por Ángel Manuel Cardo Herrero

Los pagos en efectivo siguen siendo frecuentes, tanto en operaciones entre empresas como entre particulares. Sin embargo, en España existe un límite legal para pagar en efectivo, regulado por la normativa vigente. En CE Consulting te explicamos lo que debes tener en cuenta si realizas pagos en metálico a clientes, proveedores u otras personas, para evitar sanciones y cumplir con la ley.

¿Cuál es la normativa de pagos en efectivo?

El artículo 7 de la Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria es la normativa principal que regula las limitaciones de pagos en efectivo en España. Posteriormente, la Ley 11/2021, en su artículo 18 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, modificó los límites de los pagos en efectivo de tal modo que no se pueden realizar pagos en efectivo por importe igual o superior a:

• 1.000 euros: cuando una de las partes actúe como empresario o profesional.
• 10.000 euros: cuando el pagador sea una persona física no residente en España y no actúe como empresario ni profesional.

El objetivo de esta normativa es reducir el uso del efectivo en las transacciones económicas, combatir la economía sumergida y aumentar el control fiscal.

Operaciones afectadas por el límite de pagos en efectivo en 2025

El límite de pagos en efectivo se aplica a las siguientes operaciones:

1. Operaciones entre empresas y particulares.
2. Operaciones entre empresarios o profesionales.
3. Cualquier operación en la que intervenga una parte con actividad económica.

Excepción

El límite no se aplica cuando ambas partes son particulares y no actúan como empresarios ni profesionales. Sin embargo, se recomienda documentar el pago mediante un recibo o contrato firmado para justificar su legalidad en caso de ser necesario.

Ejemplos prácticos de límite de pago en efectivo

• Factura de 800 € → Se puede pagar en efectivo.
• Factura de 1.200 € → No se puede pagar todo en efectivo.
• Factura de 3.000 € pagada por un turista no residente → Permitido.
• Factura de 2.000 € pagada con 1.000 € en efectivo y 1.000 € por transferencia → Correcto.

Sanciones por superar el límite de pagos en efectivo

Realizar un pago en efectivo que supere los límites establecidos puede conllevar una sanción económica. Según la normativa, la sanción será del 25% del importe pagado indebidamente.

• Responsabilidad compartida: Tanto el pagador como el receptor pueden ser responsables de la infracción.
• Exención de sanción: Si una de las partes denuncia el hecho ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, quedará exenta de sanción. Esta denuncia puede realizarse de forma telemática a través del portal oficial de la Agencia Tributaria.

Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo

¿Cuánto se puede pagar en efectivo entre particulares?

Si ambas partes son personas físicas y no actúan como empresarios o profesionales, no hay un límite legal concreto. Sin embargo, se recomienda documentar el pago con un recibo o contrato firmado para evitar futuros problemas legales o fiscales.

¿Puedo pagar una factura en efectivo y el resto por transferencia?

Sí, siempre que la parte pagada en metálico no supere los 1.000 euros (o 10.000 euros, si el pagador es no residente). El resto puede abonarse por otros medios como transferencia, tarjeta o ingreso bancario.

¿Cómo afecta a los turistas o personas no residentes los pagos en metálico en España?

Cuando el pagador es una persona física no residente en España y no actúa como profesional o empresario, el límite para pagar en efectivo es de 10.000 euros. Esta excepción busca facilitar el consumo de turistas, aunque también se exige justificar documentalmente la condición de no residente.

¿Qué se considera pago en efectivo?

Según la normativa, se entiende como efectivo no solo los billetes y monedas, sino también:

• Los cheques al portador.
• Los medios de pago electrónicos no nominativos (como tarjetas regalo sin identificación del usuario).
• Cualquier instrumento que no permita identificar claramente a los intervinientes.

¿Cómo se puede denunciar el incumplimiento del límite de pago en efectivo?

Cualquier persona puede comunicar a Hacienda operaciones que superen los límites establecidos, incluso si no ha participado directamente en ellas. La denuncia puede presentarse de forma anónima y telemática a través del portal oficial de la Agencia Tributaria.
Si una de las partes intervinientes en la operación presenta la denuncia dentro de los tres meses posteriores al pago, quedará exenta de sanción.

por Santiago Sampedro Castro

La reforma procesal civil será una realidad en abril. El próximo 3 de abril de 2025 entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025. Esta introduce importantes modificaciones en el proceso civil español. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia judicial, reducir la litigiosidad y potenciar la resolución extrajudicial de conflictos. Para ello, se reforman más de 80 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), estableciendo nuevas reglas sobre plazos, competencias y, especialmente, la obligación de intentar un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Desde CE Consulting te explicamos las claves de esta reforma y su impacto en empresas y ciudadanos.

Principales novedades de la reforma procesal civil

Impulso de la mediación y otras vías extrajudiciales

• Se refuerza la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.
• Jueces y letrados de la Administración de Justicia podrán derivar asuntos a estos procedimientos en cualquier fase del proceso.
• Se exige acreditar un intento de acuerdo antes de presentar una demanda, salvo excepciones.

Cambios en los procedimientos judiciales

• Obligación de incluir en la demanda la prueba de haber intentado una negociación previa (salvo excepciones).
• Posibilidad de dictar sentencia oralmente en los juicios verbales si el juez lo considera adecuado.
• Ampliación de la competencia de los jueces de paz para asuntos de hasta 150 euros y conciliaciones de hasta 10.000 euros.

Nueva regulación sobre costas procesales

• Si una parte rechaza injustificadamente una negociación previa, puede ser condenada en costas, incluso si gana el juicio.
• En litigios de consumo, será obligatorio demostrar intentos de acuerdo previos para poder demandar.

Plazos y actos procesales más flexibles

• Mayor participación de los procuradores en actos procesales.
• Uso más amplio de medios electrónicos para notificaciones y comunicaciones judiciales.
• Posibilidad de suspender el proceso en la audiencia previa si las partes manifiestan voluntad de acuerdo.

Desafíos y dudas sobre la reforma procesal civil

Uno de los principales retos será evitar que el requisito de intentar una solución extrajudicial se convierta en un mero trámite burocrático. Esto podría dilatar aún más los procesos judiciales en lugar de aligerarlos.

Además, la imposición de costas a quien rechace un acuerdo previo puede generar situaciones injustas, especialmente en casos donde las partes no se encuentren en igualdad de condiciones para negociar.

A pesar de estas incertidumbres, la reforma representa un paso necesario para modernizar el proceso civil. Si jueces, abogados y ciudadanos adoptan una mentalidad más orientada al acuerdo, este cambio puede marcar un antes y un después en la resolución de conflictos en España.

por Javier Milara Muñoz

El Reglamento DORA, o “Digital Operational Resilience Act” es una normativa europea. Busca establecer requerimientos rigurosos para mejorar la seguridad digital y la resiliencia operativa de las entidades financieras y sus proveedores de servicios críticos. Este marco normativo está contenido en el Reglamento (UE) 2022/2554, de 14 de diciembre de 2022. Fue diseñado para fortalecer la resiliencia operacional del sector financiero y la gestión de riesgos tecnológicos en el ámbito digital. Se enmarca dentro de las estrategias más amplias de la Unión Europea para asegurar el sector financiero frente a las crecientes amenazas cibernéticas.

Así, el Reglamento DORA no solo enfatiza la prevención y gestión de riesgos, sino que también establece protocolos claros para la notificación y manejo de incidentes cibernéticos. Con ello, se asegura una respuesta coordinada ante amenazas, protegiendo así la integridad y la eficiencia del mercado interior, a la vez que facilita su correcto funcionamiento. Desde CE Consulting consideramos que este tema es de interés para toda empresa.

¿Cuál es el objeto principal del Reglamento DORA?

Como objeto principal del Reglamento (UE) 2022/2554 nos encontramos con el fin de lograr un elevado nivel común de resiliencia operativa digital, estableciendo una diversidad de requisitos uniformes relativos a la seguridad de las redes y los sistemas de información que sustentan los procesos empresariales de entidades. Requisitos que se expondrán de forma amplia en los siguientes epígrafes del presente documento, destacando de forma sencilla y preliminar alguno de ellos:

• Requisitos en relación con los acuerdos contractuales celebrados entre proveedores terceros de servicios de TIC y entidades financieras.
• Normas para el establecimiento y aplicación del marco de supervisión de los proveedores terceros esenciales de servicios de TIC cuando presten servicios a entidades financieras.
• Normas sobre cooperación entre autoridades competentes y normas sobre control y ejecución por parte de las autoridades competentes en relación con todos los asuntos cubiertos por el presente Reglamento.

¿A qué empresas afecta DORA?

DORA está dirigido principalmente a actores del sector financiero, incluyendo a instituciones de crédito, empresas de inversión o fondos de pensiones de empleo. También registros de titulaciones, sociedades de gestión, proveedores de servicios de suministro de datos. Y administradores de índices de referencia cruciales, proveedores de servicios de financiación participativa, proveedores de servicios de criptoactivos, fintechs, instituciones de pago, agencias de calificación crediticia, proveedores de servicios de crowdfunding, aseguradoras y reaseguradoras. También es aplicable a sus proveedores de servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación), siendo de obligado cumplimiento lo regulado en el presente reglamentos. Todo ello, siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, el cual tiene en cuenta el tamaño, perfil, la naturaleza, la escala y la complejidad de los servicios, actividades y operaciones desarrollados por las entidades financieras.

El Reglamento DORA responsabiliza a los órganos de dirección de la organización de la gestión de las TIC. Esto significa que les exige que definan marcos adecuados de gestión de riesgos, colaboren en la ejecución y supervisión de estas estrategias y se mantengan al corriente de la evolución del panorama de riesgos.

¿Cuándo entra en vigor el Reglamento DORA?

El Reglamento entró en vigor el 16 de enero de 2023. Y estableció un plazo de dos años para que las entidades del sector financiero cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento. Es decir, hasta el 16 de enero de 2025. Por tanto, desde el 17 de enero de 2025 el Reglamento DORA es plenamente aplicable.  Y, por ello, las entidades financieras deberán cumplir con los requisitos establecidos. Además, a partir de esta fecha, las autoridades competentes comenzarán las actividades de supervisión.

¿Cuáles son los requisitos y obligaciones del Reglamento DORA?

Los requisitos del Reglamento DORA abarcan cinco pilares fundamentales:

Gestión de riesgos TIC

Este pilar pretende transformar la gestión de riesgos de las TIC de un proceso reactivo a uno proactivo. Implica el desarrollo y la aplicación de sistemas de identificación, evaluaciones periódicas de riesgos, prácticas de evaluación, estrategias de mitigación, planes de respuesta a incidentes y procesos de concienciación sobre los riesgos en toda la organización, políticas y procedimientos de respaldo y procedimientos y métodos de restablecimiento y recuperación.

Gestión de riesgos de terceros (proveedores TIC)

Para reforzar la relación entre las instituciones financieras y sus terceros proveedores críticos. Exige que las entidades tengan contratos detallados con sus proveedores de TIC, lleven a cabo una diligencia debida continua y dispongan de un proceso sólido para la desvinculación. También podrán ser designados por las autoridades europeas de supervisión como como proveedores esenciales para las entidades financieras. Además, de la designación de un supervisor principal fuera de la unión, según los criterios establecido por el reglamento. Este pretende garantizar que las relaciones con terceros no comprometan la resistencia operativa.

Notificación de incidentes

Este pilar normaliza y centraliza el proceso de notificación de incidentes graves en las entidades financieras de toda la UE. Exige que las entidades implanten sistemas que controlen, detecten, describan, notifiquen y analicen los incidentes significativos.

Resiliencia operativa digital

Es imprescindible garantizar que las entidades financieras puedan sobrevivir a las ciberamenazas. Para ello, las organizaciones debe llevar a cabo pruebas periódicas para evaluar sus vulnerabilidades y respuestas cibernéticas y, a continuación, mejorar sus prácticas en función de los resultados.

Intercambio de información

Este pilar pretende aumentar la concienciación sobre la resistencia operativa e incrementar el intercambio de prácticas y lecciones aprendidas en todo el sector. Las organizaciones deben compartir información de forma segura para aumentar la colaboración y la resistencia entre las instituciones financieras.

Cómo se deben reportar incidentes según el Reglamento DORA

El proceso de notificación de incidentes requiere que las empresas establezcan procedimientos claros para la detección, gestión, clasificación y notificación de los mismos.

Detección. Las entidades deben contar con protocolos internos para la identificación, seguimiento, registro. También categorización y tipificación de todos los incidentes vinculados a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Evaluación de la gravedad. La entidad debe estimar la magnitud o relevancia del incidente para decidir si procede su notificación. Los incidentes calificados como graves deben ser reportados a la alta dirección y al consejo de administración. Se debe detallar sus consecuencias y las acciones de respuesta emprendidas. Así como los controles adicionales que se planean implementar a raíz de estos incidentes graves de TIC.

Notificación a la Autoridad de Supervisión Competente (ASC). Es obligatorio reportar el incidente a la autoridad supervisora pertinente dentro del plazo estipulado. La autoridad competente puede diferir según el tipo de entidad financiera y su campo de operaciones.

Notificación inicial. El contenido de la notificación debe incluir un aviso inicial. Y un informe intermedio. Esto, si hay cambios significativos en la situación del incidente. Y un informe final, con las conclusiones del análisis de la causa primaria.

¿Se podrán imponer sanciones administrativas y medidas correctoras?

De acuerdo como lo establecido en la normativa, las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión, investigación y sanción necesarias para el cumplimiento adecuado de esta. Entre ellas destacan las siguientes sanciones administrativas y medidas correctoras:

• Emitir un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica que esté infringiendo el presente Reglamento. Esto, para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.
• Exigir el cese provisional o definitivo de toda práctica o conducta que la autoridad competente considere contraria a las disposiciones del presente Reglamento. E impedir la repetición de dicha práctica o conducta.
• La adopción de cualquier tipo de medida, también de carácter pecuniario. El objetivo es garantizar que las entidades financieras sigan cumpliendo los requisitos legales.
• Exigir, en la medida en que lo permita el Derecho nacional, los registros de tráfico de datos existentes que obren en poder de un operador de telecomunicaciones, cuando existan sospechas fundadas de infracción del presente Reglamento. Y cuando tales registros puedan ser pertinentes para una investigación de infracciones del presente Reglamento.
• La publicación de avisos, incluidas declaraciones públicas, en las que se indique la identidad de la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción.

Todo ello, además, sin perjuicio de que los estados miembros puedan establecer sanciones penales derivadas de la comisión de infracciones por parte de los sujetos obligados por el reglamento.

DORA: un Reglamento de interés para todo el empresariado

Si bien DORA se centra en el sector financiero, los principios en los que se basa son relevantes para todo tipo de empresas. Esto, porque los ciberataques son una amenaza común en diversas industrias.

La protección de datos y sistemas no es solo una cuestión de cumplimiento normativo. También es una ventaja competitiva en un mundo cada vez más interconectado.

Empresas de otros sectores podrían beneficiarse al adoptar prácticas similares a las de DORA para mejorar su propia seguridad y resiliencia digital. Además, les ayudaría a prepararse mejor para los retos actuales y futuros de un entorno digital globalizado.

Por tanto, este Reglamento no solo es un mandato regulatorio. Es más una oportunidad para demostrar diligencia y compromiso con la seguridad y protección de la información crítica, tanto de clientes como de la empresa misma. Y posiciona a las organizaciones como líderes confiables en la era digital.

Ley de Inteligencia Artificial: claves del reglamento y su impacto en las empresas

por Víctor Millán Belmonte

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea es conocida como reglamento (UE) 2024/1689. Establece un marco jurídico armonizado para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión. Dado que es un tema de gran actualidad y que impacta a las empresas, desde CE Consulting te explicamos los puntos clave.

¿Por qué una Ley de Inteligencia Artificial?

El objetivo del reglamento de Inteligencia Artificial es asegurar que la IA se desarrolle y utilice de manera que respete los valores fundamentales de la Unión Europea. Estos son: la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Todo ello, a la vez que fomenta la innovación y la competitividad en el mercado europeo.

La ley regula los sistemas de IA en diferentes categorías de riesgo. Además, establece requisitos específicos para cada categoría. Los sistemas de alto riesgo pueden tener un impacto significativo en la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Por ello, están sujetos a normas más estrictas. Estas incluyen la evaluación de conformidad antes de su comercialización y el monitoreo continuo de su uso.

¿Qué aspectos de la Inteligencia Artificial regula?

El reglamento de Inteligencia Artificial de la UE regula una amplia gama de aspectos relacionados con el desarrollo y el uso de la IA. Estos incluyen:

Introducción en el mercado y puesta en servicio

Establece normas para la evaluación de conformidad, el registro y la documentación de los sistemas de IA antes de su comercialización.

Clasificación de riesgos

Define y clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo. Impone requisitos más estrictos para los sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo y administración pública.

Transparencia y supervisión

Impone obligaciones de transparencia para ciertos sistemas de IA, incluyendo la necesidad de informar a los usuarios cuando interactúan con una IA. También establece mecanismos de supervisión y vigilancia del mercado para asegurar el cumplimiento de las normas.

Prohibiciones

Prohíbe ciertas prácticas de IA consideradas inaceptables, como la manipulación subliminal o la explotación de vulnerabilidades específicas de un grupo de personas.

¿A quién afectará el reglamento de Inteligencia Artificial?

El reglamento de Inteligencia Artificial afecta a una amplia gama de actores dentro del ecosistema de la IA, entre los que se incluyen:

Proveedores de sistemas de IA

Aquellos que desarrollen, comercialicen o pongan en servicio sistemas de IA en la UE, independientemente de si están establecidos dentro o fuera de la Unión.

Responsables del despliegue de IA

Entidades que utilicen sistemas de IA, incluyendo empresas privadas y autoridades públicas.

Importadores y distribuidores

Aquellos que importen o distribuyan sistemas de IA dentro de la UE también estarán sujetos a las normas del reglamento.

Fabricantes de productos integrados con IA

Empresas que integren sistemas de IA en sus productos también deberán cumplir con el contenido del reglamento.

Uso ético y responsable de la IA

La ley de Inteligencia Artificial promueve un uso ético y responsable de la IA.

Las directrices éticas establecidas por el reglamento se centran en asegurar que la IA sea transparente, justa y no discriminatoria. Los sistemas de IA deben ser explicables y sus decisiones revisables. Esto, especialmente, aquellos que tienen un impacto significativo en los derechos y libertades de las personas.

Además, el reglamento fomenta la responsabilidad de los desarrolladores y usuarios de IA. Y asegura que los sistemas se diseñen y utilicen de manera que minimicen los riesgos y maximicen los beneficios para la sociedad.

¿Cuándo entra en vigor el reglamento de Inteligencia Artificial?

Este reglamento está en vigor desde el 1 de agosto de 2024, siendo aplicable en su mayor parte a partir del 2 de agosto de 2026.

No obstante, el 2 de febrero de 2025 entraron en vigor algunas prohibiciones específicas del Reglamento de IA. Entre las que se encuentran las siguientes:

• Sistemas de IA que manipulen el comportamiento humano de manera engañosa.
• Aplicaciones de IA para inferir emociones en entornos laborales o educativos (excepto en casos médicos o de seguridad).
• Uso de sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos sin justificación policial.

Además de las prohibiciones, desde esta fecha (2-2-2025) cualquier proveedor de IA o empresa que la utilice debe garantizar que las personas trabajadoras que interactúan con sistemas de IA en su puesto de trabajo reciban una formación adecuada. Esta formación debe permitirles tomar conciencia de las oportunidades y riesgos que plantea la IA, así como de los posibles perjuicios que puede causar.

Otros capítulos del Reglamento, los relacionados con la transparencia y las sanciones, se aplicarán a partir del 2 de agosto de 2025.

Finalmente, el art. 6 apartado 1, sobre reglas de clasificación de sistemas de alto riesgo y las obligaciones correspondientes del reglamento, serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2027.

Sanciones por incumplimiento del reglamento de la IA

Las sanciones incluyen multas administrativas. Estas pueden alcanzar hasta 35 millones de euros. O, en su caso, el 7% del volumen de negocios mundial total del infractor del ejercicio financiero anterior, si esta cifra es superior.

Los Estados miembros de la UE deben establecer y aplicar regímenes de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para asegurar el cumplimiento del reglamento.

Las sanciones están diseñadas para castigar el incumplimiento, prevenir comportamientos indebidos y fomentar el desarrollo y uso responsable de la IA. Las medidas de ejecución pueden incluir advertencias, multas y otras sanciones no pecuniarias. Estas irán adaptadas a la gravedad de la infracción y al tamaño de la entidad infractora.

Impacto de la ley de Inteligencia Artificial en las empresas

Fiscal

A medida que se vaya implementando y desarrollando la IA, se irán estableciendo nuevas obligaciones fiscales y las empresas deberán establecer estrategias de optimización. El reglamento establece un marco regulador que puede influir significativamente en las obligaciones fiscales de las empresas, tanto desarrolladoras de IA, como las que la usen. Con probabilidad, en el futuro, las empresas se enfrentarán a nuevas tasas o impuestos diseñados para garantizar que las tecnologías de IA contribuyan adecuadamente a las economías de donde operan. Y, como consecuencia, las empresas tratarán de realizar todo tipo de estrategias de optimización fiscal. Un ejemplo: buscar incentivos fiscales y subvenciones para investigación, desarrollo e implantación en IA.

A medida que se vaya extendiendo el uso de la IA en las empresas, estas llevarán un cumplimiento proactivo mayor. Esto significa que las empresas implementarán sistemas de cumplimiento fiscal proactivo y auditorías que se alineen con las nuevas normativas para evitar posibles sanciones.

Laboral

Se espera que las empresas realicen inversiones en formación y reciclaje profesional de los empleados. Esto para adaptarse a los cambios tecnológicos y para garantizar el uso seguro y ético de la IA en sus organizaciones.

La formación en IA es obligatoria para aquellas empresas que utilicen sistemas de IA de alto riesgo. En estos casos, la normativa exige que los empleados que interactúen con estas herramientas reciban formación adecuada para su uso y comprensión.

Por otro lado, las empresas que usen ChatGPT u otras IAs generativas con fines generales (redacción, atención al cliente, soporte interno), no tienen la obligación de ofrecer formación en esta materia, aunque sí es muy recomendable. Si se emplea en entornos donde pueda tener implicaciones legales o afectar derechos fundamentales, entonces la empresa sí deberá tomar medidas de capacitación.

Legal

Las empresas deben cumplir con una serie de requisitos legales para evitar sanciones. Especialmente, en lo que respecta a la privacidad y gestión de datos con los que se entrena o trabaja esta tecnología. Deberán implementar medidas estrictas para cumplir el reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las disposiciones específicas de la nueva Ley de IA. También asegurar que los sistemas de IA sean transparentes y explicables. Y que permitan a los usuarios entender cómo se toman las decisiones automatizadas, cumpliendo los requisitos de Transparencia y Explicabilidad de la norma.

Igualmente, las empresas deberán establecer un marco de gobernanza que supervise el desarrollo e implementación de la IA, asegurando el cumplimiento ético y legal.

Recomendaciones para las empresas

Dado que la aplicación del Reglamento es progresiva, es crucial que las empresas comiencen a evaluar cómo les afecta y tomen medidas para garantizar el cumplimiento. Se recomienda:

• Identificar los usos de IA dentro de la organización.
• Analizar si estos usos entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.
• Establecer un modelo de gobernanza de IA en la organización.
• Implementar un sistema de gestión de la IA, incluyendo la gestión de riesgos asociados.
• Proporcionar formación y concienciación en IA al personal.

Este reglamento de la IA presenta oportunidades y desafíos para las empresas, ya que fomenta la innovación, pero establece un marco regulador riguroso. Las empresas que se adapten rápidamente obtendrán una ventaja competitiva significativa, destacándose por encima de la competencia.

Planes de reestructuración: un mecanismo clave en la nueva reforma concursal para salvar empresas

por Raquel Fernández Serrano

Los planes de reestructuración han surgido como una herramienta fundamental dentro de la nueva reforma concursal en España. Su objetivo principal es garantizar la viabilidad de empresas en dificultades y ofrecer soluciones para evitar situaciones de insolvencia. Con este mecanismo, tanto empresas como acreedores pueden beneficiarse de una vía más flexible y eficaz para renegociar deudas y asegurar la continuidad del negocio. Desde CE Consulting te explicamos en qué consisten.

¿Qué son los planes de reestructuración?

Son instrumentos jurídicos diseñados para ajustar las deudas, la estructura financiera o incluso ciertos aspectos operativos de una empresa en crisis. Estos planes permiten alcanzar acuerdos entre la empresa deudora y sus acreedores. El objetivo es prevenir un procedimiento concursal más complejo y costoso.

¿Qué objetivo tienen?

El objetivo principal de los planes de reestructuración es evitar que las empresas lleguen a solicitar el concurso de acreedores y superen la situación de insolvencia.

Además, buscan:

• Reestructurar las deudas y mejorar la liquidez.
• Proteger el empleo y la actividad económica.
• Ofrecer una alternativa ágil frente a los concursos tradicionales.

Tipos de planes de reestructuración

La reforma concursal distingue entre dos tipos de planes según el nivel de acuerdo entre las partes:

1. Consensuales:
   Son aquellos que se negocian y aprueban con el consentimiento de todas las partes involucradas, incluyendo la empresa deudora y todos sus acreedores. Representan una solución ágil y amistosa que evita conflictos judiciales.
2. No consensuales:
   Estos planes se aplican cuando no hay acuerdo entre todas las partes. En estos casos, el tribunal puede aprobar el plan, imponiéndolo a los acreedores disidentes siempre que cumpla con ciertos requisitos legales.

Beneficios de los planes de reestructuración

Los planes de reestructuración ofrecen ventajas para todos los actores implicados, tanto deudores como acreedores y otros grupos interesados:

• Para el empresariado:
  Permiten asegurar la continuidad del negocio, mantener el empleo y adaptarse a nuevas condiciones financieras sin recurrir a un concurso de acreedores.
• Para deudores:
  Son una oportunidad para renegociar condiciones de pago y reducir el impacto de la crisis económica en su actividad.
• Para acreedores:
  Ofrecen una alternativa para recuperar parte o la totalidad de sus créditos de forma más eficiente, evitando los tiempos y costes de un proceso concursal tradicional.
• Para administradores:
  Contribuyen a evitar posibles responsabilidades por una gestión que pudiera derivar en insolvencia, a la vez que facilitan la toma de decisiones estratégicas.
• Para socios:
  Pueden preservar el valor de su participación en la empresa al mantener su actividad y viabilidad futura.
• Para inversores:
  Los planes de reestructuración generan confianza al mostrar que la empresa cuenta con un plan claro y sólido para superar sus dificultades económicas.

Pasos en un plan de reestructuración

Para diseñar y aprobar un plan de reestructuración, se deben seguir estos pasos:

1. Análisis de la situación financiera de la empresa.
2. Negociación con los acreedores.
3. Redacción del plan (incluyendo los términos de reestructuración).
4. Proceso de aprobación judicial en casos no consensuales.

Planes de reestructuración en el Tercer Sector

A pesar de que las entidades del Tercer Sector no tienen como objetivo principal el beneficio económico, muchas enfrentan obligaciones financieras similares a las de las empresas:

• Endeudamiento relacionado con proyectos sociales.
• Contratos con proveedores y servicios.
• Gestión de costes operativos elevados.

Los planes de reestructuración les ofrecen una vía para renegociar estos compromisos, evitando procesos concursales que podrían comprometer su reputación y su capacidad de operar.

Concurso de acreedores: Qué es y cuándo presentarlo

por Ángel Manuel Cardo Herrero

El concurso de acreedores es un procedimiento legal que se aplica cuando una empresa o persona física no puede hacer frente a sus obligaciones de pago de manera regular. Este proceso tiene como objetivo encontrar una solución a la insolvencia, ya sea mediante la reestructuración de las deudas o, en casos más extremos, a través de la liquidación de los activos del deudor para hacer frente a sus acreedores.

El concurso de acreedores se presenta cuando la empresa o persona se encuentra en una situación de insolvencia. Esto quiere decir: cuando ya no puede pagar sus deudas de forma continua y a tiempo. Este mecanismo está regulado por la Ley Concursal en España. Puede ser solicitado tanto por el propio deudor como por los acreedores. Además, la ley establece ciertos requisitos y modalidades según el tipo y tamaño de la entidad, como el concurso ordinario, microempresas, el express. Desde CE Consulting te lo explicamos en detalle.

¿En qué consiste un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un proceso complejo que busca solucionar los problemas financieros de una empresa o persona insolvente de forma ordenada y legal. Antes de llegar a esta instancia, existe la figura del preconcurso de acreedores, que permite al deudor intentar negociar con sus acreedores para evitar el concurso formal. Esta fase previa otorga un margen de tiempo para intentar llegar a acuerdos, protegiendo al deudor de acciones judiciales mientras negocia.

También existe el concurso express, una versión simplificada del concurso de acreedores que se aplica a empresas que no tienen activos suficientes para cubrir los gastos del propio proceso concursal. Este permite una resolución rápida, pero está limitado a casos específicos en los que no se espera la continuidad de la actividad económica.

Y también ha regulado la Ley Concursal, un procedimiento simplificado: el de microempresas (menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros en activos o negocio). Este procedimiento busca agilizar el proceso, reduciendo costes y tiempos.

¿Cuál es el objetivo del concurso de acreedores?

El principal objetivo del concurso de acreedores es evitar la quiebra definitiva del deudor y lograr que los acreedores puedan cobrar, en la medida de lo posible, las deudas que se les deben. El proceso busca:

• Reorganizar las deudas del deudor.
• Mantener la actividad económica de la empresa, si es viable.
• Liquidar los activos de la empresa, si no hay otra solución, para distribuir el valor obtenido entre los acreedores de forma equitativa.

En algunos casos, el concurso puede finalizar con un acuerdo que permita a la empresa continuar operando. En otros, si no se llega a un acuerdo o la viabilidad es nula, puede concluir con la liquidación total de la empresa.

¿Quién puede solicitar un concurso de acreedores?

Cualquier persona física o jurídica que se encuentre en situación de insolvencia puede solicitar un concurso de acreedores. Este proceso puede ser iniciado por:

• El propio deudor: si reconoce que no puede hacer frente a sus deudas de forma regular.
• Los acreedores: si consideran que el deudor es insolvente y no está cumpliendo con sus obligaciones de pago.

¿Cuándo presentarlo?

El concurso de acreedores debe presentarse en cuanto se detecte la insolvencia. Esto puede ser cuando la empresa ya no puede pagar a sus proveedores, empleados o cualquier otra obligación financiera. La ley establece que el deudor tiene un plazo de dos meses desde que reconoce su estado de insolvencia para solicitar el concurso.

¿Cómo se declara un concurso de acreedores?

El proceso comienza con la solicitud de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil. En esta solicitud, el deudor o los acreedores deben acreditar que existe una situación de insolvencia actual o inminente.

El juez evaluará la situación y, si considera que se cumplen los requisitos, declarará el concurso de acreedores.

Seguidamente, se nombra a un administrador concursal, que se encargará de supervisar y gestionar el proceso, siendo responsable de la evaluación patrimonial del deudor y de la coordinación con los acreedores.

Fases del concurso de acreedores

El concurso de acreedores se desarrolla en varias fases:

Fase común

Se analiza la situación patrimonial del deudor y se clasifica a los acreedores.

Fase de convenio

Se intenta alcanzar un acuerdo entre el deudor y los acreedores para el pago de las deudas.

Fase de liquidación

Si no se llega a un acuerdo en la fase de convenio o si la empresa no es viable, se procede a la liquidación de sus activos para pagar a los acreedores.

Fase de calificación

Se determina si la insolvencia es fortuita o si ha habido dolo o negligencia en la gestión de la empresa, lo que podría acarrear responsabilidades personales a los administradores.

Para profundizar sobre insolvencia y gestión empresarial en situaciones de crisis

Para aquellos interesados en explorar más sobre insolvencia y gestión empresarial en situaciones de crisis, recomendamos los siguientes artículos:

• Impagos e insolvencia en las empresas: causas y cómo prevenirlo, que ofrece una visión preventiva para evitar llegar a una situación de insolvencia.
• Sociedades inactivas: obligaciones y responsabilidades, útil para empresas que puedan llegar a estar inactivas tras un proceso de reestructuración o liquidación y necesiten conocer sus obligaciones y responsabilidades.

Cobranding: qué es, ventajas y aspectos legales

por Ángel Manuel Cardo Herrero

El cobranding es una estrategia de marketing en la que dos (o más) marcas deciden colaborar para elaborar un nuevo producto o servicio en común. Este acuerdo les permite a estas empresas compartir recursos e imagen para entrar en nuevos mercados. Un ejemplo es Calvo y Carbonell, firmas que se unieron en una campaña para aprovechar la conexión natural entre ambos productos. En CE Consulting ahondamos en este tema.

Ventajas y beneficios del cobranding

Lo que el cobranding hace es aprovechar la reputación de una marca en un sector específico con el fin de generar sinergias beneficiosas para ambas. Esto aumenta su visibilidad y fortalece su reputación.

Las razones más habituales por las que las empresas pueden optar por utilizar el cobranding son:

• Extender su base de clientes, sobre todo al poder alcanzar a un público nuevo al que, de otra forma, no podrían llegar.
• Mejorar su reputación al ir de la mano de marcas destacadas o reconocibles.
• Reducir costes al compartir esfuerzos de marketing y distribución.
• Incrementar su cuota de mercado y ventas a través de una unión de esfuerzos.

¿Qué implicaciones legales tiene el cobranding?

Un acuerdo de cobranding involucra aspectos que van desde la propiedad intelectual hasta la competencia desleal. No obstante, los más importantes serán la protección de la marca y los derechos de propiedad intelectual que surgen por la creación en común de productos o servicios. En consecuencia, es fundamental fijar cómo protegerán las partes sus derechos, lo cual debe hacerse en un contrato claramente redactado.

Consideraciones legales críticas del cobranding

Cómo se debe usar la marca y compromiso de las marcas implicadas

El mal uso o el uso sin autorización de las marcas puede generar una disminución del valor de la marca o causar daños a su imagen. Por ello, hay que detallar de manera minuciosa dónde y cuándo se utilizará.

Resulta necesario que las empresas asuman unos estándares de calidad y control sobre los productos o servicios objeto de cobranding. Lo más habitual es establecer unos mecanismos de control que aseguren que las dos partes respetan los mínimos de calidad que hayan acordado y/o establecer un manual de uso de marca.

Reparto de beneficios generados por el acuerdo

Se debe contemplar de una manera clara la forma de repartir los diversos beneficios generados, como pueden ser los ingresos por ventas, derechos de propiedad intelectual o cualquier otro que pueda generarse.

Infracción de derechos de terceros

Es básico verificar la titularidad de los derechos sobre las marcas para garantizar que no se violan derechos de propiedad intelectual de terceros.

Las partes deben asegurarse de que ninguna de las marcas asociadas esté utilizando elementos “ad hoc” que puedan estar infringiendo los mencionados derechos. Asimismo, es conveniente establecer responsabilidades en caso de infracción de derechos de terceros, así como una cláusula indemnizatoria.

E incluso realizar una auditoría de propiedad intelectual sobre las marcas y los activos que se utilizarán en la colaboración.

Determinación de la duración y alcance del acuerdo

El acuerdo debe ser muy claro en relación con la duración. Y definir los diversos aspectos que pueda abarcar (territorios excluidos o cualquier otra particularidad que decidan ambas partes).

Estas colaboraciones suelen ser temporales. Esto con el fin de comprobar la viabilidad de la alianza y también para evitar comprometer a las marcas durante un período prolongado si la unión no cumple con las expectativas.

Cláusulas de exclusividad

En estos contratos es habitual incluir una cláusula de exclusividad que impida a las dos marcas asociarse con terceras empresas en el área en el que estén colaborando durante la duración del contrato.

Problemas habituales del cobranding

Expiración o extensión inadecuada del período de licencia

Un problema muy común en este tipo de contratos es la falta de previsión sobre la expiración del acuerdo o la renovación automática del mismo. Para evitarlo, las partes deben acordar desde el primer momento la forma de afrontar la finalización del contrato. También los supuestos en los que se prorrogará. Y, dado el caso, en qué condiciones. Una simple cláusula de revisión periódica en el contrato, estableciendo un preaviso, solucionaría este problema.

Reparto de los derechos de propiedad intelectual resultantes del proyecto

La distribución de los derechos de propiedad intelectual generados durante el proyecto ha de estar contemplada en el acuerdo. Muchas veces, el producto resultante genera nuevas patentes o derechos de autor. Lo ideal es incluir una cláusula en la que se establezca cómo se distribuirán los derechos en caso de que se generen nuevas patentes, derechos de autor, o marcas.

Aspectos territoriales

En el caso de multinacionales resulta fundamental determinar los límites territoriales del acuerdo y, en su caso, negociar las condiciones para cada territorio.

Confidencialidad

Es habitual que durante la colaboración de cobranding las marcas compartan información sensible, como estrategias de marketing, datos de clientes o desarrollos tecnológicos.

El acuerdo ha de recoger los límites de la confidencialidad y la información sensible a la que se tiene acceso durante el período de colaboración y su uso con posterioridad a la finalización.

Para ello establecer acuerdos de confidencialidad (NDA) antes de compartir cualquier información importante y definir claramente qué constituye información confidencial en el contrato. Además, incluir una cláusula de no divulgación post contrato asegurará que la información sensible no sea utilizada una vez termine la colaboración.

Rescisión del contrato de cobranding

Es fundamental incluir en el acuerdo de cobranding la forma y los casos de rescisión. Deben de estar cubiertos todos los supuestos y recogidas las condiciones por las que cada una de las partes tiene derecho a finalizar la colaboración, ya sea por incumplimiento de contrato, por no alcanzar los objetivos previstos o por cualquier otra causa que esté recogida.

Mecanismos de resolución de conflictos

Existe la posibilidad de que surjan disputas entre ambas partes. Por ello, es fundamental que el acuerdo que se firme incluya mecanismos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje. Esto para evitar la vía judicial, la cual es siempre más lenta y costosa.

Ley de Inteligencia Artificial: claves del reglamento y su impacto en las empresas

por Víctor Millán Belmonte

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea es conocida como reglamento (UE) 2024/1689. Establece un marco jurídico armonizado para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial dentro de la Unión. Dado que es un tema de gran actualidad y que impacta a las empresas, desde CE Consulting te explicamos los puntos clave.

¿Por qué una Ley de Inteligencia Artificial?

El objetivo del reglamento de Inteligencia Artificial es asegurar que la IA se desarrolle y utilice de manera que respete los valores fundamentales de la Unión Europea. Estos son: la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Todo ello, a la vez que fomenta la innovación y la competitividad en el mercado europeo.

La ley regula los sistemas de IA en diferentes categorías de riesgo. Además, establece requisitos específicos para cada categoría. Los sistemas de alto riesgo pueden tener un impacto significativo en la seguridad o los derechos fundamentales de las personas. Por ello, están sujetos a normas más estrictas. Estas incluyen la evaluación de conformidad antes de su comercialización y el monitoreo continuo de su uso.

¿Qué aspectos de la Inteligencia Artificial regula?

El reglamento de Inteligencia Artificial de la UE regula una amplia gama de aspectos relacionados con el desarrollo y el uso de la IA. Estos incluyen:

Introducción en el mercado y puesta en servicio

Establece normas para la evaluación de conformidad, el registro y la documentación de los sistemas de IA antes de su comercialización.

Clasificación de riesgos

Define y clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo. Impone requisitos más estrictos para los sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo y administración pública.

Transparencia y supervisión

Impone obligaciones de transparencia para ciertos sistemas de IA, incluyendo la necesidad de informar a los usuarios cuando interactúan con una IA. También establece mecanismos de supervisión y vigilancia del mercado para asegurar el cumplimiento de las normas.

Prohibiciones

Prohíbe ciertas prácticas de IA consideradas inaceptables, como la manipulación subliminal o la explotación de vulnerabilidades específicas de un grupo de personas.

¿A quién afectará el reglamento de Inteligencia Artificial?

El reglamento de Inteligencia Artificial afecta a una amplia gama de actores dentro del ecosistema de la IA, entre los que se incluyen:

Proveedores de sistemas de IA

Aquellos que desarrollen, comercialicen o pongan en servicio sistemas de IA en la UE, independientemente de si están establecidos dentro o fuera de la Unión.

Responsables del despliegue de IA

Entidades que utilicen sistemas de IA, incluyendo empresas privadas y autoridades públicas.

Importadores y distribuidores

Aquellos que importen o distribuyan sistemas de IA dentro de la UE también estarán sujetos a las normas del reglamento.

Fabricantes de productos integrados con IA

Empresas que integren sistemas de IA en sus productos también deberán cumplir con el contenido del reglamento.

Uso ético y responsable de la IA

La ley de Inteligencia Artificial promueve un uso ético y responsable de la IA.

Las directrices éticas establecidas por el reglamento se centran en asegurar que la IA sea transparente, justa y no discriminatoria. Los sistemas de IA deben ser explicables y sus decisiones revisables. Esto, especialmente, aquellos que tienen un impacto significativo en los derechos y libertades de las personas.

Además, el reglamento fomenta la responsabilidad de los desarrolladores y usuarios de IA. Y asegura que los sistemas se diseñen y utilicen de manera que minimicen los riesgos y maximicen los beneficios para la sociedad.

¿Cuándo entra en vigor el reglamento de Inteligencia Artificial?

Este reglamento está en vigor desde el 1 de agosto de 2024, siendo aplicable en su mayor parte a partir del 2 de agosto de 2026.

No obstante, los capítulos I y II, que contienen disposiciones generales y definiciones, serán aplicables a partir del 2 de febrero de 2025. Otros capítulos, incluidos los relacionados con la transparencia y las sanciones, se aplicarán a partir del 2 de agosto de 2025.

Finalmente, el art. 6 apartado 1, sobre reglas de clasificación de sistemas de alto riesgo y las obligaciones correspondientes del reglamento, serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2027.

Sanciones por incumplimiento del reglamento de la IA

Las sanciones incluyen multas administrativas. Estas pueden alcanzar hasta 35 millones de euros. O, en su caso, el 7% del volumen de negocios mundial total del infractor del ejercicio financiero anterior, si esta cifra es superior.

Los Estados miembros de la UE deben establecer y aplicar regímenes de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para asegurar el cumplimiento del reglamento.

Las sanciones están diseñadas para castigar el incumplimiento, prevenir comportamientos indebidos y fomentar el desarrollo y uso responsable de la IA. Las medidas de ejecución pueden incluir advertencias, multas y otras sanciones no pecuniarias. Estas irán adaptadas a la gravedad de la infracción y al tamaño de la entidad infractora.

Impacto de la ley de Inteligencia Artificial en las empresas

Fiscal

A medida que se vaya implementando y desarrollando la IA, se irán estableciendo nuevas obligaciones fiscales y las empresas deberán establecer estrategias de optimización. El reglamento establece un marco regulador que puede influir significativamente en las obligaciones fiscales de las empresas, tanto desarrolladoras de IA, como las que la usen. Con probabilidad, en el futuro, las empresas se enfrentarán a nuevas tasas o impuestos diseñados para garantizar que las tecnologías de IA contribuyan adecuadamente a las economías de donde operan. Y, como consecuencia, las empresas tratarán de realizar todo tipo de estrategias de optimización fiscal. Un ejemplo: buscar incentivos fiscales y subvenciones para investigación, desarrollo e implantación en IA.

A medida que se vaya extendiendo el uso de la IA en las empresas, estas llevarán un cumplimiento proactivo mayor. Esto significa que las empresas implementarán sistemas de cumplimiento fiscal proactivo y auditorías que se alineen con las nuevas normativas para evitar posibles sanciones.

Laboral

Se espera que las empresas realicen inversiones en formación y reciclaje profesional de los empleados. Esto para adaptarse a los cambios tecnológicos y para garantizar el uso seguro y ético de la IA en sus organizaciones.

Legal

Las empresas deben cumplir con una serie de requisitos legales para evitar sanciones. Especialmente, en lo que respecta a la privacidad y gestión de datos con los que se entrena o trabaja esta tecnología. Deberán implementar medidas estrictas para cumplir el reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las disposiciones específicas de la nueva Ley de IA. También asegurar que los sistemas de IA sean transparentes y explicables. Y que permitan a los usuarios entender cómo se toman las decisiones automatizadas, cumpliendo los requisitos de Transparencia y Explicabilidad de la norma.

Igualmente, las empresas deberán establecer un marco de gobernanza que supervise el desarrollo e implementación de la IA, asegurando el cumplimiento ético y legal.

Este reglamento de la IA presenta oportunidades y desafíos para las empresas, ya que fomenta la innovación, pero establece un marco regulador riguroso. Las empresas que se adapten rápidamente obtendrán una ventaja competitiva significativa, destacándose por encima de la competencia.