las personas transgénero, transexuales y de género diverso. A través de este artículo en CE Consulting exploramos los objetivos, estructura y componentes que deben incluir el plan LGTBI en las empresas. También vemos las obligaciones y plazos para su implantación. Y analizamos cómo se relaciona este plan con otros instrumentos existentes en las organizaciones.

Bandera LGTBI ondeando ante un cielo despejado

¿En qué consiste el protocolo LGTBI empresas?

El Plan LGTBI tiene como propósito establecer un entorno laboral libre de discriminación, asegurando la igualdad de trato para todos los empleados. Esto, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este plan debe abarcar diversas áreas, incluyendo la prevención del acoso, la formación en diversidad y la sensibilización. Siempre con un enfoque específico hacia la protección de las personas LGTBI. Además, las empresas están obligadas a desarrollar políticas que promuevan la igualdad de género y la no discriminación.

¿Qué es la ley trans y cómo afecta a las empresas?

La Ley Trans no solo representa un avance significativo en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGTBI. También establece un marco legal para que las empresas implementen medidas concretas para promover un entorno laboral inclusivo.

Este marco requiere que las empresas desarrollen y ejecuten un Plan LGTBI, el cual es obligatorio para empresas con más de 50 trabajadores. La implementación de este plan supone una oportunidad para que las empresas lideren con el ejemplo y demuestren su compromiso con la diversidad.

Tal como indica la ley, las medidas serán pactadas a través de negociación colectiva y el procedimiento a seguir y/o la obligación de negociar dependerá de si la empresa aplica un convenio colectivo de ámbito empresarial, de ámbito superior o si no aplica convenio. Los plazos también dependen de si existe representación legal en la empresa o no.

¿Qué debe incluir el Plan LGTBI?

Un plan LGTBI efectivo debe ser integral y abarcar diversas áreas:

  • Políticas de no discriminación.
  • Formación en diversidad y sensibilización.
  • Medidas específicas para garantizar la inclusión de las personas LGTBI.
  • Protocolos para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de acoso o violencia.

Estas medidas deben aplicarse a todos los trabajadores, independientemente de si la empresa tiene conocimiento de la presencia de personas LGTBI en su plantilla.

¿Cuándo es obligatorio implantar el protocolo LGTBI?

La implementación del plan LGTBI es obligatoria para las empresas con 51 o más trabajadores. De contar con menos trabajadores, la adopción de las medidas es voluntaria.

El protocolo LGTBI empresas se aplica a todas las personas trabajadoras que integren la plantilla. También a aquellas que presten sus servicios en la empresa a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Estas deben beneficiarse de las garantías y los derechos reconocidos para el resto de la plantilla. Son puestas a su disposición de forma temporal.

Para el cómputo de las personas trabajadoras, a efectos de la obligatoriedad de las medidas, se aplican las siguientes reglas:

  • Se debe computar la totalidad de la plantilla de la empresa
  • Se incluyen las personas con contratos fijos discontinuos, de duración determinada. Y las contratadas por (ETT) que son puestas a disposición de la empresa (como empresa usuaria)
  • Cada persona con contrato a tiempo parcial, con independencia del número de horas de trabajo, se computa como una persona trabajadora más.
  • Se incluyen los contratos de duración determinada que hubieran estado vigentes en la empresa durante los 6 meses anteriores a que se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. Por cada 100 días trabajados o fracción se computa 1 persona trabajadora más.

El cómputo de la plantilla se efectúa al constituir la comisión negociadora. En todo caso, dos veces al año: último día de junio y último de diciembre.

¿Son diferentes el Plan de Igualdad y el Plan LGTBI?

El plan LGTBI debe estar alineado con el Plan de Igualdad de la empresa, pero son dos planes distintos. Ambos deben abordar específicamente la inclusión y protección de las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. Esto para asegurar que su situación se aborde de manera integral dentro de la empresa.

Sanciones para las empresas que no cumplan el plan LGTBI

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el protocolo LGTBI de empresas puede resultar en sanciones, que varían en función de la gravedad de la infracción:

  • Infracciones leves: Multas de 200 a 2.000 euros.
  • Infracciones graves: Multas desde 2.001 hasta 10.000 euros.
  • Infracciones muy graves: Multas que pueden llegar hasta 150.000 euros.

Además de estas sanciones económicas, pueden imponerse otras medidas, como:

  • Prohibición de acceder a subvenciones públicas.
  • Prohibición de contratar con la administración pública por un periodo de hasta tres años.
  • Cierre temporal del establecimiento donde se haya producido la discriminación.
  • Cese de la actividad económica por un plazo máximo de tres años.

Es crucial que las empresas comprendan la importancia de implementar adecuadamente el Plan LGTBI. No solo para cumplir con la legislación vigente y evitar sanciones. También para fomentar un entorno laboral inclusivo y respetuoso con la diversidad sexual y de género. Esto no solo beneficia a las personas LGTBI. Además, contribuye a crear una cultura organizacional más abierta y respetuosa, mejorando el clima laboral y la productividad en general.

Cómo contratar a un trabajador extranjero en España

por Carlos Díaz Gutiérrez

Si una empresa está pensando en contratar a un trabajador extranjero en España, debe saber que hay diferencias si se contrata a un extranjero comunitario o no comunitario.  Con el nuevo Reglamento de Extranjería que entra en vigor en mayo de 2025 cambian algunas consideraciones. El objetivo de la nueva norma es facilitar la contratación en los países de origen, así como la regularización de los trabajadores extranjeros en nuestro país. En este artículo, especialistas de CE Consulting te cuentan todo lo que necesitas saber para contratar con éxito y en regla a un extranjero no comunitario.  

Cómo contratar a un extranjero en España

Diferencias entre contratación de ciudadanos comunitarios y no comunitarios

Con ciudadanos comunitarios hacemos referencia a los nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza. En este caso, el procedimiento es similar cuando se contrata a un español. Estos ciudadanos tienen las mismas condiciones que los nacionalizados en España.

Sin embargo, la contratación de extranjeros no comunitarios puede ser más compleja. Por ello,  es fundamental que los responsables de Recursos Humanos conozcan el procedimiento y los requisitos.  

Posibles situaciones de los extranjeros no comunitarios

Los extranjeros no comunitarios, para trabajar en España, necesitan obtener una autorización de residencia y trabajo.   

Las condiciones de contratación varían en función de la situación en la que se encuentren. Estas pueden ser las siguientes:

Extranjeros con permiso de residencia temporal por estudios o becas

Con la reforma de la ley de Extranjería se permite trabajar por cuenta propia o ajena a aquellos que tengan este permiso, siempre que sea compatible y sin autorización previa a la administración. El máximo de horas que podría trabajar la persona con este permiso sería de 30 horas semanales y sin limitaciones geográficas, salvo que el trabajo coincida con sus horas lectivas. O, en su caso, que se justifique que se tendrá en cuenta para su compatibilidad en este periodo para liberarlo. 

Extranjeros sin permiso de residencia ni de trabajo

El permiso de residencia y trabajo es fundamental tenerlo para poder trabajar. En el caso de que no lo tenga la persona, es el empresario el que debe encargarse de tramitarlo. 

Dado que existen puestos de trabajo que son difíciles de conseguir para el empresario, la reforma quiere mejorar el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Por ello, a partir de ahora, este será revisado trimestralmente. Así, incorporará aquellos puestos de trabajo que sean necesarios y acordes a las necesidades reales de nuestro mercado laboral. Su objetivo es facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en origen. 

¿Cómo funciona el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura?

Para contratar a un trabajador extranjero utilizando el Catálogo de Ocupaciones, la empresa debe realizar los siguientes pasos:

  • Presentar la oferta de trabajo a la oficina de empleo. Este trámite se realiza de forma telemática, en el portal “Empléate”. El plazo de respuesta de esta será de 8 días desde su presentación.
  • Tras el plazo de respuesta, el empleador, a los 3 días, podrá solicitar una resolución favorable de no tener candidatos disponibles para su oferta. De esta forma podrá seguir con el expediente. (Esta situación se regirá por las excepciones y convenciones de la norma que hayan sido firmados con terceros países). 

Extranjeros con permiso de residencia temporal y de trabajo

Si el extranjero ya tiene el permiso temporal de residencia y trabajo, el empresario tendrá que asegurarse de que está en vigor. Estos tienen una duración determinada y puede que necesiten renovación. En esta situación es importante tener los siguientes aspectos en cuenta:

  • Si el permiso de residencia y trabajo está caducado, no se le podrá hacer contrato o se deberá resolver el ya existente. En este último caso, hay que pagarle el finiquito correspondiente, así como la indemnización a la que tenga derecho la persona. Si el trabajador aporta justificante de un trámite de renovación en curso, el plazo queda extendido hasta la resolución.
  • Para las renovaciones del permiso de residencia y trabajo se tendrá en cuenta un nuevo criterio de, al menos, haber trabajado 3 meses en el año o mantener la relación laboral que dio origen si el trabajador está en situación de afiliación activa. En el caso contrario, se aplicará 9 meses trabajados en los 12 estudiados.  
  • Además, se modifica las renovaciones a 4 años de permiso, cumpliendo la normativa de la ley en el momento de petición (Apartado 1, art 72) 

En el caso de que el trabajador aún no tenga permiso de residencia y trabajo y esté en su país de origen, será el empleador el que deba encargarse de solicitar dicho permiso. Esta gestión debe hacerse en la Oficina de Extranjería de la provincia donde vaya a desarrollarse la actividad. Dicha solicitud estará condicionada a que el trabajador obtenga más tarde el visado, llegue a España y sea dado de alta en la Seguridad Social. De lo contrario, el permiso carecerá de validez. 

Extranjeros con permiso de residencia de larga duración

En este caso, la persona puede vivir y trabajar en España en condiciones idénticas a los ciudadanos comunitarios y españoles.  

¿Qué sanciones existen por contratar a un trabajador extranjero sin cumplir la normativa?

Es importante tener presente que contratar a un trabajador extranjero en España sin permiso de residencia y trabajo es una infracción grave. Puede conllevar multas que van desde los 10.001€ hasta los 100.000€.   

  

Excepciones a la obligación de obtención de permiso de trabajo

Están exentos de la obligación de obtener autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad lucrativa, laboral o profesional, aquellos extranjeros que cumplan las condiciones siguientes:  

  • Los trabajadores técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados por el Estado, las CCAA, las universidades, o por los organismos que tengan por objeto la promoción y el desarrollo de la investigación.  
  • Tampoco necesitan autorización de trabajo los profesorestécnicosinvestigadores y científicos extranjeros invitados o contratados por una universidad española.  
  • Los funcionarios civiles o militares de las administraciones estatales extranjeras y miembros de misiones científicas internacionales.  
  • Religiosos, representantes de sindicatos, corresponsales, artistas, técnicos y otros profesionales extranjeros del sector audiovisual.  
  • Menores extranjeros no acompañados.   

  

Cómo se puede acceder a las autorizaciones administrativas de trabajo  

Existen las siguientes formas de acceder a la autorización de trabajo:  

Gestión colectiva de contrataciones en origen

Se realiza a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta opción es siempre que la situación nacional de empleo lo permita, con las salvedades introducidas en la ley y en el nuevo Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Esta vía debe utilizarse para contratar a los trabajadores de temporada.  

Procedimiento general

Para ello el empresario o trabajador presentan la solicitud. Los organismos la tramitan y resuelven el expediente, concediendo o denegando la autorización de trabajo. Esta decisión se toma en base a diferentes factores, como la situación nacional de empleo con sus anotaciones a la nueva ley reglamento publicado.

Arraigo de segunda oportunidad

Este tipo de arraigo está orientado a aquellas personas que lleven dos años justificados en España y hayan perdido un permiso anterior que hubieran tenido en estos dos años. Siempre y cuando fuera eludible que no pudo renovar por motivos de orden público, seguridad y salud pública.

Arraigo socio-laboral

Es una vía excepcional para obtener una autorización de residencia temporal que, además, lleva aparejada una autorización para trabajar en España durante su vigencia. En este caso, se solicita dos años de permanencia en el país y un precontrato de trabajo.

Arraigo Social (sin contrato)

Es parecido al anterior en sus requisitos, con la salvedad que en este caso se pide tener un vinculo con cónyuge, o pareja registrada regularizada, o vinculo en la primera línea directa hasta 1º grado. O un esfuerzo de integración social. Es imprescindible aportar medios económica al menos el 100% del IPREM.

Arraigo para la formación

Se puede obtener el permiso de residencia y trabajo si al menos se acreditan doce meses de residencia continua y un periodo de dos años con el compromiso de una formación reglada y que afecte al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En este caso es obligatoria la matriculación en los tres meses siguientes a la concesión de la autorización. Esta autorización, con la nueva regulación, permite trabajar hasta 30 horas semanales.

Arraigo Familiar

Esta opción tiene una evolución con la nueva legislación que matiza mayores, menores y dependencia de una forma muy especial para derivar a la nueva modalidad en algunos casos a familiares de Españoles. Es necesario un estudio previo a cada caso.

Proceso de regularización

Esta vía de acceso a la autorización de trabajo tiene como objetivo regularizar, legalizar o normalizar la situación administrativa de aquellos extranjeros que permanecen en España sin autorización administrativa.Este tipo de concesiones se hacen en momento determinados y para colectivos específicos. El ultimo aprobado fue el de los afectados en la zona de la DANA.

Otros procedimientos 

 Existe un procedimiento único dirigido a:

  •  inversoresemprendedorestrabajadores que efectúen movimientos dentro de la misma empresa o grupo de empresas, y
  • profesionales altamente cualificados e investigadores

  

¿Qué tener en cuenta al contratar a un trabajador extranjero y redactar su contrato?

A la hora de incorporar a un extranjero a la plantilla, la modalidad de contrato no difiere de los contratos establecidos para los empleados nacionales. Lo mismo sucede con la duración del contrato.

Sin embargo, sí debe tenerse en cuenta el periodo de vigencia del permiso de residencia temporal. Con la nueva reforma laboral 2022todos los contratos han evolucionado al indefinido. Normalmente la temporalidad suele ser más compleja, excepto en contratos de temporeros.  

Renovación del permiso de residencia y trabajo

El permiso de residencia y trabajo debe renovarse en un plazo de sesenta días naturales previos a la fecha de finalización de la vigencia del mismo. Si se presenta en los tres meses posteriores a la fecha de finalización, se prorrogará su validez. Sin embargo, puede sancionarse al titular del permiso y al empresario, si este ha mantenido la relación teniendo constancia de la caducidad del mismo.

Para la renovación, se pueden dar los siguientes escenarios:

  • El trabajador puede demostrar que lleva desempeñando su actividad laboral habitual durante un mínimo de seis meses por año y ha firmado con un nuevo empleador. Este nuevo contrato debe ser acorde a las características del permiso que le fue concedido para trabajar.  
  • El empleado ha tenido como mínimo tres meses de actividad laboral por año y acredita que la relación laboral que dio lugar al permiso que ahora termina se interrumpió por motivos ajenos a su voluntad.   
  • El trabajador recibe una prestación contributiva por desempleo. En esta caso será equivalente a lo que dure esta prestación.  

La vigencia de la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena es, ahora, por cuatro años.  

  

Contratar a un trabajador extranjero: tributación del empleado

  Dependiendo de la condición en la que se encuentre el trabajador, su tributación variará:  

    • Trabajador con residencia fiscal: tributa como una persona residente, aplicándole los mismos requisitos.   
    • Trabajador sin residencia fiscal: en este caso se le aplica una retención del IRPF del 24%, excepto si puede justificar a través de un certificado (emitido por su país de origen) que es residente de la UE, de Noruega o Islandia. Otra opción es la aplicación de una tributación de 0% en caso de prestar servicios exclusivamente para una empresa del país de residencia actual. (Revisar requisitos con el asesor).
    • Estudiantes o becarios extranjeros residentes fiscales: se les aplica una retención no inferior del 2%.
    • Estudiantes o becarios extranjeros no residentes fiscales: se les aplica una retención del 24% o del 19%.

Consultoría, Asesoría, Gestoría contable, fiscal, laboral y jurídica en Arroyo de la Miel – Benalmádena

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